José Mario López Cruz

Expediente 849/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
849/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • José Mario López Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ******************** por propio derecho, hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Siguiendo con la vista del estado que guardan los presentes autos, específicamente la primera parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, dentro de los treinta días naturales siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es conservable, ya que se concedió la medida provisional solicitada. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiérase el cuaderno de suspensión al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 849/2023, promovido por José Mario López Cruz, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. FISCAL REGIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN. AGENTE SEGUNDO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN II EN ZITÁCUARO, MICHOACÁN. DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN. También se asienta que la autoridad denominada "COMANDANTE, TITULAR, RESPONSABLE O ENCARGADO DEL CUERPO POLICIAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN. LOCALIDAD "EL POLVORÍN", DE LA TENENCIA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ZITÁCUARO, MICHOACÁN", no existe, lo que así fue declarado en auto de veintidós de septiembre del año en curso. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendidos. En torno a la autoridad inexistente, como se decretó en el auto de mérito, se suspende todo tipo de comunicación legal con la misma. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba en esta incidencia. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VI- 849/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el tres de julio de la presente anualidad, JOSÉ MARIO LÓPEZ CRUZ, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de cuatro de julio pasado, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La quejosa reclama en la presente vía de amparo la orden de presentación o detención dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables se advierte que niegan la existencia del acto reclamado. Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra del referido acto a las autoridades citadas, por resultar inexistente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables en cita, sobre la existencia del acto reclamado, sin que el promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada por lo que ve a las referidas autoridades, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a JOSÉ MARIO LÓPEZ CRUZ, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando TERCERO de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VI-849/2023, promovido por José Mario López Cruz, contra actos del Titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado en representación del Fiscal General del Estado. Fiscal Regional de Zitácuaro. Agente Segundo del Ministerio Público de la Unidad de Investigación II en Zitácuaro, Michoacán. Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro -en su denominación correcta a la señalada por el quejoso como "COMANDANTE, TITULAR, RESPONSABLE O ENCARGADO DEL CUERPO POLICIAL Y/O POLICÍA DE INVESTIGACIÓN Y/O POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN"-. Secretario de Seguridad Pública Municipal de Zitácuaro, Michoacán; -en su denominación correcta a la señalada por el quejoso como "DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN, ENCARGADO DEL CUERPO POLICIAL Y/O POLICÍA MUNICIPAL ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN". EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó una documental al libelo constitucional; medios de convicción que se tuvieron por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir más pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 527/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VI-849/2023, promovido por José Mario López Cruz, contra actos del Titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el tres de julio del dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mismo que por razón de turno se recibió en este órgano jurisdiccional el mismo día, José Mario López Cruz, promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos precisados en su libelo constitucional. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, solicitó los informes justificados, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación, previos diferimientos. Sin que se ignore que en auto de veintidós de septiembre del año en curso, se tuvo como inexistente a la autoridad señalada por el quejoso como "COMANDANTE, TITULAR, RESPONSABLE O ENCARGADO DEL CUERPO POLICIAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN. LOCALIDAD "EL POLVORÍN", DE LA TENENCIA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ZITÁCUARO, MICHOACÁN". CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente por materia, grado y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 49, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque, en la especie, se reclaman actos cuya ejecución podrían tener verificativo dentro de la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el quejoso reclama en la presente vía constitucional: a) La orden de presentación o detención y con ello se prive de la libertad personal al quejoso José Mario López Cruz, dictada en su contra fuera de procedimiento legal, así como su ejecución. b) Citatorio de uno de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual se le requirió al peticionario de amparo comparecer a las once horas del siete de junio de dos mil veintitrés, en compañía de un abogado particular a efecto de que sea recabada una entrevista en calidad de imputado dentro de un hecho con apariencia de delito, bajo apercibimiento que en caso de no comparecer la representación social podrá disponer de medios de apremio que contempla el artículo 104, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En atención a los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) del considerando segundo de esta resolución, al rendir el informe justificado las autoridades responsables (1) Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado en representación del Fiscal General del Estado; (2) Fiscal Regional de Zitácuaro; (3) Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro -en su denominación correcta a la señalada por el quejoso como "COMANDANTE, TITULAR, RESPONSABLE O ENCARGADO DEL CUERPO POLICIAL Y/O POLICÍA DE INVESTIGACIÓN Y/O POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN"; y, (4) Secretario de Seguridad Pública Municipal de Zitácuaro, Michoacán; -en su denominación correcta a la señalada por el quejoso como "DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN, ENCARGADO DEL CUERPO POLICIAL Y/O POLICÍA MUNICIPAL ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN"; negaron la existencia de los actos que el quejoso les atribuyó. Por otra parte respecto a la autoridad responsable Agente Segundo del Ministerio Público de la Unidad de Investigación II en Zitácuaro, Michoacán, respecto al acto reclamado identificado con el inciso a) negó el acto reclamado, bajo el argumento de que no ha emitido una orden de detención; y, con ello se prive de la libertad personal fuera de todo procedimiento legal. Con esas bases, toda vez que se dio vista al peticionario del amparo con el sentido de dichos informes y éste a su vez fue omiso en alegar al respecto o bien ofrecer medio de prueba pertinente para desvirtuar tales negativas, lo conducente es tener como inexistentes los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Ello, pues en el caso debió de demostrarse que contrario a lo narrado por las responsables, se encontraba vigente alguna afectación a los derechos fundamentales que aluden violentados los solicitantes del amparo. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia con registro digital 227634, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia de los actos que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". CUARTO. Certeza del acto reclamado identificado con el inciso b). El Agente Segundo del Ministerio Público de la Unidad de Investigación II en Zitácuaro, Michoacán, negó la existencia del acto reclamado identificado con el inciso b) del considerando segundo de la presente resolución. Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que el quejoso adjuntó al libelo constitucional un citatorio con firma original de data uno de junio de dos mil veintitrés, suscrito por María del Rosario González Vieyra, Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Justicia Zitácuaro, Michoacán, por medio del cual se le requirió al peticionario de amparo para comparecer a las once horas del siete de junio de dos mil veintitrés, en compañía de su abogado particular a efecto de que sea recabada una entrevista en calidad de imputado dentro de un hecho con apariencia de delito, bajo apercibimiento que en caso de no comparecer la representación social podrá disponer de medios de apremio que contempla el artículo 104, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe precisar que el nombre de quien suscribió el citatorio de uno de junio de dos mil veintitrés; y, el informe justificado corresponde al de la Licenciada María del Rosario González Vieyra, siendo ésta la autoridad responsable Agente Segundo del Ministerio Público de la Unidad de Investigación II en Zitácuaro, Michoacán; aunado a que la firma del citatorio es similar a la firma que estampa a la del informe justificado; de ahí que se desvirtúe la negativa de la autoridad responsable en cita. A más que de las propias manifestaciones del informe de ley de la representante social en comento, adujera que si existe una carpeta de investigación iniciada en contra del peticionario de amparo por el delito de abuso de confianza, dentro de la cual el ahora investigado no ha comparecido en ninguna ocasión. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados respecto del acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando segundo de este fallo, por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancia remitida por el quejoso se advierte que el acto precisado en el inciso b) del considerando segundo de esta sentencia existió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con el original citatorio de uno de junio de dos mil veintitrés que adjuntó el quejoso. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de lo reclamado. Apoya la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos - específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la certeza del acto fijado en el inciso b) del considerando segundo atribuido al Agente Segundo del Ministerio Público de la Unidad de Investigación II en Zitácuaro, Michoacán, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el que suscribe esta resolución advierte la actualización de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, del Pacto Federal, que a la letra rezan: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;(.)". De las precisiones realizadas antes anotadas, se arriba, a ello, en razón de que cualquier acto reclamado relativo a una citación para diligencias no afectan el interés jurídico o legítimo del peticionario de amparo. Cierto, tanto el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo -supra-, establecen que para la procedencia del juicio de amparo se requiere que la parte quejosa acredite tener interés jurídico o legítimo y que uno u otro se vea afectado. El interés jurídico supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad lo afecta, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que en principio legitima el ejercicio de la acción constitucional, esto es, debe existir correspondencia entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado que causa la afectación. Por su parte, el interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico del individuo, sino una indirecta, en la medida que la persona sufre una afectación no a sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite ejercer la acción constitucional; esto es, la afectación al interés legítimo se da en la medida que el sujeto forma parte de un ente colectivo, que de manera abstracta tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, en tanto que tratándose de un interés individual, esta afectación sólo podrá darse si forma parte de una colectividad interesada, porque de lo contrario, se estaría en presencia de un interés simple. Con base en esas premisas, se estima que el acto reclamado indicado en el inciso b) del considerando segundo del presente fallo no constituye acto de autoridad que afecte o restrinja la esfera jurídica del aquí peticionario, ya sea de manera directa o colateral. Es así, ya que por citatorio debe entenderse, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 22.ª, publicada en 2001, el documento con que se convoca a una persona para que comparezca ante alguien; y, por citar, avisar a alguien señalándole día, hora y lugar para tratar algún negocio; en tanto que, en términos jurídicos, implica notificar una resolución administrativa o judicial con el fin de que su destinatario comparezca ante la autoridad que la dictó. Lo anterior puede advertirse también de lo establecido por el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precepto que establece lo siguiente: "Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. (.)". En tal contexto, se sostiene que un citatorio, aun cuando haya sido emitido por una autoridad ministerial, como en el caso acontece, no es otra cosa más que el aviso de dicha autoridad al aquí promovente del amparo, para que comparezca o se presente ante ella en determinado día, hora y lugar para cierta cuestión, desde luego relacionada con la carpeta de investigación de la que emana la citación; de ahí que se considere que tal citatorio no afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues además de que en términos de la ley aplicable se encuentra obligado a presentarse, se emite al amparo de una facultad conferida constitucionalmente a la autoridad responsable. Cierto, para determinar si una actuación verificada en la integración de la carpeta de investigación o en el ejercicio de la acción penal, puede afectar los intereses jurídicos de la persona imputada, debe partirse de lo establecido en el artículo 21 del Pacto Federal, que dota a la Representación Social de la facultad exclusiva para investigar los delitos y ejercer la acción penal, salvo que se trate de los casos en que la ley reconozca la acción penal particular. Así pues, conviene destacar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en lo conducente: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (.)". De la intelección del citado precepto constitucional, es posible advertir que el orden jurídico actual reconoce como una labor fundamental de la autoridad ministerial la investigación y prosecución de posibles hechos delictuosos, sin que otorgue a los indiciados el derecho de oponerse a su continuación, aun cuando sean considerados probables responsables. En ese sentido, aún y cuando en el particular, como se puso de relieve, el quejoso fue citado por el Agente Segundo del Ministerio Público de la Unidad de Investigación II en Zitácuaro, Michoacán dentro de una carpeta de investigación, a fin de que compareciera para la práctica de diligencias de carácter penal, dentro de una carpeta de investigación; lo que se traduce en un acto de investigación de la autoridad ministerial, es decir, constituye una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos. Es incuestionable que ello no causa un perjuicio a la parte quejosa, que haga procedente la acción constitucional indirecta, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los justiciables el derecho de oponerse a la continuación de una investigación, aun cuando sean considerados probables responsables; antes bien, como se apuntó, el referido artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es categórico en señalar que toda persona está obligada a presentarse cuando sea citada; estimar lo contrario, sería tanto como anteponer su interés particular sobre el de la sociedad, lo que jurídicamente es inaceptable. Sin que obste a lo anterior que el citatorio de uno de junio de dos mil veintitrés, pudiera llevar inmerso el apercibimiento de imponer a la quejosa alguna multa o alguna medida de apremio, ya que como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1ª/J.78/2018 (10ª.), de observancia obligatoria para este tribunal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, ello constituye un acto futuro de realización incierta que no torna procedente el juicio, al estar condicionado a que la quejosa no asista, sin justificación, a la diligencia programada para su entrevista, así como que la autoridad ministerial realmente haga efectivo el apercibimiento decretado. El criterio jurisprudencial del que se ha dado noticia es del rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018828 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239 Tipo: Jurisprudencia SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". De ahí que el señalamiento de cualquier otro acto que se haga depender del incumplimiento de los citatorios reclamados, tendente a conminar al requirente constitucional para que comparezca ante la autoridad investigadora, debe catalogarse como futuro e incierto, por lo que no torna procedente el juicio de amparo intentado, al no tenerse la certeza de que realmente se vaya a materializar. Máxime, cuando se tiene que la finalidad de promover un juicio de amparo es la obtención de la protección de la Justicia Federal a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar o no esa afectación (mera probabilidad). Razonar en sentido contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente, lo que desde luego iría en contra del principio de agravio personal y directo, que junto a otros principios regula y da forma al juicio de control constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." En tal virtud, es inconcuso que respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, del Pacto Federal, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Constituyendo un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, la resolución aprobada en ordinaria virtual número veintiuno de quince de junio de dos mil veintitrés, del recurso de queja penal 140/2023 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que, el sentido de dicho fallo respecto a la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, del Pacto Federal, respecto del acto reclamado relativo al citatorio, lo cual es compatible con el emitido en el presente juicio en que se actúa. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Mario López Cruz, contra los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe. aeol

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. SE TIENE INEXISTENTE A LA AUTORIDAD Visto el estado que guardan los autos, específicamente la certificación que encabeza este proveído, de la que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de septiembre del año actual, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la devolución del sobre cerrado que contenía el oficio 12070 dirigido a la autoridad señalada como responsable "COMANDANTE, TITULAR, RESPONSABLE O ENCARGADO DEL CUERPO POLICIAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN. LOCALIDAD "EL POLVORÍN", DE LA TENENCIA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ZITÁCUARO, MICHOACÁN", a la fecha ha fenecido sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y se ordena tener como inexistente a la autoridad de mérito; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena suspender cualquier comunicación con la autoridad apuntada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

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