José Martínez Martínez
Expediente 619/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Martínez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído dictado en este juicio el veinte de junio de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho acuerdo que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devolución de anexos. Devuélvase al Juez de Oralidad Mercantil en esta ciudad, el tomo de pruebas que acompañó como justificación a su informe de ley. Archivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el veinte de junio de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Valoración del incidente. Toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, en el cual por un lado se negó, y por el otro se concedió la suspensión definitiva; archívense el cuaderno incidental por separado, en el entendido de que es susceptible de ser conservable, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, deberá de transferirse y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se desprende que el plazo de quince días que le fue otorgado a la parte quejosa ***, mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, para que manifieste si formula nuevos conceptos de violación, y en su caso si impugna alguna actuación no reclamada inicialmente, el informe del Juez de Oralidad Mercantil en esta ciudad u objeta constancia alguna relativa al juicio ejecutivo mercantil oral 515/2021, concluyó sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto, no obstante de haber sido debidamente notificado. Efectivo apercibimiento. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa decretado en el indicado auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, de manera que se ordena continuar la tramitación del presente juicio de amparo en la manera en que fue planteado inicialmente Precisión de actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil 515/2021, la orden de embargo en su contra y su ejecución. Actualización de causa de improcedencia. La suscrita considera que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI en relación con la fracción X, de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otra juicio de amparo, siempre y cuando se haya promovido por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, salvo que se trate de normas generales. Para evidenciar por qué se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia mencionada, resulta conveniente informar lo ocurrido en el juicio constitucional 10/2022-II, del índice de este juzgado, el cual se invoca como hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Conforme a las constancias que obran en dicho asunto se advierte que José Martínez Martínez promovió juicio de amparo en contra de los actos reclamados del Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado y el acto se precisó como: "la falta de emplazamiento a juicio así como la ejecución que se pretende dar a las órdenes de embargo dictadas en su contra; ello sobre la base de que no ha sido llamado a juicio, por lo que se ostenta tercero extraño al controvertido de origen, asimismo, en el capítulo de hechos que vierte bajo protesta de decir verdad refiere "..EL SUSCRITO DESCONOCE JUICIO ALGUNO QUE SE ESTE LLEVANDO EN SU CONTRA." El diecisiete de enero de dos mil veintidós, se sobreseyó el juicio fuera de audiencia. La determinación anterior causó estado el ocho de febrero de dos mil veintidós. Ahora bien, como ya se precisó, en el presente asunto también se reclama por parte de José Martínez Martínez, la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil 515/2021, la orden de embargo en su contra y su ejecución. En virtud de lo anterior, resulta evidente que se encuentra acreditada la causa de improcedencia aludida, virtud de que el acto aquí reclamado ya fue materia de una ejecutoria emitida en diversos juicio de amparo y 1) ambos juicios se promovió por el mismo quejoso, 2) contra las mismas autoridades responsables y 3) por el mismo acto reclamado, a saber, la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil 515/2021, la orden de embargo en su contra y su ejecución. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo la causa de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XI en relación con la fracción X y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el día de la fecha, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". A mayor abundamiento, debe decirse que de autos se advirtió la participación en los actos reclamados de Sergio Severo Portales Pérez, Actuario Judicial adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, quien fue el que llevó a cabo el emplazamiento que se reclama en el presente juicio. En tales condiciones, en todo caso sería a ésta autoridad a quien correspondería el carácter de responsable del emplazamiento reclamado por ser quien lo realizó; sin embargo no fue designado como tal en el presente juicio por la parte quejosa. Aspecto sobre el cual cabe precisar que -en el trámite del presente asunto- al advertirse de las constancias que remitió el Juez responsable, la participación del actuario en cuestión, esta juzgadora mediante acuerdo de veintitrés de mayo del presente año, previno a la parte quejosa a fin de que en el plazo de quince días manifestara si era su voluntad señalarlo como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se continuaría la tramitación del juicio de amparo en la manera en que estaba planteado, el cual se ordenó notificarle personalmente, lo cual se llevó a cabo, sin que haya comparecido a señalarlo como responsable. Ante la omisión de la parte quejosa en dar cumplimiento a dicho requerimiento, en esta fecha se le hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó. En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la parte impetrante omitió señalar a la autoridad a quien le recae el carácter de responsable ejecutora de la diligencia de emplazamiento reclamada. En consecuencia, existe imposibilidad material para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues la autoridad a quien recae el carácter de responsable ejecutora no fue señalada con esa investidura por la conducta omisiva de la quejosa, con lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la invocada ley. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la tesis aislada 2a. CLXIV/98, con número de registro 194684, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Y, la jurisprudencia 468, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 511 del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, Octava Época, Materia Común, Registro 1002534, de epígrafe y contenido siguientes: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno.". Notifíquese por medio de lista; personalmente a la parte quejosa y tercero interesada y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se desprende que el plazo de quince días que le fue otorgado a la parte quejosa ***, mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, para que manifieste si formula nuevos conceptos de violación, y en su caso si impugna alguna actuación no reclamada inicialmente, el informe del Juez de Oralidad Mercantil en esta ciudad u objeta constancia alguna relativa al juicio ejecutivo mercantil oral 515/2021, concluyó sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto, no obstante de haber sido debidamente notificado. Efectivo apercibimiento. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa decretado en el indicado auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, de manera que se ordena continuar la tramitación del presente juicio de amparo en la manera en que fue planteado inicialmente Precisión de actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil 515/2021, la orden de embargo en su contra y su ejecución. Actualización de causa de improcedencia. La suscrita considera que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI en relación con la fracción X, de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otra juicio de amparo, siempre y cuando se haya promovido por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, salvo que se trate de normas generales. Para evidenciar por qué se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia mencionada, resulta conveniente informar lo ocurrido en el juicio constitucional 10/2022-II, del índice de este juzgado, el cual se invoca como hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Conforme a las constancias que obran en dicho asunto se advierte que José Martínez Martínez promovió juicio de amparo en contra de los actos reclamados del Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado y el acto se precisó como: "la falta de emplazamiento a juicio así como la ejecución que se pretende dar a las órdenes de embargo dictadas en su contra; ello sobre la base de que no ha sido llamado a juicio, por lo que se ostenta tercero extraño al controvertido de origen, asimismo, en el capítulo de hechos que vierte bajo protesta de decir verdad refiere "..EL SUSCRITO DESCONOCE JUICIO ALGUNO QUE SE ESTE LLEVANDO EN SU CONTRA." El diecisiete de enero de dos mil veintidós, se sobreseyó el juicio fuera de audiencia. La determinación anterior causó estado el ocho de febrero de dos mil veintidós. Ahora bien, como ya se precisó, en el presente asunto también se reclama por parte de José Martínez Martínez, la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil 515/2021, la orden de embargo en su contra y su ejecución. En virtud de lo anterior, resulta evidente que se encuentra acreditada la causa de improcedencia aludida, virtud de que el acto aquí reclamado ya fue materia de una ejecutoria emitida en diversos juicio de amparo y 1) ambos juicios se promovió por el mismo quejoso, 2) contra las mismas autoridades responsables y 3) por el mismo acto reclamado, a saber, la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil 515/2021, la orden de embargo en su contra y su ejecución. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo la causa de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XI en relación con la fracción X y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el día de la fecha, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". A mayor abundamiento, debe decirse que de autos se advirtió la participación en los actos reclamados de Sergio Severo Portales Pérez, Actuario Judicial adscrito al Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, quien fue el que llevó a cabo el emplazamiento que se reclama en el presente juicio. En tales condiciones, en todo caso sería a ésta autoridad a quien correspondería el carácter de responsable del emplazamiento reclamado por ser quien lo realizó; sin embargo no fue designado como tal en el presente juicio por la parte quejosa. Aspecto sobre el cual cabe precisar que -en el trámite del presente asunto- al advertirse de las constancias que remitió el Juez responsable, la participación del actuario en cuestión, esta juzgadora mediante acuerdo de veintitrés de mayo del presente año, previno a la parte quejosa a fin de que en el plazo de quince días manifestara si era su voluntad señalarlo como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se continuaría la tramitación del juicio de amparo en la manera en que estaba planteado, el cual se ordenó notificarle personalmente, lo cual se llevó a cabo, sin que haya comparecido a señalarlo como responsable. Ante la omisión de la parte quejosa en dar cumplimiento a dicho requerimiento, en esta fecha se le hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó. En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la parte impetrante omitió señalar a la autoridad a quien le recae el carácter de responsable ejecutora de la diligencia de emplazamiento reclamada. En consecuencia, existe imposibilidad material para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues la autoridad a quien recae el carácter de responsable ejecutora no fue señalada con esa investidura por la conducta omisiva de la quejosa, con lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la invocada ley. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la tesis aislada 2a. CLXIV/98, con número de registro 194684, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Y, la jurisprudencia 468, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 511 del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, Octava Época, Materia Común, Registro 1002534, de epígrafe y contenido siguientes: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno.". Notifíquese por medio de lista; personalmente a la parte quejosa y tercero interesada y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Suplente de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en San Luis Potosí, de la Fiscalía General de la República, a través del cual manifiesta que en la plantilla del personal pericial no se cuenta con la especialidad en topografía. Requerimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de la materia, requiérase al Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el numeral 297, fracción II, del código procesal referido, de aplicación supletoria a la ley de la materia, informe si en alguna facultad académica de esa Institución se cuenta con un perito en topografía, y de ser así, proporcione el nombre del mismo que pueda fungir como perito oficial por parte de este órgano jurisdiccional, el cual pueda dar respuesta al planteamiento referente a la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa, remitiéndole, para su mejor entendimiento, copia del mismo, a fin de que se imponga respecto del extremos de dicha solicitud. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista y por oficio al Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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