José Obeth Hernández Cruz

Expediente 506/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
506/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
02/04/2019

Partes del expediente

  • José Obeth Hernández Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el quejoso José Obeth Hernández Cruz, mediante el cual solicita que le sea devuelto el documento público presentado como prueba en el escrito inicial de demanda; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase al promovente la documental que anexó a su demanda de amparo, consistente en el citatorio para comparecencia al levantamiento de acta circunstanciada de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, previa copia que de la misma se obtenga, quien deberá identificarse y firmar por su recibo en autos, para debida constancia.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 1218/2018-A, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en el toca número 157/2018 de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por ********************, a través de su autorizado, mismo que se resolvió en los siguientes términos: "Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo de esa ley de la materia, se resuelve: ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja número 157/2018 interpuesto por ********************, a través de su autorizado en términos de artículo 12 de la Ley de Amparo ********************, contra el acuerdo dictado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho por el Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número ********************, promovido por el propio recurrente contra actos de la Coordinadora Jurídica de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, mediante el cual se desechó la demanda que la originó, por motivo manifiesto e indudable improcedencia del propio juicio." En consecuencia, y toda vez que se declaró infundado el recurso de queja en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, por tanto, archívese como asunto totalmente concluido, acúsese recibo de estilo a la superioridad; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse confirmado el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; lo anterior, con posterioridad al VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por ********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, por notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Por lo que, como apoyo a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la materia, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, conjuntamente con el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento. Finalmente, por cuanto hace a la solicitud realizada por el signante del escrito de cuenta, mediante la cual reitera su petición de que se suspenda la ejecución del acto reclamado; al respecto, indíquese que no ha lugar a acordar de conformidad, pues el pronunciamiento respecto de la concesión de la medida suspensiva durante la tramitación del juicio de amparo es una prerrogativa exclusiva del suscrito y se encuentra sujeta invariablemente a la admisión a trámite de la demanda de amparo; lo que precisamente constituye la litis del recurso de queja que en párrafos que anteceden se interpuso.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS: Vista la demanda de amparo promovida por José Obeth Hernández Cruz, contra actos reclamados Coordinador Jurídico de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento de Xalapa, maestra María del Consuelo Lagunes Jiménez, con residencia en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 506/2018. Al respecto se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que el acto reclamado en el presente asunto por el promovente es el siguiente: El citatorio de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, notificado el veinticinco de mayo siguiente, a fin de que el quejoso comparezca el a las once horas del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, a las instalaciones de la responsable a efecto de llevar a cabo el levantamiento del acta circunstanciada contemplada en los artículo 38, 39 y 40 y demás relativos de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. La referida facultad del Juez de Distrito deriva del artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En este contexto, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa fracción III, del numeral 107, de la Ley de Amparo, ello porque sólo será procedente el amparo contra este tipo de actos, cuando lo que se reclame sea la resolución definitiva dictada en el mismo, pudiendo reclamarse también en la demanda las violaciones cometidas durante ese periodo que hubieran dejado sin defensa al quejoso (como puede ser su citación al levantamiento del acta administrativa); o bien, contra las violaciones surgidas durante ese procedimiento que afecten derechos sustantivos del gobernado, lo que en el caso no acontece. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el precepto 107, fracción III, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política d los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción III de la legislación de la materia. Por su parte, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre que se trate de aquéllas que le pongan fin, pudiendo el quejoso alegar las violaciones cometidas en ellas, o bien, durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa, trascendiendo al resultado del fallo. Dicha hipótesis legal, interpretada a contrario sensu, implica que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no sean la última resolución, es decir, aquélla que ponga fin al procedimiento. Tal restricción a la procedencia del juicio de amparo encuentra sustento en la necesidad de evitar entorpecer la marcha de las funciones administrativas, pues generalmente las violaciones que se cometen en el procedimiento pueden resarcirse cuando se emita la resolución definitiva, de manera que sólo excepcionalmente en los casos en que las actuaciones procesales produzcan violaciones que afecten derechos sustantivos, podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto. La excepción a esta regla está justificada por la urgencia de que los actos intermedios cuya ejecución sea de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo, sin necesidad de esperar la emisión de la resolución definitiva. Sobre el tópico, por actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tiene aplicación por lo que informa la tesis jurisprudencial, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Lo anterior, significa que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, en el caso, como se anticipó, si se toma en cuenta que el citatorio de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, notificado el veinticinco de mayo siguiente, constituye el inicio del procedimiento que se seguirá en contra de José Obeth Hernández Ruíz (aquí quejoso), en donde se hace de su conocimiento que deberá comparecer a las once horas del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, a las instalaciones que ocupan la Coordinación Jurídica de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, con residencia en esta ciudad, a efecto de llevar a cabo el levantamiento del acta circunstanciada contemplada en los artículo 38, 39 y 40 y demás relativos de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Ahora bien, para esclarecer la presente determinación resulta indispensable traer a la vista el contenido de los artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42 todos de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que a la letra dicen: "ARTÍCULO 37.- El Titular o responsable de la Entidad Pública podrá decretar el cese de un trabajador, en cualquiera de los siguientes casos: A).- Por incurrir en faltas de probidad u honradez debidamente comprobadas; B).- Por incurrir en violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra de sus jefes o compañeros o contra los familiares de uno u otros, ya sea dentro o fuera del servicio; C).- Por acumular, sin permiso o causa justificada, más de tres faltas de asistencia consecutivas o cinco discontinuas, en un período de treinta días; D).- Por abandonar sus labores el trabajador que tiene a su cargo la atención de una función delicada o peligrosa que requiera su presencia constante, ocasionando daños o perjuicios a la Entidad Pública, salvo que esto ocurra por causa justificada; E).- Por ocasionar intencionalmente daños a edificios, obras, maquinaria, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; F).- Por cometer actos inmorales durante el trabajo; G).- Por revelar secretos o asuntos reservados de trabajo, en perjuicio de la Entidad Pública; H).- Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad de la Entidad Pública o lugar en que preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren; I).- Por desobedecer, sin causa justificada, las órdenes o instrucciones que reciba de sus superiores, relacionadas con el trabajo; J).- Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner en conocimiento el hecho a la Entidad Pública y exhibir la prescripción suscrita por el médico; K).- Por sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo; L).- Por falta de los documentos necesarios para la prestación del servicio, que exijan las Leyes o Reglamentos, después del vencimiento del término previsto por la fracción IV del artículo 33 de esta Ley; y M).- Por causas análogas a las establecidas con anterioridad, que revistan igual gravedad y generen consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. ARTÍCULO 38.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere el artículo anterior, el funcionario facultado por el Titular de la Entidad Pública con intervención del afectado, quien podrá ser acompañado de un representante del Sindicato, procederá a levantar el acta circunstanciada que corresponda. ARTÍCULO 39.- En el acta circunstanciada se asentarán con precisión los hechos, la declaración del trabajador afectado en su caso y la de los testigos que propongan las partes. ARTICULO 40.- Para los efectos del artículo anterior, el trabajador deberá ser citado por escrito, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación al levantamiento del acta, en el lugar donde presta sus servicios o en el domicilio que tenga registrado ante la Dependencia. En caso de que el trabajador se niegue a recibir el citatorio, se levantará un acta ante dos testigos, haciéndose constar esta circunstancia. Si el trabajador no se encuentra en el centro de trabajo, ni en el domicilio indicado en el primer párrafo de este artículo, el citatorio se le dejará con la persona que se encuentre en dicho domicilio y de no haber nadie en él, con un vecino y se levantará un acta ante dos testigos, haciéndose constar esta circunstancia. En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el citatorio surtirá todos sus efectos. ARTÍCULO 41.- El levantamiento del acta no se suspenderá por la inasistencia del trabajador, si fue debidamente notificado para comparecer; el acta así levantada surtirá todos los efectos legales procedentes. ARTÍCULO 42.- Cuando en el acta circunstanciada aparezcan elementos que hagan presumir que son ciertos los actos imputados al trabajador, el funcionario autorizado para ello, podrá dar por terminados los efectos del nombramiento, comunicándolo al afectado por escrito, al que se acompañará copia del acta de referencia." Ahora bien, la Ley Estatal del Servicio Civil, establece un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio a través del cual se puede determinar la posible responsabilidad en la que un trabajador puede incurrir y como consecuencia de ello decretar su cese laboral, procedimiento en el que se destacan las siguientes etapas: La citación del trabajador.- El trabajador debe de ser citado por escrito, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación al levantamiento del acta, en el lugar donde presta sus servicios o en el domicilio que tenga registrado ante la Dependencia. Levantamiento de acta circunstanciada.- El funcionario facultado por el Titular de la Entidad Pública con intervención del afectado, quien podrá ser acompañado de un representante del Sindicato, procederá a levantar el acta circunstanciada que corresponda, en la que se asentarán con precisión los hechos, la declaración del trabajador afectado en su caso y la de los testigos que propongan las partes. Determinación.- Cuando en el acta circunstanciada aparezcan elementos que hagan presumir que son ciertos los actos imputados al trabajador, el funcionario autorizado para ello, podrá dar por terminados los efectos del nombramiento, comunicándolo al afectado por escrito, al que se acompañará copia del acta de referencia. Atento a lo anterior, resulta por demás evidente que nos encontramos ante la presencia de un procedimiento iniciado en contra del quejoso seguido en forma de juicio, pues se pueden distinguir claramente sus etapas y por ende concluir que el acto reclamado que se hace consistir en el citatorio de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, es solo la fase inicial del procedimiento, una actuación intraprocesal que no es de imposible reparación, ya que no le afecta ningún derecho sustantivo y que de ninguna manera puede ser considerada como la determinación que le ponga fin. Lo anterior se corrobora, si se toma en consideración que en el citatorio combatido únicamente se le comunicó que a fin de no lesionar sus derechos laborales y otorgarle la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 Constitucional, deberá comparecer a las once horas del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, a las instalaciones que ocupan la Coordinación Jurídica de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, con residencia en esta ciudad, a efecto de llevar a cabo el levantamiento de un acta circunstanciada. De ahí que se insista que la sola citación del quejoso al levantamiento del acta circunstanciada a que se refieren los artículos antes transcritos, no es una determinación que pueda considerarse definitiva, pues su sola emisión no se traduce en alguna acción concreta que afecte la situación laboral del quejoso, en la medida en que no altera su calidad de trabajador al Servicio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, en cambio, la determinación que en su momento emita la Coordinadora Jurídica de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento de Xalapa, maestra María del Consuelo Lagunes Jiménez, con residencia en esta ciudad, en la que resuelva si incurrió en la conducta atribuida y, en su caso, si procede o no el cese laboral del quejoso, será la que realmente pueda afectar al impetrante de amparo en sus derechos humanos. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial número 2ª/J.22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 196, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.". En ese contexto, dado el carácter intraprocesal de la citación realizada al quejoso y por el que se le informó que debía comparecer al levantamiento de un acta administrativa, por sí solo no afecta ni menoscaba ninguno de los derechos del peticionario como trabajador activo de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento de Xalapa, motivo por el cual el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente, por actualizarse la hipótesis normativa que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, incisos a) y b), este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad pueda ser analizada la legalidad del citatorio de trato como un acto intraprocesal, al combatir la determinación que emita la Coordinadora Jurídica de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento de Xalapa, maestra María del Consuelo Lagunes Jiménez, con residencia en esta ciudad, al resolver si incurrió en la conducta atribuida y, en su caso, si procede o no su cese laboral. DESECHAMIENTO Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, incisos a) y b), este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por ende, de acuerdo con lo que dispone el diverso artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ignacio Pimienta Zarate, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 113596. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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