José Marcelino Pintor Picazo Castrejón
Expediente 289/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Marcelino Pintor Picazo Castrejón
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DEJA DOCUMENTO ORIGINAL A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se desprende que en el presente juicio de amparo, obra documento original; con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del acuerdo antes mencionado, requiérase a la parte quejosa, que cuenta con el término legal de noventa días hábiles, para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho lapso, correrá la suerte del juicio principal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-289/2022, promovido por Diana Álvarez Cancino, en cuanto apoderada de José Marcelino Pintor Picazo, contra actos de Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el catorce de marzo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y remitido a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día, Diana Álvarez Cancino, en cuanto apoderada de José Marcelino Pintor Picazo, promovió demanda de amparo indirecto contra Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de quince de marzo del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma como expediente III-289/2022; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugna un acto omisivo de autoridad con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión en que ha incurrido la Junta responsable en señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio ordinario laboral número 1B-2744/2021. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su respectivo informe justificado, la autoridad responsable señaló que era cierto que se encontraba en trámite el expediente laboral de origen, pero negó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó. Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó a la autoridad responsable. Lo anterior es así, dado que si bien la parte quejosa reclamó en su escrito inicial que la autoridad responsable había sido omisa en señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 1B-2744/2021. Sin embargo, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que no existe la omisión del señalamiento de fecha de audiencia. Ello porque desde el uno de febrero del año en curso, se señaló las once horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo del mismo año, para que tenga lugar la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En tales circunstancias, es evidente la inexistencia del acto reclamado, dado que antes de la fecha de presentación de la demanda, esto es, el catorce de marzo de dos mil veintidós, no existía la dilación procesal que reclama en el presente asunto. Se cita como apoyo la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2019400 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Así, al haberse declarado el sobreseimiento, este Juzgado Federal se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Marcelino Pintor Picazo, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el tercer considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-356/2019, promovido por Mario Alberto Arévalos Duarte, por su propio derecho, contra actos del Director de Urbanismo y Obras Públicas de La Piedad, Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, y registrado al día siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Mario Alberto Arévalos Duarte, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de urbanismo y Obras Públicas de La Piedad, Michoacán, y otras autoridades. Segundo. Substanciación del juicio. Por auto de uno de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda en cuestión, la que fue registrada bajo el número VIII-356/2019; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Ley de amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37, de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades administrativas residentes en la circunscripción territorial, donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, así como de las demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en: La aprobación y autorización de la relotificación del conjunto habitacional Residencial Cumbres de La Piedad, Michoacán, de dieciséis de abril de dos mil doce. Cuarto. Inexistencia de los actos reclamados. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Administrador de Rentas de La Piedad, Michoacán y el Secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial de Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que niegan la existencia de los actos que se les atribuyen. Negativa de actos que no fue desvirtuada por el aquí quejoso, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Quinto. Existencia de los actos reclamados. Por otro lado, del contenido de los informes justificados rendidos por el Director de Urbanismo y Obras Públicas y el Director de la Propiedad Inmobiliaria, ambos de La Piedad, Michoacán; así como el Director del registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, se advierte que aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen, a cuyo efecto remitieron copia certificada de las constancias relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Sexto. Causales de improcedencia. Es innecesario examinar, en cuanto al fondo, los conceptos de violación formulados por el quejoso y las consideraciones que sustentan los actos reclamados, en función a que en la especie se actualiza una causa de improcedencia que impide realizar ese análisis en el presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente y de orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza una causa de improcedencia respecto del acto reclamado descrito, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acreditó la afectación a su esfera jurídica para promover el presente juicio de amparo como se verá en párrafos posteriores. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley." Por cuestión de orden, resulta precisar que el artículo 5° de la Ley de Amparo, en su fracción I, indica que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la misma manera, el numeral y fracción de referencia, es claro en indicar que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. Aunado a lo anterior, cabe hacer mención a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De acuerdo con el precepto constitucional transcrito, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de "parte agraviada". Para explicar lo anterior, conviene acudir a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado, a partir de la base doctrinal y jurisprudencial, respecto de los conceptos de interés jurídico e interés legítimo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal, la facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) Una facultad de exigir; y, b) Una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. De tal manera que en esta hipótesis tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no quien únicamente tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, esto es, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir. En cambio, por interés legítimo se ha entendido el que tienen las personas por la situación objetiva en que se encuentran por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma. Son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio; esto es, cuando la ofensa a los derechos del gobernado comprenda una situación particular que tenga aquél en el orden jurídico. Aunado a lo anterior, cuando el particular atribuye a la autoridad algún acto que lesione su derecho de propiedad, que se ejecute o pretenda ejecutar sobre un inmueble, deberá demostrar -a través del medio de prueba fehaciente e idóneo- que aquél acto de autoridad se ejecuta o se ejecutará sobre el bien inmueble que precise la parte quejosa, esto es, la 'identidad del inmueble'; tal extremo se demostraría, en su caso, a través de cualquier medio de prueba que corrobore fehacientemente tal aspecto. No obstante, la prueba pericial en materia de 'ingeniería topográfica' es el medio de convicción idóneo para tal fin. Al respecto, se considera ilustrativa la tesis número VIII.2o.14 C, con número de registro 203637, de rubro y texto: Registro digital: 203637 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VIII.2o.14 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 555 Tipo: Aislada PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa. Así como la diversa tesis II.2o.168 C, con número de registro 213209, que dice: Registro digital: 213209 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil Tesis: II.2o.168 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Marzo de 1994, página 422 Tipo: Aislada PERICIAL. MEDIO PROBATORIO IDONEO PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE UN INMUEBLE Y NO LA TESTIMONIAL. No debe tenerse por acreditada la identidad de un bien inmueble con el sólo señalamiento de los testigos de que conocen el predio en litigio, puesto que evidentemente tal hecho requiere de prueba directa que así lo diga, como es la pericial, que es el medio probatorio idóneo para llevar al juzgador a la certeza de si un inmueble es o no el que pretende la actora y menos cuando como en el caso hay prueba pericial en sentido contrario, esto es, de la no identidad con el que se pide. De tal modo que la afectación que en esencia reclama el quejoso consiste en que se autorizó la relotificación y, con ello la construcción de una casa colindante a su propiedad, la cual, aduce el quejoso impide la ventilación e iluminación de su propiedad. Aunado a ello el hecho de que se está construyendo sobre la vía pública; precisando que con dicha construcción se viola en su perjuicio el contenido de los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales, toda vez que con el citado acto que reclama se transgrede su derechos de propiedad y de audiencia consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Circunstancias que son insuficientes para reconocer una afectación a la esfera de derechos del quejoso, pues para que ello suceda, es menester que el acto de autoridad efectivamente vulnere o restrinja su esfera jurídica, lo que de suyo implica que tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarlo a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. De manera que si no se demuestra lo anterior, indefectiblemente el juicio constitucional será improcedente. En el caso, si bien el quejoso demostró ser vecino del fraccionamiento Residencial Cumbres de La Piedad, Michoacán, no acreditó la afectación a su interés para instar el presente juicio de amparo. Ello porque no probó que la construcción de una casa habitación autorizada mediante la relotificación y licencia en dicho fraccionamiento, colinde con el inmueble de su propiedad; esto es, no demostró que exista identidad en el inmueble y, que en todo caso, la relotificación y construcción generen una afectación a su propiedad. Lo anterior porque para demostrar la afectación a su interés jurídico, el quejoso ofreció como pruebas de su parte, las siguientes: Ejemplar del Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de veintisiete de mayo de dos mil catorce. Acuse de recibo del escrito fechado de once de marzo de dos mil dieciocho. Certificación notarial de seis de marzo de dos mil diecinueve, contenida en el instrumento 1,360, en la que se hace constar la demolición de la obra de vialidad que separa la casa habitación marcada con el número 40, de la manzana F y la casa marcada con el diverso 36 de la manzana C, del Fraccionamiento Cumbres en La Piedad, Michoacán, el retiro de una parte de lus; y, dijo el notario, el que nos ventanales del inmueble que sirven de luz y ventilación en su primer y segundo piso en su colindancia con la vialidad . Copia cotejada de la escritura pública relativa al contrato de compraventa del inmueble ubicado en el lote uno, de la manzana F, ubicado en la calle Everest esquina con Prolongación Urano, marcado con el número oficial 40, del Fraccionamiento denominado Residencial Cumbres en La Piedad, Michoacán, en el que figura como comprador el aquí quejoso. Cinco impresiones fotográficas. Copia cotejada de los contratos de compraventa relativos a los lotes 3, 4, 5, 6, 7 de la manzana C, de la calle Everest del Fraccionamiento denominado Residencial Cumbres en La Piedad, Michoacán; así como de los diversos relativos a los lotes 7, 8, 9, 10, 12 y 13 de la manzana F de la citada calle y fraccionamiento. Copia cotejada de la escritura pública 1852, que contiene la protocolización del plano del fraccionamiento Residencial Cumbres. Documentales que cuentan con valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos. En principio, el quejoso acredita una parte del interés requerido para acudir a este juicio constitucional, pues acredita que es propietario del inmueble ubicado en el lote uno, de la manzana F, ubicado en la calle Everest esquina con Prolongación Urano, marcado con el número oficial 40, del Fraccionamiento denominado Residencial Cumbres en La Piedad, Michoacán. Empero, al realizar un examen exhaustivo del resto de los anteriores medios de convicción, así como de las diversas documentales que obran agregadas en autos, se advierte que no adquieren eficacia probatoria plena para acreditar el interés jurídico o legítimo requerido para la procedencia del presente juicio de amparo. Ello en atención a que no se acredita la afectación personal, real y directa que a la parte quejosa le genera la autorización de la relotificación y la consecuente construcción de la casa habitación que refiere, mas no acredita, colinda con la que aduce es su propiedad, con la cual se pretenda obstruir la iluminación y ventilación. Lo anterior es así en atención a que dichos medios de convicción solamente son aptos para acreditar, en primer lugar, el derecho que el quejoso tiene sobre un inmueble ubicado en el lote uno, de la manzana F, ubicado en la calle Everest esquina con Prolongación Urano, marcado con el número oficial 40, del Fraccionamiento denominado Residencial Cumbres en La Piedad, Michoacán; así como que el dieciséis de abril de dos mil doce, se autorizó la relotificación del dicho conjunto habitacional, modificándose diversos lotes. En efecto, dichos medios de prueba son insuficientes para demostrar que la autorización de la relotificación y, en consecuencia, la construcción de la vivienda que refiere afecta sus derechos haya sido precisamente colindante del predio que aduce el quejoso, es de su propiedad y, que ello le genere alguna afectación que restrinja sus derechos, al aducir que con ella se le priva de la iluminación, ventilación y libre tránsito. En primer lugar, no tiene eficacia jurídica la certificación notarial de seis de marzo de dos mil diecinueve, contenida en el instrumento público 1,360 realizada por el Notario Público Número 8 de La Piedad, Michoacán. Ello pues si bien el fedatario puede dar fe sobre las cuestiones perceptibles con sus sentidos, como se advierte del artículo 97, fracción VII, de la Ley del Notariado, cierto es también, que el acta correspondiente no precisó cómo fue que llegó a la convicción de que se ubicaba precisamente en la casa-habitación marcada con el número 40 de la calle Everest, esquina con Prolongación Urano del Fraccionamiento Cumbres. A más de que dicha actuación no es la idónea para corroborar que, precisamente, la afectación que reclama la parte quejosa ahí se realizó. También cabe referir que para evidenciar tal afectación el quejoso podía ofrecer como prueba de su parte una pericial en topografía, a fin de que con los datos que en su caso aportara el perito se pudiera determinar el perjuicio real, material y directo a su interés que genera la relotificación y consecuente construcción de un inmueble colindante a su propiedad. Lo anterior en virtud de que ni al notario público ni a este órgano jurisdiccional le es permitido utilizar su conocimiento privado para fijar la identidad material de los bienes inmuebles, ni tampoco inferir con base en indicios que la relotificación y construcción del inmueble colinda con el que es propiedad del quejoso, así como la afectación que en su caso ello pudiera generar, pues para ello también son requeridos conocimientos técnicos. Por tanto, es indudable que las pruebas aportadas no benefician las pretensiones del quejoso sin el desahogo de la prueba pericial correspondiente, ya que para determinar lo antes expuesto era necesaria la opinión técnica de un experto en la materia. En tales condiciones, el quejoso no demostró sus pretensiones, lo cual podía acreditarse con la prueba pericial topográfica, en arquitectura o de agrimensura, que son las idóneas para corroborar tal extremo ya que, como se dijo, se necesitan conocimientos técnicos especiales para establecer si efectivamente hubo o no afectación dentro del inmueble propiedad del quejoso, así como si se restringe de modo alguno la ventilación, iluminación o libre tránsito. En conclusión, la afirmación en el sentido de que las autoridades responsables otorgaron la autorización de relotificación y la consecuente construcción, con la cual colinda la propiedad del quejoso, es insuficiente para demostrar su afectación en el presente juicio, pues para ello, como se anotó, era menester que el solicitante del amparo demostrara que el acto reclamado lesionaba un derecho existente y legítimamente tutelado a su favor. Circunstancia que, según se expuso, no aconteció en el caso; lo que conduce a determinar actualizada la causa de improcedencia a estudio. Sin que pase inadvertido el hecho de que, en todo caso, la afectación a algún derecho de paso, de luz o ventilación, puede ser reclamada a través de la vía civil. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, por lo que al citado acto reclamado se refiere. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, además, en los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mario Alberto Arévalos Duarte, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, en términos de los considerandos cuarto y sexto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado bajo el número III-289/2022. SE RECONOCE CARÁCTER Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo y en términos de la carta poder que anexa el promovente a su libelo, se reconoce a Diana Álvarez Cancino, el carácter de apoderada de José Marcelino Pintor Picazo, con el que comparece a gestionar a este medio de control constitucional. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 28, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Admítase la demanda de amparo promovida por Diana Álvarez Cancino, en cuanto apoderada de José Marcelino Pintor Picazo, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase informe justificado a la autoridad responsable, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite. Deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a la autoridad responsable para que informe si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. PRUEBAS DOCUMENTALES. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, desde ahora se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que la parte quejosa acompañó a la demanda, sin perjuicio de hacer relación de la misma en el acto de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. NO HA LUGAR A EMPLAZAR A TERCERO INTERESADO Sin que haya lugar a tener como tercera interesada a persona alguna, toda vez que no encuadran en ninguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III de la Ley de la Materia, virtud a que de la lectura íntegra de la demanda no se advierte que se tenga un interés contrario al de la parte quejosa; aunado a que su llamamiento a juicio sólo retardaría el procedimiento dentro del mismo, sin pasar por alto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo. CONSIDERACIÓN RESPECTO DE LA APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA No pasa inadvertido para el suscrito juzgador la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Criterio transcrito que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional; sin embargo, de los antecedentes narrados por la parte quejosa, se obtiene indiciariamente que se estaría en presencia del caso de excepción que prevé dicha jurisprudencia. Ello en atención a que la parte promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, que el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno presentó demanda laboral, sin que a la fecha se haya radicado y señalado fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente 1B-2744/2021. De ahí que sea factible considerar que posiblemente exista una abierta dilación del procedimiento y, por tanto, la causal de improcedencia no es notoria e indudable en este momento procesal, motivo por el cual, resulta procedente la admisión de la demanda de amparo, ello sin prejuzgar sobre la posible actualización de la misma ni sobre las cuestiones relativas al fondo del asunto que permitan medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla el juicio laboral del que emana el acto reclamado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. NOTIFICACIONES A LA RESPONSABLE Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". REQUERIMIENTO A LAS PARTES Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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