José Martín Medina Martínez

Expediente 1582/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1582/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • José Martín Medina Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguense el oficio signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo instada por José Martín Medina Martínez. Atento a lo anterior, archívese el presente cuadernillo como concluido, previas las anotaciones respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado al tribunal de alzada.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Intégrese el oficio de la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo de las constancias remitidas con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado de distrito, respecto de la demanda instada por José Martín Medina Martínez; asimismo, informa que la registro con el número amparo directo civil 762/2018, y que se reservó aceptar la competencia declinada hasta en tanto las autoridades responsables en dicho juicio remitan sus respectivos informes justificados; situación de la cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Agréguese el oficio telegráfico del superior jerárquico de las autoridades responsables, que en respuesta a lo requerido el dos de octubre último, informa que las conminó a cumplir la ejecutoria constitucional. Se está en espera del acatamiento al fallo protector, o bien a que fenezca el plazo otorgado por auto de dos de los cursantes.

  4. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO POR MEDIO DE LISTA: "RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por José Martín Medina Martínez, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1582/2018-I-C. ACTO RECLAMADO. Del análisis al escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama del Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad, lo siguiente: La sentencia definitiva de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de tercería excluyente de dominio, derivado del juicio ejecutivo mercantil 1166/2014, de su índice. INCOMPETENCIA. En consecuencia, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de grado; en virtud de que en términos del 170 de la Ley de Amparo, el competente para conocer del mismo es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Dicho precepto señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. (.)". En el caso, la parte quejosa reclama la sentencia definitiva de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de tercería excluyente de dominio, derivado del juicio ejecutivo mercantil 1166/2014, del índice del Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; por lo que, en términos del citado precepto, se concluye que en contra de la resolución reclamada procede el amparo directo. Se afirma lo anterior, atendiendo a que las tercerías excluyentes de dominio, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que se tramiten en forma incidental, pues ello sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que deciden un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Aunado a que el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo; así como las resoluciones que le pongan fin sin decidirlo en lo principal. Como se observa, se trata de una sentencia que resolvió la tercería excluyente de dominio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 126/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo." Así como, por las consideraciones que expone, la tesis II.1o.C.148 C, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE EN AQUÉLLA SE DICTE, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Si en juicio ejecutivo mercantil ocurre como parte interesada un tercero, por afectársele un determinado derecho y, por ello, promueve tercería excluyente de dominio, aun cuando su procedimiento se tramite por cuerda separada en relación con el juicio natural, ello sólo significa que por la naturaleza de su tratamiento procedimental, la resolución que decide el fondo de la misma tiene el carácter de interlocutoria, pues si ahí se resolvió sobre la procedencia o improcedencia de esa tercería, tal fallo debe considerarse como una sentencia definitiva por haberse resuelto el fondo de esa cuestión. Por tanto, el fallo que al respecto se pronuncie sólo puede combatirse a través del amparo directo o uniinstancial." Máxime, que la actual concepción de sentencias definitivas por el citado precepto 170 de la Ley de Amparo vigente, se entiende como las que "... decidan el juicio en lo principal ..." y por resolución que pone fin al juicio "... las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido ...", sin que en esta nueva norma se exija como elemento, que se interponga el recurso correspondiente, pues ya no lo prevé así como la legislación reglamentaria de la materia al presente abrogada, el cual sólo impacta a la procedencia del juicio, en términos del propio artículo 170, fracción I, párrafo segundo. Bajo esa óptica, y ante esta nueva concepción tanto de sentencia definitiva como de resolución que pone fin al juicio, la competencia para conocer de éstas cuando no han sido impugnadas mediante el recurso procedente, se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito y no de un Juez de Distrito, tal como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis Tesis II.2o.C.4 K (10a), que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Por tales motivos, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee; en consecuencia, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando el acuse de recibo correspondiente y de no tener inconveniente legal alguno comunique su determinación. ANOTACIONES. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En relación al autorizado que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles."

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