José Martínez Gómez
Expediente 1938/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1938/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2017
Partes del expediente
- José Martínez Gómez
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio del Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito por medio del cual remite los autos del juicio de amparo indirecto 1938/2016-III-A y testimonio de la ejecutoria emitida en la queja 30/2017, en la cual se determinó: "ÚNICO. Se confirma el acuerdo recurrido." Acúsese el recibo correspondiente; glósense sólo las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes motivo del recurso de queja. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito de los autorizados del impetrante, por el cual interpone queja contra el auto que desechó la demanda. Con fundamento en los artículos 97 fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito de agravios y el cuaderno principal. Háganse las anotaciones respectivas y fórmese el cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/8623/2016, de trece de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido del secretario Fernando Saldaña Meneses, que da fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda promovida por José Martínez Gómez, regístrese la demanda bajo el número 1938/2016-III-A. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. De una lectura íntegra al escrito que se atiende, se aprecia que la parte quejosa señala sustancialmente como acto reclamado, el siguiente: El oficio OSFEM/UAJ/SCA/DAL/1742/2016, folio 17614/2016, de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por el Titular del órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por medio de la que dio contestación al escrito presentado por el quejoso el ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Sobre el particular, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa emitió cumplir el principio de definitividad. Dicho precepto señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)--------XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.-----------------------------------------------------------------------------No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. -----------------------------------------------Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El texto del precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél. Para tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. ACTO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que evidentemente no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; pues se trata de autoridad estatal, de ahí que se colme el primer requisito en comento. PROCEDENCIA DE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra los actos reclamados proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. Los artículos 1°, fracción II, y 229, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en su texto vigente, prevén lo siguiente: "Artículo 1°. Para efectos del presente Código, se entenderá por:--"II. Autoridad: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales;(.).----------------------------------------------------------------- Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:(.)---------------------------------------------------------------III. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación;" De la interpretación armónica de los numerales transcritos se desprende que son susceptibles de impugnarse mediante el juicio contencioso, los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. Por consiguiente, es palmario que contra el acto aquí reclamado procede el juicio contencioso administrativo, toda vez que fue realizado por autoridad estatal; por tanto, con el medio ordinario de defensa está en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que combate, de ahí que se colme el segundo requisito. IGUALDAD DE REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN Respecto al tercer requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho; así fue plasmado en la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2015, y al efecto emitió la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." En las relatadas condiciones, como la Ley de Amparo y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados; debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad, dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, como se explicó en los párrafos anteriores. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO Por otra parte, en relación a la excepción al principio de definitividad, cuando se reclame violaciones directas a la Constitución Federal; dicha situación no acontece, dado que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que alega como vicios principales la legalidad que a su juicio ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución, por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias. En el entendido que, no se puede dejar al arbitrio del quejoso determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega el quejoso pudieron ser materia de análisis ante la autoridad jurisdiccional ordinaria. Resulta ilustrativa la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se cita enseguida: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." Tampoco el quejoso se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación; toda vez del propio escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado no adolece de la misma; en el entendido que no se puede considerar la afirmación que en ese sentido hace el impetrante, pues de la lectura del escrito de cuenta, se aprecia que lo que se combate es una indebida fundamentación. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Con fundamento en el numeral 27, fracción I, se tiene como domicilio del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.
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