José Miguel Ángel Velázquez Jiménez

Expediente 358/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
358/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
10/02/2021

Partes del expediente

  • José Miguel Ángel Velázquez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintiuno. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. DESTRUCCIÓN Y DEPURACIÓN DE EXPEDIENTES. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido, y por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo de la fracción III del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el proveído donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS QUEJOSA. Asimismo, toda vez que la parte quejosa, durante la tramitación del presente asunto, anexó documentos que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca en este juzgado, con identificación oficial vigente, a recoger los documentos exhibidos al presente juicio; en el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. Sin embargo, atendiendo a las medidas para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), dentro de las cuales se destaca la adopción de medidas estrictas de distanciamiento social y esquemas para evitar la exposición innecesaria tanto del personal del Consejo de la Judicatura Federal, así como de abogados, justiciables y público en general, se hace del conocimiento de la parte solicitante que para la entrega de las documentales solicitadas deberá atenderse a las reglas que más adelante se precisaran para obtener cita para acudir a este órgano jurisdiccional. ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS. Se hace del conocimiento de las partes en general que para ingresar a las instalaciones que ocupan este juzgado federal a fin de consultar el expediente (electrónico) o desahogar comparecencias y requerimientos, se debe generar cita en el micrositio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea, el que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR intransferible que, a su vez, permitirá que ella, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional por un máximo de veinticinco minutos, previa identificación con documento oficial, registro y pase en filtros sanitarios. Por lo tanto, se hace del conocimiento de las partes que sin cita no se les permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan este juzgado de distrito, de conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden consultar en la lista electrónica la síntesis del acuerdo publicada o simple consulta electrónica del expediente previa solicitud y usuario electrónico que proporcione conforme el asignado por el Portal relativo, opción última que evita mayores molestias o exposición innecesaria. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y turnado el dieciocho siguiente a este órgano jurisdiccional, José Miguel Ángel Velázquez Jiménez, por su propio derecho; demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades responsables siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Primero Menor Mixto; y, Actuario adscrito, ambas con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: ".La orden de embargo en mi domicilio, que lo es la calle Salazar número 22, colonia Mártires de Uruapan, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán.". La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. II. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se tuvo con el carácter de tercero interesado a Jorge Iván Santoyo Barajas el cual en proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, fue legalmente emplazado al presente juicio; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así, luego de haberse diferido la audiencia constitucional y reactivado el juicio de amparo en que se actúa, con motivo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la audiencia constitucional, tuvo verificativo a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, ejerce jurisdicción y es legal, y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 17, 103, fracción I y 107, fracción III inciso c) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37, párrafo primero y 107 fracción V, de la Ley de Amparo,; en relación con el Acuerdo General 3/2013, que emitió el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en materia civil, reclamarse actos derivados del juicio ejecutivo mercantil 241/2020, donde el quejoso aduce ser tercero extraño a dicha controversia, son actos de imposible reparación y se pretenden llevar a cabo dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción (ciudad). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De acuerdo con lo anterior, en el presente caso debe tenerse como actos reclamados; en esencia: El auto de dos de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 241/2020, en el cual se señala que el actuario responsable se constituya en el domicilio de la demandada Cindy Ángeles Velázquez Espinoza, ubicado en la calle Salazar número 22, colonia Mártires de Uruapan, de esta ciudad, y entre otros, de no realizar el pago de las prestaciones reclamadas, se le embargaran bienes de su propiedad, inmueble del cual aduce el quejoso ser propietario. Lo anterior, sin haber sido oído ni vencido en el juicio de origen, según refiere el promovente. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero Menor Mixto, de esta ciudad; pues así lo manifestaron al rendir su informe de ley. Circunstancia que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 241/2020; que remitió en apoyo a su informe justificado el juez responsable; probanzas a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto segundo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Estudio de causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia que se estiman actualizadas en la especie, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, además, en la tesis de jurisprudencia número 228, consultable en las páginas 186 y 187, Tomo VI, Materia Común, Apéndice 1917-2000, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AÚN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Ante todo, el quejoso al acudir a la presente instancia constitucional, comparece como tercero extraño al juicio y para una mejor comprensión de la causa de improcedencia que se actualiza, este Tribunal Constitucional estima pertinente precisar, en lo que interesa, los antecedentes del juicio ejecutivo mercantil número 241/2020, promovido por Jorge Iván Santoyo Barajas frente a Cindy Ángeles Velázquez Espinoza y otra, de los que se desprende lo siguiente: En esta ciudad, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, ante el Juzgado Primero Menor Mixto, Jorge Iván Santoyo Barajas, promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa frente a Cindy Ángeles Velázquez Espinoza y otra; Proveído de dos de marzo del año en cita, en el cual se admitió a trámite y se radicó con el número 241/2020, y entre otros, se ordenó a la actuaria adscrita se constituyera en el domicilio ubicado en la calle Salazar número 22, colonia Mártires de Uruapan, de esta ciudad, a fin de requerir el pago de las prestaciones reclamadas y en caso de no hacerlo, se embargan bienes suficientes y bastantes para garantizar dichas prestaciones. Esta actuación es la que constituye la materia del reclamo por parte del quejos José Miguel Ángel Velázquez Jiménez, al aducir que el inmueble vinculado a la orden de embargar bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas lo tiene en posesión al ser de su propiedad; por lo que según manifiesta que al llevarse a cabo dicha diligencia, se violentarán sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En ese sentido, esta juzgadora advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, primera parte, aplicado este último en sentido contrario, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acredita la afectación a su interés jurídico, como a continuación se verá. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De los preceptos transcritos se advierte que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales es imperativo constitucional que el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, es decir, que únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama. Es este principio el que inspira la noción de "interés jurídico", requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que está conformado en primer lugar por la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a tal derecho. Aunado a lo anterior, debe decirse que, para que la acción constitucional proceda no basta que exista el acto reclamado, sino que se requiere que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Así, existe interés jurídico cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad una conducta determinada, sea de acción u omisión, es decir, que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, o lo que es lo mismo, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Ahora bien, el quejoso no acredita la afectación a su interés jurídico, pues en tratándose del derecho que aduce tener respecto al inmueble descrito, debió acreditarlo con documento idóneo que demuestre la titularidad del dominio del bien y su detentación, pues debe decirse que aun cuando el impetrante señala ser poseedor del bien inmueble en cita, tal afirmación debe ser probada de manera plena dentro de la presente instancia constitucional, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba, y de esta manera corroborar que precisamente el inmueble que defiende en el cual se ordenó el embargo en el contradictorio de origen es de su propiedad u ostenta su posesión. En el presente juicio de amparo, para demostrar su interés jurídico, el quejoso exhibió: Aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, el trece de agosto de dos mil veinte a nombre de Miguel Ángel Velázquez Jiménez; Licencia Municipal de uno de junio de dos mil dieciséis, expedida por el H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, a nombre de José Miguel Velázquez Espinoza, para el giro de reparación de piezas automotrices e industriales; Informe de imagenología de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, expedida por "Neuro Diagnóstico de Uruapan", a nombre de J. Miguel Ángel Velázquez Jiménez; y Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre de José Miguel Ángel Velázquez Jiménez, con domicilio en la calle Salazar número 22, colonia Mártires de Uruapan, con fecha de registro de mil novecientos noventa y uno. Respecto a las señaladas en los incisos a), b) y c), no obstante su valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto a los artículos 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; las mismas no adquieren eficacia probatoria plena para acreditar el interés jurídico requerido para la procedencia del presente juicio de amparo, respecto del derecho de posesión y propiedad del bien materia de la controversia de origen, que dice tener el quejoso; lo anterior, toda vez que, dentro de las citadas constancias no se exhibió alguna de la cual se pudiera deducir que contiene algún acto traslativo de dominio del inmueble materia del contradictorio y con la cual se acreditara su derecho a fin de ser protegido en el presente juicio de amparo. Por último, respecto a la señalada en el inciso d), fue exhibida en copia simple; sin embargo, se advierte que únicamente se refiere a los datos de identificación, asentados en la credencial de elector, de lo cual no se soslaya que no se encuentra vigente. Por lo que, como se anotó, es incontrovertible que para promover un juicio de amparo, debe de estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Por tanto, si los actos reclamados se hacen consistir en la afectación o menoscabo en sus derechos de propiedad y posesión en el inmueble materia del contradictorio de origen, resulta lógico que para comprobar el interés jurídico, sólo deben demostrarse tales derechos de manera fehaciente, con datos inequívocos, esto es, con prueba idónea y fehaciente que demuestre esos extremos. Ciertamente, porque quien es propietario o poseedor del cual penden actos de autoridad tales como la desposesión, el interés jurídico se demuestra con las documentales que acrediten que el quejoso es el propietario o poseedor del mismo, y en el caso, que dicho inmueble perteneciera al quejoso y que su esfera de derecho de propiedad o posesión se vio afectada por el acto de autoridad, que como tal, debe cumplir con los extremos que la Constitución le impone. Es así, porque, de acuerdo con el análisis del juicio de amparo, se advierte que el promovente no exhibió medios de convicción idóneos y conducentes para acreditar dicho status jurídico, esto es, la posesión y propiedad que aduce tener sobre el inmueble objeto del debate natural; esto es, que efectivamente tiene la posesión y propiedad del inmueble relativo y, por otro, en su caso, que esa detentación está basada en un título reconocido en la ley para hacerla apta de protección constitucional. En lo conducente, sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En ese sentido el quejoso, no demostró, jurídicamente, para efectos de este juicio de amparo tener un derecho de propiedad y posesión sobre el inmueble descrito, que sea trastocado por los actos que se impugnan en el presente juicio. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En ese contexto, al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados, esta juzgadora se encuentra legalmente impedida para realizar el estudio de los conceptos de violación expuestos, respecto de los actos reclamados precisados en esta parte considerativa pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, visible a foja 335, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, ya que no se reclaman por vicios propios, sino que derivan de los actos atribuidos a la autoridad ordenadora respecto del cual resultó improcedente este juicio de amparo. Al efecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 134, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 163-168 primera parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". En el entendido de que diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". QUINTO. Publicidad de la sentencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XII, 73, 74, 75, 76, 124 y 219, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso José Miguel Ángel Velázquez Jiménez, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veinte. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO. Vistas las constancias relativas al emplazamiento que se encuentran agregadas en autos, se advierte que mediante diligencia del día de hoy, se emplazó a juicio al tercero interesado Jorge Iván Santoyo Barajas; consecuentemente, téngasele por legalmente emplazado al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, una vez que transcurra el término de tres días, concedido en auto de veintinueve de octubre del año en curso, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, acuérdese lo conducente. Hágase de su conocimiento que a partir de que se hizo sabedor de la instauración del presente juicio de garantías, quedaron expeditos sus derechos a efecto de que, en caso de considerarlo necesario, ofrezca las pruebas que estime pertinentes en el término legal que dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, como se advierte que de la fecha en que se notificó al referido tercero interesado Jorge Iván Santoyo Barajas, el contenido del auto de veintiuno de septiembre pasado, en que se admitió a trámite la demanda de garantías, a la actual, fijada para la celebración de la audiencia constitucional, no ha transcurrido el término de ocho días, a efecto de que se imponga del contenido de las constancias que integran el presente juicio de amparo, asimismo, como ya se precisó, ofrezca las pruebas que estime pertinentes, en el término legal que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (TERCEROS INTERESADOS Y A SUS AUTORIZADOS),DOCUMENTALES AUTORIDAD RESPONSABLE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, enviado por el Juez Primero Menor Mixto, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de octubre del año en curso, remite copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 241/2020, de donde emanan los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y exhibidas las documentales que anexa, las que se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza jurídica. Dése vista a las partes con las documentales de referencia, para que manifiesten lo que a su interés legal corresponda; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.ESTADO DE AUTOS. Por otra parte, del estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, se reservó proveer lo conducente, en relación con el emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto, se contara con las documentales que remita la autoridad responsable, en apoyo a su informe de ley, así como en las que sustente la emisión de los actos reclamados; lo que en el caso, ya aconteció.EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado a Jorge Iván Santoyo Barajas -parte actora en el juicio de origen-, quien señaló como domicilio procesal, el ubicado en calle Galeana, número 24, letra "B", colonia Morelos, de esta ciudad. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que, por su conducto emplace al juicio de amparo en que se actúa a la referida parte procesal; diligencia en la que deberá: Notificar el presente acuerdo al citado tercero interesado, y entregarle copia simple de la demanda de amparo y auto admisorio..CITATORIO

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