José Mario Saúl Servín Heredia
Expediente 595/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Mario Saúl Servín Heredia
Actuaciones
- Principal
III. Uruapan, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Téngase por recibido el oficio 6290 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al cual anexa el cuaderno de incompetencia 835/2019, del índice de ese Tribunal, en el que obra glosada la demanda de amparo presentada por José Mario Saúl Servín Heredia, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de esta ciudad, informe justificado de la autoridad responsable y legajo de copias certificadas del juicio sumario civil 958/2018, de donde emana el acto reclamado. Ello en razón de que en proveído de doce de noviembre del año en curso, ese Tribunal determinó carecer de competencia legal, toda vez que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, por lo que ordenó su remisión al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en esta ciudad. Acúsese recibo. De conformidad con los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. Comuníquese esta determinación al Tribunal Colegiado remitente, para los efectos legales conducentes. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 595/2019, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, y de las constancias que obran en el expediente que adjuntó la autoridad responsable, se extrae lo siguiente: Que el quejoso es parte demandada en el juicio sumario civil 958/2018, que en ejercicio de la acción de desahució promovió Claudia del Carmen Sotelo López, al que compareció a hacer valer sus derechos. En tal juicio se citó para sentencia definitiva mediante proveído de seis de septiembre del año en curso. Con la calidad de demandado presentó escrito en el que hizo manifestaciones y solicitó que se citara a las partes a una audiencia de conciliación, a la cual recayó el acuerdo de dieciocho de septiembre del presente año, en el que fue denegada su petición debido al estado procesal que guardaba el juicio. Auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Cabe resaltar que el impetrante también indica que en el referido contradictorio se dictó sentencia el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en la que se condenó a la parte demandada a cumplir con las prestaciones reclamadas, como se obtiene de las constancias relacionadas en párrafos precedentes; sin que se advierta que la misma haya causa ejecutoria o que se hubiera impugnado. Documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º de este último ordenamiento. Tesis: 189 Apéndice de 1995 Quinta Época 394145 1 de 1 Pleno Tomo VI, Parte SCJN Pag. 129 Jurisprudencia(Común) "COPIAS CERTIFICADAS. Las que expidan las autoridades en ejercicio de sus funciones no pueden ser tenidas como documentos privados, y cuando sean expedidas por la autoridad judicial, es indispensable que estén autorizadas por el Secretario del Juzgado respectivo, y si carecen de ese requisito, no tienen valor alguno." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Para mayor claridad se reproduce el contenido textual de los artículos en cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se obtiene que el amparo indirecto, procede excepcionalmente cuando los actos reclamados afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos del promovente. Ilustra sobre lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Esto sin que resulte obstáculo el hecho de que en la jurisprudencia anteriormente citada se haya interpretado la Ley de Amparo abrogada, al haber versado sobre cuestiones que no contravienen la actual redacción de la ley de la materia. En efecto, el amparo indirecto sólo procede en contra de aquellos actos que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, los que que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados. Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el agraviado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Cabe señalar que de la reciente interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia: Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 1 de 1 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pag. 39 Jurisprudencia(Común) "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora bien, como se precisó, el quejoso es parte demandada en el juicio sumario civil 958/2018 sobre acción de desahució, en el cual se citó para sentencia definitiva mediante proveído de seis de septiembre del año en curso; con posterioridad a ello, el impetrante presentó escrito en el que solicitó al juez responsable que citara a las partes del referido juicio a una audiencia de conciliación; petición que le fue negada en auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, mismo que constituye el acto reclamado en este juicio. Conforme a lo hasta aquí expuesto, el acto combatido en esta instancia constitucional por su naturaleza no es irreparable, ya que constituye una actuación procesal dictada dentro del procedimiento del juicio de origen, en el que quejoso es parte y como tal compareció, y además no tiene efectos materiales sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo anterior, es dable establecer que el auto reclamado en este asunto, pertenece a aquella clase de actos que se catalogan como intraprocesales que no tiene efectos de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo fundamental, constitucional o convencionalmente tutelado, sino que, en todo caso, esa violación produce únicamente una lesión jurídica formal o adjetiva. Lo anterior, con independencia de que, posterior a la emisión del acto reclamado se haya dictado sentencia en el juicio de origen, pues esa circunstancia no impide al quejoso, como parte demandada en ese juicio, que se pueda inconformar del reclamo en estudio, a través del medio de defensa que en su caso hiciera valer, la que en su momento podrá ser revocada, modificada o confirmada. No pasa desapercibido el criterio citado por el quejoso en el escrito de demanda, de rubro "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO"; sin embargo, como del mismo se desprende, es aplicable al desechamiento de pruebas, el cual es un supuesto diverso al que se plantea en el acto reclamado y al estado procesal del juicio de origen. Ante ese panorama, es inconcusa la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, procede desechar de plano la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa se tienen como autorizados de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José de Jesús Martínez Sarabia, José Antonio Barriga Gutiérrez y Luz María Guzmán Ruiz, toda vez que así lo solicita el quejoso. EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Tomando en consideración que el domicilio indicado por la promovente para efectos de oír y recibir notificaciones personales no corresponde a esta ciudad, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispuesto en su artículo 2°, envíese atento exhorto, vía interconexión, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que notifique a la parte quejosa la presente determinación, en el domicilio procesal ubicado en calle Del Trabajo número 74-10, zona Centro, en Morelia, Michoacán. Asimismo, la prevenga para que dentro del término de tres días, computados legalmente, designe domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones personales, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, hágase del conocimiento del Juez exhortado que en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el desahogo de la diligencia. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE.
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