José Moisés Ponce Mendez

Expediente 295/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
295/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • José Moisés Ponce Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término que señala el artículo 88 en su cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, para dar cumplimiento a la prevención contenida en el citado auto, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya dado cabal cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos; en esas condiciones, con fundamento en el citado artículo, se tiene por no presentado el recurso de revisión promovido por la parte quejosa. Por consiguiente, visto el estado de los autos en el juicio de amparo 295/2019-llI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en su único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada de la Décima Época, de número de registro 2019267, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, del siguiente rubro: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL INCUMPLIMIENTO A UNA PREVENCIÓN FORMULADA POR EL JUEZ DE DISTRITO NO INTERRUMPE NI SUSPENDE EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA SU INTERPOSICIÓN, POR LO QUE SI ÉSTE YA TRANSCURRIÓ Y, POSTERIORMENTE, SE PROMUEVE UNO DIVERSO CONTRA LA MISMA RESOLUCIÓN, ESTE ÚLTIMO DEBE DESECHARSE POR EXTEMPORÁNEO." En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I, II, III, IV y V; en esas condiciones, devuélvanse a dicha autoridad los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, seis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos jurídicos a que haya lugar el escrito presentado por la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el quince de julio de dos mil diecinueve. Ahora bien, tomando en cuenta que la parte quejosa únicamente exhibió el original del escrito de expresión de agravios, así como dos copias simples del mismo, siendo que son necesarias cuatro copias en total del escrito de mérito, para el completo traslado a la partes, una para la autoridad señalada como responsable, una para la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, una para expediente principal y una más para el Agente del Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, exhiba dos copias más del escrito de expresión de agravios que hacen falta, apercibida que de no hacerlo así dentro del término concedido, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 88 de la Ley de Amparo vigente, se tendrá por no interpuesto el recurso de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 295/2019-III, promovido por JOSÉ MOISES PONCE MÉNDEZ. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el seis de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia común a los Juzgados de Distrito, y turnada al día siguiente a este Juzgado Federal, JOSÉ MOISES PONCE MÉNDEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, se radicó y se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, precisa que lo que la parte quejosa reclama del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos es: La resolución de once de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de revocación ESAF/DGJ/RR/001/08-05. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo informó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente ESAF/DGJ/RR/001/18-05, que acompañó a su informe (anexos I al V), a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizadas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que, además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Al no existir causal de improcedencia hecha valer, ni el suscrito advertir que se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión planteada. En primer lugar se precisara que en el caso en estudio no es dable la suplencia de la queja deficiente, puesto que el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae el artículo 123 constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), por lo que no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, registro: 2013378, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página: 705, del siguiente rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL." Son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, por los motivos que se expondrán: Antes de abordar el estudio del acto reclamado, se relatarán sus antecedentes. 1.- El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, radicó el procedimiento administrativo de responsabilidades incoado en contra de JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ, con el número ESAF/DGJ/PAR/040/08-16, y, ordenó su emplazamiento (fojas 400 a 402 anexo V). 2.- Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ, dio contestación al procedimiento administrativo incoado en su contra y como medios de convicción ofreció la prueba pericial en materia de contabilidad a cargo del contador público Jesús Arturo Guerrero Ordoñez, la pericial en materia de ingeniería a cargo del Ingeniero Pedro Reyes Salgado, la instrumental de actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana . 3.- Una vez desahogados los medios de convicción, el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se resolvió el procedimiento administrativo en cuyos puntos se determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Se declara que existen los elementos suficientes para fincar responsabilidad administrativa al ciudadano JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ, en su carácter de sujeto de responsabilidad, al haber sido Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, respecto de las observaciones NÚMEROS: 9, 10, 11, 12, 16, 24, 25 y 26, por lo que se le impone la sanción administrativa consistente en SUSPENSIÓN DE CIENTO VEINTE DÍAS en el cargo de Presidente Municipal de Puente de Ixtla [.] SEGUNDO.- Se declara que existen los elementos suficientes para absolver de responsabilidad resarcitoria al ciudadano JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ [.] TERCERO.- Se declara que existen elementos suficientes para fincar responsabilidad resarcitoria al ciudadano JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ, en su carácter de sujeto de responsabilidad, al haber sido Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, en el Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, respecto de las observaciones NÚMEROS: 2, 3, 4, y 13, por las razones expuestas en los considerandos SEXTO, SÉPTIMO Y UNDÉCIMO del presente fallo, en consecuencia se le impone la sanción resarcitoria en el reintegro de las cantidades observadas de $672, 408.99 (seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos ocho pesos 99/100 M.N.), $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), $162,252.62 (ciento sesenta y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos 62/100 M.N.), y $42,155.00 (cuarenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), respectivamente [.]". (Fojas 565 a 599 anexo V). 3.- Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, JOSÉ MOISES PONCE MÉNDEZ, interpuso recurso de revocación en contra de la resolución definitiva de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el cual quedó radicado con el número ESAF/DGJ/RR/001/18-05 y fue resuelto el once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 39 a 78 y 93 a 99 del cuaderno principal), siendo esta última resolución el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Se puntualizan los conceptos de violación que expuso el quejoso en su escrito inicial de demanda. Sostiene que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: La autoridad responsable no funda las razones por las cuales considera improcedentes e infundados los agravios planteados en el recurso de revocación. Que la responsable dejó de aplicar los artículos 105 y 490 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, violentado así como los principios de congruencia y exhaustividad, al dejar de analizar la totalidad de los agravios expuestos en el recurso de revocación, limitándose a manifestar que eran improcedentes e infundados, sin tomar en consideración lo siguiente: Por cuanto a la observación resarcitoria NUMERO 02, CUENTA DE BALANCE, RESARCITORIA, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR NO COMPROBADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO y OBSERVACIÓN NÚMERO 3, CUENTA DE BALANCE RESARCITORIA, PROPIOS, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR NO REINTEGRADOS O COMPROBADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO. La autoridad ahora responsable no tomó en consideración que el Auditor Superior del Congreso del Estado de Morelos, al momento de dictar la resolución definitiva de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dejó de observar que no se fundó ni motivo la procedencia planteada en tal resolución. Por cuanto a las observaciones NÚMERO 4, CUENTA DE BALANCE, RESARCITORIA, PROPIOS, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO y NÚMERO 13, INGRESOS, RESARCITORIA, RECURSOS PROPIOS, INGRESOS COBRADOS NO DEPOSITADOS EN LA CUENTA PÚBLICA N CONTABILIZADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE CONSULTAS (U.B.R.) DIF. La autoridad ahora responsable no analizó debidamente y de manera exhaustiva las pruebas documentales y la pericial en materia de contabilidad, en el juicio de responsabilidades. Contraviniendo en consecuencia lo previsto por el artículo 88, fracción VI de la Ley de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos. Como ya se mencionó son inoperantes los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, los cuales se analizarán en orden diverso al planteado por técnica jurídica: Resulta inoperante por novedoso el concepto de violación en el que aduce que la autoridad responsable dejó de analizar por cuanto a la observación resarcitoria NUMERO 02, CUENTA DE BALANCE, RESARCITORIA, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR NO COMPROBADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO y OBSERVACIÓN NÚMERO 3, CUENTA DE BALANCE RESARCITORIA, PROPIOS, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR NO REINTEGRADOS O COMPROBADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO: 1) Que el Auditor Superior del Congreso del Estado de Morelos, al momento de dictar la resolución definitiva de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dejó de observar que no se fundó ni motivo la procedencia planteada en tal resolución. Lo anterior es así, pues dicho agravio en el que aduce que la responsable dejó de analizar en su escrito de revocación no fue planteado en éste tal y como se puede apreciar de la lectura del escrito del recurso antes referido, por lo tanto, este juzgado federal se ve imposibilitado para analizar dicho concepto de violación, ello en atención a principio de congruencia que debe de regir toda resolución, además que en todo caso el objetivo de la revocación es que el órgano revisor examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el accionante, por lo tanto, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida en la sentencia de primer grado, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente. Sirve de sustento a lo anterior por similitud jurídica la jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 169923, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 39, del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 173077, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Materia Administrativa, página 1487, del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES POR NOVEDOSOS SI SE REFIEREN A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO FISCAL Y ELLO NO SE PLANTEÓ ANTE LA SALA DEL CONOCIMIENTO (ALCANCES DE LA TESIS 2a. LXXII/2006)." Por otra parte, son inoperantes por reiterativos e insuficientes los conceptos de violación siguientes: Que la autoridad responsable dejó de analizar los agravios plasmados en su recurso de revocación siguientes: Por cuanto a las observaciones NÚMERO 4, CUENTA DE BALANCE, RESARCITORIA, PROPIOS, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO y NÚMERO 13, INGRESOS, RESARCITORIA, RECURSOS PROPIOS, INGRESOS COBRADOS NO DEPOSITADOS EN LA CUENTA PÚBLICA N CONTABILIZADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE CONSULTAS (U.B.R.) DIF. Que no se analizó debidamente y de manera exhaustiva las pruebas documentales y la pericial en materia de contabilidad, en el juicio de responsabilidades. 2) Que la autoridad responsable no funda las razones por las cuales considera improcedentes e infundados los agravios planteados en el recurso de revocación Lo anterior se considera de esta manera, puesto que en la resolución de once de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Auditor General de la Entidad Superior de la Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, al resolver el recurso de revocación, en su considerando tercero estimó lo siguiente: " TERCERO.- Respecto al agravio que formula a todas y cada una de las observaciones pendientes de solventación, el cual de manera sistemática y repetitiva consiste en que "la autoridad no analizó debidamente y de manera exhaustiva LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y LAS PERICIALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD E INGENIERIA en el presente asunto". Al analizar el agravio formulado, se advierte que el ahora quejoso JOSÉ MOISES PONCE MENDEZ, durante el procedimiento administrativo de Responsabilidades, mediante su escrito de contestación y en la audiencia de Ley ofreció como pruebas la pericial en materia de Contabilidad a cargo del perito JESÚS ARTURO GUERRERO ORDOÑEZ y la pericial en materia de Ingeniería a cargo del Perito Ingeniero Civil PEDRO REYES SALGAD; así como la Presuncional y la Instrumental de Actuaciones, siendo admitidas todas las pruebas enunciadas y desahogadas en el procedimiento Administrativo de Responsabilidades, sin que exista dentro de su escrito de contestación o en la Audiencia de Ley, pronunciamiento alguno sobre las pruebas documentales que asegura el impetrante del presente Recurso haber ofrecido en copia simple, además no existe prueba documental alguna anexa a su escrito de contestación por lo que es inexistente el ofrecimiento de pruebas documentales durante el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades; en consecuencia la autoridad resolutora emitió la resolución de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, tomando en consideración los elementos de prueba que fueron ofrecidos y desahogados en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, y como consta en el contenido de la resolución ahora recurrida si fueron valoradas en consideración las pruebas que fueron ofrecidas y desahogadas, concretamente las periciales ya aludidas y la Instrumental de Actuaciones y la presuncional no así las documentales que refiere el quejoso por no haber sido ofrecidas durante el procedimiento administrativo." En necesario traer a colación, que de la lectura del recurso de revocación incoado en contra de la resolución de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se advierte en su texto lo siguiente: ". la autoridad no analizó debidamente y de manera exhaustiva "LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y LA PERICIAL EN MATERIA DE CONTABILIDAD", en el presente asunto, pues contrario a lo que sostiene si tienen valor y eficacia probatoria para solventar la observación de mérito, no obstante que las mismas no hayan sido exhibidas en copia certificada por el suscrito sino que únicamente obran en copia simple, y que no hayan sido perfeccionadas por su oferente, toda vez que en virtud de que dichas documentales no fueron objetadas por la propia autoridad, las mimas fueron admitidas y surtieron efectos como si fuere o hubiere sido reconocidas expresamente, haciendo prueba plena en todas sus partes." Es decir, se advierte que la pretensión del accionante es que la documentales aducidas en su escrito y a las cuales manifestó no se les otorgó valor probatorio, aún y cuando fueron exhibidas en fotocopia simple, al no ser objetadas y admitidas sean reconocidas expresamente haciendo prueba plena, las que considera suficientes para solventar las observaciones. Sin embargo, de la lectura de la resolución combatida por medio del presente juicio de amparo, se advierte que la autoridad responsable sintetizó los agravios expuestos en el recurso de revocación de la siguiente manera: Que la autoridad de primera instancia no analizó debidamente y de manera exhaustiva LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y LAS PERICIALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD E INGENIERIA Y de manera toral argumentó que JOSÉ MOISES PONCE MENDEZ, durante el procedimiento administrativo de responsabilidades, solo ofreció como pruebas las periciales en materia de Contabilidad y en materia de Ingeniería; así como la Presuncional y la Instrumental de Actuaciones, las que fueron admitidas y desahogadas en el procedimiento Administrativo de Responsabilidades, sin que exista pronunciamiento alguno sobre las pruebas documentales que asegura haber ofrecido en copia simple, y que por lo tanto, la autoridad resolutora no las valoró en la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho por no haber sido ofrecidas durante el procedimiento administrativo. Es decir la responsable si bien tiene la obligación de abordar el estudio de los agravios expuestos por el recurrente, en el caso en concreto expuso el motivo por el cual consideraba relavado de analizar el punto puesto a su consideración, dado que, concluyó que las pruebas documentales referidas por el ahora quejoso, no fueron ofrecidas dentro del procedimiento administrativo. Y en ese tenor, el impetrante de amparo debió de invocar las causas y fundamentos legales por los que considera que la autoridad responsable debe ceder al razonamiento expuesto para dejar de analizar el agravio plasmado, lo que en la especie no aconteció, dado que se limitó a reiterar que dichas probanzas no habían sido valoradas, y por ello dejó de combatir las razones que sin prejuzgar, expuso la autoridad responsable al respecto. En ese sentido, si no existe base de contraste para que suscrito juzgador quede en aptitud de pronunciarse sobre tal particular, se hacen inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. En ese mismo sentido, también resulta inoperante el restante concepto de violación formulado en el sentido que la responsable no fundó las razones por las que calificó de improcedente e infundados los agravios expuestos; lo anterior es así, sobre la base que con dicho argumento en realidad prescindió de argumentar y justificar los motivos por los cuales a su consideración éstos resultaban aptos y suficientes para el dictado de una resolución favorable en el recurso de revocación de que se trata y al no actualizarse la suplencia de la queja, no es dable emprender un análisis oficioso del asunto, encontrándose impedido el suscrito en verificar la idoneidad y legalidad de la totalidad de los motivos plasmados por la responsable en el fallo combatido. Por tanto al no ser controvertidas la totalidad de las consideraciones legales expuestas en la resolución reclamada, los conceptos de violación aducidos en el presente amparo resultan inoperantes, porque aún en el caso de que fueran fundados, no bastarían para el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los motivos sustentados en el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste, al no destruirse todos los argumentos expuestos por la responsable para apoyar su determinación. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la tesis de número de registro 193286, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página 782, del rubro siguiente: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE SOSTIENEN QUE EL JUEZ DE DISTRITO OMITIÓ EXAMINAR UN CONCEPTO DE VIOLACIÓN, CUANDO ÉSTE EXPRESÓ RAZONES PARA DEJAR DE ANALIZARLO, Y EL RECURRENTE SE ABSTIENE DE CONTROVERTIR TALES RAZONAMIENTOS." Sirve de sustento también la Jurisprudencia de la Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro 169974, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 376 de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA." Así como la Jurisprudencia de número de registro 209202, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 86, Febrero de 1995, página 25 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA." Por lo tanto, ante la inoperancia de los conceptos de violación plasmados, se debe de negar el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo: Por lo anteriormente expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a JOSÉ MOISES PONCE MÉNDEZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos indicados en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy quince de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada el auto y/o resolución que en lo conducente dice: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 295/2019-III, promovido por JOSÉ MOISES PONCE MÉNDEZ. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el seis de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia común a los Juzgados de Distrito, y turnada al día siguiente a este Juzgado Federal, JOSÉ MOISES PONCE MÉNDEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, se radicó y se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, precisa que lo que la parte quejosa reclama del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos es: La resolución de once de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de revocación ESAF/DGJ/RR/001/08-05. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo informó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente ESAF/DGJ/RR/001/18-05, que acompañó a su informe (anexos I al V), a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizadas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que, además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Al no existir causal de improcedencia hecha valer, ni el suscrito advertir que se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión planteada. En primer lugar se precisara que en el caso en estudio no es dable la suplencia de la queja deficiente, puesto que el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae el artículo 123 constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), por lo que no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, registro: 2013378, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página: 705, del siguiente rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL." Son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, por los motivos que se expondrán: Antes de abordar el estudio del acto reclamado, se relatarán sus antecedentes. 1.- El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, radicó el procedimiento administrativo de responsabilidades incoado en contra de JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ, con el número ESAF/DGJ/PAR/040/08-16, y, ordenó su emplazamiento (fojas 400 a 402 anexo V). 2.- Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ, dio contestación al procedimiento administrativo incoado en su contra y como medios de convicción ofreció la prueba pericial en materia de contabilidad a cargo del contador público Jesús Arturo Guerrero Ordoñez, la pericial en materia de ingeniería a cargo del Ingeniero Pedro Reyes Salgado, la instrumental de actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana . 3.- Una vez desahogados los medios de convicción, el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se resolvió el procedimiento administrativo en cuyos puntos se determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Se declara que existen los elementos suficientes para fincar responsabilidad administrativa al ciudadano JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ, en su carácter de sujeto de responsabilidad, al haber sido Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, respecto de las observaciones NÚMEROS: 9, 10, 11, 12, 16, 24, 25 y 26, por lo que se le impone la sanción administrativa consistente en SUSPENSIÓN DE CIENTO VEINTE DÍAS en el cargo de Presidente Municipal de Puente de Ixtla [.] SEGUNDO.- Se declara que existen los elementos suficientes para absolver de responsabilidad resarcitoria al ciudadano JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ [.] TERCERO.- Se declara que existen elementos suficientes para fincar responsabilidad resarcitoria al ciudadano JOSÉ MOISÉS PONCE MÉNDEZ, en su carácter de sujeto de responsabilidad, al haber sido Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, en el Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, respecto de las observaciones NÚMEROS: 2, 3, 4, y 13, por las razones expuestas en los considerandos SEXTO, SÉPTIMO Y UNDÉCIMO del presente fallo, en consecuencia se le impone la sanción resarcitoria en el reintegro de las cantidades observadas de $672, 408.99 (seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos ocho pesos 99/100 M.N.), $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), $162,252.62 (ciento sesenta y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos 62/100 M.N.), y $42,155.00 (cuarenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), respectivamente [.]". (Fojas 565 a 599 anexo V). 3.- Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, JOSÉ MOISES PONCE MÉNDEZ, interpuso recurso de revocación en contra de la resolución definitiva de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el cual quedó radicado con el número ESAF/DGJ/RR/001/18-05 y fue resuelto el once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 39 a 78 y 93 a 99 del cuaderno principal), siendo esta última resolución el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Se puntualizan los conceptos de violación que expuso el quejoso en su escrito inicial de demanda. Sostiene que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: La autoridad responsable no funda las razones por las cuales considera improcedentes e infundados los agravios planteados en el recurso de revocación. Que la responsable dejó de aplicar los artículos 105 y 490 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, violentado así como los principios de congruencia y exhaustividad, al dejar de analizar la totalidad de los agravios expuestos en el recurso de revocación, limitándose a manifestar que eran improcedentes e infundados, sin tomar en consideración lo siguiente: Por cuanto a la observación resarcitoria NUMERO 02, CUENTA DE BALANCE, RESARCITORIA, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR NO COMPROBADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO y OBSERVACIÓN NÚMERO 3, CUENTA DE BALANCE RESARCITORIA, PROPIOS, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR NO REINTEGRADOS O COMPROBADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO. La autoridad ahora responsable no tomó en consideración que el Auditor Superior del Congreso del Estado de Morelos, al momento de dictar la resolución definitiva de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dejó de observar que no se fundó ni motivo la procedencia planteada en tal resolución. Por cuanto a las observaciones NÚMERO 4, CUENTA DE BALANCE, RESARCITORIA, PROPIOS, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO y NÚMERO 13, INGRESOS, RESARCITORIA, RECURSOS PROPIOS, INGRESOS COBRADOS NO DEPOSITADOS EN LA CUENTA PÚBLICA N CONTABILIZADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE CONSULTAS (U.B.R.) DIF. La autoridad ahora responsable no analizó debidamente y de manera exhaustiva las pruebas documentales y la pericial en materia de contabilidad, en el juicio de responsabilidades. Contraviniendo en consecuencia lo previsto por el artículo 88, fracción VI de la Ley de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos. Como ya se mencionó son inoperantes los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, los cuales se analizarán en orden diverso al planteado por técnica jurídica: Resulta inoperante por novedoso el concepto de violación en el que aduce que la autoridad responsable dejó de analizar por cuanto a la observación resarcitoria NUMERO 02, CUENTA DE BALANCE, RESARCITORIA, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR NO COMPROBADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO y OBSERVACIÓN NÚMERO 3, CUENTA DE BALANCE RESARCITORIA, PROPIOS, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR NO REINTEGRADOS O COMPROBADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO: 1) Que el Auditor Superior del Congreso del Estado de Morelos, al momento de dictar la resolución definitiva de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dejó de observar que no se fundó ni motivo la procedencia planteada en tal resolución. Lo anterior es así, pues dicho agravio en el que aduce que la responsable dejó de analizar en su escrito de revocación no fue planteado en éste tal y como se puede apreciar de la lectura del escrito del recurso antes referido, por lo tanto, este juzgado federal se ve imposibilitado para analizar dicho concepto de violación, ello en atención a principio de congruencia que debe de regir toda resolución, además que en todo caso el objetivo de la revocación es que el órgano revisor examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el accionante, por lo tanto, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida en la sentencia de primer grado, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente. Sirve de sustento a lo anterior por similitud jurídica la jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 169923, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 39, del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 173077, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Materia Administrativa, página 1487, del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES POR NOVEDOSOS SI SE REFIEREN A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO FISCAL Y ELLO NO SE PLANTEÓ ANTE LA SALA DEL CONOCIMIENTO (ALCANCES DE LA TESIS 2a. LXXII/2006)." Por otra parte, son inoperantes por reiterativos e insuficientes los conceptos de violación siguientes: Que la autoridad responsable dejó de analizar los agravios plasmados en su recurso de revocación siguientes: Por cuanto a las observaciones NÚMERO 4, CUENTA DE BALANCE, RESARCITORIA, PROPIOS, SALDOS DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO y NÚMERO 13, INGRESOS, RESARCITORIA, RECURSOS PROPIOS, INGRESOS COBRADOS NO DEPOSITADOS EN LA CUENTA PÚBLICA N CONTABILIZADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE CONSULTAS (U.B.R.) DIF. Que no se analizó debidamente y de manera exhaustiva las pruebas documentales y la pericial en materia de contabilidad, en el juicio de responsabilidades. 2) Que la autoridad responsable no funda las razones por las cuales considera improcedentes e infundados los agravios planteados en el recurso de revocación Lo anterior se considera de esta manera, puesto que en la resolución de once de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Auditor General de la Entidad Superior de la Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, al resolver el recurso de revocación, en su considerando tercero estimó lo siguiente: " TERCERO.- Respecto al agravio que formula a todas y cada una de las observaciones pendientes de solventación, el cual de manera sistemática y repetitiva consiste en que "la autoridad no analizó debidamente y de manera exhaustiva LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y LAS PERICIALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD E INGENIERIA en el presente asunto". Al analizar el agravio formulado, se advierte que el ahora quejoso JOSÉ MOISES PONCE MENDEZ, durante el procedimiento administrativo de Responsabilidades, mediante su escrito de contestación y en la audiencia de Ley ofreció como pruebas la pericial en materia de Contabilidad a cargo del perito JESÚS ARTURO GUERRERO ORDOÑEZ y la pericial en materia de Ingeniería a cargo del Perito Ingeniero Civil PEDRO REYES SALGAD; así como la Presuncional y la Instrumental de Actuaciones, siendo admitidas todas las pruebas enunciadas y desahogadas en el procedimiento Administrativo de Responsabilidades, sin que exista dentro de su escrito de contestación o en la Audiencia de Ley, pronunciamiento alguno sobre las pruebas documentales que asegura el impetrante del presente Recurso haber ofrecido en copia simple, además no existe prueba documental alguna anexa a su escrito de contestación por lo que es inexistente el ofrecimiento de pruebas documentales durante el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades; en consecuencia la autoridad resolutora emitió la resolución de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, tomando en consideración los elementos de prueba que fueron ofrecidos y desahogados en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, y como consta en el contenido de la resolución ahora recurrida si fueron valoradas en consideración las pruebas que fueron ofrecidas y desahogadas, concretamente las periciales ya aludidas y la Instrumental de Actuaciones y la presuncional no así las documentales que refiere el quejoso por no haber sido ofrecidas durante el procedimiento administrativo." En necesario traer a colación, que de la lectura del recurso de revocación incoado en contra de la resolución de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se advierte en su texto lo siguiente: ". la autoridad no analizó debidamente y de manera exhaustiva "LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y LA PERICIAL EN MATERIA DE CONTABILIDAD", en el presente asunto, pues contrario a lo que sostiene si tienen valor y eficacia probatoria para solventar la observación de mérito, no obstante que las mismas no hayan sido exhibidas en copia certificada por el suscrito sino que únicamente obran en copia simple, y que no hayan sido perfeccionadas por su oferente, toda vez que en virtud de que dichas documentales no fueron objetadas por la propia autoridad, las mimas fueron admitidas y surtieron efectos como si fuere o hubiere sido reconocidas expresamente, haciendo prueba plena en todas sus partes." Es decir, se advierte que la pretensión del accionante es que la documentales aducidas en su escrito y a las cuales manifestó no se les otorgó valor probatorio, aún y cuando fueron exhibidas en fotocopia simple, al no ser objetadas y admitidas sean reconocidas expresamente haciendo prueba plena, las que considera suficientes para solventar las observaciones. Sin embargo, de la lectura de la resolución combatida por medio del presente juicio de amparo, se advierte que la autoridad responsable sintetizó los agravios expuestos en el recurso de revocación de la siguiente manera: Que la autoridad de primera instancia no analizó debidamente y de manera exhaustiva LAS PRUEBAS DOCUMENTALES Y LAS PERICIALES EN MATERIA DE CONTABILIDAD E INGENIERIA Y de manera toral argumentó que JOSÉ MOISES PONCE MENDEZ, durante el procedimiento administrativo de responsabilidades, solo ofreció como pruebas las periciales en materia de Contabilidad y en materia de Ingeniería; así como la Presuncional y la Instrumental de Actuaciones, las que fueron admitidas y desahogadas en el procedimiento Administrativo de Responsabilidades, sin que exista pronunciamiento alguno sobre las pruebas documentales que asegura haber ofrecido en copia simple, y que por lo tanto, la autoridad resolutora no las valoró en la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho por no haber sido ofrecidas durante el procedimiento administrativo. Es decir la responsable si bien tiene la obligación de abordar el estudio de los agravios expuestos por el recurrente, en el caso en concreto expuso el motivo por el cual consideraba relavado de analizar el punto puesto a su consideración, dado que, concluyó que las pruebas documentales referidas por el ahora quejoso, no fueron ofrecidas dentro del procedimiento administrativo. Y en ese tenor, el impetrante de amparo debió de invocar las causas y fundamentos legales por los que considera que la autoridad responsable debe ceder al razonamiento expuesto para dejar de analizar el agravio plasmado, lo que en la especie no aconteció, dado que se limitó a reiterar que dichas probanzas no habían sido valoradas, y por ello dejó de combatir las razones que sin prejuzgar, expuso la autoridad responsable al respecto. En ese sentido, si no existe base de contraste para que suscrito juzgador quede en aptitud de pronunciarse sobre tal particular, se hacen inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. En ese mismo sentido, también resulta inoperante el restante concepto de violación formulado en el sentido que la responsable no fundó las razones por las que calificó de improcedente e infundados los agravios expuestos; lo anterior es así, sobre la base que con dicho argumento en realidad prescindió de argumentar y justificar los motivos por los cuales a su consideración éstos resultaban aptos y suficientes para el dictado de una resolución favorable en el recurso de revocación de que se trata y al no actualizarse la suplencia de la queja, no es dable emprender un análisis oficioso del asunto, encontrándose impedido el suscrito en verificar la idoneidad y legalidad de la totalidad de los motivos plasmados por la responsable en el fallo combatido. Por tanto al no ser controvertidas la totalidad de las consideraciones legales expuestas en la resolución reclamada, los conceptos de violación aducidos en el presente amparo resultan inoperantes, porque aún en el caso de que fueran fundados, no bastarían para el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los motivos sustentados en el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste, al no destruirse todos los argumentos expuestos por la responsable para apoyar su determinación. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la tesis de número de registro 193286, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página 782, del rubro siguiente: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE SOSTIENEN QUE EL JUEZ DE DISTRITO OMITIÓ EXAMINAR UN CONCEPTO DE VIOLACIÓN, CUANDO ÉSTE EXPRESÓ RAZONES PARA DEJAR DE ANALIZARLO, Y EL RECURRENTE SE ABSTIENE DE CONTROVERTIR TALES RAZONAMIENTOS." Sirve de sustento también la Jurisprudencia de la Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro 169974, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 376 de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA." Así como la Jurisprudencia de número de registro 209202, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 86, Febrero de 1995, página 25 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA." Por lo tanto, ante la inoperancia de los conceptos de violación plasmados, se debe de negar el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo: Por lo anteriormente expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a JOSÉ MOISES PONCE MÉNDEZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos indicados en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy quince de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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