José Palomar Romo
Expediente 827/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Palomar Romo
- Congreso del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 827/2021-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el nueve de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Por último, toda vez que el Juzgado Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la citada autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que, en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se constata la notificación personal realizada a la parte quejosa respecto de la sentencia de nueve de febrero de dos mil veintidós, como se advierte de la siguiente imagen. En tal virtud, toda vez que el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo establece que el expediente electrónico debe coincidir fiel y exactamente a físico, se instruye al Actuario adscrito, para que proceda a subir al expediente electrónico la notificación faltante o en caso de que no se haya practicado ésta, inmediatamente notifique a la parte quejosa de la sentencia de mérito. Se habilita Actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de nueve de febrero de dos mil veintidós, a la parte tercero interesada ********************, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 827/2021-IV, promovido por ********************; y,********************RESULTANDO:********************PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el ocho de julio siguiente a este Juzgado, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades:********************Congreso del Estado de Morelos.********************Gobernador Constitucional del Estado.********************Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos.****************************************De quienes reclamó en el ámbito de sus respectivas competencias la discusión, aprobación, promulgación, publicación y refrendo del artículo 17, fracción IV, del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, así como la aplicación de dicho dispositivo materializado mediante acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno en el expediente ********************.********************SEGUNDO. Mediante auto de nueve de julio de dos mil veintiuno se admitió la demanda, se requirió a las autoridades los informes justificados, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y********************CONSIDERANDO:********************PRIMERO. Competencia. ********************Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde se emitió la norma impugnada.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. ********************Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: ********************De las autoridades legislativas: la discusión, aprobación, promulgación, publicación y refrendo del artículo 17, fracción IV, del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos.********************De la autoridad judicial el acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno en el expediente ********************, por medio del cual se desechó la demanda reconvencional, así como todo lo actuado con posterioridad a dicho auto.****************************************TERCERO. Existencia de los actos reclamados********************Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado de Morelos y Gobernador del Estado de Morelos consistentes en la discusión, aprobación, promulgación, publicación y refrendo del artículo 17, fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, ya que así lo expresaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados por conducto de quienes legalmente los representan, en el ámbito de su respectiva competencia con relación al proceso legislativo de la norma que se tilda de inconstitucional.********************Además, al ser tales actos reclamados una norma jurídica, no son objeto de prueba, habida cuenta que ello no depende del contenido de los informes de las responsables, ya que basta que estén publicadas en el Diario o en el Periódico Oficial correspondiente para tener por demostrada su acreditada su existencia, así como para que las autoridades estén obligadas a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y, como consecuencia, a conocer su contenido y alcance.********************Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XII, Agosto de 2000, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.".****************************************Asimismo, es cierto el acto reclamado al Juzgado Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado consistente en el acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno por el cual se desechó la demanda reconvencional intentada por la parte demandada, hoy quejoso en el juicio ordinario civil ********************.********************Lo que además se acredita con las constancias que adjuntó la Jueza responsable como complemento al informe justificado, las cuales ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.****************************************CUARTO. Causales de improcedencia. ********************En el informe justificado el Gobernador del Estado invocó la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo al referir que en la demanda de amparo no se combatieron los actos de promulgación y publicación de la norma cuestionada por vicios propios; puesto que el quejoso no enderezó conceptos de violación en ese sentido.********************Se estima fundada la referida causa de improcedencia dado que la parte quejosa no combatió por vicios propios la promulgación y publicación del ordenamiento legal impugnado, porque no expuso conceptos de violación en el escrito de demanda.********************Del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo se desprende que es requisito que la demanda de amparo se formule por escrito expresando los preceptos constitucionales que contengan los derechos humanos que la parte quejosa estime violados y los conceptos de violación.********************Ahora, de la lectura a la demanda de amparo, particularmente del apartado correspondiente a conceptos de violación, no se advierte que el quejoso haya formulado argumentos con relación a los actos legislativos de promulgación y publicación de la ley combatida, sin que en el caso exista queja deficiente que suplir.********************En consecuencia, es procedente sobreseer respecto de los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos consistentes en la promulgación y publicación del artículo 17, fracción IV, del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al 108, fracción III, esto último a contrario imperio, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito visible en la página 2248 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de dos mil quince, Tomo III, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2010097, del siguiente rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS.".********************Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer, ni que se actualice de oficio procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. ********************QUINTO. Estudio del fondo del asunto.********************Los conceptos de violación devienen infundados lo que es motivo para negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por las razones que se desarrollarán enseguida.********************Por cuestión de técnica, se analizarán en primer lugar los argumentos tendentes a cuestionar la constitucionalidad del artículo 17, fracción IV, del Código Código Procesal Civil en la entidad, cuyo contenido dispone:********************"Artículo 17. Atribuciones de los Juzgadores. Sin perjuicio de las potestades especiales que les concede la Ley, los Magistrados y los Jueces tienen los siguientes deberes y facultades:********************[.].********************IV. Desechar de plano promociones o recursos notoriamente maliciosos, intrascendentes o improcedentes, sin sustanciar artículo;********************[.]."****************************************Sobre este tópico se precisa que si bien dicha norma no fue invocada expresamente por el juez responsable en el auto de once de junio de dos mil veintiuno emitido en el expediente ********************-3, lo cierto es que ejerció materialmente la atribución en él establecida, al haber desechado la reconvención intentanda por el ahora quejoso; luego, se estima que el precepto reclamado se aplicó de manera implicíta.********************Se afirma lo anterior pues conforme a la Jurisprudencia I.15o.A. J/12 de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGITIMA A PROMOVER EL JUICIO.", existe la posibilidad que se aplique una ley en perjuicio de un gobernado, aun cuando no exista invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir en el amparo, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que, tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tácita.********************Hecha la aclaración anterior, se tiene que el quejoso refiere que el precepto reclamado trasgrede los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal por las razones siguientes:********************Deja al gobernado en incertidumbre jurídica al no saber a qué atenerse al otorgar al juzgador facultades para desechar de plano promociones o recursos notoriamente maliciosos, intrascendentes o improcedentes, sin sustanciar artículo.********************Permite desechar cualquier promoción de manera arbitraria, sin fundar o justificar por qué es intrascendente, maliciosa o improcedente determinada promoción.********************No señala las bases mínimas para considerar qué escritos son una promoción o un recurso, mientras que el propio Código de Procedimientos Civiles sí establece qué es un auto, proveído, resolución o sentencia.********************Genera incertidumbre al no expresar los parámetros para establecer cuando es improcedente una promoción.********************Produce incertidumbre el que prevea tres supuestos de desechamiento, de los recursos o promociones, a saber, cuando sean notoriamente maliciosos, intrascendentes o improcedentes, dado que permite al juzgador desechar invocando tales preceptos pero sin precisar cuál de los tres supuestos se actualiza, como sucedió en el caso. ****************************************Según se adelantó, tales planteamientos resultan infundados, y serán analizados en conjunto, dada su estrecha vinculación.********************Como premisa mayor, resalta que el principio de seguridad jurídica, tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye uno de los pilares sobre el cual descansa el sistema jurídico mexicano y tutela que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. ********************En ese sentido, el contenido esencial del principio de seguridad jurídica radica en que la ciudadanía tenga pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en la ley y sobre sus consecuencias. ********************De esta forma, las manifestaciones concretas del dicho principio se pueden compendiar en la certeza en el derecho y en la interdicción de la arbitrariedad; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, esto es, que tenga un desarrollo suficientemente claro, sin ambigüedades o antinomias; y la segunda, principal, mas no exclusivamente, a través del principio de legalidad.********************Expuesto lo anterior, se concluye que no asiste razón al quejoso al referir que el precepto reclamado vulnera su derecho de seguridad jurídica, pues no le permite saber a qué atenderse frente al ejercicio de la atribución del juzgador de desechar las promociones o recursos, quien incluso, puede actuar de forma arbitraria.********************Lo anterior es así, pues si bien en el contenido propio del numeral 17, fracción IV, del Código Procesal Civil local, no se precisa las hipótesis concretas en las cuales el juzgador podrá desechar de plano alguna promoción o recurso, lo cierto es que tal numeral es parte de un sistema normativo que debe interpretarse en conjunto.********************En otras palabras, no es exigible que en una sola disposición el legislador deba detallar las hipótesis fácticas que actualicen el ejercicio de las atribuciones del juzgador, quien en el ejercicio de sus funciones deberá atender al sistema integral de normas que rijan el proceso correspondiente, y no solo alguna o algunas de ellas de manera aislada.********************Así, no asiste razón al quejoso al sostener que el artículo 17, fracción IV, del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos transgrede su derecho de seguridad jurídica al no saber a qué atenerse para el ejercicio de tal atribución por parte del juzgador, en tanto dicha facultad no es irrestricta, sino que está sujeta al conjunto de normas que rijan el juicio correspondiente.********************Por ejemplo, en el caso, el juez de origen desechó la reconvención intentada por el ahora quejoso, con fundamento en el artículo 604, fracción III, del Código Procesal Civil local, al considerar improcedencia la vía intentada.********************Luego, si bien al decretar tal desechamiento, el juez ejerció la atribución establecida en el artículo aquí reclamado, acotó su actuación al referido artículo 604, esto es, no actuó en forma arbitraria, de manera que generara inseguridad jurídica al particular.********************En ese orden de ideas, resulta infundado el argumento del quejoso pues el artículo 17, fracción IV, del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, no viola su derecho a la seguridad jurídica, pues al ser parte de un cuerpo normativo de naturaleza adjetiva, debe relacionarse con los demás preceptos que integran dicho sistema.********************Asimismo, es infundado lo expuesto por el peticionario en el sentido de que el precepto reclamado permite al juzgador desechar de plano promociones o recursos, so pretexto de que sean como maliciosos, intrascendentes o improcedentes, lo cual califica de manera arbitraria.********************En el caso, la enciclopedia jurídica define malicia como "Situación anímica en que se encuentra el que litiga a sabiendas de su falta de razón o asumiendo actitudes procesales temerarias o conducentes a entorpecer la marcha del litigio.".********************Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española establece que "intrascendente" proviene de trascender, que debe su origen al latín transcendere que significa "pasar de una cosa a otra", esto es "estar o ir más allá de algo.". ********************Según dicha fuente de consulta, el vocablo "improcedente" significa "No conforme a derecho".********************De las acepciones trascritas se tiene que el dispositivo reclamado al facultar al juez para desechar escritos o recursos establece las características que deben revestir, mientras que la conjunción "o" es una coordinante que tiene valor disyuntivo cuando expresa alternativa entre opciones.********************Al respecto, la malicia en las promociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego.********************En ese sentido, lo que el citado artículo tiende a evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo.********************Extremos que no transgreden el derecho a la seguridad jurídica del quejoso, pues como se ha precisado, el precepto reclamado prevé una facultad que el juzgador deberá ejercer sujetándose a la integridad del sistema normativo aplicable al caso, en relación con el contenido y finalidad de los escritos presentados por las partes. De ahí lo infundado de los argumentos analizados.********************Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. XXXIV/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 665, Décima Época, registro digital 2005535, de rubro: "INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN."****************************************Por otra parte, en los conceptos de violación del segundo al sexto, el promovente del amparo aduce que el auto de once de junio de dos mil veintiuno carece de fundamentación y de la debida motivación puesto que el Juez responsable confundió la acción de cumplimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales, con el cobro judicial de honorarios por relación extracontractual, cuya diferencia es la preexistencia de un acuerdo de voluntades, luego, sí era procedente la vía ordinaria civil.********************Aduce que la reconvención no puede desecharse en un auto de admisión, debe ser analizada y resuelta en el fondo del asunto; esto es, no es el momento procesal oportuno para estudiar la naturaleza de las prestaciones o interpretar la norma en que se funda la acción.********************Continúa refiriendo que la reconvención no es una promoción ni un recurso sino la demanda de ciertas prestaciones, por lo que no se debió desechar fundándose en el artículo 17, fracción IV, del Código Procesal Civil en la entidad.********************Sostiene que al desechar la reconvención indebidamente analizó una de las prestaciones, sin que haya atendido la totalidad de éstas -como la de daños y perjuicios- puesto que están dotadas de autonomía e independencia.********************Si bien el artículo 604, fracción III del Código Procesal Civil, dispone la procedencia en la vía sumaria del pago de honorarios, el quejoso refiere que no existe disposición que impida el tramitarse en la vía ordinaria, pues no se trata de una reclamación principal, sino de una reconvención estrechamente vinculada con el contrato base de la acción principal, por ello se deben decidir en un sólo procedimiento para evitar el dictado de sentencias contradictorias.********************Dichos motivos de disenso devienen infundados.********************Con el propósito de contextualizar el asunto, conviene señalar que de las documentales remitidas por el Juez responsable como complemento al informe justificado se obtienen los siguientes antecedentes:********************El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, ******************** presentó escrito por el que demandó a ******************** en la vía ordinaria civil la rescisión del contrato verbal de obra a precio alzado, entre otras prestaciones.********************Por turno correspondió conocer al Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos donde se radicó bajo el expediente ******************** y, una vez que subsanó las prevenciones, la demanda se admitió el ocho de abril de dos mil veintiuno.********************Se emplazó a la parte demandada (hoy quejosa) el dieciocho de mayo del mismo año.********************El uno de junio de dos mil veintiuno, el ahora quejoso compareció a contestar la demanda, oponiendo excepciones y, finalmente, adujo: ********************".vengo a reconvenir en la VÍA ORDINARIA CIVIL, demandando a la C. ********************, quien puede ser legalmente emplazada en el domicilio conocido en calle ********************, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, lugar donde puede ser legalmente emplazada, a quien reclamo las siguientes: ********************PRESTACIONES:********************El pago de la cantidad de $******************** (******************** 00/100 MN) por concepto honorarios correspondientes al contrato verbal de prestación de servicios profesionales celebrado entre el suscrito y la demandada ********************, a razón del 20% de honorarios pactado sobre la cantidad del monto total del presupuesto en base a la cantidad de $********************.********************El pago de daños y perjuicios que me ha causado con motivo del incumplimiento de su obligación a cubrir el pago de mis honorarios.********************El pago del interés legal a razón del ********************, sobre el monto reclamado en la pretensión señalada en el inciso A, que se generen hasta en tanto sean cubiertos en su totalidad********************El pago del interés moratorio generado desde el incumplimiento del pago de mis honorarios, que se generen hasta en tanto sean cubiertos en su totalidad.********************El pago de los gastos y costas que se originen en el presente litigio."****************************************Mediante acuerdo de cuatro de junio siguiente, el Juez responsable previno al aquí quejoso para que precisara la vía y la acción intentadas apercibido que de no hacerlo se desecharía de plano la demanda reconvencional.********************Al subsanar la prevención referida en el punto anterior, el actor reconvencional manifestó:********************".Que por medio del presente ocurso vengo a dar contestación a la prevención que se me hizo mediante auto de fecha 4 de junio del año 2020 (2021), con respecto a la demanda reconvencional que interpongo, precisando que la vía y la acción que interpongo es la ORDINARIA.". ****************************************Por auto de once de junio de dos mil veintiuno el juez responsable precisó:********************".atendiendo a que el promovente reitera que la vía que pretende es la ordinaria, no obstante que no precisó la acción; sin embargo, en el escrito de cuenta 3506, al interponer la reconvención refiere que la acción que pretende es entre otras cosas el pago de honorarios derivado del contrato verbal celebrado con la parte actora en lo principal el veinticinco de febrero del año en curso; en esa tesitura, tomando en cuenta que el pago de honorarios se ventila en la vía sumaria en términos de lo dispuesto por el artículo 604 fracción III del Código Procesal Civil vigente en el estado de Morelos; se desecha de plano la demanda reconvencional que pretende, toda vez que para ejercitar la acción personal de honorarios, no existe disposición legal que permita su tramitación en la vía ordinaria...".****************************************Establecido lo anterior, ahora es útil tener presente que la reconvención es la "demanda que el demandado puede formular en su escrito de contestación contra el demandante para que se tramite en el proceso incoado por éste una pretensión compatible con cualquier otro medio de defensa o excepción e independientemente de ellos." ********************De lo anterior se colige que la reconvención no es una defensa o excepción, sino el planteamiento de un nuevo juicio, el cual a instancia de la parte demandada y por economía procesal debe ventilarse dentro de uno solo.********************Además, la reconvención a diferencia de las excepciones y defensas que el demandado tiene a su alcance al contestar la demanda con las cuales puede destruir la acción ejercida en su contra, trae como consecuencia que la relación procesal adquiera un contenido nuevo, que habría podido formar parte de una relación procesal separada, pues no tiende únicamente a neutralizar la acción y lograr la desestimación de la demanda (como sucede en tratándose de las excepciones), sino que persigue en favor propio una determinada prestación, declaración o condena.********************Al resolver la contradicción de tesis 1a./J. 20/2013 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó generalidades sobre la institución de la reconvención, estableciendo lo siguiente:********************La reconvención es un medio para defenderse contraatacando, pues tal premisa parte de la base de que debe tener relación directa con la pretensión principal, proponiendo contra ésta otra pretensión que puede o no ligarse a la originalmente planteada por el actor en lo principal. ********************Dicha institución encuentra su principal utilidad en permitir tratar pretensiones diferentes en un solo proceso; de forma que no pueden tomarse como dos procesos simultáneos, sino como uno caracterizado por sus particularidades relativas al procedimiento, de manera que debe resolverse con la principal en una misma sentencia.********************Conforme a lo anterior, la reconvención es la institución procesal que permite al demandado enderezar una nueva pretensión contra el actor en el propio juicio; ante la pretensión del actor formulada en el escrito de demanda, el demandado puede exponer nuevas pretensiones en contra de la parte actora, aprovechando la relación procesal que ya ha quedado establecida, en virtud del ejercicio de la acción principal.********************Se presenta como un acto procesal de petición mediante el cual el demandado deduce oportunamente contra el actor una acción propia, independiente o conexa con la principal, que es materia de la demanda, a fin de que ambas sean sustanciadas y decididas simultáneamente en el mismo proceso.********************Así, la reconvención debe promoverse por el demandado al contestar la demanda; podrá controvertir los hechos y derecho en que se funda la demanda, así como las pretensiones del actor; y, adicionalmente, se encuentra en aptitud, bajo los requisitos que establezcan las leyes respectivas, de enderezar una nueva pretensión en contra del actor.********************Sobre lo anterior, la legislación impone las reglas del trámite de la reconvención en cada proceso, e incluso, cuándo la formulación de tal institución no tiene lugar.****************************************En el caso, el Código Procesal Civil para el Estado de Morelos en lo relativo a la reconvención dispone:********************Artículo 36. Competencia en la reconvención. Para conocer de la contrademanda y la compensación será Tribunal competente el que lo sea para dirimir la demanda original aunque el valor de cualquiera de aquéllas sea inferior a la cuantía de su competencia. Si el monto de la reconvención o de la compensación excede el de su competencia por razón de cuantía, se remitirá lo actuado al órgano que sea competente para conocer del interés mayor.********************Artículo 360. Contestación de la demanda. El demandado formulará la contestación de la demanda dentro del plazo de diez días, refiriéndose a cada una de las pretensiones y a los hechos aducidos por el actor en la demanda, admitiéndolos o negándolos expresando los que ignore por no ser propios o refiriéndolo como considere que ocurrieron. Cuando el demandado aduzca hechos o derecho incompatibles con los señalados por el actor en la demanda se tendrá por contestada en sentido negativo de estos últimos. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos los hechos y el derecho sobre los que no se suscitó controversia, la negación de los hechos no entraña la admisión del Derecho, salvo lo previsto en la parte final del artículo 368.****************************************Las defensas o contrapretensiones legales que oponga, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a menos que sean supervenientes. De las contrapretensiones de falta de legitimación del actor, de conexidad, litispendencia y cosa juzgada, se dará vista al demandante para que rinda las pruebas que considere oportunas.****************************************En la misma contestación el demandado puede hacer valer la reconvención; de dicho escrito se dará traslado al actor para que conteste en el plazo de seis días, debiendo este último, al desahogarlo, referirse exclusivamente a los hechos, al derecho y a las pretensiones aducidos por la contraria como fundamento de la reconvención o compensación.****************************************Si el demandado quiere llamar a juicio a un tercero en los casos previstos por el artículo 203 de este Código, deberá manifestarlo en el mismo escrito de contestación. La petición posterior no será tramitada.****************************************Artículo 363. De los documentos que deben acompañarse al contestar la demanda. Al escrito de contestación se agregarán:********************I. Los documentos que acrediten la legitimación, el mandato o la representación del que comparece en nombre de otro;********************II. La documental en que se funden las excepciones y defensas del demandado; la compensación o reconvención y los que pretenda utilizar como medios de prueba; y,********************III. Copias simples del escrito de contestación y de los demás documentos para que se corra traslado al actor.****************************************Artículo 366. Contestación de demanda oponiendo compensación o reconvención. Si al contestarse la demanda se opusiere la defensa de compensación o se asumiere la actitud de contrademandar, se observarán los mismos requisitos que para la demanda y se correrá traslado al actor para que las conteste en el plazo de seis días y atento lo previsto por los artículos anteriores conducentes. La reconvención y la compensación al igual que las contrapretensiones opuestas con este motivo, se discutirán de manera simultánea con el negocio principal y se decidirán todas en la sentencia definitiva.****************************************Artículo 369. Fijación del debate judicial. Los escritos de demanda y de contestación a ella fijan en primer lugar el debate. En el caso de reconvención, se establecerá la controversia judicial, además, con la contrademanda; y, si la hubiere, por la respuesta que presente el actor.********************Si se produjere la rebeldía se entenderá fijado por el auto en que se haga la declaración correspondiente.****************************************Artículo 370. Contenido del auto que resuelva sobre la contestación de la demanda. La resolución que provea acerca de la contestación de la demanda deberá expresar:********************I. Si la contestación se produjo dentro del periodo señalado en el emplazamiento;********************II. El resultado del examen que haga el Juez respecto de la legitimación del demandado y de la personería de su apoderado o representante legal;********************III. Si la contestación involucra la compensación o la reconvención;********************IV. Mandará dar vista al actor del escrito de contestación a la demanda y las copias de los documentos que se acompañen con el mismo;********************V. Cuando no se hubiere contestado la demanda, el Juez hará la declaración de rebeldía señalando sus efectos; y,********************VI. El Juez citará a una audiencia de conciliación y depuración, que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes.****************************************Artículo 605. Distinciones del procedimiento sumario con el del juicio ordinario. El procedimiento en el juicio sumario se ajustará a las reglas establecidas para el ordinario con las siguientes modificaciones.********************Los plazos serán:********************I. Cinco días para contestar la demanda;********************II. Tres días para contestar la compensación o reconvención. Pero éstas no serán admisibles sino cuando proceda también tramitarlas en juicio sumario;********************III. Cinco días para comparecer a la audiencia de conciliación y depuración;********************IV. Cinco días para ofrecer pruebas, y el plazo adicional máximo será de veinte días;********************V. Diez días para celebrar la audiencia de recepción y desahogo de las pruebas;********************VI. La citación para sentencia no necesitará ser expresa sino que operará por ministerio de la Ley al concluir el plazo para alegar o el día de la audiencia, concurran o no las partes; y,********************VII. Diez días para dictar sentencia definitiva.********************Atento el carácter sumario del juicio, el Juez al presidir las audiencias y a lo largo del procedimiento tendrá amplias facultades de dirección, procurando que su desarrollo sea pronto y expedito.****************************************En las disposiciones transcritas se advierte que no existe una regla general sobre el trámite de la reconvención, antes bien, los artículos indican cuál es el trámite, plazos y términos que han de observarse de acuerdo al tipo de juicio en que se formula la reconvención, así como las limitaciones en su tramitación, de lo que se concluye que las reglas procesales aplicables al juicio principal y a la reconvención no son las mismas.********************Establecido lo anterior, se estima que contrario a lo expuesto por el quejoso, el Juez del proceso al desechar la reconvención si estableció los parámetros para hacerlo al fundar su determinación en lo dispuesto por el artículo 604, fracción III, de la legislación procesal civil en la entidad al precisar que la acción principal se ventila en la vía ordinaria, mientras que la intentada en la reconvención se tramita en la sumaria, lo que de suyo hace incompatible el trámite en la misma pieza de autos.********************El referido numeral se trascribe a continuación:********************"Artículo 604. Cuándo procede el juicio sumario. Se ventilarán en juicio sumario:********************[.]********************III. Los cobros judiciales de honorarios debidos a peritos, abogados, médicos, notarios, ingenieros y demás personas que ejerzan una profesión o encargo o presten algún servicio de carácter técnico para cuyo ejercicio estén legalmente autorizados. Si los honorarios de peritos y de abogados proceden de su intervención en un juicio, podrán también reclamarse en la vía incidental, dentro del mismo."****************************************Como se observa, el precepto invocado por el Juez responsable prevé que las acciones de cobro judicial de honorarios de personas que ejerzan una profesión (en el caso, de arquitecto) o presten algún servicio de carácter técnico para cuyo ejercicio estén legalmente autorizados, se ejercerán en la vía sumaria.********************Dicho numeral dispone que, cuando se pretenda cobrar honorarios de peritos y abogados intervinientes en un juicio, se podrá reclamar en la vía incidental, dentro de la misma controversia.********************Ello no se puede interpretar en la forma alegada por el quejoso, esto es, que la diferencia del reclamo del cobro judicial de honorarios profesionales estribe en la existencia previa de un contrato, para así definir la vía (ordinaria o sumaria), pues el numeral trascrito es claro en cuanto a que las acciones de cobro judicial de honorarios debidos a personas que ejerzan una profesión se deben tramitar en la vía sumaria; mientras que el cobro de honorarios de abogados o peritos intervinientes en un juicio podrá hacerse dentro del mismo, en la vía incidental.********************En el acuerdo reclamado el juez precisó:********************".que la acción que pretende es entre otras cosas el pago de honorarios derivado del contrato verbal celebrado con la parte actora en lo principal el veinticinco de febrero del año en curso..."********************Por ello, considerando que el juicio ******************** origen del acto reclamado se tramita en la vía ordinaria y, por disposición de ley el cobro judicial de honorarios se tramita en la vía sumaria, fue correcto que el Juez responsable haya desestimado la reconvención del aquí quejoso.********************Sin que ello signifique que haya analizado -a priori- la improcedencia de la vía, en los términos de las tesis de rubro: "DEMANDA. ES ILEGAL DESECHARLA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)" y la diversa de rubro: "DEMANDA EN EL JUICIO ORDINARIO. NO DEBE DESECHARSE AUN CUANDO DE SU ANÁLISIS PUDIERAN OBSERVARSE MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN VINCULADOS CON EL FONDO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA" invocadas por el quejoso pues dichos criterios interpretaron el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y el Código Federal de Procedimientos Civiles respectivamente; además, el tema de fondo en ambas fue el desechamiento de una demanda y no como en el caso, de una reconvención; de ahí que resulten inaplicables en favor del quejoso.********************Tampoco resulta aplicable la jurisprudencia III.3o.C. J/20 de rubro: "RECONVENCIÓN. PROCEDENCIA DE LA, EN JUICIOS SUMARIOS AUN CUANDO LA ACCIÓN RESPECTIVA NORMALMENTE DEBIERA TRAMITARSE EN VÍA ORDINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." pues fue superada por la contradicción de tesis 105/2010, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 70/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 120, registro digital 163310 de rubro: "NULIDAD DE CONTRATO. LA ACCIÓN RELATIVA RELACIONADA CON LOS ACTOS JURÍDICOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 618 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA SUMARIA."********************Además, en tal ejecutoria se interpretó el artículo 618 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco que establece las reglas para la procedencia de los juicios sumarios, y se concluyó un supuesto para determinar que la acción de nulidad de contrato debe ventilarse en la vía sumaria, cuando esté relacionada con los actos jurídicos previstos en dicho numeral, a saber, los relativos a contratos de hipoteca, depósito, comodato, aparcería, transportes, hospedaje y los que tengan por objeto el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley o por las partes en el arrendamiento, pues de la exposición de motivos de la promulgación de dicho artículo, se advirtió que la intención del legislador fue establecer un sistema de celeridad para resolver los asuntos relacionados en los mencionados actos y lo concerniente a ellos.********************Sin embargo, como se ha precisado, el controvertido natural se originó con motivo de la demanda en la vía ordinaria civil de recisión de contrato verbal de obra a precio alzado, respecto del cual no hay disposición expresa para tramitarlo en la vía sumaria.********************Así, en el acuerdo reclamado el juez responsable sí fundó y motivó adecuadamente la determinación de no admitir la reconvención promovida, aunado a que los argumentos expresados son acordes a los preceptos donde basó su determinación.********************En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad, siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.********************Por tanto, del análisis del acuerdo reclamado, la suscrita considera que el juez responsable cumplió con la obligación de fundar y motivar debidamente su determinación de no admitir a trámite la reconvención promovida por la quejosa.********************Esto es, el juez responsable hizo precisión que no era procedente admitir la reconvención promovida, pues la acción pretendida por el hoy quejoso va en contra del objeto y naturaleza del procedimiento de origen (recisión de contrato verbal de obra a precio alzado), por ello, la acción intentada debe ser tramitada por la vía sumaria y no la ordinaria, como lo dispone el ordinal 604, fracción III del Código de Procedimientos Civiles en la entidad trascrito con anterioridad.********************En efecto, conforme a lo fundamentado y argumentado por el juez responsable, es viable entender que la legislación del estado limitó en su artículo 604 del Código Procesal Civil, las controversias que han de tramitarse en la vía sumaria, entre las que se encuentra la de cobros judiciales de honorarios debidos a peritos, abogados, médicos, notarios, ingenieros y demás personas que ejerzan una profesión, como en el caso la de arquitecto, pues así lo dispuso expresamente el legislador.********************Por ende, se entiende que lo que no se encuentre previsto en dicho numeral, debe tramitarse en la vía ordinaria, atendiendo la cuantía, el grado y el territorio.********************Así, la acción de cobro judicial de honorarios debe ser tramitada en la vía sumaria, mientras que el juicio del que emana el acto reclamado se tramita en la vía ordinaria, de ahí que haya sido correcta la decisión del juez responsable de no admitir la reconvención.********************Sirve de sustento a lo anterior la tesis II.3o.C.92 C (9a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Segundo Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 2385, registro digital 160269, que dispone:******************** "RECONVENCIÓN. DEBE TRAMITARSE EN LA MISMA VÍA EN QUE FUE PROPUESTA Y ACEPTADA LA DEMANDA INICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Si a partir del escrito inicial de demanda se propuso y aceptó la vía civil para resolver la controversia planteada por la accionante, necesariamente la reconvención debe tramitarse en la misma vía, pues el juicio debe ser adecuado para resolverla, lo que no acontece si inicialmente se tramita una controversia en una vía y se busca incorporar nuevas pretensiones en vía de reconvención, ya que ello implica términos y formalidades procesales diversas a las originalmente aceptadas a través del acuerdo de radicación y, además, se contravendría el supuesto normativo que deriva del artículo 2.118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual señala que toda reconvención se opondrá al contestar la demanda, esto es, que se ventilará en el juicio iniciado a partir del escrito de demanda."********************En dicho criterio se analizó la procedencia de la reconvención y se estableció que necesariamente debe tramitarse en la misma vía, pues el juicio debe ser adecuado para resolverla; extremo que no se actualiza, si se tramita una controversia en una vía y se busca incorporar nuevas pretensiones en la reconvención, ya que implican términos y formalidades procesales diversas a las originalmente aceptadas a través del auto de admisión; además el tribunal que la sustentó interpretó el artículo 2118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que señala que toda reconvención se opondrá al contestar la demanda; se correrá traslado al actor para que conteste dentro del plazo de nueve días, satisfaciendo los requisitos sobre la demanda y su contestación.********************En el caso, el numeral 360 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos dispone que el demandado formulará la contestación de la demanda dentro del plazo de diez días, refiriéndose a cada una de las pretensiones y a los hechos aducidos en la demanda; en la misma contestación el demandado puede hacer valer la reconvención; con lo que se correrá traslado al actor para que conteste en el plazo de seis días, debiendo este último, al desahogarlo, referirse exclusivamente a los hechos, al derecho y a las pretensiones aducidos por la contraria como fundamento de la reconvención o compensación, por lo que se estima aplicable al caso.********************Lo anterior, contrario a lo argumentado por la quejosa, en el sentido de que la no existencia de disposición que prohíba dilucidar la acción intentada en la reconvención, debe entenderse permitido por la ley; pues si la intención del legislador hubiera sido permitir a la demandada a proponer la reconvención y ejercitar la acción que desee en un juicio de otra naturaleza, no hubiera limitado dicha posibilidad en el referido artículo 604 de la legislación procesal en el Estado.********************Al resultar infundados los conceptos de violación expuestos lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.****************************************SEXTO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.********************Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO".********************SÉPTIMO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles.********************Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos.********************Por lo expuesto y fundado, se resuelve:********************PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos, por el razonamiento contenido en el considerando cuarto del presente fallo.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** contra los actos reclamados al Congreso del Estado de Morelos y Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe, nueve de febrero de dos mil veintidós en que las labores del juzgado lo permitieron, dada la carga de trabajo en este órgano jurisdiccional, los servidores públicos de licencia médica con motivo del SARS-CoV-2, así como el periodo vacacional y licencia médica de la Titular de este juzgado, autorizados por oficios CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y 0320/2022 de doce de enero de dos mil veintidós, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la circular 1/2022, suscrita por el Secretario de la Comisión Especial Arturo Guerrero Zazueta. Doy fe.
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