José Moreno Dovarganez
Expediente 660/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Moreno Dovarganez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de diciembre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se desprende que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Moreno Dovarganez. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por último, se ordena hacer la devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, consistente en el expediente original del juico ejecutivo mercantil 556/2018, así como dos cuadernillos con diversas constancias, mismos que obran en tres tomos de pruebas por separado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo II-660/2019, promovido por JOSÉ MORENO DOVARGANEZ, por su propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de mayo de dos mil diecinueve, ante la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor de Zitácuaro, Michoacán, JOSÉ MORENO DOVARGANEZ, por su propio derecho, solicitó en la vía de amparo directo, la protección de la justicia federal, contra el Juez Menor Mixto de Zitácuaro, Michoacán, respecto del acto que a continuación se transcriben: "4.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la sentencia definitiva que interlocutoriamente pronunció el JUEZ MIXTO MENOR de la ciudad de Zitácuaro, dentro del incidente sobre pago de GASTOS Y COSTAS JUDICIALES, provenientes del juicio ejecutivo mercantil número 556/2018 que sigue el suscrito en contra de la tercero perjudicada" ". La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- INCOMPETENCIA LEGAL DEL TRIBUNAL COLEGIADO.- La demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad de Morelia, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, y turnada día hábil siguiente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, quien en auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho libelo constitucional, por lo cual ordenó remitirlo junto con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno con sede en esta ciudad de Morelia. TERCERO.- AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE DEMANDA DE AMPARO.- La demanda y sus anexos fueron recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, el siete de junio del año en curso y en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, quien en proveído de diez de junio del dos mil diecinueve, tuvo por recibidos los mismos, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo y admitió la misma, se registró el juicio con el número II-660/2019; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin que se estimara necesario solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, ni emplazar a la tercero interesada MARTHA PATRICIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, por ya obrar en autos las constancias relativas a tales actuaciones, por lo que únicamente se ordenó notificar a las partes el avocamiento y admisión de este juzgado; y seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama lo siguiente: La sentencia interlocutoria dictada el quince de mayo de dos mil diecinueve, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 556/2018, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió ARTURO SALAZAR SÁMANO en cuanto endosatario en procuración de JOSÉ MORENO DOVARGANES frente a MARTHA PATRICIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, al resolver incidente sobre planilla de liquidación de sentencia de honorarios profesionales, promovido por la parte actora, hoy quejosa. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Menor Mixto de Zitácuaro, Michoacán, aceptó la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que la propia autoridad adjuntó a su informe justificado relativas al juicio ejecutivo mercantil 556/2018. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO.- INEXISTENCIA DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso no se hicieron valer y de oficio no se advierte actualizada causal de improcedencia alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO.- ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, son inoperantes, como se pondrá de manifiesto a continuación. En principio es necesario relatar sucintamente los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales ya fueron, valoradas en el considerando tercero de esta resolución, los cuales son los siguientes: 1.- Que el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ARTURO SALAZAR SÁMANO, en cuanto endosatario en procuración de JOSÉ MORENO DOVARGANES, presentó demanda en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de MARTHA PATRICIA GÓMEZ HERÁNDEZ, a quien le reclamó el pago de la cantidad de $27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) 2.- El nueve de agosto del dos mil dieciocho, el Juez Menor Mixto de Zitácuaro, Michoacán, admitió la referida demanda, y ordenó al Actuario de su adscripción realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; y una vez substanciado el procedimiento por todas sus etapas legales correspondientes, el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, el juzgador de mérito dictó sentencia definitiva la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Este juzgado resultó competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio. SEGUNDO.- Se declara procedente la acción cambiaria directa que, en la vía ejecutiva mercantil que sobre pago de pesos promovió Arturo Salazar Sámano, en cuanto endosatario en procuración de José Moreno Dobarganes, frente a Martha Patricia Gómez Hernández Hernández, en su carácter de deudora principal, quien por su parte no acreditó las excepciones y defensas planteadas. TERCERO.- Se condena a la accionada Martha Patricia Gómez Hernández Hernández, a satisfacer a favor de la parte actora, la cantidad de $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 m.n.), así como el pago del interés moratorio autorizado y reducido prudencialmente, tal y como quedó establecido en el considerando segundo. CUARTO.- Cada parte sufragará los gastos erogados por la tramitación del presente asunto. QUINTO.- Por último, déjense a salvo los derechos de la parte actora, para que oportunamente embargue bienes propiedad de la demandada y en su oportunidad se haga transe y remate de los mismos, para que con su producto se realice el pago de las prestaciones a que resultó condenada la accionada Martha Patricia Gómez Hernández Hernández. SEXTO.- Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase." 3.- El cinco de marzo de dos mil diecinueve, a petición del endosatario en procuración de la parte actora, el juez natural declaró que la sentencia definitiva antes referida, causaba ejecutoria por ministerio de ley; y por tanto, concedió a la parte demandada el término de tres días para que cumpliera voluntariamente con dicha resolución. 4.- Dentro de la etapa de ejecución de sentencia, el veintidós de abril de dos mil diecinueve, el actor, hoy quejoso, JOSÉ MORENO DOVARGANES, promovió incidente sobre pago de gastos y costas judiciales, por el concepto de honorarios profesionales. 5.- El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el juez natural tuvo por formulando dicho incidente al ahora quejoso y una vez realizados los trámites legales dentro del mismo, el nueve de mayo de dos mil diecinueve citó a las partes para oír sentencia interlocutoria. 6.- Así, el quince de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Menor Mixto de Zitácuaro, Michoacán, dictó sentencia interlocutoria el quince de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de declarar improcedente la planilla de liquidación de sentencia, que por concepto de honorarios profesionales solicitó JOSÉ MORENO DOVARGANES. Siendo esta última resolución la que en la especie constituye el acto reclamado. En dicha sentencia, se emitieron las consideraciones esenciales que a continuación se destacan: ". En efecto después de analizar las constancias que integran la presente Planilla de Liquidación, y que si bien la demandada compareció a inconformarse con las misma, ese Tribunal considera que la tramitación de la incidencia de que se trata deviene improcedente, veamos porque: En principio porque como se dejó de manifiesto desde la sentencia definitiva dictada por este órgano jurisdiccional con data 27 veintisiete de febrero del 2019 dos mil diecinueve (visible a foja 56 cincuenta y seis a la 67 sesenta y siete de los autos del juicio principal), en la que se determinó que en virtud de que no habían procedido la totalidad de las prestaciones reclamadas por el actor cada parte sufragaría los gastos erogados por la tramitación del juicio que nos ocupa, sentencia que causó ejecutoria por ministerio de ley y la cual no fue combatida por ninguna de las partes surtiendo sus efectos y alcances legales. Esto es, no resulta propio que el hoy reclamante José Moreno Dobarganes, solicite el pago de honorarios profesionales que erogó con el trámite del juicio que nos ocupa con independencia de la suma solicitada la cual en caso de haber procedido, tampoco es a capricho de las partes, pues debe ser regulada conforme a la Ley de Aranceles de los Abogados del Estado de Michoacán, empero, no fue así, ya que en este caso dicho gasto debe ser soportado por el propio actor, tal y como se determinó en la referida sentencia definitiva, y como así lo reiteró al momento de haberse resuelto la sentencia interlocutoria de fecha 10 diez de abril del 2019 dos mil diecinueve (consultable de la foja 5 cinco a la 8 del cuadernillo correspondiente), en donde se reiteró por parte de este juzgador para ser precisos en el considerando segundo de la misma interlocutoria que: ". en la sentencia definitiva de fecha 27 veintisiete de febrero del 2019 dos mil diecinueve, se determinó que en virtud de no haber resultado procedentes en su totalidad las prestaciones reclamadas por la parte actora, esto es, no resultó procedente todo lo que pretendía, cada parte sufragaría los gastos erogados por la tramitación del juicio, determinación que causó ejecutoria por ministerio de ley y que la misma no fue controvertida, surtiendo sus efectos legales. En consecuencia, todos los gastos que las partes hayan erogado por la tramitación del juicio que nos ocupa, corre a su cargo, incluyendo los honorarios profesionales del abogado patrono". Lo cual el hoy promovente pasa por alto, a sabiendas que la determinación de la sentencia definitiva ya es cosa juzgada. Esto es, su petición carece de sustento legal, al no contar con bases legales para su petición y en consecuencia, innecesaria e inútil su tramitación. ." Ahora, en los conceptos de violación sólo alega en esencia, que el juez responsable infringió en la interlocutoria reclamada, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al no respetar lo que dicho juzgador decidió en la sentencia principal al establecer que se condenaba al reo al pago de lo reclamado, pues afirma el quejoso que ello incluye los gastos consistentes en los honorarios que su endosante le cobró por atender el juicio principal, por lo cual aduce el quejoso que al negar el juez natural el pago de dichos gastos vulneró su propia sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Con dichas manifestaciones la parte peticionaria del amparo no expresa la causa de pedir ni razonamiento lógico jurídico alguno tendente a combatir las consideraciones en base a las cuales el juez responsable declaró improcedente la planilla de liquidación, como lo fue que desde la sentencia definitiva del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se determinó entre otras cuestiones que no habían procedido la totalidad de las prestaciones reclamadas por el actor, por lo cual cada parte sufragaría los gastos erogados por la tramitación del juicio, que dicha sentencia causó ejecutoria por ministerio de ley, y partiendo de dicho razonamiento determinó el aludido juez que no resultaba propio que JOSÉ MORENO DOVARGANES solicitara el pago de honorarios profesionales erogados con el trámite del juicio natural, con independencia de la suma solicitada en dicha planilla por tal concepto; también determinó dicho juez que el promovente pasaba por alto que la sentencia definitiva ya era cosa juzgada por lo que su petición no contaba con bases legales. Consecuentemente, si ahora en dichos conceptos de violación sólo se manifiesta en esencia que el juez responsable no respetó lo decidido en la sentencia principal en cuanto que condenaba al reo al pago de lo reclamado y que ello, según el quejoso incluye los gastos consistentes en lo que éste sufragó por concepto de honorarios profesionales para su endosante, deben declararse inoperantes, al no haber expuesto razonamiento jurídico alguno tendiente a combatir la declaración de improcedencia de la planilla de liquidación determinada bajo el argumento de que en la sentencia definitiva del juicio natural, la cual ya era cosa juzgada por haber causado ejecutoria por ministerio de ley, se determinó expresamente que no habían procedido la totalidad de las prestaciones reclamadas por el actor, por lo cual cada parte sufragaría los gastos erogados por la tramitación del juicio. Las alegaciones formuladas en los conceptos de violación son genéricas, pues sólo se aduce que en la sentencia definitiva se condenó al reo al pago de lo reclamado, pero no hace referencia alguna a lo también resuelto en dicho fallo definitivo del juicio de origen en cuanto que todos los gastos que la partes hayan erogado por la tramitación del juicio corría a cargo de cada una de ellas, incluyendo el pago de honorarios profesionales de su abogado patrono, razonamiento en base al cual fundamentalmente el juez responsable declaró la improcedencia de la planilla de liquidación. Es decir, no se contiene en el mismo alguna expresión jurídica y contundente para poner de manifiesto que lo resuelto por la responsable al dictar sentencia interlocutoria reclamada de mérito, sea contrario a la ley o a su interpretación jurídica, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o bien porque no se hizo una correcta interpretación de la ley; de ahí lo inoperante de sus conceptos de violación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido siguiente: "Época: Octava Época Registro: 215765 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 67, Julio de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.2o. J/7 Página: 41 "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107 fracción II de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 398/89. Rosalinda Miranda de Contreras. 18 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena Solórzano Avila. Amparo directo 472/89. José Luis Gutiérrez Cáceres. 29 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretario: Nicolás Castillo Martínez. Amparo directo 563/89. Romualdo Ramos Arias. 27 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Elia Laura Rojas Vargas. Amparo directo 885/92. Guadalupe Nava Espinoza y otro. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Amparo directo 300/93. Textiles Adoman, S.A. de C.V. 4 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 722, página 486". De igual forma tiene aplicación la jurisprudencia que dice: "Época: Novena Época Registro: 191572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/15 Página: 621 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6356/90. Alexandra Castello Branco. 11 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo directo 3686/98. Leonardo Cruz López. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Reyna Barrera Barranco. Amparo directo 4566/98. Ferrocarriles Nacionales de México. 17 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9056/98. Raymundo Fuentes Retana. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9506/98. Luciano Memetla Torres. 16 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116, tesis 173, de rubro: ´CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.´." En consecuencia ante lo inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A JOSÉ MORENO DOVARGANES, contra el acto y por la autoridad precisada en el considerando segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el quinto de dichos considerandos. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo II-660/2019, promovido por JOSÉ MORENO DOVARGANEZ, por su propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de mayo de dos mil diecinueve, ante la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor de Zitácuaro, Michoacán, JOSÉ MORENO DOVARGANEZ, por su propio derecho, solicitó en la vía de amparo directo, la protección de la justicia federal, contra el Juez Menor Mixto de Zitácuaro, Michoacán, respecto del acto que a continuación se transcriben: "4.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la sentencia definitiva que interlocutoriamente pronunció el JUEZ MIXTO MENOR de la ciudad de Zitácuaro, dentro del incidente sobre pago de GASTOS Y COSTAS JUDICIALES, provenientes del juicio ejecutivo mercantil número 556/2018 que sigue el suscrito en contra de la tercero perjudicada" ". La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- INCOMPETENCIA LEGAL DEL TRIBUNAL COLEGIADO.- La demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad de Morelia, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, y turnada día hábil siguiente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, quien en auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho libelo constitucional, por lo cual ordenó remitirlo junto con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno con sede en esta ciudad de Morelia. TERCERO.- AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE DEMANDA DE AMPARO.- La demanda y sus anexos fueron recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, el siete de junio del año en curso y en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, quien en proveído de diez de junio del dos mil diecinueve, tuvo por recibidos los mismos, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo y admitió la misma, se registró el juicio con el número II-660/2019; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin que se estimara necesario solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, ni emplazar a la tercero interesada MARTHA PATRICIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, por ya obrar en autos las constancias relativas a tales actuaciones, por lo que únicamente se ordenó notificar a las partes el avocamiento y admisión de este juzgado; y seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama lo siguiente: La sentencia interlocutoria dictada el quince de mayo de dos mil diecinueve, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 556/2018, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió ARTURO SALAZAR SÁMANO en cuanto endosatario en procuración de JOSÉ MORENO DOVARGANES frente a MARTHA PATRICIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, al resolver incidente sobre planilla de liquidación de sentencia de honorarios profesionales, promovido por la parte actora, hoy quejosa. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Menor Mixto de Zitácuaro, Michoacán, aceptó la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que la propia autoridad adjuntó a su informe justificado relativas al juicio ejecutivo mercantil 556/2018. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO.- INEXISTENCIA DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso no se hicieron valer y de oficio no se advierte actualizada causal de improcedencia alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO.- ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, son inoperantes, como se pondrá de manifiesto a continuación. En principio es necesario relatar sucintamente los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales ya fueron, valoradas en el considerando tercero de esta resolución, los cuales son los siguientes: 1.- Que el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ARTURO SALAZAR SÁMANO, en cuanto endosatario en procuración de JOSÉ MORENO DOVARGANES, presentó demanda en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de MARTHA PATRICIA GÓMEZ HERÁNDEZ, a quien le reclamó el pago de la cantidad de $27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) 2.- El nueve de agosto del dos mil dieciocho, el Juez Menor Mixto de Zitácuaro, Michoacán, admitió la referida demanda, y ordenó al Actuario de su adscripción realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; y una vez substanciado el procedimiento por todas sus etapas legales correspondientes, el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, el juzgador de mérito dictó sentencia definitiva la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Este juzgado resultó competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio. SEGUNDO.- Se declara procedente la acción cambiaria directa que, en la vía ejecutiva mercantil que sobre pago de pesos promovió Arturo Salazar Sámano, en cuanto endosatario en procuración de José Moreno Dobarganes, frente a Martha Patricia Gómez Hernández Hernández, en su carácter de deudora principal, quien por su parte no acreditó las excepciones y defensas planteadas. TERCERO.- Se condena a la accionada Martha Patricia Gómez Hernández Hernández, a satisfacer a favor de la parte actora, la cantidad de $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 m.n.), así como el pago del interés moratorio autorizado y reducido prudencialmente, tal y como quedó establecido en el considerando segundo. CUARTO.- Cada parte sufragará los gastos erogados por la tramitación del presente asunto. QUINTO.- Por último, déjense a salvo los derechos de la parte actora, para que oportunamente embargue bienes propiedad de la demandada y en su oportunidad se haga transe y remate de los mismos, para que con su producto se realice el pago de las prestaciones a que resultó condenada la accionada Martha Patricia Gómez Hernández Hernández. SEXTO.- Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase." 3.- El cinco de marzo de dos mil diecinueve, a petición del endosatario en procuración de la parte actora, el juez natural declaró que la sentencia definitiva antes referida, causaba ejecutoria por ministerio de ley; y por tanto, concedió a la parte demandada el término de tres días para que cumpliera voluntariamente con dicha resolución. 4.- Dentro de la etapa de ejecución de sentencia, el veintidós de abril de dos mil diecinueve, el actor, hoy quejoso, JOSÉ MORENO DOVARGANES, promovió incidente sobre pago de gastos y costas judiciales, por el concepto de honorarios profesionales. 5.- El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el juez natural tuvo por formulando dicho incidente al ahora quejoso y una vez realizados los trámites legales dentro del mismo, el nueve de mayo de dos mil diecinueve citó a las partes para oír sentencia interlocutoria. 6.- Así, el quince de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Menor Mixto de Zitácuaro, Michoacán, dictó sentencia interlocutoria el quince de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de declarar improcedente la planilla de liquidación de sentencia, que por concepto de honorarios profesionales solicitó JOSÉ MORENO DOVARGANES. Siendo esta última resolución la que en la especie constituye el acto reclamado. En dicha sentencia, se emitieron las consideraciones esenciales que a continuación se destacan: ". En efecto después de analizar las constancias que integran la presente Planilla de Liquidación, y que si bien la demandada compareció a inconformarse con las misma, ese Tribunal considera que la tramitación de la incidencia de que se trata deviene improcedente, veamos porque: En principio porque como se dejó de manifiesto desde la sentencia definitiva dictada por este órgano jurisdiccional con data 27 veintisiete de febrero del 2019 dos mil diecinueve (visible a foja 56 cincuenta y seis a la 67 sesenta y siete de los autos del juicio principal), en la que se determinó que en virtud de que no habían procedido la totalidad de las prestaciones reclamadas por el actor cada parte sufragaría los gastos erogados por la tramitación del juicio que nos ocupa, sentencia que causó ejecutoria por ministerio de ley y la cual no fue combatida por ninguna de las partes surtiendo sus efectos y alcances legales. Esto es, no resulta propio que el hoy reclamante José Moreno Dobarganes, solicite el pago de honorarios profesionales que erogó con el trámite del juicio que nos ocupa con independencia de la suma solicitada la cual en caso de haber procedido, tampoco es a capricho de las partes, pues debe ser regulada conforme a la Ley de Aranceles de los Abogados del Estado de Michoacán, empero, no fue así, ya que en este caso dicho gasto debe ser soportado por el propio actor, tal y como se determinó en la referida sentencia definitiva, y como así lo reiteró al momento de haberse resuelto la sentencia interlocutoria de fecha 10 diez de abril del 2019 dos mil diecinueve (consultable de la foja 5 cinco a la 8 del cuadernillo correspondiente), en donde se reiteró por parte de este juzgador para ser precisos en el considerando segundo de la misma interlocutoria que: ". en la sentencia definitiva de fecha 27 veintisiete de febrero del 2019 dos mil diecinueve, se determinó que en virtud de no haber resultado procedentes en su totalidad las prestaciones reclamadas por la parte actora, esto es, no resultó procedente todo lo que pretendía, cada parte sufragaría los gastos erogados por la tramitación del juicio, determinación que causó ejecutoria por ministerio de ley y que la misma no fue controvertida, surtiendo sus efectos legales. En consecuencia, todos los gastos que las partes hayan erogado por la tramitación del juicio que nos ocupa, corre a su cargo, incluyendo los honorarios profesionales del abogado patrono". Lo cual el hoy promovente pasa por alto, a sabiendas que la determinación de la sentencia definitiva ya es cosa juzgada. Esto es, su petición carece de sustento legal, al no contar con bases legales para su petición y en consecuencia, innecesaria e inútil su tramitación. ." Ahora, en los conceptos de violación sólo alega en esencia, que el juez responsable infringió en la interlocutoria reclamada, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al no respetar lo que dicho juzgador decidió en la sentencia principal al establecer que se condenaba al reo al pago de lo reclamado, pues afirma el quejoso que ello incluye los gastos consistentes en los honorarios que su endosante le cobró por atender el juicio principal, por lo cual aduce el quejoso que al negar el juez natural el pago de dichos gastos vulneró su propia sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Con dichas manifestaciones la parte peticionaria del amparo no expresa la causa de pedir ni razonamiento lógico jurídico alguno tendente a combatir las consideraciones en base a las cuales el juez responsable declaró improcedente la planilla de liquidación, como lo fue que desde la sentencia definitiva del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se determinó entre otras cuestiones que no habían procedido la totalidad de las prestaciones reclamadas por el actor, por lo cual cada parte sufragaría los gastos erogados por la tramitación del juicio, que dicha sentencia causó ejecutoria por ministerio de ley, y partiendo de dicho razonamiento determinó el aludido juez que no resultaba propio que JOSÉ MORENO DOVARGANES solicitara el pago de honorarios profesionales erogados con el trámite del juicio natural, con independencia de la suma solicitada en dicha planilla por tal concepto; también determinó dicho juez que el promovente pasaba por alto que la sentencia definitiva ya era cosa juzgada por lo que su petición no contaba con bases legales. Consecuentemente, si ahora en dichos conceptos de violación sólo se manifiesta en esencia que el juez responsable no respetó lo decidido en la sentencia principal en cuanto que condenaba al reo al pago de lo reclamado y que ello, según el quejoso incluye los gastos consistentes en lo que éste sufragó por concepto de honorarios profesionales para su endosante, deben declararse inoperantes, al no haber expuesto razonamiento jurídico alguno tendiente a combatir la declaración de improcedencia de la planilla de liquidación determinada bajo el argumento de que en la sentencia definitiva del juicio natural, la cual ya era cosa juzgada por haber causado ejecutoria por ministerio de ley, se determinó expresamente que no habían procedido la totalidad de las prestaciones reclamadas por el actor, por lo cual cada parte sufragaría los gastos erogados por la tramitación del juicio. Las alegaciones formuladas en los conceptos de violación son genéricas, pues sólo se aduce que en la sentencia definitiva se condenó al reo al pago de lo reclamado, pero no hace referencia alguna a lo también resuelto en dicho fallo definitivo del juicio de origen en cuanto que todos los gastos que la partes hayan erogado por la tramitación del juicio corría a cargo de cada una de ellas, incluyendo el pago de honorarios profesionales de su abogado patrono, razonamiento en base al cual fundamentalmente el juez responsable declaró la improcedencia de la planilla de liquidación. Es decir, no se contiene en el mismo alguna expresión jurídica y contundente para poner de manifiesto que lo resuelto por la responsable al dictar sentencia interlocutoria reclamada de mérito, sea contrario a la ley o a su interpretación jurídica, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o bien porque no se hizo una correcta interpretación de la ley; de ahí lo inoperante de sus conceptos de violación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido siguiente: "Época: Octava Época Registro: 215765 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 67, Julio de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.2o. J/7 Página: 41 "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107 fracción II de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 398/89. Rosalinda Miranda de Contreras. 18 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena Solórzano Avila. Amparo directo 472/89. José Luis Gutiérrez Cáceres. 29 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretario: Nicolás Castillo Martínez. Amparo directo 563/89. Romualdo Ramos Arias. 27 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Elia Laura Rojas Vargas. Amparo directo 885/92. Guadalupe Nava Espinoza y otro. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Amparo directo 300/93. Textiles Adoman, S.A. de C.V. 4 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 722, página 486". De igual forma tiene aplicación la jurisprudencia que dice: "Época: Novena Época Registro: 191572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/15 Página: 621 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6356/90. Alexandra Castello Branco. 11 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo directo 3686/98. Leonardo Cruz López. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Reyna Barrera Barranco. Amparo directo 4566/98. Ferrocarriles Nacionales de México. 17 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9056/98. Raymundo Fuentes Retana. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9506/98. Luciano Memetla Torres. 16 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116, tesis 173, de rubro: ´CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.´." En consecuencia ante lo inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A JOSÉ MORENO DOVARGANES, contra el acto y por la autoridad precisada en el considerando segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el quinto de dichos considerandos. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. SE REMITE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE OFICIO. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de Administración Centro Histórico de Correos de México, con sede en esta ciudad, a través del cual, da cumplimiento a lo ordenado en auto de once de julio del año en curso, y remite la constancia de recepción del oficio número 8087, recibido por el Juez Menor de Zitácuaro, Michoacán. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.FMO
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