José Miguel Pineda Herrera

Expediente 1366/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1366/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • José Miguel Pineda Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de uno de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que la parte quejosa está debidamente notificada de dicho proveído, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a DAVIDE MARCHÁN RAYO, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto de que la autoridad responsable: "Ante la posibilidad de que a la fecha en que cause ejecutoria la presente sentencia y se requiera el cumplimiento correspondiente, se haya celebrado la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente 01/948/19-II, vigile que se celebre y remita copia certificada de las constancias que acrediten su verificativo. Si la audiencia señalada en el expediente de origen no se desahogó, deberá fijar nueva data para tal efecto, ajustándose a lo preceptuado por la Ley y lo haga del conocimiento de las partes." El veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo dictada por este Juzgado Federal; por lo que, en dicho proveído se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al referido fallo protector. Así por oficio recibido el treinta de septiembre del año en curso, se recibió oficio de la autoridad responsable en el que remitió copia certificada del acuerdo dictado el veintiocho de septiembre del año en curso, en el que la Junta responsable celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente 01/948/19. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en el artículo 2°. Consecuentemente, al advertirse de lo anterior, que la autoridad responsable celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente 01/948/19, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído, el oficio signado por Director de Impuesto Predial y Catastro del Municipio de Yautepec, Morelos, mediante el cual manifiesta el impedimento legal en que se encuentra para dar cumplimiento al requerimiento efectuado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, y remitir copia certificada del recibo 013645 serie P, de siete de junio de dos mil diecinueve, por los motivos que expone; además, aduce exhibir copia certificada de un diverso recibo 013645 de dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, sin que obre adjunta al informe de cuenta. Dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus intereses convenga. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere al Director de Impuesto Predial y Catastro del Municipio de Yautepec, Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada, completa y legible del recibo de pago 013645 de dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, que fue omiso en adjuntar al informe de cuenta. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237 fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Visto el escrito de demanda promovido por JOSÉ MIGUEL PINEDA HERRERA, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; fórmese el expediente 1366/2021-IV-B. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13º.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Por consiguiente, dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que si se actualiza, en este asunto, la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme al artículo 107, fracción V de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo en la fracción V del artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En el caso concreto, la parte quejosa reclama en esencia la omisión del Tribunal del dictado del laudo en el juicio laboral 01/1160/18 y notificarlo a las partes; sin embargo, se tendrá como acto reclamado la omisión de dictar laudo. Lo anterior, en virtud de que la falta de proyecto de resolución en forma de laudo no viola garantías, porque, en todo caso, lo que genera afectación a las partes es el contenido definitivo del laudo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2ª/J.86/2011 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 732, tomo XXXIV, Julio 2011, Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro "PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO EL QUE NO SE ENCUENTRE AGREGADO AL EXPEDIENTE LABORAL" Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que la autoridad responsable, el tres de mayo de dos mil veintiuno, certificó que no había pruebas pendientes para desahogar y el diez de agosto del año en curso, la autoridad responsable dio vista por tres días a las partes en el juicio laboral 01/1160/18, por lo que el quejoso argumenta que han transcurrido en exceso los plazos previstos para la emisión de dicho laudo. Ahora bien, el acto reclamado emana de un juicio burocrático seguido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que es necesario precisar cuáles son sus fases; las que se desprenden del artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que lo rige en primer lugar y a la letra dice: "Artículo 115.- El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores." Conforme al precepto transcrito, por regla general, el procedimiento laboral se limita a una única audiencia, que a su vez, tiene estas etapas: 1) De conciliación; 2) De contestación a la demanda; 3) De admisión [o desechamiento] de pruebas; 4) De desahogo de pruebas; 5) De formulación de alegatos; y 6) De dictado de laudo. Se dice por "regla general", en virtud que el propio artículo 115 prevé como caso de excepción, que sean necesarias "diligencias posteriores". De acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, agotada la etapa de conciliación sin resultado favorable, se desahogarán las etapas de contestación a la demanda, admisión [o desechamiento] de pruebas, desahogo de pruebas, formulación de alegatos y, entonces, el Tribunal procederá a dictar laudo para resolver el litigio. Como quedó apuntado, por regla general, el juicio burocrático debe desahogarse de forma ininterrumpida en la audiencia que prevé el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En el supuesto de que la audiencia se desahogue en un solo momento, acto seguido que las partes formulen alegatos, o bien, en caso que renuncien a ello, el Tribunal procederá a dictar el laudo o turnar el juicio para tal fin, pues sin perjuicio de lo que más adelante se diga, es criterio jurisprudencial que en atención a la carga de trabajo y la complejidad del asunto, el laudo puede dictarse con posterioridad. Pero en el caso de que la audiencia no se desahogue de forma continua, la autoridad concederá a las partes el derecho para formular alegatos. En tal supuesto, en aras de la seguridad jurídica de las partes, el Tribunal tendrá que pronunciarse sobre la preclusión del derecho y, entonces, procederá a dictar el laudo o turnar el juicio para ello. En consecuencia, debe tomarse como punto de partida para el examen de la omisión reclamada, el "turno del juicio para laudo", esto es, a partir de que el asunto se pone en estado de resolución -según lo aducido por el quejoso-, que es a partir del diez de agosto de dos mil veintiuno. Al respecto la etapa de dictado del laudo en el juicio burocrático no está subdividida, ni la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en su artículo 115 establece plazo para su emisión, ya que no concede al Tribunal un plazo para formular un proyecto de laudo, examinarlo, discutirlo, votarlo y aprobarlo; por lo que en atención a la naturaleza jurídica del laudo y las dificultades en su emisión, es que se debe establecer un plazo para su dictado. En ese sentido, el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, autoriza aplicar expresamente de forma supletoria al juicio burocrático, dos ordenamientos legales: la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo; en primer y segundo lugar, respectivamente. A continuación, se cita el artículo 127 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: "ARTICULO 127.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá: a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la contestación, que se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo." De acuerdo con la porción legal transcrita, el procedimiento para la resolución de controversias ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se reduce, por regla general, a estas fases: Presentación de la demanda. Contestación de la demanda. Audiencia de recepción, admisión y desahogo de pruebas; formulación de alegatos y dictado de laudo. La excepción a la regla surge cuando, a juicio del Tribunal, es necesario practicar otras diligencias, en cuyo caso se llevarán a cabo y, una vez desahogadas, se dictará laudo. Luego, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria en primer lugar a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no secciona la fase de dictado de laudo ni establece plazo para que el Tribunal lo dicte, agregando que cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas se dictará el laudo, sin embargo, no indica el plazo para hacerlo. En ese sentido, en el artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, se prevé ese parámetro razonable, pues dispone el procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que prevé que luego de sustanciar las etapas de que se compone, reunidas las pruebas que se hubiesen presentado con la demanda y la contestación, el Tribunal citará a una audiencia que se celebrará dentro de los quince días siguientes de recibida la contestación, en la que, se desahogaran pruebas, se escucharán los alegatos de las partes y se dictarán los puntos resolutivos del laudo, donde dicho Tribunal dispone de un plazo de cinco días para engrosar el laudo, siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia y uno máximo de quince días en caso de que se requiera la práctica de otras diligencias para mejor proveer. El plazo previsto en dicha norma es útil para fijar la referencia temporal para el dictado del laudo, atento a que se trata de la resolución de una controversia laboral de naturaleza contenciosa, tal como en el caso, implicando por ello un estudio a conciencia del Tribunal. Así, el laudo no es una resolución de mero trámite; por el contrario, resuelve el fondo del litigio, de modo que su elaboración y dictado definitivo precisa tiempo, incluso más del que la ley prevé para su emisión, pues el Tribunal debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma el hecho que algunos asuntos son más complejos que otros y, por consiguiente, su examen requiere mayor inversión de "horas-hombre"; máxime que, al decidir el fondo del negocio, se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia. Por lo tanto, para la seguridad jurídica de las partes y la posibilidad del Tribunal respectivo de emitir un laudo a consciencia, se estima que cuenta con un plazo máximo de quince días, fijado por analogía al caso previsto en el artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a partir de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos. Dicho lo anterior, se estima precisar que el acto reclamado se analizará conforme a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Tal consideración se sustenta en la jurisprudencia 2ª./J. 3/94, Materia Común, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Número 79, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. En ese sentido, aun cuando el acto reclamado incide en el derecho sustantivo a la administración de justicia, que implica entre otras cosas, que la autoridad decida el fondo de la controversia mediante el dictado de laudo, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no puede calificarse como "irreparable", pues no afecta materialmente el derecho, en virtud que no impide su ejercicio de forma actual; máxime que el laudo requiere tiempo, por tratarse de la resolución de fondo y, además, por constituirse en un acto privativo; asimismo, no puede dejar de considerarse la carga de trabajo de la autoridad y su recurso humano encargado de esa tarea. A mayor abundamiento, cabe decir que al resolver las quejas 174/2016 y 287/2016, relativas a los juicios de amparo 1122/2016 y 1718/2016, del índice de este juzgado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, confirmó la determinación de este juzgador en el sentido que una demora en el dictado del laudo, pese a haber fenecido el plazo legal para ello, no implica indiscutiblemente una abierta dilación del procedimiento ni su paralización total. La invocación de las ejecutorias dictadas por el tribunal revisor, no precisa agregar copia de ellas a los autos, esto con base en la jurisprudencia 2ª./J.103/2007, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". Luego, desde un estricto punto de vista, pudiera considerarse que la omisión reclamada causa perjuicio a la parte quejosa en virtud que feneció el plazo legal para que el Tribunal emitiera el laudo y no lo hizo; sin embargo, a la luz de la jurisprudencia 2ª./J.48/2016 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, cuyo rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." La cual resulta de aplicación obligatoria de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo y la tesis aislada 1ª. CXVII/2016 (10ª.), Décima Época, publicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1124, con registro 2011479; en el caso en particular, el acto reclamado no puede considerarse como causante de una afectación material al derecho sustantivo del quejoso a la administración de justicia. En efecto, en la jurisprudencia 2ª./J.48/2016 (10ª.), la Segunda Sala determinó que por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por tratarse de violaciones intraprocesales inocuas de derechos sustantivos. La excepción a esa regla y por ende, la irreparabilidad de la omisión o dilación reclamada, tendrá lugar cuando ésta implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; porque en esos supuestos sí impedirá el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, sin que la sentencia de amparo pueda reparar al quejoso el tiempo en que su caso, la autoridad jurisdiccional o con funciones materialmente jurisdiccionales, dejó de actuar de forma injustificada. Consecuentemente, se estima que no se está en el caso de excepción que haga procedente el juicio de amparo, es decir, sí se está ante un caso en demora en el dictado del laudo, pues si bien, el plazo para pronunciarse ha transcurrido, más no se está ante una abierta dilación, concepto que en la jurisprudencia invocada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emplea para distinguir entre el retraso y una abierta dilación, que, a juicio de quien resuelve implica un retardo en el trámite de una amplia extensión, que en el caso no ocurre. Bajo esas directrices, es inconcuso que la abstención reclamada por el quejoso, aun cuando ciertamente a la presentación del amparo había fenecido el plazo legal para que el Tribunal dictara el laudo sin que lo hubiera hecho, no causa una afectación material a su derecho sustantivo a recibir justicia, porque no puede determinarse generadora de una abierta dilación del procedimiento y menos de una paralización total. Máxime que como se ha mencionado en párrafos que anteceden, el laudo no es una resolución de mero trámite, antes, resuelve el fondo del litigio, por lo que su elaboración y dictado definitivo precisa tiempo, incluso más del que prevé la ley, pues como quedó apuntado, el Tribunal debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma el hecho que algunos asuntos son más complejos que otros y por consiguiente, su examen requiere mayor cantidad de horas-hombre; máxime que al decidir el fondo del negocio se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia. Apoya a la anterior determinación, la tesis 2ª. L/2015 (10ª.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, con número de registro 2009477, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.". Además de lo anterior, tomando en consideración que conforme a la la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J. 33/2019 (10ª.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", la procedencia del juicio de amparo en tratándose de una dilación en el dictado del laudo, la Segunda Sala del más alto tribunal de justicia del país estableció como parámetro temporal para estimar que se está ante una abierta dilación o una paralización total el de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo con que la autoridad debió pronunciarse -en el caso, dictar laudo-. Conforme al criterio jurisprudencial citado, de lo narrado por el quejoso en la demanda se tiene que el diez de agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje otorgó el término de tres días para alegar el cual transcurriría del once al trece del mismo mes y año. Luego, una vez fenecido dicho término, el Tribunal cuenta con quince días para el dictado del laudo, que transcurriría del dieciséis de agosto al tres de septiembre de dos mil veintiuno, el cual debe ser notificado a más tardar dentro de los siguientes cinco días de conformidad con el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, que transcurriría del seis al diez de septiembre del año que trascurre. Así, el término establecido jurisprudencialmente cuarenta y cinco días transcurriría del trece de septiembre al veintisiete de octubre de dos mil veinte. La demanda de amparo se presentó el ocho de octubre actual en el buzón de correspondencia de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. Por lo tanto, resulta válido afirmar que a la fecha de presentación de la demanda no han transcurrido los cuarenta y cinco días referidos por la jurisprudencia citada en párrafos anteriores para hacer procedente el juicio de amparo que en esta vía se intenta. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por JOSÉ MIGUEL PINEDA HERRERA, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a los profesionistas y personas propuestas. FORMA ESPECIAL Y EXPEDITA DE CONTACTO. Se toma conocimiento de los medios electrónicos que proporciona (números de teléfonos y correo electrónico), a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales y acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que establezca contacto con dicha parte procesal en caso de considerarlo necesario para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá ser registrado y su caso asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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