José Martín García Aguilar
Expediente 1034/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/09/2016
Partes del expediente
- José Martín García Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. En ese orden, después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente cuaderno se advierte que no existe promoción o diligencia por practicar, por tanto, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En cumplimiento al punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Las anotaciones pertinentes háganse en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1034/2016, que promovió José Martín García Aguilar, por su propio derecho, contra actos de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. José Martín García Aguilar, por propio derecho, mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, remitido ese mismo día a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: [.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A.- Legislatura del Estado de México. B.- Gobernador Constitucional del Estado de México. C.- Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, como autoridad ejecutora. IV.- ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: El proceso legislativo que dio lugar a la creación del Decreto que dio vigencia al artículo 95, fracción II, rango 2 de la Tarifa que por concepto de pago de derechos, el Código Financiero del Estado de México vigente establece, así como el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derecho para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, el embargo del bien inmueble ubicado en el conjunto urbano de tipo mixto habitacional, comercial y de servicios, los Ahuehuetes, municipio de Toluca, Estado de México, con una superficie de terreno de 82.62 metros cuadrados, cuyo folio real electrónico es 0014670 mismo que sirve para garantizar la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N). De la Legislatura del Estado de México, a) La expedición y orden de publicación del artículo 95, fracción II, respecto al rango 2 de la Tarifa que por concepto del pago de derechos, el Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente establece. Del Gobernador Constitucional del Estado de México. b) Se reclama por inconstitucional la promulgación del decreto relativo al Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente, en específico del artículo 95, fracción II, rango 2 de la Tarifa por concepto de derechos. Del Instituto de la Función Registral del Estado de México. La ejecución de la norma reclamada, al realizar el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, el embargo de un bien inmueble ubicado en el conjunto urbano de tipo mixto (habitacional, comercial y de servicios), los Ahuehuetes, municipio de Toluca, Estado de México, con una superficie de terreno de 82.62 metros cuadrados, cuyo folio real electrónico es 0014670 que otorgué para inscribir dicho embargo, mismo que se realizó con base en la línea de captura para pago en ventanilla con número IM5R0493167113145245 fundamentó en el artículo 95, fracción II, rango 2 de la Tarifa que por concepto de pago de derechos del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente, mismo que se considera inconstitucional dicho artículo y la fracción indicada que es objeto de impugnación del mismo cuerpo normativo, como más adelante se demostrará. La parte quejosa señaló como garantía violada, la tutelada por el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Recibida la demanda en este Juzgado Quinto de Distrito, por auto de once de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta correspondiente. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Federal;33, fracción IV, 35, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que se reclama la inconstitucionalidad de normas locales con motivo del primer acto de aplicación, que según la parte quejosa se efectuó dentro del territorio donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que los actos reclamados se hacen consistir en: El proceso legislativo del decreto relativo a la creación del artículo 95, fracción II, rango 2 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, así como el pago de los derechos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la Inscripción de embargo llevado a cabo en el expediente 52/2006, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto su certeza o inexistencia, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número XVII.2º. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76 - Abril de 1994, Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". Las autoridades responsables, Gobernador Constitucional, a través del Director General Jurídico y Consultivo de la Consejería Jurídica y la Presidenta de la Diputación Permanente de la LIX Legislatura, ambos del Gobierno del Estado de México, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 39 a 45 y 25 a 37), aceptaron la existencia de los actos reclamados, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades; por tanto, tales actos deben tenerse por ciertos. Tiene aplicación en el caso la jurisprudencia número 278, que en materia común estableciera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos treinta y uno del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación mil novecientos diecisiete a dos mil, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Con independencia de la aceptación de los actos reclamados por parte de las citadas autoridades responsables, la existencia de la norma que se combate está plenamente acreditada, por estar publicada en un medio de difusión general como es la Gaceta del Gobierno del Estado de México, lo que constituye, sin distingo alguno un hecho notorio para jueces y tribunales, en términos de lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º; de ahí que resulta intrascendente el hecho de que no se haya requerido al Secretario General de Gobierno del Estado de México, como autoridad responsable en el presente juicio de garantías. Sobre el particular es aplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página quince del Volumen 65, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que literalmente establece: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". Del mismo modo, deviene ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, localizable en la página doscientos sesenta del Tomo XII, agosto de dos mil, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dispone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por su parte, la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, al rendir su informe justificado (foja 50 a 56), negó la existencia del acto reclamado consistente en la ejecución de la norma reclamada. En tales circunstancias, y dado que el pago que el quejoso dice haber efectuado no conduce a tener por cierto el acto de ejecución que se le atribuye al Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, lo que procede es decretar el sobreseimiento al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos sesenta y siete, Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y sinopsis siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora.". CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, este juzgado de Distrito estima de oficio, que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para impugnar el artículo 77, fracción I, inciso c), rango 6 del Código Financiero del Estado de México vigente en el ejercicio dos mil diez, al no acreditar el acto de aplicación de dicha norma. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." El precepto legal transcrito encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Del numeral transcrito se evidencia que el juicio de amparo sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Carta Fundamental y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del precepto constitucional referido, se infiere que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo: a) El referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico), y b) La referente a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en esencia, reitera la norma constitucional y dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Al respecto, se tiene en cuenta que los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo. Resulta oportuno destacar en el caso de leyes autoaplicativas, el gobernado podrá impugnarlas con motivo del inicio de su vigencia; o bien, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, en términos del segundo párrafo, de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado, los mandatos legales, para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías en contra, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 18 de la ley de la materia. De tal forma que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número P./J. 55/97, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, cuyo texto es el siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". Una vez que se precisó lo anterior, es importante destacar que el texto relativo al artículo 95, fracción II, rango 2 del Código Financiero del Estado de México, que refiere el impetrante del amparo, indica lo siguiente: "Artículo 95. Por inscripción de documentos o actos relativos a bienes inmuebles se pagarán los siguientes derechos: (.) Por inscripciones o anotaciones de actos o mandamientos judiciales que limiten, graven el derecho de propiedad o posesión o prohíban la enajenación de la propiedad o posesión original de bienes inmuebles, se pagarán por concepto de derechos, conforme a la siguiente: TARIFA CONCEPTO (.) 2. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $215,885 y hasta de $269,857. $5,013 Del precepto transcrito establece el pago de derechos por concepto de inscripción de documentos o actos relativos a inscripciones o anotaciones de actos o mandamientos judiciales que limiten, graven el derecho de propiedad o posesión o prohíban la enajenación de la propiedad o posesión original de bienes inmuebles, así como la tarifa que corresponde a cada uno de los rubros que ahí se contemplan. Así, dada la naturaleza de las normas impugnadas, con su sola entrada en vigor no causa perjuicio alguno a los gobernados, sino que para actualizar el perjuicio, se requiere la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso y que se funde en el citado preceptos legal, lo cual da pauta, para impugnarse de inconstitucional, como condición sine qua non. De ello se advierte que su naturaleza corresponde a la de las leyes heteroaplicativas, es decir, de individualización condicionada. Ahora, el quejoso reclama la citada norma como una ley de naturaleza heteroaplicativa, por tanto, deben demostrar la existencia de dicho acto de aplicación, y no sólo eso, sino también que dicho acto irrumpió en la esfera de sus derechos. En ese orden, es determina que opera la anunciada causa de improcedencia, toda vez que el quejoso no exhibió documento idóneo con el que acreditara fehacientemente el acto de aplicación de la norma que cita. Lo anterior, ya que el quejoso exhibió en este juicio con el propósito de acreditar que las disposiciones impugnadas le resulta aplicable, los siguientes documentos: 1. Copia simple del volante de trámite universal 397435, de treinta de junio de dos mil dieciséis. 2. Copia simple de la línea de captura número IM5R0493167113145245, emitida por el Instituto de la Función Registral del Estado de México. 3. Copia simple del oficio 1579, derivado del expediente 52/2016, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Toluca, Estado de México, dirigido al Titular de la Función Registral de esta ciudad, a fin de que procediera a inscribir el embargo relativo al bien inmueble indicado en el aludido oficio. 4. Copia simple del comprobante de pago, de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis. Documentales que al no poder ser adminiculadas con algún otro elemento de convicción, resultan insuficientes para acreditar que las disposiciones reclamadas invaden la esfera jurídica del solicitante del amparo. Y es que las copias simples carecen por sí solas de valor probatorio, debido a la facilidad con que pueden ser confeccionadas, máxime cuando los hechos que con ellas se pretende acreditar no se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de convicción. Cobra aplicación la tesis I.11o.C.1 K, publicada en la página 1269, tomo XVI, agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Así como, por el criterio que informa, la tesis I.3o.C. J/37, consultable en la página 1759, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." En consecuencia, toda vez que la parte quejosa acudió a la presente vía de amparo a impugnar la inconstitucionalidad de unas disposiciones de carácter general con motivo de su aplicación, sin acreditar que invaden su esfera de derechos, carece de interés jurídico y/o legítimo para controvertirla, pues no demuestra que las mismas le causen perjuicio. Lo que permite establecer que la sola existencia de dichas disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios no genera ni concreta un perjuicio que implique un agravio actual, real y directo al peticionario de amparo, por lo que al actualizarse la causal de improcedencia invocada, también se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 286, visible en la página 339, tomo I, del apéndice de 2000, de la séptima época, que señala: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4º. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico." En ese contexto, se reitera, no demostró la afectación a su interés jurídico; pues para ello era necesario que acreditara el acto de aplicación de la norma que reclama, lo que no realizó, pues la exhibición de las pruebas a que se ha hecho referencia resultan insuficientes, por el contrario, se prueban la aplicación de distintas normas de las reclamadas. Con base en todo lo hasta aquí señalado, válidamente se concluye que no demostró la aplicación del artículo 95, fracción II, rango 2, del Código Financiero del Estado de México vigente, y por ende la afectación a su esfera jurídica; esto es así, pues el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones; es decir, corresponde la carga de la prueba de ese extremo a la parte quejosa, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Febrero de 2002, página 15, cuyo epígrafe y texto establecen lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Así como en la tesis III.1o.A.25 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, página 401, que textualmente dispone lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, establecida en el artículo 61, fracción XII, se sobresee en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Martín García Aguilar, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando último del presente veredicto constitucional. Notifíquese legalmente según corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; hasta el día de hoy veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores de este órgano jurisdiccional, quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTICINCO DEL MISMO MES Y AÑOM CUYO PUNTO RESOLUTIVO DICE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido en contra de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando último del presente veredicto constitucional.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Directora Técnico-Jurídica, en representación de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a través del cual rinde informe justificado; en términos del artículo 117 de la ley de la materia dese vista a las partes para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de relacionarlo de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas mencionadas y como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el señalado en la misiva de cuenta. Atento a lo precisado, a esta fecha aún no transcurre el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin que las partes tengan conocimiento del informe justificado de cuenta y, para no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional prevista para esta fecha y en su lugar se fijan las once horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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