José Miguel Jiménez Martínez
Expediente 1070/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 44 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Miguel Jiménez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Por tanto, debe analizarse lo relativo al cumplimiento dado al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Miguel Jiménez Martínez, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad e integrantes del Pleno de dicho tribunal, realizara lo siguiente: "Liquiden al quejoso los sueldos y emolumentos correspondientes a partir de la fecha en que fue removido del cargo que ocupaba como Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de esta ciudad, hasta el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, fecha en que debió culminar su encargo". Inconforme con dicha resolución el propio quejoso, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. Trámites para cumplir con el fallo protector En fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Cabe señalar que a través de los informes rendidos en la etapa de ejecución de sentencia, y vistas desahogadas por el quejoso, se dieron diferencias sustanciales entre el monto de liquidación que refería tener derecho el quejoso, pues éste señalaba que para cuantificarlo se debía tomar en cuenta la nómina mecanizada y la compensación garantizada que tenía; y el que consideraba la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, le correspondía por liquidación de sueldos y emolumentos, sin contemplar la compensación garantizada que pretendía el quejoso. Motivos por los cuales, en auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se estimó necesario precisar que en la parte considerativa de la sentencia de amparo dictada por este órgano jurisdiccional, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabado del Décimo primer Circuito, con sede en esta ciudad, se estableció lo siguiente: "De manera que válidamente puede concluirse que aun cuando materialmente no es factible restituir al quejoso en el cargo que ostentaba por haber culminado el periodo respectivo, lo cierto es que sí debió haber recibido todas las percepciones correspondientes hasta la fecha en la que debió terminar su encargo, pues no se advierte razón alguna para privarlo de tal derecho." Por lo anterior, en el citado auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se precisó a las responsables que la cuestión relativa a que no se podía contemplar la compensación garantizada para cuantificar el monto total que se debía pagar al quejoso por sus correspondientes salarios y emolumentos durante el periodo que debía ejercer el cargo del que fuera separado, no quedaba a discusión en esta etapa procesal, ya que existía una sentencia ejecutoria en la que se determinó que se debe liquidar al quejoso los sueldos y emolumentos, entendido esto, como la obligación resarcitoria en pagar la remuneración ordinaria que percibía, así como los beneficios, bonos, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía íntegramente el servidor público para la prestación de sus servicios, desde que fue removido del cargo que ocupaba como Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitraje del Estado de esta ciudad, hasta el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, fecha en que debió culminar su encargo. Empero, en contra del acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, interpuso recurso de queja en su contra, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, donde se desechó el recurso de queja interpuesto. Con motivo de lo anterior, en proveído de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió el testimonio de dicha queja, y se ordenó a las responsable cumplir cabalmente con la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete y con las observaciones que le fueron anotadas en el proveído de tres de septiembre del año en curso. Así, la autoridad hacendaria responsable (Secretaria de Finanzas y Administración de Poder Ejecutivo del Estado), una vez que se cuantificó el total de las prestaciones adeudadas al quejoso, informó que inició el procedimiento necesario para obtener el recurso pecuniario y llevar a cabo el pago, esto, mediante la elaboración de un Documento de Ejecución Presupuestal, instrumentando los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integraban el presupuesto previamente autorizado o gestión de uno recurso extraordinario para lograr el pago del quejoso, lo cual, también tuvo que ser gestionado también por la diversa responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Por oficio presentado el once de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, acordado el quince de ese mismo mes y año, informó que como la aprobación del presupuesto de egresos para el siguiente año, es autorizado el treinta y uno de diciembre del año en curso correspondiente, y que en el mes de marzo es otorgado el recurso relativo a la dependencias, se había acordado con el quejoso que el pago que se le adeuda se realizaría el dieciséis de marzo de dos mil veinte, para lo cual, suscribieron un escrito donde convinieron dicha fecha de pago y dejaron expedito al quejoso su derecho, para que, en caso de que no se realizarse ese pago, solicitara a este órgano jurisdiccional los medios más eficaces para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo, exhibiendo copia autógrafa de dicho documento. Previos requerimientos, mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y remitido a este órgano jurisdiccional, el cuatro de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó certificada de la comparecencia de once de marzo de dos mil veinte, donde se realizó la entrega del cheque número 0000852, de catorce de febrero de dos mil veinte, valioso por la cantidad de $250.000.75 (doscientos cincuenta mil novecientos pesos 75/100 m.n.), a favor del quejoso JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ, por concepto del pago de emolumentos adeudados y donde se aprecia la firma de recibo del aquí promovente. Situación con la cual, se ordenó dar vista a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida De lo anteriormente narrado, se desprende que las responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, dado que, una vez que se determinó el monto total a pagar al quejoso y se realizaron las gestiones necesarias para la obtención del recurso extraordinario para efectuar el pago, ello, mediante la elaboración de un Documento de Ejecución Presupuestal, instrumentando los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integraban el presupuesto previamente autorizado, en comparecencia de once de marzo de dos mil veinte, se realizó la entrega al quejoso del cheque número 0000852, de catorce de febrero de dos mil veinte, valioso por la cantidad de $250.000.75 (doscientos cincuenta mil novecientos pesos 75/100 m.n.), con lo que se le liquidaron los sueldos y emolumentos correspondientes a partir de la fecha en que fue removido del cargo que ocupaba como Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de esta ciudad, hasta el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, fecha en que debió culminar su encargo. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Devolución de documentos Con fundamento en el invocado artículo 18 del Acuerdo General antes citado, contenido en el Capítulo Séptimo "Expedientes Depurables", requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, las documentales podrán ser destruidas. En el concepto de que, para llevar a cabo dicho trámite, la parte solicitante debe considerar que tendrá que tramitar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR, y comunicarse al número de celular 44 31 05 37 43 con el secretario de guardia de este juzgado, para anticiparle ese trámite y se pueda programar y agilizar de mejor manera; ello mientras no se normalicen las actividades jurisdiccionales con motivo de la contingencia sanitaria que prevale actualmente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Razón actuarial Vista la razón levantada por la Actuaria Judicial de la adscripción, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente a los terceros interesados Luis Fernando Rodríguez Vera y Oscar Fernando Ríos Pimentel, pos sí o través de quienes acrediten ser sus representantes legales, el proveído de quince de octubre de este año, por los motivos esgrimidos en la misma. Se estima innecesario notificar a los terceros En consecuencia, se estima innecesario notificar dicho auto a los citados terceros interesados, toda vez que, en el proveído de quince de octubre de este año, únicamente se formuló requerimiento a la parte quejosa y a la autoridad responsable, más no así a los terceros interesados, motivo por el cual, no hay actuación que les deba ser notificada; lo anterior, sin perjuicio de que, llegado el momento procesal oportuno, se les de vista con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que realice la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Informa trámites Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en alcance a la comunicación presentada el once de los actuales, allega copia certificada del acuse de recibo del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, que presentó ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado; y con lo que, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Autoridad realiza manifestaciones Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en relación al requerimiento que le fue formulado en auto de dos de este mes y año, informa que se encuentra en pláticas conciliatorias con el quejoso JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ, con la finalidad de calendarizar el pago y estar en condiciones de cubrir el monto que se le adeuda, dado que dicho tribunal no cuenta con el recurso ni partida presupuestal que cubra dicho monto, indicando que la partida que se pretendía afectar, no fue autorizada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, por lo que señala que a la brevedad posible se hará del conocimiento de este órgano el acuerdo logrado. Se requiere a la responsable Teniendo en consideración que la responsable aduce que se encuentra en pláticas conciliatorias con el aquí quejoso, para programar su pago, pero por otro lado señala que no le fue aprobada la partida presupuestal por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y que no cuenta con recurso para cubrir el pago; se estima procedente requerir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que, de inmediato, realice lo siguiente: I. Manifieste cuál es la imposibilidad legal o material que tiene para elaborar de manera correcta y con las precisiones que le hayan sido anotadas por la autoridad de finanzas, el documento necesario para obtener la partida presupuestaria para el pago del aquí quejoso. II. En el caso de que sea por cierre del presupuesto relativo al presente ejercicio fiscal (dos mil diecinueve), deberá realizar el trámite necesario para que el pago sea contemplado en el presupuesto del siguiente ejercicio (dos mil veinte) que se destine a la dependencia Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; o bien, III. Explique cómo va calendarizar el pago al quejoso si refiere que no cuenta con recurso y no le fue aprobado el que solicitó. Lo anterior con independencia de las pláticas que refiere pueda estar llevando con el aquí quejoso, pues se requiere tener la información necesaria sobre los trámites precisos que se encuentra realizando a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 162469 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 5/2011 Página: 10 "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Subsisten apercibimientos En el entendido de que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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