Jose Miguel Sosa Peñafiel

Expediente 517/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
517/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Jose Miguel Sosa Peñafiel
  • JOSE MIGUEL SOSA PEÑAFIEL y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 9400/2021, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, al efecto, se provee: Téngase al Juzgado Federal oficiante acusando recibo del oficio P.430.PJF (por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 517/2021) e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Joel Arrioja Morales, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos José Miguel Sosa Peñafiel y Mauricio Ochoa Soto, registrándola bajo el número de expediente 282/2021-IV. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, en atención al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se declaró la incompetencia de este juzgado de Distrito, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL ACUERDO DE 02 DE junio DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal...INCOMPETENCIA. Previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, se procede a examinar si en el caso, este órgano jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por Joel Arrioja Morales, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos José Miguel Sosa Peñafiel y Mauricio Ochoa Soto, en razón que ello es presupuesto procesal, de orden público y de estudio preferente. Al respecto, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Por lo que, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida....En ese sentido, cabe destacar que el promovente reclama en esta vía constitucional, el auto de vinculación a proceso dictado el once de mayo de dos mil veintiuno, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez, actuando con el carácter de Juez de Control, dentro de la audiencia inicial celebrada en los autos de la causa penal 139/2021 de su índice, en contra de José Miguel Sosa Peñafiel y Mauricio Ochoa Soto; quienes se encuentran privados de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Social de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por los quejosos, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular. En efecto los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.)...Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda....En el particular, como ya se precisó, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que se reclama el auto de vinculación a proceso dictado el once de mayo de dos mil veintiuno, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez, actuando con el carácter de Juez de Control, dentro de la audiencia inicial celebrada en los autos de la causa penal 139/2021 de su índice, en contra de José Miguel Sosa Peñafiel y Mauricio Ochoa Soto (quienes se encuentran privados de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Social de Cadereyta Jiménez, Nuevo León). Y, señala como única autoridad responsable al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez; por tanto, se advierte que en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, pues el auto de vinculación a proceso, es el acto procesal en el que el juez de control resuelve la situación jurídica del imputado respecto del hecho o hechos que fueron motivos de la imputación realizada por el Ministerio Público, y que tiene por efecto establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, como lo prevé el artículo 19 Constitucional4, en relación con el diverso 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales5. Por tanto, resulta inconcuso que dicho acto requiere de ejecución material en el lugar en el que se llevará a cabo el desarrollo del procedimiento penal, es decir en el Estado de Nuevo León, pues ahí reside el juez de control señalado como responsable. Aunado a lo anterior, se advierte que los quejosos se encuentran privados de su libertad personal en el Centro Penitenciario Federal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León y que la pretensión del promovente fue incoar la acción constitucional ante el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en turno, pues a dicha autoridad dirigió su demanda. Por lo que, tomando en cuenta dichas circunstancias, resulta que en el caso que nos ocupa, la competencia para conocer de la demanda de amparo que se provee, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga lugar su ejecución, por lo que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de amparo. De ahí que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carezca de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de amparo, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; de conformidad con el Punto Cuarto fracción IV del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece:..En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Se tiene como domicilio particular de la parte promovente el que indica en su escrito de demanda. Sin que haya lugar a tener por autorizado el correo electrónico que proporciona, para oír y recibir notificaciones o presentar algún tipo de escrito, pues tales medios de comunicación no se encuentran previstos en la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 1, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con el diverso 5 de su similar 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase dichos medios únicamente para establecer contacto durante el período de contingencia. AUTORIZADO. No pasa inadvertido para esta potestad Constitucional, que la parte promovente no señala a profesionista alguno en SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal...INCOMPETENCIA. Previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, se procede a examinar si en el caso, este órgano jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por Joel Arrioja Morales, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos José Miguel Sosa Peñafiel y Mauricio Ochoa Soto, en razón que ello es presupuesto procesal, de orden público y de estudio preferente. Al respecto, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Por lo que, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida....En ese sentido, cabe destacar que el promovente reclama en esta vía constitucional, el auto de vinculación a proceso dictado el once de mayo de dos mil veintiuno, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez, actuando con el carácter de Juez de Control, dentro de la audiencia inicial celebrada en los autos de la causa penal 139/2021 de su índice, en contra de José Miguel Sosa Peñafiel y Mauricio Ochoa Soto; quienes se encuentran privados de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Social de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por los quejosos, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular. En efecto los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.)...Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda....En el particular, como ya se precisó, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que se reclama el auto de vinculación a proceso dictado el once de mayo de dos mil veintiuno, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez, actuando con el carácter de Juez de Control, dentro de la audiencia inicial celebrada en los autos de la causa penal 139/2021 de su índice, en contra de José Miguel Sosa Peñafiel y Mauricio Ochoa Soto (quienes se encuentran privados de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Social de Cadereyta Jiménez, Nuevo León). Y, señala como única autoridad responsable al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez; por tanto, se advierte que en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, pues el auto de vinculación a proceso, es el acto procesal en el que el juez de control resuelve la situación jurídica del imputado respecto del hecho o hechos que fueron motivos de la imputación realizada por el Ministerio Público, y que tiene por efecto establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, como lo prevé el artículo 19 Constitucional4, en relación con el diverso 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales5. Por tanto, resulta inconcuso que dicho acto requiere de ejecución material en el lugar en el que se llevará a cabo el desarrollo del procedimiento penal, es decir en el Estado de Nuevo León, pues ahí reside el juez de control señalado como responsable. Aunado a lo anterior, se advierte que los quejosos se encuentran privados de su libertad personal en el Centro Penitenciario Federal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León y que la pretensión del promovente fue incoar la acción constitucional ante el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en turno, pues a dicha autoridad dirigió su demanda. Por lo que, tomando en cuenta dichas circunstancias, resulta que en el caso que nos ocupa, la competencia para conocer de la demanda de amparo que se provee, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga lugar su ejecución, por lo que, no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de amparo. De ahí que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carezca de competencia legal para seguir conociendo de este juicio de amparo, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; de conformidad con el Punto Cuarto fracción IV del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece:..En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Se tiene como domicilio particular de la parte promovente el que indica en su escrito de demanda. Sin que haya lugar a tener por autorizado el correo electrónico que proporciona, para oír y recibir notificaciones o presentar algún tipo de escrito, pues tales medios de comunicación no se encuentran previstos en la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 1, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con el diverso 5 de su similar 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase dichos medios únicamente para establecer contacto durante el período de contingencia. AUTORIZADO. No pasa inadvertido para esta potestad Constitucional, que la parte promovente no señala a profesionista alguno en SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso...

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