José Ornelas Bocanegra
Expediente 1013/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Ornelas Bocanegra
Actuaciones
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional a JOSÉ ORNELAS BOCANEGRA, para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Para el caso de que a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral J-1A-1850/2018, emita un auto en el que deje sin efectos el acuerdo dictado en audiencia inicial en lo concerniente a la fecha para que tenga verificativo la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y emita un nuevo auto en el que señale una nueva fecha dentro de los quince días hábiles siguientes para que tenga verificativo dicha audiencia." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de veinticuatro de enero de este año, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Mediante oficio presentado el treinta de enero de este año, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó copia autógrafa del acuerdo de veintinueve de ese mes y año, donde en acato a la ejecutoria de amparo, se dejó insubsistente la fecha señalada mediante auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijando en su lugar, las doce horas del catorce de febrero del año en curso, para el verificativo de esa audiencia y comisionando al actuario para que notificara a las partes. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Posteriormente, a través del oficio de cuenta, el presidente de la junta responsable, allegó copias autógrafas de la audiencia de demanda y excepciones de catorce de febrero de este año, y de la audiencia de fecha seis de marzo del actual, relativa al ofrecimiento y admisión de pruebas, ambas celebradas dentro del juicio laboral número J-1A-1850/2018. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado sin efectos el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, únicamente por lo que ve a la fecha señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y emitido otro, donde fijó fecha y hora dentro de los plazos de ley, para que tuviera verificativo esa audiencia e incluso, remitió las constancias relativas al desahogo de dicha audiencia dentro del juicio laboral de origen, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Se ordena el archivo del presente juicio En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial ubicado que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Autoridad informa trámites. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector emitido en autos, remite copia certificada del proveído de veintinueve de los actuales, del cual se obtiene que, por una parte, dejó sin efectos la hora y fecha señalada en diverso de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia inicial de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, que se señalan las doce horas del catorce de febrero próximo, para que tenga verificativo tal audiencia; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Vista a las partes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, y una vez transcurrido dicho término, con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de cuatro de enero de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso José Ornelas Bocanegra; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Cabe precisar que la concesión del amparo fue para el efecto siguiente: Consecuentemente, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Ornelas Bocanegra, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente: Para el caso de que a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral J-1A-1850/2018, emita un auto en el que deje sin efectos el acuerdo dictado en audiencia inicial en lo concerniente a la fecha para que tenga verificativo la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y emita un nuevo auto en el que señale una nueva fecha dentro de los quince días hábiles siguientes para que tenga verificativo dicha audiencia. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable para que en términos del artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite tal cumplimiento. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridades que de no cumplir con lo anterior en el plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia; y si aun así son omisas, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. NO HA LUGAR A REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo, puesto que la autoridad responsable, no tienen superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 1013/2018, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 1013/2018, promovido por José Ornelas Bocanegra, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que en este asunto obra la documental que la autoridad responsable remitió en apoyo de su informe justificado consistente en copia certificada del juicio ordinario laboral J-1A-1850/2018; documental que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvo admitida y desahogada en atención su propia y especial naturaleza en proveído de veinte de diciembre del año próximo pasado. JUEZ: Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de la partes hizo manifestaciones en esta vía. JUEZ: Al no haber alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto IX-1013/2018, promovido por José Ornelas Bocanegra, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitido en esa fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, José Ornelas Bocanegra, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante lo anterior, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte como acto reclamado a la autoridad responsable, los siguientes: El haber señalado una fecha remota para la celebración de la audiencia inicial, esto es, para el cuatro de junio de dos mil diecinueve. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se obtiene que aceptó la existencia del acto reclamado y, al efecto remitieron copia certificada del juicio ordinario laboral J-1A-1850/2018. Documental a la que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente del amparo, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. En efecto, en el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la junta responsable de administrar justicia en los plazos legales en juicio ordinario laboral J-1A-1850/2018, particularmente, el haber señalado una fecha remota para la celebración de la audiencia inicial, esto es, para el cuatro de junio de dos mil diecinueve. En sus conceptos de violación, en esencia, la parte quejosa arguye que la responsable vulnera sus derechos fundamentales al no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento e impartir justicia pronta y expedita en términos de los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la autoridad responsable en su informe justificado se limitó a manifestar que en el expediente laboral se ha actuado con estricto apego a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. A efecto de expresar claramente las razones que llevan a este juzgador a sostener que asiste razón al quejoso, conviene precisar que el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [.]" El precepto constitucional citado reconoce en favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, mediante la cual, el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por los promoventes del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la existencia de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis de rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 280219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXII Materia(s): Común Tesis: Página: 605 ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia. Amparo civil directo 1485/25. Lukín viuda de Schacht Catalina y coagraviados. 13 de marzo de 1928. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente". "Época: Quinta Época Registro: 358559 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 1014 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXPEDICIÓN DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada. Amparo civil en revisión 2443/35. Arriaga Agapito, quiebra de. 18 de abril de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Bazdresch. La publicación no menciona el nombre del ponente". En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Luego, a propósito del proceso contencioso laboral, conviene señalar el contenido del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, que establece: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor". Como se puede observar, una vez recibida la demanda por parte de la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, que dicha audiencia deberá señalarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda correspondiente. Ello es así, pues evidentemente lo que el legislador buscó al establecer el plazo de quince días para que tenga verificativo la referida audiencia, fue lograr un equilibrio entre el principio de celeridad en la impartición de justicia y el diverso principio de seguridad jurídica de la parte demanda, al darle un plazo suficiente para preparar su defensa en el controvertido laboral. Ahora, trasladando estas premisas al caso que nos ocupa, tenemos como antecedentes a los actos que ahora se reclaman los siguientes: a) Presentación de demanda. Mediante escrito presentado ante la responsable el tres de agosto de dos mil dieciocho, el ahora quejoso promovió demanda laboral frente a la persona moral Constructora Pavimag, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como de quien resulte responsable y/o beneficiario de la relación laboral. b) Admisión de demanda. Por auto de catorce de septiembre de dos mil dieciocho (más de un mes después), la responsable admitió a trámite la aludida demanda laboral, para lo cual señaló las nueve horas del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia inicial. Llegada la fecha programada para la audiencia de ley, en la propia audiencia la actora presentó escrito aclaratorio de demanda, con el cual se dio vista a la parte demandada, quien solicitó se señalara nueva fecha para la continuación de la audiencia, a efecto de dar contestación a la demanda y aclaración de esta, y con motivo de ello se programaron las DOCE HORAS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Lo anterior, evidencia que efectivamente la autoridad responsable ha pasado por alto los plazos que establece la ley en el trámite de las etapas procesales que rigen el controvertido laboral de origen, pues el promovente del amparo presentó su escrito de demanda ante la responsable el tres de agosto de dos mil dieciocho, y la junta responsable no proveyó lo relativo dentro del plazo de veinticuatro horas, tal y como lo señala el numeral 873 de la citada ley obrera. Además, de dicha data en que se radicó el juicio ordinario laboral J-1A-1850/2018, la temporalidad que media entre tal actuación y la primera fecha señalada para la audiencia inicial, excedió por mucho el plazo de quince días que establece la Ley Federal del Trabajo para el desahogo de dicha audiencia (más de tres meses). Asimismo, el plazo comprendido entre la fecha en que se suspendió la audiencia inicial y la fecha que se programó para su continuación cuatro de junio de dos mil diecinueve (más de seis meses), excede por mucho el plazo que establece la ley en la materia para tal efecto. En ese orden de ideas, es claro que la actuación de la responsable violenta los derechos fundamentales antes expuestos, específicamente, el derecho humano de celeridad en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 del pacto federal, el cual entre otros aspectos, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente. Circunstancia que no aconteció en el caso a estudio, por las razones anteriormente expuestas. Consecuentemente, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Ornelas Bocanegra, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente: 1. Para el caso de que a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral J-1A-1850/2018, emita un auto en el que deje sin efectos el acuerdo dictado en audiencia inicial en lo concerniente a la fecha para que tenga verificativo la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y emita un nuevo auto en el que señale una nueva fecha dentro de los quince días hábiles siguientes para que tenga verificativo dicha audiencia. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a José Ornelas Bocanegra, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
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