Jose Miguel Tellez Cuaya
Expediente 1154/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Miguel Tellez Cuaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, por medio del cual, informa que por resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda amparo presentada por *** quedando registrado bajo el juicio de amparo 348/2022-VII-B de su índice. Do lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos seis meses contados a partir del presente auto, de con el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de veintidós, no así en el expediente impreso. CUESTIONES PRELIMINARES Por otro lado, intégrese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso ***, a través del cual, precisa la denominación completa correcta y actual de la autoridad que conoce de la indagatoria de la que derivan los actos reclamados, esto es la número 644/2013/II/VER; consecuentemente, se tiene a la citada parte procesal dando cumplimiento al requerimiento formulado por esta potestad federal mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. INCOMPETENCIA. En principio, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por los quejosos. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En efecto, en la demanda de amparo y escritos donde cumple con la prevención que se le formuló, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: / / En el capítulo de hechos de la demanda de amparo, el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó: "5. - Atento a lo anterior, bajo protesta de decir verdad, he comparecido a las instalaciones de la autoridad ORDENADORA. - Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz, con domicilio oficial ubicado en Carretera Federal Veracruz- Xalapa Km. 8 Col. Predio, El Jobo, numero 91963 Veracruz, Ver. Teléfono: 229 938 2066, a través de la Coordinación de enlace de estadística e informática de la Subprocuraduría regional de justicia de la zona centro de Veracruz, para imponerme del oficio número PGJ/1425/2013 de fecha veintiséis 26 de mayo de 2013 dos mil trece, mediante el cual se dice, la unidad vehicular identificada como MARCA MAZDA CX-5, MODELO 2013, CLASE CAMIONETA, TIPO SU, VERSIÓN I GRAND TOURING, NUMERO DE SERIE JM3KE2D76D0169367, se encuentra etiquetada en el sistema en los sistemas OCRA, VINITRA Y CONAURO, el que tiene la leyenda de "vehículo robado toda vez que fue recuperado" a lo que en repetidas ocasiones me han negado imponerme de su contenido aun cuando acompaño conmigo los documentos que he descrito en líneas anteriores." Ahora bien, por escrito presentado ante este Juzgado el veinticuatro de noviembre del año en curso, precisó que: / Por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintinueve de noviembre del año en curso, el promovente refirió: "A).- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la autoridad completa, correcta y actual es: director de la unidad de análisis de la información, con dirección en circuito Guizar y Valencia, número 707 setecientos siete, colonia reserva territorial Xalapa, Veracruz (.)" Bajo ese contexto, se aprecia, que en la averiguación previa 644/2013/II/VER, se emitió el oficio PGJ/1425/2013, de diez de junio de dos mil trece, por el cual el Agente del Ministerio Público Investigador, con sede en Veracruz, actualmente Director de la Unidad de Análisis ubicado en Circuito Guizar y Valencia, número 707 setecientos siete, colonia reserva territorial Xalapa, Veracruz, solicitó se diera de baja de robo de vehículo la unidad marca Mazda CX5, modelo 2013, serie JM3KE2D76D069367, motor PE30510897, placas YKE7737, del Estado de Veracruz, en los sistemas OCRA, VINTRA y CONAURO. Ahora bien, el quejoso indicó que la autoridad ordenadora ha faltado a la diligencia de que se levante la etiqueta de robo de vehículo respecto de la unidad antes referida y con motivo de ello, éste no puede realizar el trámite para el otorgamiento de las placas para poder circular. Por tanto, tomando en consideración que la averiguación previa de donde derivan los actos reclamados se encuentra radicada en el Estado de Veracruz, bajo esa tesitura, se estima que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo, pues la ejecución del acto reclamado evidentemente se llevará a cabo en el lugar donde se radica esa investigación pues la ejecución para la liberación de la unidad de motor emana de esa indagatoria, esto es, fuera de la circunscripción territorial de este Órgano de Control Constitucional. Por lo que, tomando en cuenta dichas circunstancias, resulta que en el caso que nos ocupa, la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida en este distrito judicial, lo es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga lugar su ejecución, por lo que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que los actos reclamados no tienen ejecución en el Estado de Puebla, pues se reitera la averiguación previa de donde derivan los mismos (644/2013/II/VER), se encuentra en el Estado de Veracruz, y precisamente, en esa investigación es donde tendría ejecución; por lo que, resulta indudable que el Juez competente para conocer del asunto será el de aquella jurisdicción. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que el promovente de amparo haya presentado su demanda en San Andrés Cholula, Puebla, y que manifestó que la autoridad responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, le negara el trámite para obtención de las placas para circular en este Estado, porque una vez que en la investigación ministerial, de ser procedente, realice el levantamiento de la unidad de motor -acto que reclamado- el promovente podrá realizar dicho trámite en cualquier entidad federativa y no precisamente en el Estado de Puebla. Sin que se oponga a lo anterior, el hecho de que el aquí promovente manifestó que radica en el Estado de Puebla, lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio para oír y recibir notificaciones, ni en su caso, el lugar donde habita el promovente, sino el lugar donde resida la autoridad que ha de ejecutar el acto reclamado, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; de conformidad con el Punto Cuarto fracción X del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece: "VII. SEPTIMO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acajete, Acatlán, Actopan, Alamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Calcahualco, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre, Miahuatlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Perote, Rafael Lucio, San Rafael, Sochiapa, Tatatila, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tonayán, Totutla, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yecuatla y Zentla." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia de las constancias respectivas, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Por ello, remítase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, el juicio de amparo en que se actúa para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si acepta la competencia legal declinada, y de ser así, remita el acuse de recibo. Se ordena hacer disponible el expediente electrónico formado con motivo de la demanda de amparo al juzgado que por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; personalmente a la parte promovente; y, por oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y personalmente a la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Nahieli Avendaño Palacios, secretaria que autoriza y da fe.San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de veintidós, no así en el expediente impreso. CUESTIONES PRELIMINARES Por otro lado, intégrese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso ***, a través del cual, precisa la denominación completa correcta y actual de la autoridad que conoce de la indagatoria de la que derivan los actos reclamados, esto es la número 644/2013/II/VER; consecuentemente, se tiene a la citada parte procesal dando cumplimiento al requerimiento formulado por esta potestad federal mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. INCOMPETENCIA. En principio, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por los quejosos. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En efecto, en la demanda de amparo y escritos donde cumple con la prevención que se le formuló, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: / / En el capítulo de hechos de la demanda de amparo, el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó: "5. - Atento a lo anterior, bajo protesta de decir verdad, he comparecido a las instalaciones de la autoridad ORDENADORA. - Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz, con domicilio oficial ubicado en Carretera Federal Veracruz- Xalapa Km. 8 Col. Predio, El Jobo, numero 91963 Veracruz, Ver. Teléfono: 229 938 2066, a través de la Coordinación de enlace de estadística e informática de la Subprocuraduría regional de justicia de la zona centro de Veracruz, para imponerme del oficio número PGJ/1425/2013 de fecha veintiséis 26 de mayo de 2013 dos mil trece, mediante el cual se dice, la unidad vehicular identificada como MARCA MAZDA CX-5, MODELO 2013, CLASE CAMIONETA, TIPO SU, VERSIÓN I GRAND TOURING, NUMERO DE SERIE JM3KE2D76D0169367, se encuentra etiquetada en el sistema en los sistemas OCRA, VINITRA Y CONAURO, el que tiene la leyenda de "vehículo robado toda vez que fue recuperado" a lo que en repetidas ocasiones me han negado imponerme de su contenido aun cuando acompaño conmigo los documentos que he descrito en líneas anteriores." Ahora bien, por escrito presentado ante este Juzgado el veinticuatro de noviembre del año en curso, precisó que: Por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintinueve de noviembre del año en curso, el promovente refirió: "A).- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la autoridad completa, correcta y actual es: director de la unidad de análisis de la información, con dirección en circuito Guizar y Valencia, número 707 setecientos siete, colonia reserva territorial Xalapa, Veracruz (.)" Bajo ese contexto, se aprecia, que en la averiguación previa 644/2013/II/VER, se emitió el oficio PGJ/1425/2013, de diez de junio de dos mil trece, por el cual el Agente del Ministerio Público Investigador, con sede en Veracruz, actualmente Director de la Unidad de Análisis ubicado en Circuito Guizar y Valencia, número 707 setecientos siete, colonia reserva territorial Xalapa, Veracruz, solicitó se diera de baja de robo de vehículo la unidad marca Mazda CX5, modelo 2013, serie JM3KE2D76D069367, motor PE30510897, placas YKE7737, del Estado de Veracruz, en los sistemas OCRA, VINTRA y CONAURO. Ahora bien, el quejoso indicó que la autoridad ordenadora ha faltado a la diligencia de que se levante la etiqueta de robo de vehículo respecto de la unidad antes referida y con motivo de ello, éste no puede realizar el trámite para el otorgamiento de las placas para poder circular. Por tanto, tomando en consideración que la averiguación previa de donde derivan los actos reclamados se encuentra radicada en el Estado de Veracruz, bajo esa tesitura, se estima que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo, pues la ejecución del acto reclamado evidentemente se llevará a cabo en el lugar donde se radica esa investigación pues la ejecución para la liberación de la unidad de motor emana de esa indagatoria, esto es, fuera de la circunscripción territorial de este Órgano de Control Constitucional. Por lo que, tomando en cuenta dichas circunstancias, resulta que en el caso que nos ocupa, la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida en este distrito judicial, lo es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga lugar su ejecución, por lo que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que los actos reclamados no tienen ejecución en el Estado de Puebla, pues se reitera la averiguación previa de donde derivan los mismos (644/2013/II/VER), se encuentra en el Estado de Veracruz, y precisamente, en esa investigación es donde tendría ejecución; por lo que, resulta indudable que el Juez competente para conocer del asunto será el de aquella jurisdicción. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que el promovente de amparo haya presentado su demanda en San Andrés Cholula, Puebla, y que manifestó que la autoridad responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, le negara el trámite para obtención de las placas para circular en este Estado, porque una vez que en la investigación ministerial, de ser procedente, realice el levantamiento de la unidad de motor -acto que reclamado- el promovente podrá realizar dicho trámite en cualquier entidad federativa y no precisamente en el Estado de Puebla. Sin que se oponga a lo anterior, el hecho de que el aquí promovente manifestó que radica en el Estado de Puebla, lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio para oír y recibir notificaciones, ni en su caso, el lugar donde habita el promovente, sino el lugar donde resida la autoridad que ha de ejecutar el acto reclamado, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; de conformidad con el Punto Cuarto fracción X del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece: "VII. SEPTIMO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acajete, Acatlán, Actopan, Alamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Calcahualco, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre, Miahuatlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Perote, Rafael Lucio, San Rafael, Sochiapa, Tatatila, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tonayán, Totutla, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yecuatla y Zentla. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia de las constancias respectivas, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Por ello, remítase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, el juicio de amparo en que se actúa para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si acepta la competencia legal declinada, y de ser así, remita el acuse de recibo. Se ordena hacer disponible el expediente electrónico formado con motivo de la demanda de amparo al juzgado que por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; personalmente a la parte promovente; y, por oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y personalmente a la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de veintidós, no así en el expediente impreso. CUESTIONES PRELIMINARES Por otro lado, intégrese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso ***, a través del cual, precisa la denominación completa correcta y actual de la autoridad que conoce de la indagatoria de la que derivan los actos reclamados, esto es la número 644/2013/II/VER; consecuentemente, se tiene a la citada parte procesal dando cumplimiento al requerimiento formulado por esta potestad federal mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. INCOMPETENCIA. En principio, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por los quejosos. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En efecto, en la demanda de amparo y escritos donde cumple con la prevención que se le formuló, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: / / En el capítulo de hechos de la demanda de amparo, el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó: "5. - Atento a lo anterior, bajo protesta de decir verdad, he comparecido a las instalaciones de la autoridad ORDENADORA. - Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz, con domicilio oficial ubicado en Carretera Federal Veracruz- Xalapa Km. 8 Col. Predio, El Jobo, numero 91963 Veracruz, Ver. Teléfono: 229 938 2066, a través de la Coordinación de enlace de estadística e informática de la Subprocuraduría regional de justicia de la zona centro de Veracruz, para imponerme del oficio número PGJ/1425/2013 de fecha veintiséis 26 de mayo de 2013 dos mil trece, mediante el cual se dice, la unidad vehicular identificada como MARCA MAZDA CX-5, MODELO 2013, CLASE CAMIONETA, TIPO SU, VERSIÓN I GRAND TOURING, NUMERO DE SERIE JM3KE2D76D0169367, se encuentra etiquetada en el sistema en los sistemas OCRA, VINITRA Y CONAURO, el que tiene la leyenda de "vehículo robado toda vez que fue recuperado" a lo que en repetidas ocasiones me han negado imponerme de su contenido aun cuando acompaño conmigo los documentos que he descrito en líneas anteriores." Ahora bien, por escrito presentado ante este Juzgado el veinticuatro de noviembre del año en curso, precisó que: / Por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintinueve de noviembre del año en curso, el promovente refirió: "A).- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la autoridad completa, correcta y actual es: director de la unidad de análisis de la información, con dirección en circuito Guizar y Valencia, número 707 setecientos siete, colonia reserva territorial Xalapa, Veracruz (.)" Bajo ese contexto, se aprecia, que en la averiguación previa 644/2013/II/VER, se emitió el oficio PGJ/1425/2013, de diez de junio de dos mil trece, por el cual el Agente del Ministerio Público Investigador, con sede en Veracruz, actualmente Director de la Unidad de Análisis ubicado en Circuito Guizar y Valencia, número 707 setecientos siete, colonia reserva territorial Xalapa, Veracruz, solicitó se diera de baja de robo de vehículo la unidad marca Mazda CX5, modelo 2013, serie JM3KE2D76D069367, motor PE30510897, placas YKE7737, del Estado de Veracruz, en los sistemas OCRA, VINTRA y CONAURO. Ahora bien, el quejoso indicó que la autoridad ordenadora ha faltado a la diligencia de que se levante la etiqueta de robo de vehículo respecto de la unidad antes referida y con motivo de ello, éste no puede realizar el trámite para el otorgamiento de las placas para poder circular. Por tanto, tomando en consideración que la averiguación previa de donde derivan los actos reclamados se encuentra radicada en el Estado de Veracruz, bajo esa tesitura, se estima que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo, pues la ejecución del acto reclamado evidentemente se llevará a cabo en el lugar donde se radica esa investigación pues la ejecución para la liberación de la unidad de motor emana de esa indagatoria, esto es, fuera de la circunscripción territorial de este Órgano de Control Constitucional. Por lo que, tomando en cuenta dichas circunstancias, resulta que en el caso que nos ocupa, la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida en este distrito judicial, lo es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga lugar su ejecución, por lo que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que los actos reclamados no tienen ejecución en el Estado de Puebla, pues se reitera la averiguación previa de donde derivan los mismos (644/2013/II/VER), se encuentra en el Estado de Veracruz, y precisamente, en esa investigación es donde tendría ejecución; por lo que, resulta indudable que el Juez competente para conocer del asunto será el de aquella jurisdicción. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que el promovente de amparo haya presentado su demanda en San Andrés Cholula, Puebla, y que manifestó que la autoridad responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, le negara el trámite para obtención de las placas para circular en este Estado, porque una vez que en la investigación ministerial, de ser procedente, realice el levantamiento de la unidad de motor -acto que reclamado- el promovente podrá realizar dicho trámite en cualquier entidad federativa y no precisamente en el Estado de Puebla. Sin que se oponga a lo anterior, el hecho de que el aquí promovente manifestó que radica en el Estado de Puebla, lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio para oír y recibir notificaciones, ni en su caso, el lugar donde habita el promovente, sino el lugar donde resida la autoridad que ha de ejecutar el acto reclamado, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; de conformidad con el Punto Cuarto fracción X del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece: "VII. SEPTIMO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acajete, Acatlán, Actopan, Alamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Calcahualco, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre, Miahuatlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Perote, Rafael Lucio, San Rafael, Sochiapa, Tatatila, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tonayán, Totutla, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yecuatla y Zentla." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia de las constancias respectivas, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Por ello, remítase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, el juicio de amparo en que se actúa para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si acepta la competencia legal declinada, y de ser así, remita el acuse de recibo. Se ordena hacer disponible el expediente electrónico formado con motivo de la demanda de amparo al juzgado que por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; personalmente a la parte promovente; y, por oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y personalmente a la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Nahieli Avendaño Palacios, secretaria que autoriza y da fe.San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de veintidós, no así en el expediente impreso. CUESTIONES PRELIMINARES Por otro lado, intégrese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso ***, a través del cual, precisa la denominación completa correcta y actual de la autoridad que conoce de la indagatoria de la que derivan los actos reclamados, esto es la número 644/2013/II/VER; consecuentemente, se tiene a la citada parte procesal dando cumplimiento al requerimiento formulado por esta potestad federal mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. INCOMPETENCIA. En principio, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por los quejosos. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En efecto, en la demanda de amparo y escritos donde cumple con la prevención que se le formuló, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: / / En el capítulo de hechos de la demanda de amparo, el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó: "5. - Atento a lo anterior, bajo protesta de decir verdad, he comparecido a las instalaciones de la autoridad ORDENADORA. - Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz, con domicilio oficial ubicado en Carretera Federal Veracruz- Xalapa Km. 8 Col. Predio, El Jobo, numero 91963 Veracruz, Ver. Teléfono: 229 938 2066, a través de la Coordinación de enlace de estadística e informática de la Subprocuraduría regional de justicia de la zona centro de Veracruz, para imponerme del oficio número PGJ/1425/2013 de fecha veintiséis 26 de mayo de 2013 dos mil trece, mediante el cual se dice, la unidad vehicular identificada como MARCA MAZDA CX-5, MODELO 2013, CLASE CAMIONETA, TIPO SU, VERSIÓN I GRAND TOURING, NUMERO DE SERIE JM3KE2D76D0169367, se encuentra etiquetada en el sistema en los sistemas OCRA, VINITRA Y CONAURO, el que tiene la leyenda de "vehículo robado toda vez que fue recuperado" a lo que en repetidas ocasiones me han negado imponerme de su contenido aun cuando acompaño conmigo los documentos que he descrito en líneas anteriores." Ahora bien, por escrito presentado ante este Juzgado el veinticuatro de noviembre del año en curso, precisó que: Por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintinueve de noviembre del año en curso, el promovente refirió: "A).- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la autoridad completa, correcta y actual es: director de la unidad de análisis de la información, con dirección en circuito Guizar y Valencia, número 707 setecientos siete, colonia reserva territorial Xalapa, Veracruz (.)" Bajo ese contexto, se aprecia, que en la averiguación previa 644/2013/II/VER, se emitió el oficio PGJ/1425/2013, de diez de junio de dos mil trece, por el cual el Agente del Ministerio Público Investigador, con sede en Veracruz, actualmente Director de la Unidad de Análisis ubicado en Circuito Guizar y Valencia, número 707 setecientos siete, colonia reserva territorial Xalapa, Veracruz, solicitó se diera de baja de robo de vehículo la unidad marca Mazda CX5, modelo 2013, serie JM3KE2D76D069367, motor PE30510897, placas YKE7737, del Estado de Veracruz, en los sistemas OCRA, VINTRA y CONAURO. Ahora bien, el quejoso indicó que la autoridad ordenadora ha faltado a la diligencia de que se levante la etiqueta de robo de vehículo respecto de la unidad antes referida y con motivo de ello, éste no puede realizar el trámite para el otorgamiento de las placas para poder circular. Por tanto, tomando en consideración que la averiguación previa de donde derivan los actos reclamados se encuentra radicada en el Estado de Veracruz, bajo esa tesitura, se estima que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo, pues la ejecución del acto reclamado evidentemente se llevará a cabo en el lugar donde se radica esa investigación pues la ejecución para la liberación de la unidad de motor emana de esa indagatoria, esto es, fuera de la circunscripción territorial de este Órgano de Control Constitucional. Por lo que, tomando en cuenta dichas circunstancias, resulta que en el caso que nos ocupa, la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida en este distrito judicial, lo es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga lugar su ejecución, por lo que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, toda vez que los actos reclamados no tienen ejecución en el Estado de Puebla, pues se reitera la averiguación previa de donde derivan los mismos (644/2013/II/VER), se encuentra en el Estado de Veracruz, y precisamente, en esa investigación es donde tendría ejecución; por lo que, resulta indudable que el Juez competente para conocer del asunto será el de aquella jurisdicción. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que el promovente de amparo haya presentado su demanda en San Andrés Cholula, Puebla, y que manifestó que la autoridad responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, le negara el trámite para obtención de las placas para circular en este Estado, porque una vez que en la investigación ministerial, de ser procedente, realice el levantamiento de la unidad de motor -acto que reclamado- el promovente podrá realizar dicho trámite en cualquier entidad federativa y no precisamente en el Estado de Puebla. Sin que se oponga a lo anterior, el hecho de que el aquí promovente manifestó que radica en el Estado de Puebla, lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio para oír y recibir notificaciones, ni en su caso, el lugar donde habita el promovente, sino el lugar donde resida la autoridad que ha de ejecutar el acto reclamado, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; de conformidad con el Punto Cuarto fracción X del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece: "VII. SEPTIMO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acajete, Acatlán, Actopan, Alamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Calcahualco, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre, Miahuatlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Perote, Rafael Lucio, San Rafael, Sochiapa, Tatatila, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tonayán, Totutla, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yecuatla y Zentla. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia de las constancias respectivas, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Por ello, remítase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, el juicio de amparo en que se actúa para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si acepta la competencia legal declinada, y de ser así, remita el acuse de recibo. Se ordena hacer disponible el expediente electrónico formado con motivo de la demanda de amparo al juzgado que por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; personalmente a la parte promovente; y, por oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y personalmente a la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado.
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(publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 25 DE NOVIEMBREDE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, a través del intenta desahogar el requerimiento de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se le requirió para que cumpliera con lo siguiente: "[.] Bajo esa tesitura, es dable concluir que el promovente no desahoga íntegramente la prevención formulada el veintisiete de octubre pasado; lo anterior es así, pues el ocursante, omitió precisar cuál es el número de averiguación previa o carpeta de investigación en la que se emitió el oficio PGJ/1425/2013 de veintiséis de mayo de dos mil trece, y quién es el agente del Ministerio Público qué actualmente conoce de dicha indagatoria. [.] Ahora bien, el promovente en su escrito aclaratorio, pretende desahogar la prevención formulada, en los términos siguientes: "[.] A) Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que tengo solo como información la investigación ministerial identificada bajo el número 644/2013/II/VER y quien fue el titular y/o agente del Ministerio Publico lo fue el LIC. EMPERATRIZ CARLOTA LOPEZ HERRERA, del cual derivo el oficio número PGJ/1425/2013 de los del índice de la Subprocuraduría regional de Justicia del Estado de Veracruz, a través de la dependencia denominada enlace de estadística e informativa, "actualmente"; director de la unidad de análisis de la información, con dirección en Circuito Guizar y Valencia numero 707 setecientos siete, colonia reserva territorial Xalapa, Veracruz, al no atender la baja de mi vehículo en los sistemas de OCRA VINTRA Y CONAURO, QUE AUN CONTINUA CON REPORTE DE ROBO. [.]" Esto es, precisa que la indagatoria de la que derivan los actos reclamados, es la número 644/2013/II/VER y fue la Agente del Ministerio Público: Emperatriz Carlota López Herrera, quien conoció de esa investigación; y más adelante señala que de dicha indagatoria derivó <<el oficio PGJ/1425/2013, del índice de la Subprocuraduría regional de Justicia del Estado de Veracruz>>, sin embargo, omite precisar la denominación completa, correcta y actual de esa autoridad. En ese sentido, resulta imprecisa la denominación señalada por el promovente, y a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte actualmente en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a la autoridad responsable su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales. Bajo esa tesitura, es dable concluir que el promovente no desahoga íntegramente la prevención formulada el dieciocho de noviembre pasado. Finalmente, tomando en consideración que el escrito aclaratorio fue presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y no se cuenta con la constancia de notificación mediante la cual se acredite la fecha en la cual se le notificó; por lo que aún cuenta con cinco días para desahogar íntegramente la prevención de mérito, a partir de la notificación de este auto. En la inteligencia que de no desahogar la prevención en los términos indicados, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa -en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.
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