José Miguel Murillo Pardo

Expediente 1551/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1551/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • José Miguel Murillo Pardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1551/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que la suspensión provisional se negó y la definitiva se declaró sin materia. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1551/2018-II, promovido por JOSÉ MIGUEL MURILLO PARDO; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre dos mil dieciocho en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día a este órgano jurisdiccional, JOSÉ MIGUEL MURILLO PARDO, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de la demanda El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho se desechó la demanda de amparo (fojas 24 a 32). Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, dicho medio de impugnación fue radicado con el número 337/2018, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien en sesión de nueve de noviembre de dos mil dieciocho determinó declararse incompetente por razón de la materia y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este Circuito en Turno (52 a 65). En sesión de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, en el recurso de queja 262/2018 determinó no aceptar la competencia planteada y ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que determinara que tribunal debía resolver el presente recurso (fojas 71 a 82). Por sesión de treinta de abril de dos mil diecinueve la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el competente para conocer del recurso de queja es el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito (fojas 63 a 119). En consecuencia, en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecinueve (fojas 99 a 116) el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito determinó declarar fundado el recurso de queja, en consecuencia por auto de cuatro de septiembre del mismo año (fojas 117 a 119) se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que luego de haber sido diferida inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde el quejoso debe acatar las disposiciones generales que se combaten y donde se ejecutó el acto de aplicación de éstas. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto reclamado es el siguiente: Del Congreso del Estado de Morelos: La inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. Del Congreso, Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado y Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos: La aplicación de la norma mencionada en párrafo que antecede en el decreto tres mil trescientos cuarenta y uno, por el que se le concedió pensión por jubilación, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", número cinco mil seiscientos veintiocho, de treinta de agosto de dos mil dieciocho, así como la omisión de pago del retroactivo, respecto a la pensión por jubilación otorgada en el decreto tres mil trescientos cuarenta y uno, como consecuencia de ello. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad Congreso del Estado de Morelos respecto del proceso legislativo del artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." También es cierto el acto reclamado al Congreso, Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado y Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, consistente en la expedición y ejecución respectiva del decreto tres mil trescientos cuarenta y uno, por el que se concedió pensión por jubilación, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", número cinco mil seiscientos veintiocho, de treinta de agosto de dos mil dieciocho, así como la omisión de pago del retroactivo, respecto a la pensión otorgada, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso en particular, dado que se reclama la inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, conviene explicar las reglas para el estudio de normas generales en un juicio de amparo indirecto promovido con motivo de un acto de aplicación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, las reglas de estudio en el juicio de amparo cuando se promueve contra una norma general con motivo de un acto de aplicación. En este aspecto, esencialmente señaló que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la quejosa, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues es precisamente el acto de aplicación el que causa perjuicio a la parte quejosa y no la norma por sí sola, considerada en abstracto. Que lo anterior implica que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la norma general; que la negativa del amparo contra la norma, por no ser inconstitucional, debe hacerse extensiva al acto de aplicación, cuando éste no se reclama por vicios propios, y que la concesión del amparo contra la norma general, por ser inconstitucional, debe hacerse extensiva también al acto de aplicación. Al respecto, se apoyó en la jurisprudencia 346, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada en la Séptima Época, Apéndice 2000, Tomo I, Constitucional Jurisprudencia SCJN, página 400, del rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN". Con base en lo anterior, concluyó que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de un acto concreto de aplicación, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Asimismo, determinó que el juez de amparo, en primer lugar, debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente respecto del acto de aplicación, porque si el juicio es improcedente contra el acto de aplicación, se debe sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada. En cambio, si el juicio resulta procedente en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la norma general impugnada. Luego, si se concluye que la norma general es inconstitucional, la concesión del amparo contra ésta debe hacerse extensiva al acto de aplicación. Pero si se resuelve que la norma no es inconstitucional, la negativa del amparo debe hacerse extensiva al acto de aplicación, cuando éste no se reclama por vicios propios. Además, si se determina que la norma general no es inconstitucional y el acto de aplicación se reclama también por vicios propios, entonces será la ocasión para analizar éstos; siendo incorrecto, por ende, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Así las cosas, cuando se reclama una norma general con motivo de un acto concreto de aplicación, en primer lugar, el juzgador debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente respecto del acto de aplicación, atendiendo a las reglas del amparo contra leyes. En conclusión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley; que la negativa del amparo contra esta última, por estimarse que no adolece de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley, por considerarla inconstitucional, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. En ese tenor, en el caso particular en relación al acto de aplicación de la norma combatida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) La disposición legal transcrita, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos: a) Por revocación: cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, b) Por sustitución procesal: cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En ese contexto, del informe rendido por la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, se aprecia que mediante sesión ordinaria de once de abril del año en curso, el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, emitió el Decreto Doscientos Veinticuatro, por el que abrogó el diverso Decreto Tres Mil Trescientos Cuarenta y Uno, aprobado en sesión Ordinaria del Pleno de la LIII Legislatura, iniciada el doce de julio y continuada el trece y catorce y concluida el quince de julio de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5628, el treinta de agosto del mismo año, por el que concedió pensión por Jubilación al quejoso; publicado el doce de abril del presente año. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. Asimismo, al consultar la página del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, (http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2019/5696.pdf), se desprende que el decreto doscientos veinticuatro emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, fue publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, en el que en su artículo único determinó lo siguiente: "ARTÍCULO ÚNICO. - Se abroga el Decreto Número Tres Mil Trescientos Cuarenta y Uno, aprobado en Sesión Ordinaria de Pleno de la LIII Legislatura, iniciada el día doce del mes de julio y continuada el día trece y catorce y concluida el quince de julio del año dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5628, el treinta de agosto del mismo año, por el que se concede pensión por Jubilación al C. José Miguel Murillo Pardo, dejándolo sin efecto legal alguno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere conveniente." Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la jurisprudencia de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA RESOLVER SI SE ACTUALIZA O NO ALGUNA CAUSAL RELATIVA, CUANDO EXISTA UN INDICIO SOBRE SU EXISTENCIA, VÁLIDAMENTE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS SITIOS O PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, AL CONSTITUIR ÉSTA UN HECHO NOTORIO." La actualización de la causal invocada se aprecia en virtud de que el acto que se combate en esta instancia constitucional es la aplicación del artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos en el decreto tres mil trescientos cuarenta y uno, por el que se le concedió pensión por jubilación, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", número cinco mil seiscientos veintiocho, de treinta de agosto de dos mil dieciocho; sin embargo, los efectos de dicho decreto pensionatorio han cesado, con motivo de que se emitió uno diverso (Decreto doscientos veinticuatro emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve), el cual abrogo al tres mil trescientos cuarenta y uno; es decir fue sustituido procesalmente. Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razones jurídicas en la tesis I.2o.P.4 K (10a.), de la Décima Época, con número de registro 201346, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Materia Común, página: 2546 del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Así como en la tesis I.3o.C.92 K, de la Novena Época, registro 165870, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página: 1491 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia expresada, en virtud de que el acto de aplicación de la norma combatida contenida en el decreto tres mil trescientos cuarenta y uno, fue sustituida procesalmente por el Decreto Doscientos Veinticuatro, publicado el doce de abril del presente año ya que éste abrogó el diverso Decreto Tres Mil Trescientos Cuarenta y Uno, aprobado en sesión Ordinaria del Pleno de la LIII Legislatura, iniciada el doce de julio y continuada el trece y catorce y concluida el quince de julio de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5628, el treinta de agosto del mismo año, por el que concedió pensión por Jubilación al quejoso. De ahí que por esta razón no pueda analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que el Decreto Doscientos Veinticuatro, es el que actualmente rige la situación jurídica del quejoso, no así el diverso decreto tres mil trescientos cuarenta y uno por haber cesado sus efectos al ser sustituida procesalmente. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, por tanto, se debe de sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado al Congreso, Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado y Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley antes invocada. Ahora bien, la parte quejosa señaló como primer acto de aplicación del artículo 58 fracción I inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que aduce es inconstitucional, el cual le fue aplicado en el decreto tres mil trescientos cuarenta y uno, por el que se le concedió pensión por jubilación, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", número cinco mil seiscientos veintiocho, de treinta de agosto de dos mil dieciocho. En consecuencia, al ser improcedente el juicio de amparo intentado en contra del acto de aplicación del artículo que el quejoso impugna el juicio de amparo deviene improcedente por cuanto hace al artículo 58 fracción I inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que reclamó al Congreso del Estado de Morelos. Ello es así, en razón que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, el juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; motivo por el cual, si en relación con éste se actualiza una causa de improcedencia, se sobreseerá en el juicio respecto de la norma impugnada; al ser evidente que no podría alegarse afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso dado la improcedencia que se actualiza en relación al acto de aplicación que es el que materializa los efectos del precepto impugnado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil, Novena Época, que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Por lo tanto, al haber cesado los efectos del acto de aplicación del artículo que el quejoso impugna en el presente juicio de amparo, también se debe de sobreseer en el presente juicio por cuanto hace al acto reclamado que hizo consistir en el artículo 58 fracción I inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que reclamó al Congreso del Estado de Morelos con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto a la omisión reclamada, al derivar de la existencia jurídica del decreto impugnado. Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JOSÉ MIGUEL MURILLO PARDO, contra el acto y autoridades precisadas en el segundo considerado de esta sentencia por los motivos expuesto en el último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de uno de octubre de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe. *NMTG*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe. *NMTG*

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