Jose Martin Rodriguez Guerrero

Expediente 485/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
485/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Jose Martin Rodriguez Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho acuerdo que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a la autoridad responsable esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obren documentos presentados por las partes que por sus características deban ser devueltos. No relevancia documental. En otro orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 371/2021/M-3. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del informe justificado rendido por la responsable y su anexo, se advierte que con relación a dicha omisión se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, del informe justificado rendido por la responsable y anexo, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el veintinueve de abril del año en curso, señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral 371/2021/M-3, cuya omisión de señalar se reclama en este juicio de la autoridad responsable. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demostró que señaló fecha y hora para llevar a cabo la multicitada audiencia en el juicio laboral 371/2021/M-3, cuya falta de hacer se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión en estudio ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para el veintisiete de mayo del año que transcurre.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no fue posible desahogar la diligencia de muestreo caligráfico programada para las once horas con cinco minutos del tres de mayo del año en curso, por los motivos ahí expuestos. Fija nueva fecha y hora para realizar muestreo caligráfico. En virtud de lo anterior, se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que Juan Pablo Ruiz Arriaga, se presente en las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito, sito en calle Palmira número 905, Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, ala "B", 5° piso, de esta ciudad, con credencial para votar, a efecto de que estampe las ocasiones que sea necesario las firmas que se considerarán como indubitables. Apercibimiento. Apercíbase al tercero interesado Juan Pablo Ruiz Arriaga, y a la perito oficial Minerva Adriana Hernández Orta, para que en caso de que no comparezcan el día y hora fijado, el omiso se hará acreedor a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y la diversa tercera interesada Miriam Alesi Rojas Maya, que aun cuando no comparezcan, incluso William Abraham Avalos Verdin, perito designado por esta última, la diligencia de muestreo caligráfico se llevará a cabo ante la presencia del perito oficial. Comisión al actuario judicial. Con fundamento en el artículo 6, fracción I1, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la 1 "Artículo 6. Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables. Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que proceda de inmediato a ingresar al Portal de Servicios en Línea, y genere una cita a nombre de los terceros interesados Juan Pablo Ruiz Arriaga y Miriam Alesi Rojas Maya, de la quejosa Dulce Iveth Martínez Díaz, y de los peritos William Abraham Avalos Verdin y Minerva Adriana Hernández Orta, desde la modalidad del programa "Agenda OJ", para que estén posibilidad de comparecer a las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, e imprima el código QR que expida dicho sistema. En caso de no haber citas disponibles para esa fecha y hora deberá informarlo al suscrito a través de la razón correspondiente. Hecho lo anterior, dentro del plazo que otorga la Ley de Amparo, el citado actuario deberá notificar a las partes quejosa y tercera interesada el presente proveído, y en caso de que esto acontezca electrónicamente o personalmente, tendrá que entregar los aludidos códigos QR a la persona con la cual lleve la diligencia. En caso de dejar citatorio o aviso y éste se notifique por lista, el código QR se dejará en el acceso principal del edificio que ocupa este órgano jurisdiccional, y deberá dar aviso a la administración del mismo con la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia en comento, de modo que las partes quejosa y tercera interesada, así como los atestes referidos, puedan ingresar para el desahogo de la diligencia en comento. e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. f) La o el titular deberá determinar los casos en que los citatorios a una de las partes deban notificarse a las otras partes, para que, si así lo desean, puedan presenciar dicha comparecencia a través de videoconferencia". De todo lo cual el actuario judicial de la adscripción deberá asentar la razón correspondiente, así como agregar al expediente una impresión del código QR que el sistema expida. Requerimiento a la perito oficial. Previo a imponer la multa con la que se apercibió a la perito oficial Minerva Adriana Hernández Orta, en auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, requiérase a ésta para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, informe el o los motivos por los cuales no asistió a la diligencia de muestreo caligráfico programada para el tres de mayo del año en curso, y exhiba copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Transcurrido el plazo referido, dese nueva cuenta con el estado de autos a efecto de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a las partes que corresponda; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo Familiar en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento con la suspensión definitiva dictada en el presente juicio. En efecto, manifiesta que ante la imposibilidad de hacer presente a la menor E.N.M.P. se determinó que las convivencias se efectúen provisionalmente en la modalidad a distancia, a través de los medios de comunicación disponibles y a los que puedan tener fácil acceso, como video llamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, los días sábados y domingos en el horario de las doce horas a las trece horas, a efecto de que puedan mantener comunicación continúa con la menor. Vista. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

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