Jose Muñoz Villegas

Expediente 747/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
747/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
12/02/2019

Partes del expediente

  • Jose Muñoz Villegas
  • Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, y anexos que se acompaña, los cuales fueron presentados de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuenta con la evidencia criptográfica que prevé el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, misma que se tiene a la vista y que acredita que la promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo; asimismo, se desprende que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Ahora bien, visto el contenido del oficio dígasele que por auto de diez de diciembre de dos mil quince (foja 260 y 261), se tuvo por recibida la comunicación oficial exhorto 139/2015 (orden 532/2015); en consecuencia, acuse el recibo correspondiente. Finalmente, Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado HORACIO ÓSCAR ROSETE MENTADO, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el treinta de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  3. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 30 DE ENERO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de enero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hicieran; en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que mediante sentencia dictada el siete de junio de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, resolvió, por una parte a) sobreseer el juicio de amparo en que se actúa, únicamente respecto a los actos que se reclamaron a los Jueces (1) Primero, (2) Segundo, (3) Tercero, (4) Cuarto, (5) Quinto, (6) Sexto, (7) Séptimo y (9) Noveno de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y (10) del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula; y, por otra, b) conceder al amparo al quejoso José Ángel Muñoz Villegas, contra la orden de aprehensión que reclamó al (8) Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en la causa penal 195/2015, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas y otros, así como su ejecución (fojas 362 a 392), para los efectos siguientes: "(...) OCTAVA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Muñoz Villegas; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la la la Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje sin efecto la determinación dictada en contra del quejoso el cuatro de junio de dos mil quince en el proceso 195/2015 de su índice, únicamente por cuanto hace a José Muñoz Villegas. 2. En su lugar dicte una nueva determinación, en la que siguiendo los lineamientos de esta sentencia omita librar la cita de comparecencia contra el quejoso José Muñoz Villegas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas, y respecto a las demás violaciones, con libertad de jurisdicción la cual podrá ser en el mismo sentido que la reclamada, pero debidamente fundada y motivada, caso en el cual deberá tomar en consideración lo vertido en esta sentencia, a saber: a) Reitere lo relativo al cuerpo de los delitos de COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL y LESIONES. b) Precise los elementos probatorios y las razones por las que ubica el delito de robo en la fracción IV del numeral 374 del Código Penal del Estado o, en su caso, encuadre la conducta en la fracción conducente conforme a las pruebas que obran en la indagatoria en específico el dictamen en avalúo referido. c) Para acreditar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos imputados se abstenga de afirmar que de la declaración de Roger Alfonso Garzón Díaz, se advierte que hace un señalamiento directo y contundente en contra de José Muñoz Villegas, entre otros, como los responsables de los delitos. d) Establezca en forma clara e individualizada la forma y grado de participación del quejoso en la comisión de cada uno de los delitos de CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, ROBO AGRAVADO y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL. e) Precise con qué pruebas del caudal probatorio se acredita lo anterior. Cabe resaltar que el amparo concedido no implica que se resuelva en sentido contrario a como se hizo en el acto reclamado; empero, sí obliga a purgar los vicios destacados en este fallo y, posteriormente, con libertad de jurisdicción dictar la resolución que se estime apegada a derecho, lo que incluye la posibilidad de que se reitere el sentido la orden de aprehensión que se combate. (.) Inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 273/2016; tribunal de alzada que el once de noviembre pasado decidió confirmar la sentencia recurrida y amparar a la parte quejosa para los efectos que se precisaron en la sentencia recurrida. En virtud de lo anterior, por acuerdo dictado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable 8. Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla el cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, asimismo, se ordenó a dicha autoridad dejar sin efectos la resolución dictada el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 195/2015, con la que en un primer momento pretendió acatar la ejecutoria de mérito, así como todos los actos inherentes a la misma. Así las cosas y previos requerimientos en el procedimiento de ejecución, la referida autoridad responsable, mediante oficio 153 de nueve de enero de dos mil diecisiete (fojas 987 y 989), remitió copia certificada de la resolución dictada en la citada fecha, dentro de la causa penal 195/2015 de su estadística (fojas 996 a 1057), en la que en acatamiento a lo ordenado por el mencionado auto de treinta de noviembre pasado, así como en el diverso proveído de cinco de enero del actual, realizó lo siguiente: 1) Dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el cuatro de junio de dos mil quince (acto reclamado), así como las diversas de veintiséis de julio y cinco de diciembre del año pasado, con las que en un primer lugar intentó acatar el fallo protector; y, 2) Así mismo, decidió librar nuevamente orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, para lo cual, consideró: a) En la parte considerativa de la resolución analizada, reiteró que se encontraba acreditado el cuerpo de los delitos de 1) homicidio en grado de tentativa, 2) cometidos contra funcionarios públicos, 3) daño en propiedad ajena intencional y 4) lesiones; b) Precisó los elementos probatorios y las razones por las que ubicó el delito de robo en la fracción IV del numeral 374 del Código Penal del Estado, al establecer que el monto de lo robado sí sobrepasaba la cantidad derivada de multiplicar el salario mínimo vigente al momento en que se cometieron los hechos ($66.45) por los trescientos días de salario mínimo que prevé la fracción del citado numeral como pena pecuniaria en la comisión del ilícito de robo. No obstante, que el valor del arma de fuego robada por sí sola no sobrepasaba tal cantidad, toda vez que también tomó en consideración que el denunciante Antonio Ordaz Ezequiel Alatriste, en su declaración, indicó que le fue robada la cantidad de $109,100.00 (ciento nueve mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), con lo que superaba la suma resultante de la operación aritmética indicada. c) Para acreditar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos señalados, se abstuvo de afirmar que de la declaración de Roger Alfonso Garzón Díaz, se advertía que había un señalamiento directo y contundente en contra del quejoso, entre otros, como los responsables de los delitos. d) Estableció en forma clara e individualizada la forma y grado de participación del quejoso en la comisión de cada uno de los delitos referidos, precisando el caudal probatorio con que se acreditaba. e) Fue congruente con lo determinado en la parte considerativa con lo estipulado en sus puntos resolutivos, pues, en esta ocasión, sí libró la orden de captura en contra del aquí quejoso por todos los ilícitos por los que se acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. La documental analizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de enero de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de enero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hicieran; en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que mediante sentencia dictada el siete de junio de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, resolvió, por una parte a) sobreseer el juicio de amparo en que se actúa, únicamente respecto a los actos que se reclamaron a los Jueces (1) Primero, (2) Segundo, (3) Tercero, (4) Cuarto, (5) Quinto, (6) Sexto, (7) Séptimo y (9) Noveno de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y (10) del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula; y, por otra, b) conceder al amparo al quejoso José Ángel Muñoz Villegas, contra la orden de aprehensión que reclamó al (8) Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en la causa penal 195/2015, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas y otros, así como su ejecución (fojas 362 a 392), para los efectos siguientes: "(...) OCTAVA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Muñoz Villegas; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la la la Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje sin efecto la determinación dictada en contra del quejoso el cuatro de junio de dos mil quince en el proceso 195/2015 de su índice, únicamente por cuanto hace a José Muñoz Villegas. 2. En su lugar dicte una nueva determinación, en la que siguiendo los lineamientos de esta sentencia omita librar la cita de comparecencia contra el quejoso José Muñoz Villegas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas, y respecto a las demás violaciones, con libertad de jurisdicción la cual podrá ser en el mismo sentido que la reclamada, pero debidamente fundada y motivada, caso en el cual deberá tomar en consideración lo vertido en esta sentencia, a saber: a) Reitere lo relativo al cuerpo de los delitos de COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL y LESIONES. b) Precise los elementos probatorios y las razones por las que ubica el delito de robo en la fracción IV del numeral 374 del Código Penal del Estado o, en su caso, encuadre la conducta en la fracción conducente conforme a las pruebas que obran en la indagatoria en específico el dictamen en avalúo referido. c) Para acreditar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos imputados se abstenga de afirmar que de la declaración de Roger Alfonso Garzón Díaz, se advierte que hace un señalamiento directo y contundente en contra de José Muñoz Villegas, entre otros, como los responsables de los delitos. d) Establezca en forma clara e individualizada la forma y grado de participación del quejoso en la comisión de cada uno de los delitos de CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, ROBO AGRAVADO y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL. e) Precise con qué pruebas del caudal probatorio se acredita lo anterior. Cabe resaltar que el amparo concedido no implica que se resuelva en sentido contrario a como se hizo en el acto reclamado; empero, sí obliga a purgar los vicios destacados en este fallo y, posteriormente, con libertad de jurisdicción dictar la resolución que se estime apegada a derecho, lo que incluye la posibilidad de que se reitere el sentido la orden de aprehensión que se combate. (.) Inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 273/2016; tribunal de alzada que el once de noviembre pasado decidió confirmar la sentencia recurrida y amparar a la parte quejosa para los efectos que se precisaron en la sentencia recurrida. En virtud de lo anterior, por acuerdo dictado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable 8. Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla el cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, asimismo, se ordenó a dicha autoridad dejar sin efectos la resolución dictada el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 195/2015, con la que en un primer momento pretendió acatar la ejecutoria de mérito, así como todos los actos inherentes a la misma. Así las cosas y previos requerimientos en el procedimiento de ejecución, la referida autoridad responsable, mediante oficio 153 de nueve de enero de dos mil diecisiete (fojas 987 y 989), remitió copia certificada de la resolución dictada en la citada fecha, dentro de la causa penal 195/2015 de su estadística (fojas 996 a 1057), en la que en acatamiento a lo ordenado por el mencionado auto de treinta de noviembre pasado, así como en el diverso proveído de cinco de enero del actual, realizó lo siguiente: 1) Dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el cuatro de junio de dos mil quince (acto reclamado), así como las diversas de veintiséis de julio y cinco de diciembre del año pasado, con las que en un primer lugar intentó acatar el fallo protector; y, 2) Así mismo, decidió librar nuevamente orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, para lo cual, consideró: a) En la parte considerativa de la resolución analizada, reiteró que se encontraba acreditado el cuerpo de los delitos de 1) homicidio en grado de tentativa, 2) cometidos contra funcionarios públicos, 3) daño en propiedad ajena intencional y 4) lesiones; b) Precisó los elementos probatorios y las razones por las que ubicó el delito de robo en la fracción IV del numeral 374 del Código Penal del Estado, al establecer que el monto de lo robado sí sobrepasaba la cantidad derivada de multiplicar el salario mínimo vigente al momento en que se cometieron los hechos ($66.45) por los trescientos días de salario mínimo que prevé la fracción del citado numeral como pena pecuniaria en la comisión del ilícito de robo. No obstante, que el valor del arma de fuego robada por sí sola no sobrepasaba tal cantidad, toda vez que también tomó en consideración que el denunciante Antonio Ordaz Ezequiel Alatriste, en su declaración, indicó que le fue robada la cantidad de $109,100.00 (ciento nueve mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), con lo que superaba la suma resultante de la operación aritmética indicada. c) Para acreditar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos señalados, se abstuvo de afirmar que de la declaración de Roger Alfonso Garzón Díaz, se advertía que había un señalamiento directo y contundente en contra del quejoso, entre otros, como los responsables de los delitos. d) Estableció en forma clara e individualizada la forma y grado de participación del quejoso en la comisión de cada uno de los delitos referidos, precisando el caudal probatorio con que se acreditaba. e) Fue congruente con lo determinado en la parte considerativa con lo estipulado en sus puntos resolutivos, pues, en esta ocasión, sí libró la orden de captura en contra del aquí quejoso por todos los ilícitos por los que se acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. La documental analizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano