Jose Octavio Acosta Blancarte

Expediente 180/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
180/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
09/04/2018

Partes del expediente

  • Jose Octavio Acosta Blancarte
  • Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, Ciudad

Actuaciones

  1. Incidental

    ÚNICO. Se niega a José Octavio Acosta Blancarte, la suspensión definitiva del acto reclamado a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa y Comandante de la Policía de Investigación Zona Norte, con residencia en esta ciudad, por los motivos indicados en el considerando segundo de esta interlocutoria.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales los oficios signados por el Comandante de Policía de Investigación del Estado Zona Norte y Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinden informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado solicitado a las citadas autoridades responsables. Dese vista con los mismos a las partes para que se impongan de su contenido.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 128, último párrafo y demás relativos de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda de Amparo promovida por *****************************, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, y de otra autoridad; fórmese expediente, tanto impreso como electrónico y, regístrese en el libro de gobierno y, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 180/2018. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo; pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, en vía fax al número 01 668 815 32 08, o al correo electrónico 5jdo12cto@correo.gob.mx, quienes deberán rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del treinta de abril de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en lo establecido en el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación con adscripción a este órgano jurisdiccional. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2º.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Estanislao Lugo Verdugo y Bibiano Trinidad Cota Ruiz. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar en el momento de la notificación respectiva, de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

  4. Incidental

    Como está ordenado en esta fecha, en el cuaderno principal con dos copias de la demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 180/2018, promovido por ********************, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa y otra autoridad; anexando copia de la demanda, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo respecto de los actos reclamados que se hacen consistir en la orden de aprehensión, y su probable ejecución. El informe previo deberán rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, en vía fax al número 01 668 815 32 08, o al correo electrónico 5jdo12cto@correo.gob.mx, por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este Juzgado de Distrito establecer el monto de las garantías correspondientes, con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y además, en su caso, en la sentencia se les impondrá una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Se señalan las doce horas con treinta minutos del nueve de abril de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Requiérase al Juez señalado como responsable para que en su informe precise, en su caso, si libró la orden de aprehensión que se combate, si el ilícito por el que se giró es de los considerados como graves, el precepto que lo prevé y el monto del daño patrimonial. En ese contexto, respecto a la orden de aprehensión que se combate, se concede la suspensión provisional en favor de José Octavio Acosta Blancarte, con fundamento en lo establecido por el artículo 166, de la Ley de Amparo vigente, conforme a lo siguiente: Cuando se trate de orden de detención, aprehensión, reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional (delitos graves así calificados en el sistema penal tradicional), la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad en el lugar que señale para su reclusión la autoridad responsable y quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa (delitos no graves así calificados en el sistema penal tradicional), se concede la suspensión para el efecto de que el quejoso no sea detenido, pero se apercibe al quejoso a fin de que en el término de tres días se presente al proceso penal para los efectos de su continuación, de lo contrario se dejará sin efecto la presente suspensión para que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicita al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. De conformidad con lo establecido por los artículos 138, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo y, toda vez que por el momento no se puede determinar a cuánto asciende el daño patrimonial causado por el delito que se imputa a la impetrante del amparo, así como su situación económica y la mayor o menor posibilidad de que se sustraiga a la acción de la Justicia, la quejosa deberá cumplir con las siguientes condiciones: a). Comparecer ante el Juez de la causa a rendir su declaración o a continuar con los actos de procedimiento natural dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo; dado que el procedimiento es de orden público y por tanto insuspendible; y cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia, aquél deberá informarlo a este juzgado para revocar la suspensión decretada. La suspensión dejará de surtir sus efectos si no comparece ante el Juez de la causa, a rendir su declaración preparatoria o a continuar con los efectos del procedimiento, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento de la certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, por lo que, deberá exhibir ante este Juzgado constancia de tal presentación, tal y como lo establece el artículo 167 de la Ley de Amparo; además deberá cumplir con la obligación de seguirse presentando los días fijos que el propio Juez señale y cuantas veces sea requerido para ello, ya que si deja de cumplir con esta obligación, se mandará hacer efectiva la garantía en favor del fisco federal y quedarán expeditos los derechos de las autoridades responsables para que procedan en su contra de acuerdo con sus facultades legales. Lo anterior con apoyo en el artículo 124-bis de la Ley de Amparo, y en términos de las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 26 y 371, Tomos XIV, noviembre de 2001 y XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACION DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACION PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA." "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE LA CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." b). Otorgar garantía por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en cualesquiera de las formas permitidas por la ley. En la inteligencia de que si lo hace en billete de depósito o en póliza de fianza, preferentemente deberá ser constituida ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), el cual además deberá contener la razón siguiente: "el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, además de que se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitar y recibir información de la institución financiera que permita el control del depósito", sin que la ausencia de esta inserción, sea motivo suficiente para rechazar esa garantía; lo anterior con fundamento en los artículos 8, 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Si opta por la póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado, debiendo señalar el agente autorizado en esta ciudad, domicilio para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio de garantías del que deriva este incidente; si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. c) Informar por escrito a este juzgado y bajo protesta de decir verdad, su situación económica, el domicilio en el cual puede ser localizado, si acaso se le negare el amparo y la protección de la Justicia Federal, a fin que sea devuelto al juzgado de la causa, respecto de su libertad personal; o bien, para que se le pueda hacer las citaciones respectivas. Las indicadas condiciones además de tener su fundamento en los preceptos legales antes citados, tienen apoyo en la interpretación que de dichos preceptos hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1ra/J. 16/1997, producto de la contradicción de tesis número 33/96, publicada en la hoja 226 del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1997, Materia Penal, Novena Época, cuyo rubro es: "SUSPENSION PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.". En la inteligencia, que de no cumplir el amparista con lo señalado en los incisos b) y c), del presente acuerdo dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del mismo, dejará de surtir efectos la suspensión provisional concedida, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Amparo; se mandará hacer efectiva la garantía que exhiba a favor del fisco federal y se dejarán expeditos los derechos de las responsables para proceder en su contra, de acuerdo con sus facultades legales, en términos de los artículos 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo. Esta medida dejará de surtir efectos si se pretende privar de la libertad al quejoso en cumplimiento de una orden privativa de la libertad librada en su contra por autoridades distintas a las aquí señaladas o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Lo anterior en el entendido que el artículo 166 de la Ley de Amparo prevé que si la quejosa incumple las medidas de aseguramiento a las obligaciones del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la quejosa está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2º.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en los artículos 3º de la anterior Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, expídase al quejoso copia certificada de esta determinación, previa toma de razón que por su recibo se deje asentada en autos para constancia; se autoriza para que la reciba en su nombre y representación a sus autorizados legales.

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