José Martín Espinoza Baez

Expediente 533/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
533/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • José Martín Espinoza Baez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. SE RECIBE EJECUTORIA DEL TRIBUNAL DE ALZADA. Acúsese recibo al Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, del oficio 5556 mediante el cual el secretario de acuerdos de ese tribunal remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro de la queja civil 123/2018. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que el tribunal de alzada, mediante resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja.". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretaria que autoriza. Doy fe.ROVE

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil dieciocho. SE RECIBE RECURSO DE QUEJA. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso José Martín Espinoza Baez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que originó el presente cuadernillo. TRAMITACIÓN DEL RECURSO. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en Turno, con sede en esta Ciudad, que es cierto el acto impugnado, toda vez que en el proveído recurrido se desechó, la demanda de amparo promovida por José Martín Espinoza Baez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Piedad, Michoacán, por su notoria improcedencia. Para justificar lo anterior, con el escrito de agravios, remítase copia certificada del presente cuadernillo, a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente asunto, el auto recurrido consiste en el que se tiene por desechada la demanda de amparo, por lo que no existen partes en el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Por lista notifico a la parte promovente, el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. SE RECIBE DE MANDA DE AMPARO. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número IX-533/2018. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve JOSÉ MARTÍN ESPINOZA BÁEZ, por derecho propio, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, se procede al análisis de su procedencia. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, del análisis integral de la demanda se considera que la misma resulta improcedente, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de La Piedad, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil 159/2018, sobre reivindicación de inmueble, en el que se tuvo a la parte actora ampliando y aclarando su demanda, bajo el argumento de que no se había emplazado a la parte demandada. Es así, porque los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente algún derecho sustantivo del gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el procedimiento del cual dimanan, es decir, que aún cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, lo que se traduce como violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente y como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado en la demanda de amparo que se analiza, porque el único efecto del acuerdo combatido es admitir una ampliación de demanda; esto quiere decir que no genera una merma en su patrimonio, ni le impide ejercer alguno de sus derechos sustantivos. Por tanto, resulta factible afirmar que no es de imposible reparación, porque se insiste el hecho de admitir la ampliación de demanda, no afecta de forma inmediata ninguno de los derechos fundamentales del quejoso, máxime que la parte demandada, aquí quejoso, no había sido emplazado al juicio de origen. De ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica, pues una vez llamada a esa instancia, está en condiciones de llevar a cabo las defensas de sus intereses, en la forma prevista en la ley, e incluso de agotar los recursos ordinarios procedentes, de ahí que la afectación recae en derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que sólo tiene consecuencias de carácter formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado y la afectación procesal que en todo caso pudiera sufrir se destruirían si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable a sus pretensiones en el procedimiento de origen, con lo que desvanecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, por tanto se impone desechar la demanda de amparo analizada. Sustentan la determinación a la que se arriba, por identidad jurídica, los criterios de contenido literal siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2000080 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 24/2011 (10a.) Página: 3397 DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE ADMITE SU ACLARACIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Conforme a la fracción II del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, es en la fase de demanda y excepciones cuando el actor expone su demanda, ratificándola, modificándola o, en su caso, aclarándola, ante lo cual, la Junta debe tener por "expuesta la demanda por el actor" en términos de la fracción III del citado precepto para dar intervención al demandado para que, a su vez, pueda producir su contestación. Ahora bien, el auto que tiene por aclarada la demanda en estos términos no constituye una afectación exorbitante, superior o predominante en la esfera jurídica del demandado, pues puede controvertir lo aclarado por el actor al contestar la demanda y obtener un laudo favorable, que torne intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse del acuerdo reclamado, dado que la Junta debe examinar si los hechos tenidos por ciertos justifican la acción ejercida y si el actor tiene derecho a las prestaciones reclamadas. En consecuencia, se requiere llegar a la emisión del laudo para corroborar si esa violación trascendió al resultado del fallo, por lo que el auto que admite la aclaración de la demanda laboral debe impugnarse a través del juicio de amparo directo y no del indirecto, pues es en el estudio de fondo del laudo donde puede advertirse esa afectación. Contradicción de tesis 274/2011. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez. Tesis de jurisprudencia 24/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de noviembre de dos mil once." "Época: Novena Época Registro: 193241 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/175 Página: 1187 DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso. Amparo en revisión 55/89. José Valderrama Márquez. 18 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 547/92. Banca Serfín, S.A. 11 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 694/95. Neftalí Escobedo Pérez. 24 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 566/98. Benjamín Sánchez Arce y otra. 29 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 473/99. Leonardo Gutiérrez Fragoso. 2 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca". "Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". "Época: Novena Época Registro: 196179 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Administrativa Tesis: I.1o.A.19 A Página: 728 VIOLACIONES PROCESALES. LAS COMETIDAS EN RESOLUCIONES DE TRÁMITE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO SON IMPUGNABLES EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. Si en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se comete una violación en una resolución, no definitiva, sino de trámite que deja al agraviado en estado de indefensión o le priva de un derecho que la ley de la materia le otorga, y no es un acto de imposible reparación; la infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin al procedimiento; por lo que el momento oportuno para impugnar dicho acto será hasta que el procedimiento administrativo culmine y la responsable pronuncie su resolución definitiva. Amparo en revisión 3761/97. Sunkist Growers, Inc. 2 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Domínguez Peregrina. Secretario: Jesús Alberto Esquivel Posada". "Época: Décima Época Registro: 2007780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: II.1o.4 A (10a.) Página: 2921 RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]. El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación. Queja 57/2014. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretario: Arturo Contreras Ramírez". Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Martín Espinoza Báez, por derecho propio, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de La Piedad, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE ACTORA. Se tiene a Ulises Noé Caratachea Sánchez y Jorge Alvarado Ayala, como autorizados de la parte quejosa, con las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que en relación con Javier Elliot Olmedo Castillo, Alan González Guzmán y Ana Gabriela Moreno Tafolla, estarán autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos de la parte final del segundo párrafo del citado artículo, por no contar con registro de sus cédulas en el mencionado sistema, al igual que los pasantes de juristas que se mencionan en la demanda. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.

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