José Olmedo Corona
Expediente 1986/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1986/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Olmedo Corona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1986/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1986/2017promovido por JOSÉ OLMEDO CORONA, constante de ciento doce fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1986/2017-IV del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 154/2018-I del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, promovido por José Olmedo Corona, por propio derecho, en contra del acto de la juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 18 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, José Olmedo Corona, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se transcriben: "ACTOS RECLAMADOS.- Del C. Juez de Control de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se reclama la resolución de fecha 05 de diciembre del 2017, mediante la cual negara la petición de sobreseimiento por el delito de homicidio culposo en agravio de la víctima C. José Manuel Rayón Trujillo, en términos del numeral 327 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante la cual resolvió: 'En términos de lo que dispone el numeral 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales en este momento voy a rechazar la petición de sobreseimiento.' Lo anterior en razón de no haber realizado una debida valoración de los datos de los nuevos datos de prueba que fueron vertidos en la audiencia en cita, no obstante que vinculados desvirtúan que el suscrito haya sido responsable de los hechos que se me pretenden inculpar, realizando una omisión al no juzgar dichos elementos, ya que no fueron debatidos por parte del agente del Ministerio Público, siendo el caso que se debió constreñir en lo argumentado por las partes y no así de realizar una valoración subjetiva. III. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTO RECLAMADO.- C. Juez de Primera Instancia de Control de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercero interesado a Jesús Trujillo Arenas; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, cuyo titular, por proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 19 a 25), la registró con el número 1986/2017-IV, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento en el sentido de que se niegue el amparo; se tuvo como terceros interesados a Jesús Trujillo Arenas y al agente del Ministerio Público que interviene en la carpeta de investigación, de quienes ordenó su emplazamiento; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Los terceros fueron emplazados a juicio el doce y quince de diciembre de dos mil diecisiete, como consta a fojas 32 y 35 del juicio de amparo. Finalmente a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dio inicio la celebración de la audiencia constitucional (foja 93 del juicio de amparo). TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 94), el juzgado auxiliado ordenó la remisión del expediente 1986/2017-IV, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en cumplimiento al punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir del uno de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número auxiliar 154/2018-I; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama un acto atribuido a una autoridad que reside en el municipio de Cuernavaca, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: ? La determinación adoptada en la audiencia de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a la causa penal JC/133/2017, que se sigue en contra de José Olmedo Corona, por el hecho delictivo de homicidio culposo, por la cual se declaró improcedente la solicitud de sobreseimiento que pidió la defensa del quejoso. Acto reclamado a la siguiente autoridad responsable: 1. Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (foja 45), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con la constancia que acompañó la juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó la resolución reclamada; a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. En audiencia de diez de febrero de dos mil diecisiete, efectuada en la causa penal JC/133/2017, la cual quedó videograbada, el juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, vinculó a proceso a José Olmedo Corona por el hecho delictivo de homicidio culposo, previsto y sancionado por el artículo 106, relacionado con el artículo 62 del Código Penal del Estado de Morelos, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de José Manuel Trujillo Rayón (fojas 48 a 52). 2. Inconforme con la anterior resolución el imputado interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lo registró con el número de toca penal 55/2017-3-OP, y el siete de abril de dos mil diecisiete, emitió la resolución correspondiente, por la que confirmó la resolución apelada (fojas 53 a 64). 3. En audiencia de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, la juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, declaró improcedente la petición de sobreseimiento de la causa, solicitada por la defensa del imputado (disco versátil digital). La resolución anterior, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar la causa de improcedencia que invoca el autorizado del tercero interesado, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido, el autorizado del tercero interesado (fojas 79 y 80), refiere que es improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que el auto que niega el sobreseimiento en la causa penal no es de imposible reparación a que alude la fracción V del articulo 107 citado, porque no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos reconocidos en la carta magna o en los tratados internacionales, sino solo produce efectos de carácter adjetivos o procesales, dado que el quejoso no se encuentra privado de su libertad, por lo que no le depara perjuicio alguno que pueda tener ejecución irreparable. Es infundada la causal de improcedencia invocada por el autorizado del tercero interesado. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." En ese sentido, del artículo 61, fracción XXIII transcrito, se advierte que resulta improcedente el juicio de amparo, cuando la causa derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, cláusula normativa con la cual, el legislador dejó abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar jurídicamente la improcedencia del amparo. Por su parte el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito, en cuyo caso, la violación reclamada recaiga sobre actos emitidos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando las consecuencias de estos recaigan sobre alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio constitucional será improcedente cuando el acto que se reclama no sea de imposible reparación; es decir, el juicio será improcedente contra aquellos actos en los que el actuar de la autoridad responsable, solo afecte derechos adjetivos o procesales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/92 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese sentido, la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación adoptada en la audiencia de sobreseimiento de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a la causa penal JC/133/2017, que se sigue en su contra, por el hecho delictivo de homicidio culposo, por la cual se declaró improcedente la solicitud de sobreseimiento que pidió la defensa del quejoso. Resolución reclamada que sí es de imposible reparación por afectar indirectamente la libertad del quejoso. En efecto, en términos del artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la resolución de sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria y pone fin al procedimiento, lo que impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y comprobación del delito sometido a consideración del juez de control en la respectiva causa penal, lo que genera correlativamente para el imputado, el derecho individual subjetivo de exigir el cumplimiento de esas obligaciones y, en el supuesto de que se decrete el sobreseimiento en la causa, gozar de la libertad absoluta, esto es, de no estar sujeto a una investigación o procedimiento de carácter penal. Por el contrario, la continuación del procedimiento en su etapa de investigación repercute en la libertad del imputado, toda vez que no será absoluta mientras esté sujeto a investigación, pues no le permite disponer totalmente a su arbitrio de su tiempo, así como de su permanencia o no en determinado lugar y de las actividades que desee realizar, en virtud de existir la posibilidad latente de ser requerido para atender el desarrollo de esa investigación o del procedimiento penal. En estas condiciones, si en la resolución reclamada la juez de control no decretó el sobreseimiento de la causa penal que se sigue en contra del quejoso, dicha determinación importa una afectación a los derechos fundamentales del imputado, en la medida en que seguirá sometido a una investigación, y no puede gozar de su libertad absoluta, en caso de haber procedido el sobreseimiento. Motivo por el cual, debe atenderse preponderantemente a la afectación que produce dicho acto sobre la libertad, la que tiene una protección preferente, como bien superior, desde el punto de vista jurídico y axiológico, por lo que es innegable que cualquier acto, en relación con la restricción o privación de esta, se traduce en una lesión, de manera cierta e inmediata, a ese derecho sustantivo que tutela la Constitución, por lo que la resolución reclamada puede impugnarse en el juicio de amparo indirecto. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis XVII.1o.P.A.55 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, que dispone: "REVOCACIÓN DEL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL Y ORDEN DE PROSEGUIR CON LA INVESTIGACIÓN. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR AFECTAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO, EN LA MEDIDA EN QUE SIGUE SOMETIDO A DICHA INVESTIGACIÓN, Y NO PUEDE GOZAR DE SU LIBERTAD ABSOLUTA. Si bien de conformidad con el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la resolución de sobreseimiento no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una determinación homóloga a ésta que pone fin al juicio sin resolverlo en lo principal, ya que adquiere la calidad de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada que impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y comprobación de los delitos sometidos a consideración del Juez de control en la respectiva causa penal, lo que genera correlativamente para el imputado, el derecho individual subjetivo de exigir el cumplimiento de esas obligaciones y, en el supuesto de que se sobresea en la causa, gozar de la libertad absoluta, esto es, de no estar sujeto a una investigación o procedimiento de carácter penal. Por el contrario, la continuación del procedimiento en su etapa de investigación repercute en la libertad del imputado, toda vez que no será absoluta mientras esté sujeto a investigación, pues no le permite disponer totalmente a su arbitrio de su tiempo, así como de su permanencia o no en determinado lugar y de las actividades que desee realizar, en virtud de existir la posibilidad latente de ser requerido para atender el desarrollo de esa investigación o del procedimiento penal. En estas condiciones, si al resolverse el recurso de apelación interpuesto contra el auto de no vinculación a proceso, se revoca el sobreseimiento decretado por el Juez de control en la audiencia inicial, y se ordena proseguir con la investigación, dicha determinación importa una afectación a los derechos fundamentales del imputado, en la medida en que sigue sometido a dicha indagatoria, y no pueda gozar de su libertad absoluta, en caso de proceder el sobreseimiento. Motivo por el cual, debe atenderse preponderantemente a la afectación que produce dicho acto sobre la libertad, la que tiene una protección preferente, como bien superior, desde el punto de vista jurídico y axiológico, por lo que es innegable que cualquier acto, en relación con la restricción o privación de ésta, se traduce en una lesión, de manera cierta e inmediata, a ese derecho sustantivo que tutela la Constitución General de la República, por lo que la resolución revocatoria del sobreseimiento podrá impugnarse en el juicio de amparo indirecto." En ese sentido no se actualiza la causa de improcedencia analizada. No advirtiéndose la actualización de alguna causa de improcedencia y al no haberse formulado por las partes una diversa a la analizada, se procede al estudio de fondo de la cuestión planteada. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal JC/133/2017 del índice del juzgado responsable. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por la juez responsable se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo , la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos del quejoso, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Así como la tesis 8o.1P(10a.) , emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO. El precepto mencionado establece que la suplencia de la queja deficiente se expresará en las sentencias cuando el estudio oficioso respectivo derive de un beneficio. Ahora bien, la interpretación de la porción normativa en cuestión denota la intención del legislador de detener la añeja práctica que realizaban los tribunales de amparo, los cuales se sustituían a las facultades de las autoridades judiciales ordinarias, analizando directamente cuestiones relativas a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, la responsabilidad penal, la no existencia de excluyentes de responsabilidad o la graduación de las penas, aun cuando ello no implicara algún beneficio para el quejoso. Entonces, si a pesar del estudio oficioso que involucra la suplencia de la queja, éste no se traducirá en ningún beneficio a favor del quejoso, no existe obligación del tribunal de amparo de expresar textualmente ese análisis en la sentencia respectiva." En los conceptos de violación se refiere, en esencia, que se violan los artículos 14, 16, 19 y 21 constitucionales, con la valoración que realiza la responsable de los nuevos datos de prueba consistentes en el dictamen toxicológico, informe por parte del subdirector de Servicios de Salud de Morelos e informe de la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Temixco, Morelos, de catorce de julio de dos mil diecisiete, pues respecto al dictamen se alejó de las conclusiones a las que arribó un especialista en la materia, por lo que al rechazar la petición de sobreseimiento no atendió los criterios de razonabilidad y al conocimiento del dictamen, pues quien lo realiza garantiza la experticia necesaria y suficiente para emitirlo. Que los argumentos esgrimidos por parte del quejoso lo fueron en que la víctima se encontraba disminuido de sus funciones así como que se había colocado en dicho estado, pues las benzodiacepinas son sustancias psicotrópicas que contienen diversos efectos y se ven aumentados con el alcohol, situación que en la audiencia de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, al debatirse sobre la presencia de dichas sustancias la juez responsable realizó aseveraciones lejos del debate que se le planteó, circunstancias que no fueron debatidas por el asesor jurídico y/o el Ministerio Público, por lo que la valoración que realiza la juzgadora de la pericial causa agravio al derecho fundamental del quejoso, pues debió considerar los efectos jurídicos de una probanza desahogada y no objetada por ninguna de las partes, la cual adquiere pleno valor probatorio y no así como la juzgadora la desestima sin que fuera debatida por las partes técnicas, cuanto más que fue concatenada con el informe emitido por el subdirector de Servicios de Salud de Morelos, del cual se aprecia que no existió algún suministro de la sustancia psicotrópica denominada benzodiacepina. Añadió el quejoso que le causa agravio la resolución reclamada al basarse en argumentos subjetivos y parciales hacía la víctima, pues esta actuó de forma negligente bajo los influjos de sustancias psicotrópicas que fueron ingeridas de manera directa por él, además de que el vehículo que conducía el quejoso se encontraba en óptimas condiciones funcionales. Que la juzgadora realizó una inadecuada valoración de los datos de prueba y argumentos debatidos en la audiencia de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, pues interpreta a su parecer las pruebas ofertadas como datos de prueba, asimismo se extralimita al establecer y emitir un juicio de valoración diverso al solicitado, siendo que los datos de prueba se encontraban a favor del quejoso, por lo que acreditan la petición planteada, y a no ser así se trasgreden los derechos humanos, así como el artículo 327, fracciones III y IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalizó el quejoso que la responsable valora circunstancias que no fueron argumentadas por parte de la defensa técnica, invocó numerales del Reglamento de Tránsito de Cuernavaca que no fueron debatidos por la defensa, se allegó de elementos que no fueron tema de debate dentro de la audiencia de vinculación, las cuales utilizó para emitir su resolución, siendo que las periciales precisadas no fueron debatidas, impugnadas o inconformadas en cuanto a su contenido y valor por parte del asesor jurídico y el representante social, por lo que fueron valoradas de forma parcial y no íntegra, pues la víctima se encontraba bajo los influjos de benzodiacepina y alcohol etílico. Los conceptos de violación son infundados. Ello porque, contrario a lo aducido por el quejoso, las aseveraciones que realizó su defensa en la audiencia de sobreseimiento de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, sí fueron debatidas por la agente del Ministerio Público que estuvo presente y por el asesor jurídico de la víctima del delito, a partir del minuto veintinueve con veinte segundos de iniciada la videograbación, pues la primera, en esencia, señaló que con los datos de prueba invocados por la defensa no se cumplen las fracciones del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales para decretar el sobreseimiento solicitado; que no existe dato de prueba que acredite la fracción III del citado numeral, referente a que apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; que varios de los datos de prueba invocados por la defensa fueron recabados en la etapa de complementación de la investigación, por lo que en su momento pudieran ser objeto de valoración por un tribunal de juicio oral, no siendo esta la etapa. Por su parte el asesor jurídico (a partir del minuto treinta con cincuenta segundos de iniciada la audiencia), refirió, en esencia, que del dictamen de hechos de tránsito claramente se observa que se señaló que el imputado venía en sentido contrario y sin extremar las debidas precauciones para hacerlo, por lo que al no encontrarse en la etapa de valoración de pruebas no se acreditan ninguna de las hipótesis del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, las aseveraciones que realizó la defensa en la audiencia de sobreseimiento de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, sí fueron debatidas por la agente del Ministerio Público que estuvo presente y el asesor jurídico de la víctima del delito. De igual forma, no asiste razón al quejoso al afirmar que la responsable valoró circunstancias que no fueron argumentadas por parte de la defensa técnica ni invocó numerales del Reglamento de Tránsito de Cuernavaca que no fueron debatidos por la defensa, tampoco se allegó de elementos que no fueron tema de debate dentro de la audiencia de vinculación; ello, pues para determinar improcedente la solicitud de sobreseimiento realizada por la defensa del quejoso, la juez responsable, en esencia, refirió que era lamentable que no se haya expuesto en la audiencia de vinculación a proceso el dictamen de toxicología de cinco de febrero de dos mil diecisiete, para que fuera valorada en ese momento, sin embargo dicha resolución de vinculación está firme al haberse recurrido a través de un recurso que la confirmó. También refirió la responsable que si bien de lo expuesto por la defensa se aprecia que en las conclusiones de la perito en química se señaló que la víctima del delito iba bajo los influjos del alcohol y la benzodiacepina, lo cual pudo tornar la dificultad para conducir por parte de la víctima la bicicleta en la que se trasladaba, también lo es que hay circunstancias que no quedan claras del citado dictamen toxicológico, porque las únicas personas que pueden dar pauta e información a los grados de alcohol y de la sustancia benzodiacepina en la sangre de la víctima son los expertos, lo cual no se realizó. Además, refirió la responsable que es necesario esclarecer si los grados de alcohol o de la sustancia benzodiacepina en la sangre de la víctima eran contundentes para interrumpir las capacidades de la víctima para conducir, pues si bien se puede presumir, también lo es que debe quedar plenamente acreditada tal circunstancia, lo cual se logra con un contrainterrogatorio que se practique a la química que lo practicó. Razonamientos emitidos por la juez responsable que, a consideración de este órgano jurisdiccional, se estiman ajustados a Derecho, pues hasta este momento, como lo determinó la responsable, no existen datos contundentes para establecer que la víctima del delito el día de los hechos estaba entorpecido o inconsciente para conducir la bicicleta en la que viajaba, por ende, no está acreditada la causa de sobreseimiento que solicitó la defensa. Cuanto más que, como también lo señaló la responsable, existe el dato de prueba consistente en el dictamen de tránsito terrestre, en el que responsabiliza tanto al conductor de la bicicleta, como al hoy quejoso; por tanto, tampoco es contundente el citado dato de prueba para tener por acreditada la causa de sobreseimiento que solicitó la defensa, consistente en que apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Por lo expuesto es que este juzgado de Distrito advierte que hasta esta etapa procedimental no se ha vulnerado derecho fundamental del ahora quejoso, pues en la emisión de la resolución reclamada, se estima que sí se encuentra ajustada a Derecho, además se cumplió con el requisito de legalidad, pues fue debidamente fundada y motivada, ya que se expresaron con precisión los preceptos legales aplicables al caso y también se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto. En consecuencia, la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales que alega el quejoso, ni de los artículos 14, 16, 19 y 21 constitucionales, tampoco del numeral 327, fracciones III y IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no existir, hasta este momento, datos contundentes que eximan al quejoso de su probable participación en la comisión del hecho delictivo que se le imputó como lo es el de homicidio culposo. Por tanto, son infundados los conceptos de violación que se analizan. En esas condiciones, al resultar infundados los motivos de disentimiento, lo procedente es negar el amparo solicitado. SÉPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. La justicia federal no ampara ni protege a José Olmedo Corona, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable que precisado quedó en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el diverso sexto del presente fallo. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que firma y da fe, hasta el día de hoy veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de alegatos que formula el Agente del Ministerio Público de la Federación en auxilio de la adscrita a este Juzgado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte promovente, una vez que sea emitida sentencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, expídase a su costa las copias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos; en el entendido de que el horario para que se traslade personal de este Juzgado con la parte solicitante al negocio donde realizan el fotocopiado, es de nueve a diez horas con treinta minutos, en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este tribunal federal y a la carga excesiva de trabajo existente, además de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana. Notifíquese y cúmplase...
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Cuernavaca, Morelos, tres de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Domingo Tena Villaseñor, autorizado en términos amplios del tercero interesado Jesús Trujillo Arenas, a través del cual realiza diversas manifestaciones. Atento a lo anterior, ténganse por vertidas, en vía de alegatos, las manifestaciones realizadas por el ocursante, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. En consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6345/2017, de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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