José Omar Bojórquez Ruiz

Expediente 760/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
760/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • José Omar Bojórquez Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por José Omar Bojórquez Ruiz, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte de Sinaloa, con residencia en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 760/2019-3B y tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. Asimismo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia, a que se refiere el Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas del quince de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5º, fracciones III, inciso e), y IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito y como terceros interesados para los efectos de este asunto a Clemencia Corrales Cota, Luis Eduardo Peraza Corrales y al Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal en Choix, Sinaloa. De acuerdo a lo anterior, conforme a lo dispuesto por el precepto 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácese a juicio mediante oficio al Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal en Choix, Sinaloa. De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, en términos de su artículo 2º, gírese atento despacho al Juez Menor Propietario en Choix, Sinaloa, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este Juzgado, emplace a los terceros interesados Clemencia Corrales Cota y Luis Eduardo Peraza Corrales, ambos con domicilio conocido en Calle sin nombre y sin número en la Colonia Ejidal, Choix, Sinaloa, debiendo correrles traslado con una copia de la demanda de garantías, que para tal efecto se anexa. Asimismo, el actuario judicial comisionado deberá informar a los terceros interesados la hora y fecha programada para el verificativo de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas del quince de enero de dos mil veinte, y requerirlos a efecto de que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, las subsecuentes se les realizarán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de distrito, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. De igual modo, se precisa que el actuario del juzgado coadyuvante deberá realizar el emplazamiento, no obstante la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio, pues en este caso, este juzgado proveería lo necesario para no dejar en estado de indefensión a los referidos terceros interesados. En ese sentido, en términos del precepto 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada y se faculta al juez coadyuvante para determinar y acordar las promociones necesarias, diligencias e incluso aplicar los medios de apremio indispensables para la debida diligenciación solicitada. Hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Como lo solicita la parte quejosa, se les permite la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Por otro lado, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en la esquina que forman los bulevares Manuel J. Cluthier y Antonio Rosales sin número, en el interior de la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la UAS, Edificio E-4, Bufete Jurídico, de esta ciudad, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Pablo Maciel Ruvalcaba y Víctor Guadalupe Sepúlveda Álvarez, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Omar Francisco Galaviz Gaxiola, en atención a que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

  2. Incidental

    Como está ordenado en esta fecha, en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 760/2019-3B, promovido por José Omar Bojórquez Ruiz, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte de Sinaloa, con residencia en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147, 150, 163, 166, 168, de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda, solicítese a la autoridad señalada como responsable su informe previo, respecto de los actos reclamados, el cual deberá rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y además, en su caso, se les impondrá a los omisos una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I, 259 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las trece horas con diez minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, de lo narrado por el quejoso, en su demanda, se desprende que: El tres de agosto de dos mil dieciocho, el aquí peticionario presentó querella ante la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal de Choix, Región Norte con residencia en Choix, Sinaloa, contra Clemencia Cota y Luis Eduardo Peraza Corrales por el delito de daños y/o lo que resulte, lo que originó la carpeta 2402/2018, de la que conoció el Agente del Ministerio Público adscrito a dicha unidad. Posteriormente, el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se trasladó a aquella población, concretamente a las instalaciones de la misma unidad, a inquirir sobre la investigación, dado el tiempo transcurrido, dándole el Ministerio Público cita para otro día. Es el caso que se han dado decisiones y omisiones en la investigación por parte del Agente Social en dicha carpeta de investigación 2402/2018, toda vez que desde el tres de agosto de dos mil dieciocho se registró y no se ha continuado con las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos punibles que se describen en la querella de origen y que constan en la carpeta de investigación, ya que ha tomado la autoridad en mención diversas investigaciones que lejos de dar seguimiento y continuidad a la investigación, hacía aparecer que tendía a paralizar o suspender, incluso terminar la investigación. Por lo que se presentó impugnación ante el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, con sede en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, con base en los artículos 258 y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, formándose el cuadernillo petición 07/2019, acordándose la celebración de la audiencia especial que contempla el primero de esos preceptos, para que se debatiera sobre a impugnación y/o reclamación. Tal audiencia se llevó a cabo el veintidós de noviembre del presente año, en la que se identificaron los intervinientes -sin la presencia del ofendido aquí quejoso- obteniéndose que, a solicitud del defensor público, el juez de control responsable emitió resolución en los siguientes términos:"...dejar sin materia de estudio mencionada audiencia, en virtud de que si bien es cierto se encontraban los asesores jurídicos victímales, sin embargo no se encontraba la víctima u ofendido, por lo que no había interés por parte de la víctima, manifestando también que se necesitaba un poder notarial que otorgara representación legal en la audiencia". Tal determinación de dejar sin materia de estudio dicha audiencia, con el argumento de que no se encontraba presente el ofendido, sin dar oportunidad de refutar la petición del defensor público (a los asesores victímales, se entiende), es lo que, conforme al contenido de la demanda, constituye el acto reclamado. El quejoso solicita la suspensión para que se le restituya en el uso, goce y disfrute de las garantías constituciones que dice le han sido violadas, "con especial pronunciamiento de que se valore de manera exacta el artículo 258 y el artículo 110, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales." y le den la intervención en la aludida audiencia, y estar en condiciones de poder debatir, respetándose el principio de contradicción. Por no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega a la quejosa la suspensión provisional solicitada, para esos efectos, pues de concederse la medida cautelar en ese sentido se darían a ésta efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo, ya que equivaldría a dejar insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado, la cual además es de ejecución instantánea, de manera que ya es un acto consumado para efectos de la suspensión. Es explicativa sobre el tópico la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 312. del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, al tenor literal siguiente: "SUSPENSION, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida". Con apoyo en los artículos 3º de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, expídase al quejoso por duplicado copia certificada de esta determinación. Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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