Jose Maria Flores Gonzalez

Expediente 357/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
357/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
09/08/2018

Partes del expediente

  • Jose Maria Flores Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese únicamente como antecedente, el oficio registrado con el consecutivo 12866, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; lo anterior, toda vez que en auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se acordó al respecto, al haberse recibido vía electrónica (foja 87). De igual forma, glósese el oficio registrado con el consecutivo 13044, suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, por medio del cual, se le tiene acusando recibo del oficio 10197, derivado del proveído de dos de agosto actual, por el que se le informó, que se declaró firme el auto de once de julio de dos mil dieciocho en donde se desechó la demanda de amparo. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado procesal de autos se desprende que en auto de dos de agosto actual, donde se declaró firme el auto de once de julio de dos mil dieciocho en donde se desechó la demanda de garantías (foja 91); asimismo, se reservó acordar lo conducente respecto del archivo y valoración del expediente en que se actúa, hasta en tanto se encontrara debidamente integrado. Ahora, como se advierte del inciso b), de la cuenta secretarial, la autoridad responsable se encuentra notificada de dicho acuerdo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión respectivo. Finalmente, de conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    I-Visto el inciso a) de la cuenta secretarial se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa, en acuerdo de once de julio pasado, para que designara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, sin que lo hayan hecho. Consecuentemente, hágase efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que, las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal, practíquense por lista de acuerdos que sea publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 29, de la Ley de Amparo. Por otra parte, del inciso b) de la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído de once de julio de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de garantías, promovida por José María Flores González. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, mediante oficio hágase devolución a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, de la documental remitida en apoyo a su informe de ley, consistente en el juicio sumario civil 150/2018, con el cual se formó un cuaderno de pruebas por separado identificado como tomo I; solicitando ordene a quien corresponda, acuse recibo de estilo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, acuérdese lo conducente en relación al archivo y valoración del mismo. NOTIFÍQUESE, por oficio a la autoridad de que se trata.

  3. Principal

    I. Téngase por recibido y agréguese el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; en atención a su contenido, téngasele remitiendo debidamente diligenciado el exhorto 755/2018 (N.O. 1125), del índice de este juzgado, enviado con la finalidad de notificar al quejoso José María Flores González, el proveído de once de julio del año en curso, así como prevenirlo para que designara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, encomienda que se realizó el veintitrés de julio actual, por medio de lista, tal como se advierte de las constancias que se adjuntan al comunicado de cuenta. Dése de baja tal comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Acúsese recibo. Ahora, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de tres días, concedido al citado quejoso para que designara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, una vez que concluya el mismo, acuérdese lo que corresponda.

  4. Principal

    I. En once de julio de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Encargado del Despacho, con lo siguiente: a) Oficio 4144/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al que acompaña el expediente relativo al juicio de amparo directo 575/2018, derivado de la demanda de amparo promovida por José María Flores González, por su propio derecho, registrado en el libro de correspondencia con el progresivo 11480 y en el diverso de gobierno con el número 357/2018-I. b) Asimismo, el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, secretario adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, CERTIFICA y hace constar que una vez revisado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", de este juzgado, se advierte que el quejoso promovió el diverso juicio de amparo 16/2013, tal como se advierte de la constancia que al efecto se anexa, sin embargo no se trata de los mismos actos reclamados que en la presente demanda. Conste. Uruapan, Michoacán, once de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 4144/2018, enviado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, al que acompaña el expediente relativo al juicio de amparo directo 575/2018, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José María Flores González, que remite en cumplimiento al acuerdo de seis de julio del presente año, toda vez del contenido de la misma se advierte que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, por lo que ordenó su remisión al Juez de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en turno, de la que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional; oficio al que acompaña: La demanda de amparo promovida por José MARÍA Flores González. Oficio 1676 firmado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante el cual, rinde su informe justificado. Juicio sumario civil 150/2018. De conformidad con los artículos 37, segundo párrafo del precepto 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto, comuníquese esta determinación al Tribunal Colegiado remitente, para los efectos legales conducentes. Téngase a José María Flores González, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 357/2018-I. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de dos de mayo del año en curso, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en el juicio sumario civil 150/2018, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, contra los autos de diez de abril del presente año, el primero por el que se declaró que el incidente de nulidad de actuaciones por indebido emplazamiento debió admitirse sin suspensión del procedimiento y el segundo que tuvo por contestada en sentido afirmativo la demanda. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, así como su escrito aclaratorio, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, estos últimos interpretados en sentido contrario y 172, fracciones V y XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (...) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205651 16 de 19 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Pag. 11 Jurisprudencia(Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dictara la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 2 de 2 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pag. 39 Jurisprudencia(Común) PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pag. 1902 Jurisprudencia(Común) ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En el caso la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de dos de mayo del año en curso, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en el juicio sumario civil 150/2018, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, contra los autos de diez de abril del presente año, el primero por el que se declaró que el incidente de nulidad de actuaciones por indebido emplazamiento debió admitirse sin suspensión del procedimiento y el segundo que tuvo por contestada en sentido afirmativo la demanda. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio de origen juicio sumario 150/2018, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó el promovente, así como de las del referido juicio de origen 150/2018 que anexó la autoridad responsable con su informe de ley. Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º de este último ordenamiento. Por auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite la demanda promovida por Ma. Carmen Montero Mora, por conducto de su representante, en la vía sumaria civil, sobre interdicto para recuperar la posesión, frente al aquí quejoso José María Flores González. Mediante diligencia de veinte de marzo del año en curso, practicada por la Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, se emplazó al citado juicio sumario civil 150/2018 al demandado, aquí peticionario de garantías. Posteriormente, en acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciocho, en atención al escrito presentado por el demandado José María Flores González, admitió el incidente de nulidad de actuaciones por indebido emplazamiento, el cual se admitió con suspensión del procedimiento principal. El diez de abril de dos mil dieciocho, el juez responsable emitió dos autos, tanto en el incidente de nulidad de actuaciones, como en el juicio de origen, en los que determinó: En el primero, que el incidente de nulidad de actuaciones, sería sin suspensión del procedimiento, en atención a lo establecido en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado y, En el segundo, a petición de la parte actora tuvo al demandado por contestando la demanda en sentido afirmativo, dentro del juicio civil 150/2018. 5. En acuerdo de trece de abril del año en curso, el representante de la actora contesto el incidente de nulidad de actuaciones. 6. En auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el demandado interpuso recurso de revocación en contra de los proveídos de diez de abril pasado, emitidos dentro del incidente de nulidad de actuaciones y en el juicio civil de origen, el cual, en resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho, se declaró improcedente. Determinación que constituye el acto reclamado. Antecedentes que el promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Conforme con lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio sumario 150/2018, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del quejoso, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, tanto en el incidente de nulidad de actuaciones, así como en el juicio de origen. Lo anterior, es así en virtud de que la resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, contra los autos de diez de abril del presente año, el primero por el que se declaró que el incidente de nulidad de actuaciones por indebido emplazamiento debió admitirse sin suspensión del procedimiento y el segundo que tuvo por contestada en sentido afirmativo la demanda, no pueden considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva en el incidente de nulidad de actuaciones que promovió el aquí quejoso; así como en el citado juicio sumario civil; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el incidente y juicio de origen sean adversos al aquí quejoso, de manera que mientras tales resoluciones no se pronuncien, se está en la posibilidad de que las mismas le sean favorables a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia Tesis: IX.1o. J/22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 163233 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIII, Enero de 2011 Pag. 2859 Jurisprudencia (Común) AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis: Tesis: VI.2o.C. J/302 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 167997 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIX, Enero de 2009 Pag. 2594 Jurisprudencia (Común) VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental. Así como la siguiente tesis aplicable por la similitud de razón: Tesis: VII.2o.T.43 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011721 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV Pag. 2786 Tesis Aislada(Común) DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. A más de que, la sentencia que en su momento se dicte resolviendo el incidente de nulidad de actuaciones y en el negocio principal, de ser contraria a los intereses del quejoso, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante los medios de defensa que en su momento, en su caso, éste haga valer. De esta forma, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo, toda vez que en el caso, el acto de autoridad que se combate no es de aquéllos que de manera inmediata cause un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracciones V y XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por José María Flores González, por su propio derecho, respecto del acto reclamado materia del presente juicio; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Con las constancias que integran el juicio sumario civil 150/2018, fórmese cuaderno de pruebas a efecto de no alterar su folio, el cual se identificara como tomo I; asiéntese la certificación correspondiente. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Ahora, toda vez que el quejoso señala domicilio para oír y recibir notificaciones en el número 74 "A" de la calle Rotorno de Hoscua, colonia Bosques Camelinas de Morelia, Michoacán, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en dicha ciudad capital, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, notifique el presente auto a la parte quejosa, en el referido domicilio. De igual manera, se le prevenga para que en ese acto, o dentro de los tres días siguientes, contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcione domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones; en caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, les serán ordenadas por medio de lista, como lo establece el artículo 29 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como autorizado de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jaime Hernández Rodríguez, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho y únicamente de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado artículo a Gustavo Uriel Hernández Rodríguez. Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el juicio.

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