Jose Norberto Ungson Parra
Expediente 143/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 61 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 61
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jose Norberto Ungson Parra
- Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Culiacan, Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 61.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y mediante auto admisorio le fue concedida la suspensión de plano; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
En quince de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Los Mochis, Sinaloa, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de treinta y uno de enero del actual, en relación con el oficio allegado por la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, por sí mismo y en representación del médico neumólogo de ese hospital, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pese a que tal determinación se le notificó a la parte quejosa el pasado ocho del presente mes y año; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". El reclamo del quejoso se relaciona, esencialmente, con la omisión de las responsables de proporcionarle atención médica adecuada, al no suministrarle los medicamentos que necesita para el tratamiento respectivo, particularmente el medicamento Nintedanib de 150 mg (Ofev o Vargatef), para tratar su padecimiento de fibrosis pulmonar idiopática, así como de reembolsarle el numerario que ha erogado para su adquisición y tratamiento fuera del instituto. Por otro lado, mediante sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el diecisiete de junio de dos mil veintidós, se concedió al quejoso José Norberto Ungson Parra, la protección constitucional contra el acto reclamado a las autoridades responsables Director General y médico neumólogo, ambos del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes en esta ciudad, para los siguientes efectos: ''a) Se verifique por el personal médico del instituto, de inmediato, si el medicamento que solicitó el quejoso, por habérsele prescrito por el médico ajeno a ese organismo, es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para su padecimiento, comparado con las opciones que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales; y, asimismo, para que realice dicho personal médico la certificación respectiva. b) De concluir que el medicamento solicitado por el paciente-quejoso es el mejor tratamiento para él, la autoridad responsable debe otorgárselo de inmediato, realizando los trámites correspondientes, y reembolsarle los gastos que hubiese hecho para su adquisición; con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, el cual compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). c) En caso contrario, deberá comunicar desde luego su dictamen al paciente aquí quejoso, para que éste decida, de manera informada, al respecto. d) De igual forma, la autoridad responsable deberá demostrar haber adoptado todas las medidas adecuadas para garantizar la atención médica integral del quejoso, de modo que se le garanticen los demás derechos que le asisten en su calidad de usuario de los servicios de salud, en particular, el derecho al consentimiento informado respecto del tratamiento médico que se proponga, no limitándose a la constatación del Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos o de sus propios catálogos institucionales, siempre que cuente con el aludido registro sanitario previsto en el artículo 222 de la Ley General de Salud.''. Por su parte, mediante oficio presentado el treinta de enero de la presente anualidad, el Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, por sí mismo y en representación del médico neumólogo de ese hospital, informó que al quejoso se le ha estado otorgado la atención médica con el especialista de manera continua, y que a pesar de que dichas atenciones generales con el médico señalado en segundo término son semestrales, en el presente caso se atendió a la parte quejosa en octubre, noviembre y diciembre del año próximo pasado, y enero del corriente; que asimismo ya se le otorgó tratamiento de oxigeno por doce meses y se recomendó hacer valoraciones cada tres meses, por lo que la próxima cita le correspondería hasta mayo del actual, quedando cita abierta a urgencias y cita disponible ante el especialista en caso de recaída. También señaló que el instituto le está otorgando al quejoso el medicamento Nintedanib de 150 mg (Ofev o Vargatef); y exhibió para acreditarlo las copias de la entrega de dicho tratamiento y notas médicas; igualmente, que continuará el suministro de ese medicamento al quejoso; y también que se observará su evolución. De modo que, respecto a los efectos de la protección constitucional, no obstante que en el inciso a) del apartado respectivo se contempló lo relativo a la certificación médica para determinar el medicamento más eficaz para el tratamiento del quejoso, lo cierto es que al proporcionarle dicho medicamento Nintedanib de 150 mg se cumple con lo sustantivo de esos efectos. Ello, en razón de que el quejoso en su causa de pedir, al promover este amparo, revela su intención de que se le proporcione precisamente tal medicamento, mismo que, como se dijo, se le está otorgando. De la misma manera, en relación a los efectos del otorgamiento del amparo en el sentido de que las responsables tomaran las medidas adecuadas para garantizar la atención médica integral del quejoso, garantizándole sus derechos que le asisten como usuario de los servicios de salud, particularmente el derecho al consentimiento informado respecto del tratamiento médico que se proponga, también se advierte su cumplimiento por parte de las responsables, como lo expresa en el ya referido oficio presentado ante este Juzgado el treinta de enero por el Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad al que anexó las notas médicas certificadas de la atención medica que se le brinda al quejoso, al igual que en los informes que anteriormente envió. Por otro lado, respecto al inciso b) del apartado concerniente a los efectos de la protección constitucional otorgada, debe señalarse que, en lo tocante al reembolso de lo que el quejoso hubiese erogado para adquirir ese medicamento que solicitó (Nintedanib de 150 mg (Ofev o Vargatef)( de las constancias allegadas, en especial, las aportadas por el propio quejoso, no se advierte que éste hubiese realizado erogación alguna por ese concepto, o sea para adquirir tal medicamento, pues las facturas que exhibió al respecto con su demanda de amparo, se refieren a otras sustancias o medicamentos distintos al mencionado - amparan compras de Proteína de Suero de Leche Chocolate, Tabletas Valdecasas Valmetrol-30, así como Kitossell Ip- (véanse fojas 8 a 12), de ahí que no se justifique que se reembolse algún pago por tal concepto, por parte del instituto de salud. Ahora, en lo referente al diverso reembolso de los gastos de traslado a la Ciudad de México, alimentos y hospedaje tanto del quejoso como de su esposa Ramona Palafox Apodaca a que hace referencia su autorizado en los escritos que presentó ante este juzgado el catorce y el veinte de octubre del año próximo pasado (fojas 373 a 379 y 386 a 398), realizados en los meses de septiembre y octubre del año próximo pasado, con motivo de su atención médica -en el Instituto de las Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México-debe decirse que ello no fue comprendido en los efectos de la protección constitucional. En otro orden, debe reiterarse que mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se dio vista al quejoso con el oficio en mención allegado por la responsable Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad el treinta de enero del actual, con el cual informó lo relativo a la atención medica que se le otorga al impetrante en la Especialidad de Neumología, del que se desprende que esa atención médica con el especialista se le otorga de manera continua. Vista se le concedió al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo sustancialmente para el efecto de que las autoridades responsables, en esencia, de ser el más adecuado, le suministraran al quejoso el medicamento de referencia de mayor eficacia y le garantizaran los servicios de salud con el especialista de manera continua, obteniéndose por una parte que el instituto decidió suministrarle en el presente y en el futuro, el medicamento que pretendió el peticionario y, por otra parte, que se le otorga la atención medica de manera integral, por ende, es claro que el núcleo de la ejecutoria de amparo ya se cumplió, al restituirse al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, declarándose, por tanto, cumplida esa ejecutoria. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: ''INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓNDE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.''. Asimismo, sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 82/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Registro digital: 180337, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ''INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo.''.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIOL VEINTIDOS QUE DICEW; En quince de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Los Mochis, Sinaloa, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de treinta y uno de enero del actual, en relación con el oficio allegado por la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, por sí mismo y en representación del médico neumólogo de ese hospital, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pese a que tal determinación se le notificó a la parte quejosa el pasado ocho del presente mes y año; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". El reclamo del quejoso se relaciona, esencialmente, con la omisión de las responsables de proporcionarle atención médica adecuada, al no suministrarle los medicamentos que necesita para el tratamiento respectivo, particularmente el medicamento Nintedanib de 150 mg (Ofev o Vargatef), para tratar su padecimiento de fibrosis pulmonar idiopática, así como de reembolsarle el numerario que ha erogado para su adquisición y tratamiento fuera del instituto. Por otro lado, mediante sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el diecisiete de junio de dos mil veintidós, se concedió al quejoso José Norberto Ungson Parra, la protección constitucional contra el acto reclamado a las autoridades responsables Director General y médico neumólogo, ambos del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes en esta ciudad, para los siguientes efectos: ''a) Se verifique por el personal médico del instituto, de inmediato, si el medicamento que solicitó el quejoso, por habérsele prescrito por el médico ajeno a ese organismo, es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para su padecimiento, comparado con las opciones que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales; y, asimismo, para que realice dicho personal médico la certificación respectiva. b) De concluir que el medicamento solicitado por el paciente-quejoso es el mejor tratamiento para él, la autoridad responsable debe otorgárselo de inmediato, realizando los trámites correspondientes, y reembolsarle los gastos que hubiese hecho para su adquisición; con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, el cual compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). c) En caso contrario, deberá comunicar desde luego su dictamen al paciente aquí quejoso, para que éste decida, de manera informada, al respecto. d) De igual forma, la autoridad responsable deberá demostrar haber adoptado todas las medidas adecuadas para garantizar la atención médica integral del quejoso, de modo que se le garanticen los demás derechos que le asisten en su calidad de usuario de los servicios de salud, en particular, el derecho al consentimiento informado respecto del tratamiento médico que se proponga, no limitándose a la constatación del Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos o de sus propios catálogos institucionales, siempre que cuente con el aludido registro sanitario previsto en el artículo 222 de la Ley General de Salud.''. Por su parte, mediante oficio presentado el treinta de enero de la presente anualidad, el Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, por sí mismo y en representación del médico neumólogo de ese hospital, informó que al quejoso se le ha estado otorgado la atención médica con el especialista de manera continua, y que a pesar de que dichas atenciones generales con el médico señalado en segundo término son semestrales, en el presente caso se atendió a la parte quejosa en octubre, noviembre y diciembre del año próximo pasado, y enero del corriente; que asimismo ya se le otorgó tratamiento de oxigeno por doce meses y se recomendó hacer valoraciones cada tres meses, por lo que la próxima cita le correspondería hasta mayo del actual, quedando cita abierta a urgencias y cita disponible ante el especialista en caso de recaída. También señaló que el instituto le está otorgando al quejoso el medicamento Nintedanib de 150 mg (Ofev o Vargatef); y exhibió para acreditarlo las copias de la entrega de dicho tratamiento y notas médicas; igualmente, que continuará el suministro de ese medicamento al quejoso; y también que se observará su evolución. De modo que, respecto a los efectos de la protección constitucional, no obstante que en el inciso a) del apartado respectivo se contempló lo relativo a la certificación médica para determinar el medicamento más eficaz para el tratamiento del quejoso, lo cierto es que al proporcionarle dicho medicamento Nintedanib de 150 mg se cumple con lo sustantivo de esos efectos. Ello, en razón de que el quejoso en su causa de pedir, al promover este amparo, revela su intención de que se le proporcione precisamente tal medicamento, mismo que, como se dijo, se le está otorgando. De la misma manera, en relación a los efectos del otorgamiento del amparo en el sentido de que las responsables tomaran las medidas adecuadas para garantizar la atención médica integral del quejoso, garantizándole sus derechos que le asisten como usuario de los servicios de salud, particularmente el derecho al consentimiento informado respecto del tratamiento médico que se proponga, también se advierte su cumplimiento por parte de las responsables, como lo expresa en el ya referido oficio presentado ante este Juzgado el treinta de enero por el Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad al que anexó las notas médicas certificadas de la atención medica que se le brinda al quejoso, al igual que en los informes que anteriormente envió. Por otro lado, respecto al inciso b) del apartado concerniente a los efectos de la protección constitucional otorgada, debe señalarse que, en lo tocante al reembolso de lo que el quejoso hubiese erogado para adquirir ese medicamento que solicitó (Nintedanib de 150 mg (Ofev o Vargatef)( de las constancias allegadas, en especial, las aportadas por el propio quejoso, no se advierte que éste hubiese realizado erogación alguna por ese concepto, o sea para adquirir tal medicamento, pues las facturas que exhibió al respecto con su demanda de amparo, se refieren a otras sustancias o medicamentos distintos al mencionado - amparan compras de Proteína de Suero de Leche Chocolate, Tabletas Valdecasas Valmetrol-30, así como Kitossell Ip- (véanse fojas 8 a 12), de ahí que no se justifique que se reembolse algún pago por tal concepto, por parte del instituto de salud. Ahora, en lo referente al diverso reembolso de los gastos de traslado a la Ciudad de México, alimentos y hospedaje tanto del quejoso como de su esposa Ramona Palafox Apodaca a que hace referencia su autorizado en los escritos que presentó ante este juzgado el catorce y el veinte de octubre del año próximo pasado (fojas 373 a 379 y 386 a 398), realizados en los meses de septiembre y octubre del año próximo pasado, con motivo de su atención médica -en el Instituto de las Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México-debe decirse que ello no fue comprendido en los efectos de la protección constitucional. En otro orden, debe reiterarse que mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se dio vista al quejoso con el oficio en mención allegado por la responsable Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad el treinta de enero del actual, con el cual informó lo relativo a la atención medica que se le otorga al impetrante en la Especialidad de Neumología, del que se desprende que esa atención médica con el especialista se le otorga de manera continua. Vista se le concedió al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo sustancialmente para el efecto de que las autoridades responsables, en esencia, de ser el más adecuado, le suministraran al quejoso el medicamento de referencia de mayor eficacia y le garantizaran los servicios de salud con el especialista de manera continua, obteniéndose por una parte que el instituto decidió suministrarle en el presente y en el futuro, el medicamento que pretendió el peticionario y, por otra parte, que se le otorga la atención medica de manera integral, por ende, es claro que el núcleo de la ejecutoria de amparo ya se cumplió, al restituirse al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, declarándose, por tanto, cumplida esa ejecutoria. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: ''INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓNDE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.''. Asimismo, sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 82/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Registro digital: 180337, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ''INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo.''.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con anexos, signado por el Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, por sí mismo y en representación del médico neumólogo de ese hospital, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, y adjunta diversas constancias. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, y anexos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables.
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