José María Sánchez Solá
Expediente 7/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 4 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José María Sánchez Solá
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de enero de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Agréguese a sus autos el oficio del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual anexa el original del expediente de amparo 1072/2017, promovido por -----, contra los actos del Juez Primero de lo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 7/2018. NO ACEPTA LA COMPETENCIA Ahora bien, de autos se advierte que el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante acuerdo de veintisiete de diciembre del año en curso, declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo 1072/2017 de su índice (mismo que se registró en este órgano jurisdiccional con el número al rubro citado), pues, en esencia, sostiene que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión o reaprehensión, emitida por un Juzgado de Delitos No Graves de la Ciudad de México, trató de ejecutarse en el Estado de Puebla. Razón por la cual -dijo el juez antes citado- se actualizaba la hipótesis contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, aunado a que el quejoso señaló autoridades ejecutoras en el Estado de Puebla. Sin embargo, contrario a lo aducido por el juez declinante, el suscrito considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por ----------; esto en términos del artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, misma que resulta aplicable, precepto que establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, de la lectura integral del artículo anteriormente transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito conozca un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: a) Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, es decir, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b), pues atento al contenido de la demanda y su escrito aclaratorio se advierte que el acto reclamado puede tener ejecución tanto en la Ciudad de Puebla como en la Ciudad de México, por lo que resulta competente el juez de Distrito ante el cual se presentó el libelo de amparo, que en el caso es el juez declinante. En efecto, tal y como lo indicó el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, si bien el quejoso al dar cumplimiento a la prevención de veinte de diciembre del año pasado, indicó que el viernes quince de diciembre de dos mil diecisiete, unas personas preguntaron por él, en las oficinas de su asesor ubicadas en la ciudad de Puebla, para dejarle un citatorio emitido por un Juzgado de Delitos No Graves de la ciudad de México, lo cierto es que dicho aserto no implica que el acto reclamado no pueda ejecutarse en la Ciudad de México, pues pensar lo contario implicaría desconocer lo plasmado en la demanda de amparo, en el sentido de que señaló como autoridades ordenadoras y ejecutoras en esa ciudad y que tiene su domicilio en la misma; así como que en el escrito aclaratorio, bajo la protesta de ley, refirió que sus actividades profesionales se desarrollan principalmente en la Ciudad de México, por lo que los actos reclamados se pueden ejecutar en esa demarcación. Además, el quejoso precisó en el proemio de la demanda que señalaba para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en calle de Obregón número 722, colonia Del Valle, código postal 03100, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, en el apartado I denominado Nombre y domicilio del quejoso indicó que estaban indicados en el proemio del libelo; sin que en autos se advierta una circunstancia diversa a la ahí plasmada, es decir, que impetrante reside en la ciudad de México, pues incluso refirió que ahí desarrolla sus actividades laborales. De ahí que si bien el juez declinante previno al impetrante, dicho requerimiento lo hizo a fin de que le esclareciera la demarcación territorial en que pretendió ejecutar la orden reclamada; lo cierto es que del cumplimiento que dio el quejoso a dicho requerimiento no se advierte manifestación alguna que implique que el acto no pueda ejecutarse en la Ciudad de México; sino que robustecen lo contrario. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 571/2012, sostiene que el citado precepto, establece que es Juez competente para conocer del juicio, aquel que tiene jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, entonces es posible sostener que si en la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado la orden de aprehensión en su contra, y asegura, bajo protesta de decir verdad, que a su domicilio se han presentado autoridades judiciales con la finalidad de aprehenderlo, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito ante quien se promueve, no puede el referido juzgador desconocer su competencia, máxime que el quejoso en su demanda señaló de autoridad ejecutora con residencia en ese sitio, ya que lógicamente la naturaleza de los actos reclamados permite concluir que pueda ser ejecutado en cualquier lugar donde la persona pueda ser localizada, por ejemplo, su propio domicilio. La Primera Sala sostiene lo anterior, porque el juzgador de amparo no puede desconocer lo manifestado por el peticionario de amparo y soslayar sus afirmaciones para sin más establecer su incompetencia, ya que tal situación podría tornar nugatorio el derecho del peticionario de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado, situación que podría dificultarle contar con mejores medios y posibilidades de defensa, lo cual iría en contra del espíritu que irradia el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho lo anterior, de las constancias de autos se advierte que el impetrante de amparo en su escrito de demanda indicó que tiene su domicilio en la Ciudad de México y que ahí preponderantemente desempeña su actividad profesional; además de que también señaló autoridades responsables, tanto ordenadoras como ejecutoras, en la Ciudad de México. De ahí que si bien el acto reclamado pretendió ejecutarse en el Estado de Puebla, lo cierto es que de acuerdo a lo manifestado por el impetrante de amparo, también puede ejecutarse en la Ciudad de México, pues, como se expuso, no puede soslayarse lo manifestado por el mismo, en el sentido de que ahí tiene su domicilio y de que señala autoridades con residencia en ese lugar, máxime que de autos no se advierte cuestión alguna que desvirtúe dicha circunstancia, dado que sostener lo contrario haría nugatorio el derecho del peticionario de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción presentó la demanda de amparo, pues esa situación podría dificultarle contar con mejores medios y posibilidades de defensa, lo cual iría en contra del espíritu que irradia el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, da sustento a lo anterior lo sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2017, instancia que expuso que si conforme a las reglas en cita el Juez competente para conocer del juicio es aquél que tiene jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, entonces si tanto en la demanda de amparo como en el escrito de aclaración de la misma, se advierte que el quejoso reside en la ciudad de México y que ahí puede ser ejecutado el acto reclamado, debe considerarse que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado (orden de aprehensión o reaprehensión), éste puede ser ejecutado en cualquier lado en donde puede ser localizado el solicitante de amparo, como lo es su domicilio. Por lo que, dicho órgano colegiado refiere, que cuenta habida que la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; lo que no puede ser desconocido por el Juez constitucional; por tanto, los aducido por solicitante de derechos humanos, debe considerarse a efecto de determinar la competencia, ya que de estimar lo contrario, se tornaría en perjuicio de los derechos del solicitante de amparo de acceder al juicio constitucional mediante el órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado, lo que repercutiría al dificultarle contar con mejores medios y posibilidades de defensa. Dicho lo anterior, como se expuso, es dable concluir que el acto reclamado puede tener ejecución, tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de Puebla, en términos del artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que corresponde conocer a cualquier juez al que se presente la demanda (a prevención) de los jueces de las citadas jurisdicciones. En tal virtud, si en el caso en particular el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México conoció de manera previa de la demanda de amparo promovida por el impetrante contra la orden de aprehensión o reaprehensión, reclamada. En consecuencia, no se acepta la competencia declinada en favor de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por José María Sánchez Solá, en contra de la orden de aprehensión o reaprehensión, reclamada. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente, previa formación del cuaderno de antecedente correspondiente, solicitándole el acuse de recibo, para que en el término que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe la determinación adoptada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese.
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