José Nava González
Expediente 892/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Nava González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, signada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se advierte que en el acto de la notificación del proveído de veinticinco de octubre del año en curso, el quejoso **** manifestó, entre otros, su deseo de desistirse de la tramitación de la demanda de amparo que dio origen a los presentes. Ahora bien, debido a que dicha circunstancia se externó ante la presencia de un funcionario con fe pública, se tiene la plena certeza de la identidad y voluntad del impetrante de amparo, para realizar ese acto procesal. Al respecto, toda vez que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es que exista la voluntad de quien lo promueve, es decir, que se siga a instancia de parte agraviada, en sentido contrario se comprende que el gobernado, en cualquier etapa en la que se encuentre el juicio, hasta antes de que la sentencia que se llegara a emitir cause ejecutoria, puede renunciar a la actividad jurisdiccional que se generó sobre el conflicto planteado por éste, por lo que al haber expresado el quejoso su voluntad de desistirse de la demanda que dio inicio al presente expediente, ante la presencia del actuario judicial de este órgano jurisdiccional, quien cuenta con fe pública, se le tiene por desistido de la demanda de amparo. Sustenta el razonamiento que antecede la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, postulada por la Segunda Sala del nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 82/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." (Lo subrayado es propio). Entonces, si el quejoso José Nava González y/o José Cándido Nava González, manifestó desistirse de la demanda de amparo evidencia su falta de interés en la prosecución del juicio que promovió evidencia y resulta procedente tener por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa, ya que opinar lo contrario equivaldría a contravenir uno de los principios fundamentales del juicio de amparo en relación a la voluntad de quien lo promueve, es decir, que se siga a instancia de parte agraviada, y que a contrario sensu se comprende que el gobernado, en cualquier etapa en la que se encuentre el juicio, válidamente pueda renunciar a la actividad jurisdiccional que se generó sobre el conflicto planteado por éste. Sustenta el razonamiento que antecede la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, postulada por la Segunda Sala del nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Por otra parte, respecto a las manifestaciones realizadas por el impetrante de amparo en cuanto a que se requiera al Centro Federal de Readaptación Social, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, a fin de que le proporcione atención médica y calzado, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dichos actos son diversos a los que se reclaman en el presente asunto y por los cuales se decretó la suspensión de plano. No obstante ello, hágase de su conocimiento que quedan expeditos sus derechos para hacerlos para hacerlos valer en la vía y ante la autoridad correspondiente. En consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL PRESENTE AUTO HA QUEDADO FIRME; por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, archívese el presente asunto como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, el cual si bien se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, sin embargo, se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá a su depuración, en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. Ahora, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Notifíquese personalmente al defensor público federal y al quejoso en el lugar de reclusión. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida del licenciado Julio César López Céspedes, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Notifíquese personalmente al defensor público federal y al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso *** y/o *** en el lugar de su reclusión y por oficio Titular de la Delegación Estatal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Veracruz, Veracruz.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 4887 signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta el testimonio dictado en el conflicto competencial 12/2022 de su índice y los autos originales del juicio de amparo 892/2022/II-B, mismo que se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Sí existe el conflicto de acumulación (modalidad separación de juicios), suscitado entre los Juzgados de Decimoquinto de Distrito y Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ambos con sede en Xalapa. SEGUNDO. Es procedente la separación de juicios decretada de plano por el titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. TERCERO. Manténgase el estado de separación de juicios que actualmente guardan los juicios de amparo indirecto de origen, y devuélvanse los autos relativos al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, para los efectos legales procedentes." En mérito de lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó en ausencia de los autos originales, del que deberán desglosarse las constancias que obren en copia simple, toda vez que éstas son susceptibles de destrucción y no son necesarias para la integración del juicio de amparo en el que se actúa, por lo que únicamente agréguense al presente juicio de amparo, en el orden que corresponde, las constancias originales del cuaderno de antecedentes en comento; en consecuencia, de conformidad al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al artículo 3, fracción XIX del citado acuerdo, se ordena la destrucción de las constancias en copia simple que obran en el multicitado cuaderno. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo resuelto por la Superioridad, se acuerda: DEMANDA DE AMPARO Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ****, contra el acto reclamado a la autoridad personal de custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en la congregación de Cerro León, municipio de Villa Aldama, Veracruz. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 892/2022/II-B. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Se hace del conocimiento de las partes que sigue surtiendo efectos la medida suspensional concedida al directo quejoso ****en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio de amparo 818/2022/VIII-A del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Por otra parte, dado que en auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se reservó proveer lo conducente respecto del oficio signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de ocho de septiembre pasado, informó que de una búsqueda exhaustiva en la base de datos y archivos con los que cuenta esa Unidad Administrativa, no se localizó registro de ingreso o egreso a nombre de ***; sin embargo, se encuentra recluido en ese Centro Federal la persona de nombre ***, desconociendo si se trata de la misma persona, ello, hasta en tanto se recibiera en este juzgado la determinación emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en el conflicto competencial 12/2022, de su índice, lo que en la especie ya aconteció. Por tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a ***, para que en el acto de la notificación del presente acuerdo, manifieste si él promovió la demanda que dio origen a los presentes autos, para lo cual, el Actuario Judicial de la adscripción, encargado de llevar a cabo la diligencia le pondrá a la vista el escrito de demanda, y de ser afirmativa su respuesta, deberá dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diecinueve de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo 818/2022/VIII-A del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad en el que se le requirió lo siguiente: ". se previene a los quejosos, para que dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias respectivas de su ocurso aclaratorio, cumpla con lo siguiente: 1) Precisen cuales son los actos específicos que refieren de tortura física y psicológica en su demanda, es decir, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 2) Indiquen a las autoridades que les atribuyen dichos actos." Para lo cual, se le hace de conocimiento que sigue persistiendo el apercibimiento decretado en el referido proveído de diecinueve de agosto del año en curso, es decir, en caso de no cumplir cabalmente con lo requerido en el acto de la notificación o en el plazo de cinco días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, se ordena a la persona actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional que notifique de manera personal el presente acuerdo a ***, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 5 "Oriente", con residencia en la congregación de Cerro de León, perteneciente al municipio de Villa Aldama, Veracruz, a quien deberá entregarle copia del mismo, lo que deberá asentar en la razón correspondiente. REQUERIMIENTO AL QUEJOSO PARA DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Debido a que el quejoso es una persona privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama Veracruz y promovió la demanda de amparo sin asistencia jurídica, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, resulta necesario requerirlo para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días siguientes a aquél en que dicha notificación surta efectos, manifieste si es su deseo señalar abogado defensor. Lo anterior en el entendido de que en caso de que el quejoso no pueda o no quiera nombrar alguno, este órgano constitucional le nombrará uno de oficio. Ello, en acatamiento a la Jurisprudencia 43/2019 (10a.), aprobada el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (pendiente de publicación), de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Notifíquese personalmente en el lugar de reclusión a ****. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida Julio César López Céspedes, Secretario que autoriza y da fe.
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