José Octavio Emilio Bajonero Rodriguez
Expediente 1225/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1225/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Octavio Emilio Bajonero Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1225/2017, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el nueve de octubre de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la JUEZA DE PAZ MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridades responsables el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, en referencia al cuaderno de sigilo queda a resguardo de esta Secretaría. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1225/2017-IV, promovido por JOSÉ OCTAVIO EMILIO BAJONERO RODRÍGUEZ, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada en esa misma fecha a la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, JOSÉ OCTAVIO EMILIO BAJONERO RODRÍGUEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Municipal de Cuernavaca, Morelos y Actuario adscrito a dicho juzgado. SEGUNDO.- Por auto de tres de agosto de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 1225/2017-IV, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en los términos del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. SEGUNDO.- Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Orienta el criterio anterior la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la quejosa. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos emitidos dentro del juicio ejecutivo mercantil 39/2016: I.- La orden de embargo y de privación de sus bienes, emitida en su contra. II.- La omisión de emplazarlo a juicio. No se considera como acto reclamado la expresión del quejoso relativa a "actos de molestia", en virtud de que no se trata de un acto autónomo, sino en realidad es un calificativo a través del cual, la parte quejosa pretende evidenciar la inconstitucionalidad de los actos que reclama. Apoya a la anterior determinación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 239099, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 18, Tercera Parte, Materia(s): Común, página 159 del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." TERCERO.- No son ciertos los actos reclamados a la Juez de Paz Municipal de Cuernavaca y Actuario de su adscripción, consistentes en la orden de embargo, privación de bienes y actos de molestia, emitidos en contra del quejoso, toda vez que de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 36/2016, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, no se advierte que la referida Juez haya girado en contra del quejoso orden de embargo, o de privación de sus bienes, ya que, del referido juicio, se desprende que el actor es LEOBARDINI CASTRO HERNANDEZ y la demandada AMADA ESPAÑA BAJONERO BAILÓN, por los que los actos emitidos en dicho juicio se han circunscrito a dichas partes. Consecuentemente, toda vez que de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existen los actos reclamados consistentes en la orden de embargo, privación de bienes y actos de molestia, emitidos en contra del quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil 39/2016, que se reclaman al Juez de Paz Municipal de Cuernavaca y Actuario de su adscripción, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO.- Es cierto el acto reclamado a la Juez de Paz Municipal de Cuernavaca, y Actuario de su adscripción, consistente en la falta del emplazamiento del quejoso al juicio ejecutivo mercantil 39/2016, toda vez que de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil de referencia, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se desprende que el quejoso JOSÉ OCTAVIO EMILIO BAJONERO RODRÍGUEZ, no fue llamado a dicho juicio. QUINTO. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la falta del emplazamiento del quejoso al juicio ejecutivo mercantil 39/2016 debe estudiarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de garantías, por ser ésta una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1985, Quinta Época, Tomo Parte VIII, página 262, que textualmente señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el suscrito Juez, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de un tribunal judicial, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). A fin de lograr una mejor comprensión del por qué se arriba a la conclusión inicialmente apuntada, resulta menester señalar los antecedentes de los actos reclamados que derivan del juicio ejecutivo mercantil 39/2016 del índice del Juzgado de Paz Municipal de Cuernavaca, del que se desprende lo siguiente: I. Ante el Juzgado de Paz Municipal de Cuernavaca, se tramita el juicio ejecutivo mercantil 39/2016 promovido por el endosatario en propiedad LEOBARDINI CASTRO HERNÁNDEZ contra AMADA ESPAÑA BAJONERO BAILÓN de quien demandó el pago de la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal; el pago de intereses moratorios a razón del 10% mensual desde la fecha de incumplimiento de pago y el pago de gastos y costas (fojas 2 a 3 anexo I). II. El diez de marzo de dos mil dieciséis, se dictó auto de exequendo con efectos de mandamiento en forma, en el que la Juez responsable comisionó al actuario de su adscripción para que, requiriera de pago al deudor, respecto de las prestaciones reclamadas, y para el caso de negativa, se procediera embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo (fojas 5 anexo I). III. El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, a las trece horas, la Actuaria responsable, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la demandada (fojas 54 a 57). IV.- Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete la demandada AMADA ESPAÑA BAJONERO BAILÓN dio contestación a la demanda entablada en su contra (foja 58 a 60 anexo I). De los antecedentes relatados se desprende que el actor en el juicio LEOBARDINI CASTRO HERNÁNDEZ demandó en la vía ejecutiva mercantil a AMADA ESPAÑA BAJONERO BAILÓN el pago de la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal; el pago de intereses moratorios a razón del 10% mensual desde la fecha de incumplimiento de pago y el pago de gastos y costas. Ahora bien, se tiene que los que litigan en un juicio son partes de éste, que se les denomina actor y demandado, y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; dicho en otros términos, parte es todo aquél que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho; por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como de impugnar todos los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano correspondiente, demandando el cese de esa violación. En ese orden de ideas, en la presente instancia constitucional, el quejoso ostentándose como tercero extraño señala como acto reclamado la falta de emplazamiento al referido juicio ejecutivo mercantil; sin embargo, dicho acto, no afecta su interés jurídico, ya que el impetrante es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento ejecutivo mercantil, ya que en dicho litigio no se ventila ningún derecho u obligación en relación con el impetrante y, por ende, no le causa ningún agravio personal y directo, la falta de llamamiento al referido juicio mercantil. Apoya la anterior determinación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia VI.2o.C. J/254 de la Novena Época, con número de registro 177719, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, Materia(s): Civil, página: 1513 , del rubro y texto: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Asimismo, es aplicable la tesis número XVII.4o.11 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1777, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, enero de 2003, Novena Época, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. CARECE DE INTERÉS PARA RECLAMAR SU OMISIÓN, A QUIEN NO LE PERJUDICA. Únicamente a quienes perjudique la falta de emplazamiento, les corresponde defender sus derechos y denunciar las irregularidades que pudieran haber existido en la falta de llamamiento a juicio y, por tanto, deviene inatendible la defensa de tales derechos por persona diversa." En consecuencia, al no demostrarse la afectación del quejoso en su interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, procede sobreseer en el juicio con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia citada No obsta a lo anterior, el hecho de que de autos del juicio natural, se advierta que el quejoso tuvo el carácter de depositario de los bienes embargados y que a petición de la parte actora hubiesen ordenado el cambio de depositario, pues al fungir como auxiliar en la administración de justicia no conlleva a ser emplazado, pues como se preció tal figura sólo se aplica a las partes, de ahí que el acto de molestia que reclama no se contrapone a la falta de interés jurídico para solicitar el emplazamiento; máxime que no se reclama el mismo por vicios propios. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación ni los alegatos expresados al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS 1225/2017-IV, promovido por JOSÉ OCTAVIO EMILIO BAJONERO RODRÍGUEZ, en contra de los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, que se reclamaron al Juez de Paz Municipal de Cuernavaca, y Actuaria adscrita al mencionado Juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así mismo, en cumplimiento del acuerdo general 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas por en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hasta hoy nueve de octubre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. DOY FE.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del nueve de octubre del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1225/2017-IV, promovido por JOSÉ OCTAVIO EMILIO BAJONERO RODRÍGUEZ, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada en esa misma fecha a la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, JOSÉ OCTAVIO EMILIO BAJONERO RODRÍGUEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Municipal de Cuernavaca, Morelos y Actuario adscrito a dicho juzgado. SEGUNDO.- Por auto de tres de agosto de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 1225/2017-IV, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en los términos del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. SEGUNDO.- Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Orienta el criterio anterior la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la quejosa. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos emitidos dentro del juicio ejecutivo mercantil 39/2016: I.- La orden de embargo y de privación de sus bienes, emitida en su contra. II.- La omisión de emplazarlo a juicio. No se considera como acto reclamado la expresión del quejoso relativa a "actos de molestia", en virtud de que no se trata de un acto autónomo, sino en realidad es un calificativo a través del cual, la parte quejosa pretende evidenciar la inconstitucionalidad de los actos que reclama. Apoya a la anterior determinación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 239099, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 18, Tercera Parte, Materia(s): Común, página 159 del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." TERCERO.- No son ciertos los actos reclamados a la Juez de Paz Municipal de Cuernavaca y Actuario de su adscripción, consistentes en la orden de embargo, privación de bienes y actos de molestia, emitidos en contra del quejoso, toda vez que de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 36/2016, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, no se advierte que la referida Juez haya girado en contra del quejoso orden de embargo, o de privación de sus bienes, ya que, del referido juicio, se desprende que el actor es LEOBARDINI CASTRO HERNANDEZ y la demandada AMADA ESPAÑA BAJONERO BAILÓN, por los que los actos emitidos en dicho juicio se han circunscrito a dichas partes. Consecuentemente, toda vez que de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existen los actos reclamados consistentes en la orden de embargo, privación de bienes y actos de molestia, emitidos en contra del quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil 39/2016, que se reclaman al Juez de Paz Municipal de Cuernavaca y Actuario de su adscripción, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO.- Es cierto el acto reclamado a la Juez de Paz Municipal de Cuernavaca, y Actuario de su adscripción, consistente en la falta del emplazamiento del quejoso al juicio ejecutivo mercantil 39/2016, toda vez que de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil de referencia, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se desprende que el quejoso JOSÉ OCTAVIO EMILIO BAJONERO RODRÍGUEZ, no fue llamado a dicho juicio. QUINTO. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la falta del emplazamiento del quejoso al juicio ejecutivo mercantil 39/2016 debe estudiarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de garantías, por ser ésta una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1985, Quinta Época, Tomo Parte VIII, página 262, que textualmente señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el suscrito Juez, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de un tribunal judicial, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). A fin de lograr una mejor comprensión del por qué se arriba a la conclusión inicialmente apuntada, resulta menester señalar los antecedentes de los actos reclamados que derivan del juicio ejecutivo mercantil 39/2016 del índice del Juzgado de Paz Municipal de Cuernavaca, del que se desprende lo siguiente: I. Ante el Juzgado de Paz Municipal de Cuernavaca, se tramita el juicio ejecutivo mercantil 39/2016 promovido por el endosatario en propiedad LEOBARDINI CASTRO HERNÁNDEZ contra AMADA ESPAÑA BAJONERO BAILÓN de quien demandó el pago de la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal; el pago de intereses moratorios a razón del 10% mensual desde la fecha de incumplimiento de pago y el pago de gastos y costas (fojas 2 a 3 anexo I). II. El diez de marzo de dos mil dieciséis, se dictó auto de exequendo con efectos de mandamiento en forma, en el que la Juez responsable comisionó al actuario de su adscripción para que, requiriera de pago al deudor, respecto de las prestaciones reclamadas, y para el caso de negativa, se procediera embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo (fojas 5 anexo I). III. El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, a las trece horas, la Actuaria responsable, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la demandada (fojas 54 a 57). IV.- Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete la demandada AMADA ESPAÑA BAJONERO BAILÓN dio contestación a la demanda entablada en su contra (foja 58 a 60 anexo I). De los antecedentes relatados se desprende que el actor en el juicio LEOBARDINI CASTRO HERNÁNDEZ demandó en la vía ejecutiva mercantil a AMADA ESPAÑA BAJONERO BAILÓN el pago de la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal; el pago de intereses moratorios a razón del 10% mensual desde la fecha de incumplimiento de pago y el pago de gastos y costas. Ahora bien, se tiene que los que litigan en un juicio son partes de éste, que se les denomina actor y demandado, y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; dicho en otros términos, parte es todo aquél que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho; por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como de impugnar todos los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano correspondiente, demandando el cese de esa violación. En ese orden de ideas, en la presente instancia constitucional, el quejoso ostentándose como tercero extraño señala como acto reclamado la falta de emplazamiento al referido juicio ejecutivo mercantil; sin embargo, dicho acto, no afecta su interés jurídico, ya que el impetrante es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento ejecutivo mercantil, ya que en dicho litigio no se ventila ningún derecho u obligación en relación con el impetrante y, por ende, no le causa ningún agravio personal y directo, la falta de llamamiento al referido juicio mercantil. Apoya la anterior determinación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia VI.2o.C. J/254 de la Novena Época, con número de registro 177719, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, Materia(s): Civil, página: 1513 , del rubro y texto: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Asimismo, es aplicable la tesis número XVII.4o.11 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1777, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, enero de 2003, Novena Época, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. CARECE DE INTERÉS PARA RECLAMAR SU OMISIÓN, A QUIEN NO LE PERJUDICA. Únicamente a quienes perjudique la falta de emplazamiento, les corresponde defender sus derechos y denunciar las irregularidades que pudieran haber existido en la falta de llamamiento a juicio y, por tanto, deviene inatendible la defensa de tales derechos por persona diversa." En consecuencia, al no demostrarse la afectación del quejoso en su interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, procede sobreseer en el juicio con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia citada No obsta a lo anterior, el hecho de que de autos del juicio natural, se advierta que el quejoso tuvo el carácter de depositario de los bienes embargados y que a petición de la parte actora hubiesen ordenado el cambio de depositario, pues al fungir como auxiliar en la administración de justicia no conlleva a ser emplazado, pues como se preció tal figura sólo se aplica a las partes, de ahí que el acto de molestia que reclama no se contrapone a la falta de interés jurídico para solicitar el emplazamiento; máxime que no se reclama el mismo por vicios propios. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación ni los alegatos expresados al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS 1225/2017-IV, promovido por JOSÉ OCTAVIO EMILIO BAJONERO RODRÍGUEZ, en contra de los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, que se reclamaron al Juez de Paz Municipal de Cuernavaca, y Actuaria adscrita al mencionado Juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así mismo, en cumplimiento del acuerdo general 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas por en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hasta hoy nueve de octubre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. DOY FE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que se encuentran transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3595/2017, de once de julio de dos mil diecisiete, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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