José Pedro Gabriel García Cuevas
Expediente 695/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Pedro Gabriel García Cuevas
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió impugnar el acuerdo de doce de agosto de dos mil diecinueve, que tuvo no presentada la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Ricardo Agustín Torres Saldaña, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso para desahogar el requerimiento formulado en acuerdo de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, transcurría del veintiséis de julio al uno de agosto de dos mil diecinueve, de cuyo lapso deben descontarse los días inhábiles, pues fue notificado el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Además, el escrito signado por el quejoso en cual pretendía desahogar la prevención fue presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, significa que transcurrieron cuatro días del plazo computado en el párrafo anterior. En consecuencia, el quejoso tenía un día para desahogar la prevención inicial, computados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del proveído de dos de agosto de dos mil diecinueve (en el cual quedó subsistente la prevención inicial) . El cito proveído le fue notificado cinco de agosto de dos mil diecinueve, por lo tanto el plazo le feneció el siete de agosto de dos mil diecinueve, sin que lo hubiera hecho, a pesar de estar notificado para ello. Bajo este contexto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.
- Principal
Se agrega al expediente el escrito signado por el quejoso ***, por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada en proveído de veintitrés de julio del año en curso (fojas 11 a 15). Ahora, el quejoso desahoga los puntos requeridos el citado acuerdo. Sin embargo, también señala nuevas autoridades responsables, las cuales presentan irregularidades en su denominación. Para demostrarlo, se hace notar que de los antecedentes judiciales relacionados con la Fiscalía General del Estado de Puebla, conducen a la inexistencia de las autoridades citadas con la denominación siguiente: 1.- Unidades de Investigación Especializada del Sistema Tradicional. Lo cual imposibilitará la notificación a la citada autoridad al desconocerse cuantas unidades existen. También, resalta la irregularidad en la denominación de la siguiente autoridad: 2.- Unidad de Procesos del Sistema Tradicional. Ahora, de llegar admitirse, pudiera ocasionar que el juicio termine en sobreseimiento por la falta de una responsable concreta como ha sucedido en otros asuntos de este juzgado Situación que debe mandarse aclarar, porque el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, impone al quejoso la obligación de señalar la denominación correcta de las autoridades responsables. Máxime que los órganos jurisdiccionales carecen de facultades para subsanar o perfeccionar el señalamiento de las autoridades responsables, dado que la suplencia de la queja está limitada a los conceptos de violación o agravios que formule el quejoso. En consecuencia, se hace saber a la citado promovente que resulta inviable acordar su escrito aclaratorio. Por tanto, se deja subsistente la prevención inicial, por las irregularidades presentadas en su escrito aclaratorio respecto a las nuevas autoridades que se señalaron en este acuerdo identificadas con los numerales "1" y "2". Ahora, del estado procesal que guarda el presente juicio se desprende que el plazo de cinco días concedido al quejoso, para desahogar dicha prevención transcurrió del veintiséis de julio al uno de agosto de dos mil diecinueve, pues fue notificado el veinticuatro de julio del año en curso. Entonces, si el escrito signado por el quejoso fue presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, significa que transcurrieron cuatro días del plazo computado en el párrafo anterior. En consecuencia, se informa al quejoso que tiene un día para desahogar la prevención, respecto de las denominaciones de las autoridades señaladas como responsables identificadas en este acuerdo con los numerales "1" y "2" computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Tiene aplicación para el caso que nos ocupa, la jurisprudencia de rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO ." Asimismo, deberá acompañar las copias correspondientes del escrito aclaratorio que desahogue el citado requerimiento. En la inteligencia que de hacer caso omiso, se le hará efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Recibo la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso **, por derecho propio, contra actos del Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla (sic) y otras autoridades. En consecuencia, ordeno formar el expediente constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, la lectura integral de la demanda de protección, me llevó a encontrar irregularidades en las denominaciones de algunas responsables, en los actos reclamados y en los efectos de la suspensión, motivo por el cual debo requerir la aclaración respectiva. Para demostrar lo primero, resalto las autoridades cuya denominación es inexistente: Director de Averiguaciones Previas en el Estado de Puebla (sic); Director de la Policía Estatal en el Estado de Puebla (sic); Director de la Policía Municipal en el Municipio de Puebla (sic); Director de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, Puebla (sic); y Director de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla. Esas denominaciones son inexistentes, porque el organigrama de la Fiscalía General del Estado de Puebla, carece de la autoridad señalada por el quejoso como Director de Averiguaciones Previas en el Estado de Puebla (sic). Mientras que los organigramas del Gobierno del Estado de Puebla, y de los ayuntamientos de Puebla, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, tampoco contemplan a los directores de policías señalados por aquél. Luego, debo requerir la aclaración de la demanda respecto de esas autoridades, para tener exactitud de las responsables que pretendieron señalarse. Sobre todo porque el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, impone a los quejosos la obligación de señalar a la autoridad responsable, con la denominación exacta, para asegurar la integración de la relación jurídica procesal. Por otro lado, advierto irregularidad en la parte de los actos reclamados que dice: ".DE IGUAL FORMA DE LAS FISCALÍAS GENERALES DEL ESTADO DE PUEBLA ASÍ COMO SUS ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN MENCIONADOS, SE RECLAMA EL SIGILO, LA FALTA DE CITATORIO PARA DECLARAR EN LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO RESPECTO A QUE SE ESTÉ LLEVANDO UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O CARPETAS DE INVESTIGACIÓN A MIS ESPALDAS SIN SER CITADOS (sic) A DECLARAR EN TÉRMINOS DE LEY, CON EL FIN DE PRIVARME SORPRESIVAMENTE DE MI LIBERTAD." (foja 5). Lo anterior está en el capítulo del "ACTO RECLAMADO". Sin embargo, considero que existe imprecisión en esas manifestaciones, porque algunas constituyen inconformidades genéricas, por ejemplo, ".EL SIGILO." y ".LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO.". De modo que es imposible ubicar el acto u omisión concreta que pretende reclamar el quejoso a las autoridades responsables -con esas manifestaciones genéricas-. Mientras que la falta de citatorio para declarar en carpetas de investigación, y el supuesto trámite de una averiguación previa, son actos incompatibles a las facultades de las autoridades señaladas como ordenadoras. De hecho, porque el quejoso nunca señaló a un agente del Ministerio Público como responsable de alguna carpeta de investigación, tramitada bajo las reglas del sistema penal acusatorio. En cambio, las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, están circunscritas a jueces de lo penal en los diferentes distritos judiciales del Estado de Puebla. Además, considero inviable el reclamo planteado por el quejoso respecto de una orden de detención librada por el Fiscal General en el Estado de Puebla (sic) y el Director de Averiguaciones Previas en el Estado de Puebla (sic). Máxime que el Fiscal General del Estado de Puebla, fue señalado como autoridad ejecutora y en términos de las leyes vigentes, carece de facultades legales para tramitar carpetas de investigación y averiguaciones previas. Lo cual también visualizo respecto del mencionado director, al margen de la imprecisión en la denominación como lo puntualicé en párrafos anteriores. Así, estimo indispensable que el quejoso aclare esa parte de los actos reclamados, porque el análisis integral de la demanda conduce a tener como únicos actos, la orden de aprehensión y detención librada por los jueces citados como responsables, y la ejecución de esta que correspondería a las demás autoridades señaladas. Ello, porque la figura de suplencia está limitada a los conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar los actos reclamados, dado que la precisión de estos corresponde al quejoso en forma exclusiva, como deriva del artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo. Para terminar, indico que examiné el capítulo de suspensión y también encontré irregularidad, porque el quejoso pretende esa medida cautelar para que ".se paralice cualquier acto de las autoridades ordenadoras, no se integre cualquier averiguación previa en nuestra contra (sic) y no se determine el ejercicio de la acción penal.". Empero, la suspensión resultaría improcedente para detener el trámite de una averiguación previa y tampoco podría impedirse el ejercicio de la acción penal, dado que ningún agente del Ministerio Público fue señalado como responsable. Al margen de que los criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido que el trámite de una indagatoria y el ejercicio de la acción penal, tienen el respaldo del deber de investigación asignado al Ministerio Público desde el artículo 21 de la constitución federal, motivo por el cual ya no pueden ser objeto de suspensión. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiero al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe la siguiente aclaración bajo protesta de decir verdad: I. Indique las denominaciones actuales y correctas de las autoridades que señaló como: Director de Averiguaciones Previas en el Estado de Puebla (sic) Director de la Policía Estatal en el Estado de Puebla (sic) Director de la Policía Municipal en el Municipio de Puebla (sic) Director de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, Puebla (sic) y Director de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla; II. Exprese si los actos reclamados corresponden en forma exclusiva a las órdenes de aprehensión y detención que hubieran librado en su contra los jueces señalados como responsables, y la ejecución de las referidas órdenes por parte de las demás autoridades que citó en la demanda; III. Para el caso de que también pretendiera reclamar actos emitidos en una averiguación previa o carpeta de investigación, deberá puntualizarlos en forma concreta y especificar el agente del Ministerio Público al cual desea imputarlos; y IV. Manifieste si desea limitar los efectos de la suspensión a que se impida la ejecución de las órdenes de aprehensión y detención libradas por los jueces señalados como responsables, dado que la suspensión resultaría improcedente para los demás efectos puntualizados en la demanda. Informo al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado a manera de prevención, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, formulo al quejoso el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento anterior, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) tendré no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, tengo las listas de este órgano jurisdiccional, como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones -dado que señaló los estrados- y quedan autorizados en términos restringidos, los profesionistas designados por aquél en la solicitud de amparo, porque omitió conferirles facultades amplias en forma expresa, a pesar de que tienen registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hago saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. También hago saber al quejoso que desde este momento autorizo la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, le hago saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes acudan, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, dejo establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, faculto al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. En último lugar, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido.
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