José Morales Marín
Expediente 14/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Morales Marín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por recibido el oficio número 9315, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 235/2018, de su índice, misma que se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia de sobreseimiento recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 14/2018, promovido por JOSÉ MORALES MARÍN y PABLO LANDERO CASTRO, en contra del acto reclamado de la autoridad responsable, puntualizado en el resultando primero de esta ejecutoria." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la resolución de mérito, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno; agréguese como corresponda el cuaderno de antecedentes que se formó en ausencia de los autos originales y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, y negado tanto la suspensión provisional como la definitiva en el incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos, con posterioridad al CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Asimismo, agréguese una copia al original del incidente de suspensión, y manténgase en el archivo por separado, hasta en tanto se determine sobre su destrucción. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que obra formado un tomo por separado, instruido con las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia, con residencia en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a la autoridad antes citada para los efectos legales procedentes, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se contará con la constancia de notificación respectiva.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por los quejosos Pablo Landero y José Morales Marín; a través del cual interponen recurso de revisión en contra de la resolución de treinta de abril de la presente anualidad, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, y 88 de la Ley de Amparo, con copia de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y agréguese a éste una copia del escrito de agravios; asimismo, con copia simple del escrito de agravios córrase traslado a las demás partes del presente juicio. En ese orden de ideas, como lo dispone el artículo 89 de la Ley de Amparo, remítase dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente en que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, con el escrito original de agravios, y las copias correspondientes para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se omitió notificar a la autoridad tercera interesada Fiscal Adscrita al Juzgado Tercero de Distrito de Primera Instancia, con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, del proveído de treinta de abril del año en curso, en donde se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, en metrito de lo anterior, gírese atento oficio a fin de que se encuentre debidamente notificada; lo anterior para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que existe para notificar personalmente al tercero interesado, el proveído dictado el treinta de abril del año en curso; toda vez que hasta la fecha no ha señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; consecuentemente, con fundamento en lo establecido en el inciso a), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, practíquese dicha notificación por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto el referido tercero interesado no subsane dicha omisión. Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria habilitada de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo solicitado en auto de veinticinco de abril del año en curso, remita copia certificada del toca 94/2018, de su índice; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Por otro lado, con base en la imposición de las constancias remitidas por la autoridad ocursante, mismas que al estar revestidas de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen eficacia probatoria plena, por tratarse de actuaciones realizadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En mérito de lo anterior, el suscrito considera que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente controvertido, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." El precepto en cita establece que cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, el juicio de amparo resulta improcedente. Conviene precisar qué es lo que se entiende por medio de impugnación, el cual se define como el mecanismo que constituye una instancia reclamadora de la legalidad o procedencia de un acto de autoridad, instancia que se hace valer ante la misma autoridad u otra jerárquicamente superior, o ante algún órgano revisor específico, para que califique la procedencia o la legalidad, o ambas cosas, respecto del acto controvertido. En ese sentido, el recurso o medio de impugnación a que se refiere la fracción XIX del numeral 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que el promovente pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación da lugar a la actualización de la causa de improcedencia en análisis, sino sólo aquéllos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados. Robustece lo anterior, el hecho de que si los quejosos promueven demanda de amparo contra los mismos actos respecto de los cuales interpusieron un recurso o medio improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación del acto que le afecta, no se actualiza la improcedencia del juicio constitucional apoyada en la fracción XIX del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que, dada la improcedencia o falta de idoneidad de ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. Precisado lo anterior, para la actualización de la causa de improcedencia que se examina, es necesario la demostración fehaciente de que el recurso fue admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé oportunidad a la parte inconforme de ser escuchado en defensa de sus derechos, pues puede suceder que el recurso, por no ser idóneo o no estar establecido en la ley del acto, sea desechado por improcedente, supuesto éste en que el quejoso no será escuchado ante las autoridades ordinarias; por tanto, si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. De ahí que, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y teniendo presente el estado de indefensión que se pudiera causal al promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. De lo expuesto se colige que si bien, conforme al precepto en estudio, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la de revocar, modificar o nulificar un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, lo cierto es que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del normativo 61 del ordenamiento legal aplicable, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a). Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b). Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, c). Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de Distrito. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 190665, Materia Común, de texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En el caso concreto, de las constancias del recurso de apelación 94/2018-A, que remitió la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se advierte lo siguiente: 1. En quince de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó un auto en el que se negó girar la orden de aprehensión a José Alfredo Grajales Oliva. 2. En notificación de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se notificó el referido auto al fiscal de la adscripción el cual dijo que "...lo oye y apela...". 3. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, juez del conocimiento ordenó notificarle a los quejosos Pablo Landero Castro y José Morales Marín. 4. En comparecencia de trece de diciembre del año próximo pasado, se notificó al agraviado José Morales Marín, quien manifestó que: "...en este acto interpone recurso de apelación en contra del auto que le fue notificado. 5. El doce de enero del año en curso, se notificó a Pablo Landero Castro, mismo que en el acto de la notificación dijo: "... está inconforme con dicha resolución de fecha quince de noviembre del año dos mil diecisiete, por lo que interpone el recurso de Apelación y por cuanto hace a su asesor jurídico con posterioridad lo proporcionara, pero queda enterado del término que tiene para nombrar persona que lo represente en segunda instancia, así como queda enterado que la fiscal adscrita apeló, firmando para debida constancia y recibe las copia de la Resolución ... " 6. Así una vez que se encontraban debidamente notificadas las partes, se ordenó la remisión de los autos a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a efecto de que se substanciara el recurso de apelación interpuesto por las partes, mismo al que por razón de turno le correspondió conocer a la Quinta Sala del referido Tribunal. 7. Finalmente, mediante acuerdo de veintidós de febrero de la presente anualidad, la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, declaró admitido en tiempo y forma correcta la calificación de grado (en efecto devolutivo). De los antecedentes narrados se evidencia que se encuentran colmados los elementos que constituyen la causa de improcedencia prevista por la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque la parte quejosa interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia de control constitucional, lo que colma el primero de los elementos precitados. También se encuentra satisfecho el segundo requisito consistente en "que el recurso o medio de defensa haya sido admitido", pues como se apuntó en párrafos anteriores, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el recurso de revisión, tal como se advierte de las constancias remitas por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, aquí reclamado. Por último, que el medio de defensa en mención resulta idóneo para revocar o modificar el acto reclamado, toda vez que para ello basta remitirse a la justificación y motivación expuestas por los magistrados que integran dicha sala, en el aludido proveído de veintidós de febrero del año en curso, en el que admitió el recurso de apelación. Razones que sin duda corroboran la idoneidad del recurso planteado por los quejosos para revocar o nulificar el auto aquí reclamado. En este orden de ideas es evidente que se está tramitando un medio de defensa legal interpuesto por los promoventes que puede tener por efecto revocar, modificar o nulificar el acto aquí destacado, hace que el presente juicio de amparo se torne improcedente. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia la demandada de amparo promovida por Jesús Martínez Alvarado Arellano, conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria habilitada de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo solicitado en auto de veinticinco de abril del año en curso, remita copia certificada del toca 94/2018, de su índice; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Por otro lado, con base en la imposición de las constancias remitidas por la autoridad ocursante, mismas que al estar revestidas de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen eficacia probatoria plena, por tratarse de actuaciones realizadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En mérito de lo anterior, el suscrito considera que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente controvertido, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." El precepto en cita establece que cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, el juicio de amparo resulta improcedente. Conviene precisar qué es lo que se entiende por medio de impugnación, el cual se define como el mecanismo que constituye una instancia reclamadora de la legalidad o procedencia de un acto de autoridad, instancia que se hace valer ante la misma autoridad u otra jerárquicamente superior, o ante algún órgano revisor específico, para que califique la procedencia o la legalidad, o ambas cosas, respecto del acto controvertido. En ese sentido, el recurso o medio de impugnación a que se refiere la fracción XIX del numeral 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que el promovente pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación da lugar a la actualización de la causa de improcedencia en análisis, sino sólo aquéllos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados. Robustece lo anterior, el hecho de que si los quejosos promueven demanda de amparo contra los mismos actos respecto de los cuales interpusieron un recurso o medio improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación del acto que le afecta, no se actualiza la improcedencia del juicio constitucional apoyada en la fracción XIX del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que, dada la improcedencia o falta de idoneidad de ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. Precisado lo anterior, para la actualización de la causa de improcedencia que se examina, es necesario la demostración fehaciente de que el recurso fue admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé oportunidad a la parte inconforme de ser escuchado en defensa de sus derechos, pues puede suceder que el recurso, por no ser idóneo o no estar establecido en la ley del acto, sea desechado por improcedente, supuesto éste en que el quejoso no será escuchado ante las autoridades ordinarias; por tanto, si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. De ahí que, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y teniendo presente el estado de indefensión que se pudiera causal al promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. De lo expuesto se colige que si bien, conforme al precepto en estudio, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la de revocar, modificar o nulificar un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, lo cierto es que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del normativo 61 del ordenamiento legal aplicable, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a). Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b). Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, c). Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de Distrito. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 190665, Materia Común, de texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En el caso concreto, de las constancias del recurso de apelación 94/2018-A, que remitió la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se advierte lo siguiente: 1. En quince de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó un auto en el que se negó girar la orden de aprehensión a José Alfredo Grajales Oliva. 2. En notificación de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se notificó el referido auto al fiscal de la adscripción el cual dijo que "...lo oye y apela...". 3. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, juez del conocimiento ordenó notificarle a los quejosos Pablo Landero Castro y José Morales Marín. 4. En comparecencia de trece de diciembre del año próximo pasado, se notificó al agraviado José Morales Marín, quien manifestó que: "...en este acto interpone recurso de apelación en contra del auto que le fue notificado. 5. El doce de enero del año en curso, se notificó a Pablo Landero Castro, mismo que en el acto de la notificación dijo: "... está inconforme con dicha resolución de fecha quince de noviembre del año dos mil diecisiete, por lo que interpone el recurso de Apelación y por cuanto hace a su asesor jurídico con posterioridad lo proporcionara, pero queda enterado del término que tiene para nombrar persona que lo represente en segunda instancia, así como queda enterado que la fiscal adscrita apeló, firmando para debida constancia y recibe las copia de la Resolución ... " 6. Así una vez que se encontraban debidamente notificadas las partes, se ordenó la remisión de los autos a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a efecto de que se substanciara el recurso de apelación interpuesto por las partes, mismo al que por razón de turno le correspondió conocer a la Quinta Sala del referido Tribunal. 7. Finalmente, mediante acuerdo de veintidós de febrero de la presente anualidad, la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, declaró admitido en tiempo y forma correcta la calificación de grado (en efecto devolutivo). De los antecedentes narrados se evidencia que se encuentran colmados los elementos que constituyen la causa de improcedencia prevista por la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque la parte quejosa interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia de control constitucional, lo que colma el primero de los elementos precitados. También se encuentra satisfecho el segundo requisito consistente en "que el recurso o medio de defensa haya sido admitido", pues como se apuntó en párrafos anteriores, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el recurso de revisión, tal como se advierte de las constancias remitas por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, aquí reclamado. Por último, que el medio de defensa en mención resulta idóneo para revocar o modificar el acto reclamado, toda vez que para ello basta remitirse a la justificación y motivación expuestas por los magistrados que integran dicha sala, en el aludido proveído de veintidós de febrero del año en curso, en el que admitió el recurso de apelación. Razones que sin duda corroboran la idoneidad del recurso planteado por los quejosos para revocar o nulificar el auto aquí reclamado. En este orden de ideas es evidente que se está tramitando un medio de defensa legal interpuesto por los promoventes que puede tener por efecto revocar, modificar o nulificar el acto aquí destacado, hace que el presente juicio de amparo se torne improcedente. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia la demandada de amparo promovida por Jesús Martínez Alvarado Arellano, conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente y por oficio a las responsables.Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante la licenciada Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria de acuerdos con quien actúa. Doy fe.
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