José Martín Ramos Ruiz
Expediente 390/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Martín Ramos Ruiz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de noviembre del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION CO ENGROSE QUE EN LO CONDUCENTE DICE; V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-390/2020, promovido por José Martín Ramos Ruiz, por su propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Morelia, Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, y registrado al día siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, José Martín Ramos Ruiz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Municipal de Morelia, Michoacán y otras autoridades. Segundo. Substanciación del juicio. Por auto de cinco de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda en cuestión, misma que fue registrada bajo el número VIII-390/2020; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, Por lo expuesto y fundado, además, en los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Martín Ramos Ruiz, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, en términos de los considerandos cuarto y sexto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy trece de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-390/2020, promovido por José Martín Ramos Ruiz, por su propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Morelia, Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, y registrado al día siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, José Martín Ramos Ruiz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Municipal de Morelia, Michoacán y otras autoridades. Segundo. Substanciación del juicio. Por auto de cinco de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda en cuestión, misma que fue registrada bajo el número VIII-390/2020; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Ley de amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37, de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades administrativas residentes en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, así como de las demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en: La aprobación y autorización de la colocación de las estructuras viales o señaléticas, consistentes en las macetas de concreto que se ubican en Avenida Solidaridad; y, como consecuencia, los daños y perjuicios derivados de la colocación de las mismas. Cuarto. Inexistencia de los actos reclamados. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, el Director de Espacio Público de la Secretaría de Movilidad y Espacio Público del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, y la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, se advierte que niegan la existencia de los actos que se les atribuyen. Negativa de actos que no fue desvirtuada por el aquí quejoso, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Quinto. Existencia de los actos reclamados. Por otro lado, del contenido de los informes justificados rendidos por el Secretario de Movilidad y Espacio Público, el Director de Movilidad Sustentable y el Director de Proyectos de Infraestructura Vial, todos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, se advierte que aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Sexto. Causales de improcedencia. Es innecesario examinar, en cuanto al fondo, los conceptos de violación formulados por el quejoso y las consideraciones que sustentan los actos reclamados, en función a que en la especie se actualiza una causa de improcedencia que impide realizar ese análisis en el presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente y de orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. El suscrito estima que es improcedente el presente juicio de garantías en relación a los actos reclamados y, por tanto, debe sobreseerse en los términos que a continuación se especifican, al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" . Previo al estudio de la causal señalada, es preciso destacar, que el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, reformado según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos tutelados por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo dispuesto en la Constitución Federal reformada, evidencia con claridad que al margen de la introducción del concepto de interés legítimo como elemento de la acción de amparo, conserva la figura del interés jurídico y, por tanto, para la procedencia del amparo, se requiere su acreditación cuando quien lo promueve, aduce ser titular de un derecho que dice es afectado por el acto de autoridad que reclama. Las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos y juicio de amparo, publicadas en el mes de junio de dos mil once, modificaron algunos de los principios fundamentales del juicio de amparo, entre ellos el relativo al interés jurídico del actor o quejoso como requisito indispensable para la procedencia de la acción, ya que la fracción I, del artículo 107 constitucional, establece: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". Así, antes de la reforma que se comenta, así como de la publicación de la Nueva Ley de Amparo, sólo se consideraba interés el jurídico para legitimar al promovente del amparo en defensa de lo que anteriormente se denominada garantías individuales y, actualmente derechos humanos, sin embargo, en virtud a ella se introdujo el interés legítimo, como elemento de procedencia de la acción de amparo, lo cual conlleva la necesidad de analizar y comprender los aspectos novedosos sobre los temas aludidos. En relación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que se trata de un derecho transgredido por la actuación de la autoridad o por la ley, de modo que aquél como elemento esencial de la acción, juntamente con la pretensión, obedece a que la acción consiste en la facultad de instar al órgano jurisdiccional a emitir una sentencia que resuelva un conflicto o controversia del orden jurídico, por lo cual, únicamente puede plantearse a través de ella, aspectos del orden jurídico por quien justifica ser titular del derecho subjetivo que se señala como fundamento de la sentencia que se solicita. En otras palabras, sólo quien es titular del derecho que pretende prevalezca con el dictado de la sentencia se encuentra legitimado para ejercer la acción. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas". En materia de amparo, la demostración del interés jurídico lleva implícito el tema de procedencia, pues de no darse aquélla, la consecuencia será el sobreseimiento en el juicio; en el caso contrario, una sentencia de fondo que podrá o no otorgar el amparo, pues ello dependerá de que se haya acreditado o no una violación a derechos humanos. Ahora bien, la reforma constitucional de que se habla, introdujo el interés legítimo, como elemento de procedencia de la acción de amparo, por ello, conviene señalar que desde el momento en que la Constitución lo considera apto para legitimar el ejercicio de la acción de amparo, le atribuye el carácter de jurídico. Es así, porque al atribuirse al interés legítimo ciertas consecuencias de derecho, se le eleva a la categoría de jurídico, de ahí que resulte posible hablar de un interés jurídico en sentido amplio que abarca tanto al interés jurídico en sentido estricto como el interés legítimo. En otros términos, por legitimación debe entenderse la justificación jurídica de algo, como puede ser la de un interés que amerite jurídicamente ser protegido. Por tanto, las normas que tutelan al interés jurídico son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el estado jurídico de la persona. En cambio, las relativas al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos. Estas últimas normas son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica, pues tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplías, pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica. Mediante estas reglas se pretende tutelar intereses colectivos, en la inteligencia de que no otorgan derechos subjetivos al grupo social por la sencilla razón de que éste carece de personalidad jurídica ni a sus integrantes porque no son ellos, en lo individual, los destinatarios de la norma, pues éstas tutelan intereses de una colectividad que carece de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes. De lo anterior se desprende, que el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), es decir, que se encuentra dentro de su status jurídico; en cambio, el interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. Además, puede estimarse que la afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo que, de manera abstracta, tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual sólo podrá darse en la medida en que se forme parte de una colectividad interesada, pues, de lo contrario, se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple. Ahora, si el quejoso en un amparo contra tribunales aduce un interés jurídico, su contraparte en el juicio de origen no puede alegar la prevalencia de un interés legítimo sobre el del propio quejoso. Es así, porque si bien en determinados procedimientos ordinarios la legislación puede legitimar en el ejercicio de la acción a quien ostente un interés legítimo, sin embargo, ello implica como se dijo, que dicho interés se eleve al rango de jurídico, de ahí que por disposición constitucional, en el caso del amparo contra actos de tribunales, prevalece el interés jurídico sobre el legítimo. Sobre el particular, cabe señalar que, la regla que antecede, también es aplicable a actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues debe tenerse en consideración que quien aduce un interés jurídico en sentido individualizado en su beneficio de tal forma que cuenta con un derechos subjetivo, mientras que quien ostenta interés legítimo aduce la existencia de una norma que aún no se ha individualizado en su beneficio, pues simplemente lo coloca, como integrante de una colectividad, en la posibilidad de defender, en su beneficio, intereses colectivos que no se han materializado en una situación concreta. De ahí que, cuando una persona ha adquirido un derecho subjetivo por haber reunido todos y cada uno de los requisitos que establece la legislación aplicable, no se le puede privar de su derecho, sino sólo cuando se abroga o declara la inconstitucionalidad de la norma o legislación que originó el derecho subjetivo. Dicho de otra forma, el interés colectivo que justifica al legítimo no debe prevalecer sobre el jurídico, salvo los casos en que la pretensión consista en obtener la declaración de inconstitucionalidad de la norma que justifica a este último o se apoye en la circunstancia de que no se dieron los supuestos que legalmente justifican la existencia del derecho subjetivo. En los juicios de amparo promovidos en contra de normas generales, la prevalencia de uno u otro derecho dependerá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que da origen al interés jurídico o de la que da pauta al legítimo, pues lógicamente debe prevalecer la que se encuentra en situación de regularidad constitucional sobre la que no. Empero, si ambas son constitucionales, debe prevalecer la de mayor jerarquía; y si ambas tienen la misma, el juzgador de amparo deberá hacer uso de su criterio para elegir a la que debe predominar. Pero en todo caso, tanto el interés jurídico, como el legítimo, deben quedar plenamente acreditados para que la acción de amparo resulte procedente. Lo anterior, porque el interés jurídico atiende necesariamente a los elementos que lo constituyen, por tanto, su demostración supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, además, que el acto de autoridad afecte ese derecho que legitima el ejercicio de la acción. Por ello, quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de autoridad debe acreditar, por una parte, ser propietario del bien que considera afectado, y por la otra, que el acto que reclama de la autoridad se encuentra referido a ese bien, a grado tal que sustrae el correspondiente derecho del status jurídico del quejoso o, al menos, lo afecta. Por lo que respecta al interés legítimo como eventual elemento de la acción de amparo, se deben identificar los elementos que lo constituyen son: a) Existencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Afectación de ese interés difuso en perjuicio de esa colectividad por la ley o acto que se reclama, y c) Pertenencia del quejoso a dicha colectividad. En relación con este último elemento, cabe hacer notar que algunas normas pueden establecer un interés difuso para una colectividad muy amplia, pero el acto que se reclama sólo afecta a una parte de sus integrantes y no a la totalidad, en cuyo caso el quejoso deberá acreditar que se encuentra dentro del grupo realmente afectado, sin que baste acreditar su pertenencia a esa colectividad amplia que en abstracto se encuentra tutelada. Ello, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica precisamente al quejoso por ser éste el promovente del juicio, corresponde demostrar su pertenencia al ente colectivo que específicamente sufre el agravio. En otros términos, aunque el agravio jurídico se produzca en perjuicio de alguna colectividad, el quejoso deberá acreditar que en el caso concreto sufre un daño precisamente por encontrarse entre las personas realmente afectadas por la ley o acto que reclama. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio que se transcribe: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En ese sentido, para estimar que la aprobación y autorización de la colocación de las estructuras viales o señaléticas, consistentes en las macetas de concreto que se ubican en Avenida Solidaridad; y, como consecuencia, los daños y perjuicios derivados de la colocación de las mismas, afecta el interés legítimo del quejoso, debe probarse la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele el interés difuso aducido por el quejoso en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, que el peticionario de amparo pertenezca a esa colectividad; y debe precisarse que la ausencia de uno de éstos elementos demuestra la falta de interés legítimo para impugnar el acto reclamado, por lo que el amparo sería improcedente. En el caso, se encuentra comprobada la existencia de una norma constitucional en la que se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, pues el artículo 4º Constitucional establece el derecho a un medio ambiente sano y, por su parte el diverso 27 Constitucional, tutela el derecho a la ciudad, al establecer que deben dictarse las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos, las adecuadas provisiones, usos, etcétera, a fin de ejecutar obras públicas, además de planear y regular la conservación y mejoramiento de los centros de población, por lo que será el Estado quien tiene la obligación de garantizar respeto a ese derecho, que es en esencia el interés difuso que defiende el quejoso. Sin embargo, se estima que en el caso no se encuentran acreditados los otros dos requisitos, pues no quedó demostrado en autos que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva en contra del quejoso; ni que el peticionario de amparo pertenece a esa colectividad que se vería afectada en tales derechos difusos por la aprobación y autorización de la colocación de las estructuras viales o señaléticas, consistentes en las macetas de concreto que se ubican en Avenida Solidaridad; y, como consecuencia, los daños y perjuicios derivados de la colocación de las mismas. Se afirma lo anterior, ya que el quejoso no aportó prueba alguna para demostrar que con la autorización y colocación de esas estructuras tipo macetas de concreto sobre Avenida Solidaridad, se afectara su interés difuso, su calidad de vida, el desarrollo armónico, psicológico y social de su familia, o del asentamiento humano donde radica. Esto es, el quejoso debió aportar medios de convicción que demostraran que con la autorización y colocación de tales estructuras sobre la Avenida Solidarida se le priva de un derecho y, que por consiguiente, se pone en peligro latente su integridad física y la de los ciudadanos morelianos, vecinos y peatones que circulen por la zona; lo que no aconteció en la especie, pues no existe probanza alguna que demuestre que tal autorización y colocación de las estructuras que refiere ponga en latente peligro el desarrollo armónico de la ciudad y el medio ambiente. Así, era necesario que se demostrara la ubicación del lugar en el que se colocaron tales estructuras en relación con el domicilio del quejoso o su tránsito diario, pero específicamente del hecho de que es vecino del lugar, ello para establecer que en razón de tal autorización se priva al quejoso de disfrutar de dichos derechos difusos. Lo que no acontece en la especie, ya que el quejoso no ofreció prueba alguna tendente a acreditar dichas circunstancias, esto es, la afectación y la pertenencia al grupo, pues únicamente se hace referencia a que la colocación de tales estructuras pone en inminente y latente peligro su derecho la ciudad y al medio ambiente sano, así como que se ocasionan daños y perjuicios a los transeúntes y ciudadanos morelianos, vecinos y peatones que circulen por la zona, circunstancias que incluso tampoco fueron probadas en autos, sino que únicamente se trata de meras afirmaciones del quejoso, las cuales carecen de sustento demostrativo. Así, se estima que la sola autorización y colocación de dichas estructuras, no trae como consecuencia inmediata la afectación a los derechos difusos que aduce, pues en todo caso dicha afectación debió demostrarse fehacientemente en el juicio, ya que de lo contrario, de estimar como válida la proposición del quejoso se llegaría al absurdo de que cualquier persona que por el sólo hecho de no querer tener cerca de su casa o del lugar donde transita una estructura tipo maceta o cualquier otro tipo de señalética, pudiera aducir la privación de esos derechos con su colocación, para así impedir se pongan las mismas, y ocasionar que se le concediera un amparo para que no se coloque ningún tipo de señalamiento o estructura, lo que evidentemente no tutela el interés legítimo consagrado en la Constitución Federal ni en la Ley de Amparo, por lo que en todo caso se trataría de un interés simple. Por otra parte, como se dijo, tampoco quedó demostrado que el peticionario de amparo pertenece a esa colectividad que se vería afectada en tales derechos difusos por la colocación de tales estructuras. Lo anterior es así, pues si en el caso aduce que con la autorización y colocación de las mismas, se vulneraría la norma que establece su interés difuso; se estima que lo que debió acreditar el quejoso, en primer término, es vivir en la zona aledaña a Avenida Solidaridad, pues es lógico que dichos derechos sólo pueden verse afectados cuando una persona, vive, habita, reside u ocupa permanentemente un domicilio cercano al lugar en el que se colocan tales estructuras. Lo anterior, sin que en el particular el quejoso haya ofrecido prueba alguna tendente a acreditar tal circunstancia siendo que, como se dijo, era necesario que se acreditara que cercano al lugar en el que se ubican tales macetas de concreto, el quejoso vive, habita, reside o lo ocupa permanentemente, pues sólo de esa forma pueden verse afectados en los derechos difusos que pretende proteger, pues si no habita, reside u ocupa algún inmueble cercano o transita por dicha avenida de manera habitual, la colocación de tales macetas no puede traer como consecuencia la afectación en el derecho que aduce, pues no padecerían los perjuicios de su colocación. De ahí que al no haberse acreditado las circunstancias precisadas, no es posible percibir cuál es la afectación a la esfera jurídica del solicitante de amparo que le causa dicha colocación de las estructuras. Luego, al no encontrarse comprobado que el quejoso se encuentra dentro del grupo afectado con los actos reclamados, se estima actualizada la referida causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo señalado por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin que obste el hecho de que el quejoso en su escrito inicial de demanda ofreció como medios de prueba de su parte un anexo fotográfico, ya que el mismo no se acompañó a su demanda de garantías; y, respecto de la prueba de inspección judicial, cabe destacar que no insistió en su ofrecimiento, además de que no proporcionó los puntos bajo los cuales habría de desahogarse la misma, aunado a lo anterior el hecho de que su desahogo en nada hubiera variado el sentido del fallo, ello en razón de que la prueba de inspección judicial es transitoria y el fedatario público que habría de desahogarla solo puede asentar los datos que perciba a través de sus sentidos, siendo que para acreditar la afectación a su interés y determinar los daños y perjuicios que refiere le produce la colocación de las estructuras, la prueba referida resultaría sin trascendencia alguna, pues aun teniendo por demostrados los hechos o circunstancias que se pretendan acreditar, lo cierto es que dicha probanza no demostraría en forma alguna el interés jurídico o legítimo del quejoso por no ser idónea para tal efecto. Por lo expuesto y fundado, además, en los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Martín Ramos Ruiz, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, en términos de los considerandos cuarto y sexto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy trece de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, treinta de septiembre de dos mil veinte. SE RECIBE INFORME PREVIO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo envía rinde informe previo que le fue solicitado, lo anterior en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo; de lo que se ordena hacer relación en la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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