Jose Martinez Martinez
Expediente 10/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Martinez Martinez
- Director de Ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de febrero de dos mil veintidós Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, sin que obre algún documento que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, toda vez que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo se concedió la suspensión definitiva; archívese por separado el cuaderno original del referido incidente, con la indicación de que es susceptible de susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres años): conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; así como, de ser el caso, los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En el mismo orden de ideas, con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asunto de no relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Devolución de anexo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Jueza en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, el anexo que remitió como justificación a su informe de ley. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Publico de la Adscripción.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Martínez Martínez, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por José Martínez Martínez, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando tercero de la presente resolución, para los efectos expuestos en el diverso cuarto.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta rendido por la Jueza en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la responsable, las documentales que anexó a su oficio de cuenta, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente impreso, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo. Atendiendo a lo anterior y que mediante acuerdo general 21/2020, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, adoptando un esquema de trabajo que solo permite el acceso del personal con una plantilla reducida de manera presencial. Destacándose que en conformidad con los lineamientos establecidos en dichos acuerdos, debe privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias y como consecuencia de ello, únicamente se tiene permitido acudir a las instalaciones del juzgado con plantilla reducida, para tal fin. En ese tenor ante la imposibilidad de digitalizar en tales circunstancias el anexo que acompañó la autoridad responsable, a su oficio de cuenta, con el mismo fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Para lo cual habrán de presentarse las partes en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar de las autoridades responsables la falta de emplazamiento a juicio así como la ejecución que se pretende dar a las órdenes de embargo dictadas en su contra; ello sobre la base de que no ha sido llamado a juicio, por lo que se ostenta tercero extraño al controvertido de origen, asimismo, en el capítulo de hechos que vierte bajo protesta de decir verdad refiere "..EL SUSCRITO DESCONOCE JUICIO ALGUNO QUE SE ESTE LLEVANDO EN SU CONTRA." Precisado lo anterior, la suscrita considera que en el presente caso se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del artículo 107, interpretada en sentido contrario a su texto, ambas disposiciones de la Ley de Amparo, las cuales son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". De las normas transcritas deriva la regla de procedencia del juicio de amparo que atañe a las personas que se ostentan extrañas al procedimiento, entendiéndose por éstos a quienes son distintos de los sujetos de la controversia que se ventila, por lo tanto, la idea de tercero extraño es opuesta a la de parte procesal; es decir, es aquella persona que no ha figurado en el juicio de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, quien siendo formalmente parte en el juicio, no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente, de modo que ya no esté en posibilidad de defenderse en dicho procedimiento; a esta última se le ha reconocido como persona extraña al juicio por equiparación. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia número P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, aplicable en términos del Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, el evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que desconocen las actuaciones del juicio, lo que les impidió acudir a tal procedimiento en defensa de sus intereses. Ello es así porque en las jurisprudencias 2a./J.47/2011 (10a.) y 1a./J.67/2013 (10a.), la Segunda y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron, esencialmente, que para que el promovente del amparo pierda el carácter de extraño al juicio con que se ostenta, basta que antes de que se dicte sentencia tenga conocimiento completo y exacto del juicio seguido en su contra, pues en ese caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. Dichos criterios son del contenido siguiente: Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2000293, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, tesis 2ª./J 47/2011 (10ª.), página 1627, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2004274, Primera Sala, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.), página: 729, del contenido siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Jurisprudencias que son aplicables al caso aun cuando en las ejecutorias correspondientes se examinó el supuesto de procedencia del juicio, previsto en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada, pues dicho numeral es idéntico al diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que ambos contemplan la procedencia del medio de control constitucional en caso de personas extrañas. En este asunto, el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio de origen, y para ello señala como acto reclamado la falta de emplazamiento a juicio así como la ejecución que se pretende dar a las órdenes de embargo dictadas en su contra; se afirma que el ahora inconforme se ostenta tercero extraño al controvertido del cual deriva el acto reclamado, toda vez que aduce que nunca ha sido llamado a juicio, sin embargo, no hay constancia en autos de que haya concluido dicho procedimiento jurisdiccional, sino por el contrario, está justificado que el mismo se encuentra en trámite. En efecto, de las copias certificadas de los autos del juicio ejecutivo mercantil 515/2021, remitidas por la Jueza en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, a su informe de ley, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en el Juzgado Primero Mercantil del Estado de San Luis Potosí, Luis Juárez Jaimes, endosatario en procuración de José de Jesús Martínez Larraga, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, al ahora quejoso José Martínez Martínez, por el pago de diversas prestaciones. 2. Previa incompetencia legal decretada por el referido juez mercantil, por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Especializado en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, se avocó al conocimiento del asunto y admitió a trámite la aludida demanda, ordenándose requerir al aquí quejoso por el pago inmediato de las prestaciones reclamadas, o en su defecto, por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes para cubrir las mismas. 3. De conformidad con las constancias de autos, se advierte que obran dos razones actuariales en las que advierte que el diligenciario adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado, informa la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia encomendada toda vez que nadie atendió su llamado. De lo expuesto se advierte que en contra del aquí quejoso se encuentra instado el juicio ejecutivo mercantil 515/2021, del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, el cual se admitió por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, en el que requirió a la parte demandada por el pago inmediato de las prestaciones reclamadas, o en su defecto, por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes para cubrir las mismas, sin que se haya logrado su emplazamiento a dicho controvertido, y por tal motivo no se ha dictado sentencia definitiva, ni existe resolución que ponga fin a éste. Sobre tales bases ante el hecho de que el quejoso aún no ha sido emplazado al juicio de origen y que no se ha dictado sentencia o resolución que ponga fin a éste, es indiscutible que a la solicitante del amparo no le asiste el carácter de tercero extraño, ni siquiera por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 515/2021, del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, pues al ser parte formal del procedimiento y tener conocimiento del mismo, así como del estado en que este se encuentra, es claro que está en aptitud jurídica, una vez que se apersone, de deducir sus derechos. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a), ya transcrita, intitulada: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)". Y siendo ello así, es evidente que en el caso no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, acorde con la diversa jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), igualmente ya reproducida bajo el rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA". En este orden de ideas, toda vez que la parte aquí quejosa estima contar con interés jurídico sobre el juicio de origen, y que además, dicho juicio aún se encuentra en trámite; entonces, por tal razón, no le asiste el carácter de tercero extraño, ni siquiera por equiparación; y por ello los actos reclamados consistentes en el auto de exequendo, así como la orden de embargo de bienes de su propiedad, admiten ser reclamados a través del medio ordinario de defensa ante la autoridad responsable o mediante el juicio constitucional que se llegue a promover en su oportunidad. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis II.T.39 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, página 1603, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER EL QUEJOSO QUE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO ANTES DE QUE SE EMITA LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO EN EL JUICIO NATURAL Y, EN TAL VIRTUD, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO. Cuando el demandado en el juicio natural promueve amparo indirecto contra la falta o ilegalidad del emplazamiento antes de que se emita sentencia definitiva o laudo, no puede tenérsele como persona extraña a juicio por equiparación, pues esta figura, creada jurisprudencialmente con apoyo en una aplicación analógica del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, a fin de darle oportunidad al quejoso de aportar pruebas durante el juicio biinstancial para acreditar tal omisión o defecto, presupone que ya se hubiere dictado en su contra sentencia definitiva o laudo condenatorio. Lo anterior se fundamenta en que la mencionada figura jurídica tiene su justificación en la violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, si ordinariamente el único acto privativo que ameritaría que el demandado fuese oído y vencido en juicio es la sentencia definitiva o laudo condenatorio dictado en su contra, y éste no se ha emitido, es improcedente entrar al estudio del fondo del asunto, esto es, examinar si realmente no fue emplazado o si lo fue defectuosamente, pues aunque ello se evidenciara, no se haría aún patente la inobservancia a la citada garantía de audiencia y, por ende, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 114, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia analizada con antelación, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la citada legislación, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, por las consideraciones ya expuestas. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Director de Ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ya que no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar del acto reclamado a la autoridad judicial responsable, y como ya se vio, en contra de éste procede sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en su anterior integración, visible en la página 339, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseer por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Asimismo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los Jueces Primero, Segundo y Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, y Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Ramo Mercantil de esta ciudad, ya que al rendir sus informes de ley negaron la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la jurisprudencia 1a./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado, es atribuible únicamente a otra autoridad, como en el caso particular acontece. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos los informes previos de cuenta rendidos por la Jueza Primero del Ramo Civil y Juez Tercero del Ramo Civil; con sus contenidos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Asimismo, ténganse al Juez Tercero del Ramo Civil por proporcionando como correo electrónico institucional para hacerle llegar las notificaciones que así sean ordenadas el que señala. En ese tenor, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se deban realizarse a la autoridad responsable, se lleven a cabo a través de los correos electrónicos proporcionados, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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