José Marino González Cervantes
Expediente 197/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JOSÉ MARINO GONZÁLEZ CERVANTES y Otros.
- José Marino González Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el original del juicio de amparo número 197/2023; asimismo hace del conocimiento que se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y vinculado al presente juicio, la ejecutoria dictada el treinta de marzo de dos mil veintitrés en el recurso de queja Q-54/2023 interpuesto por ******************** y ********************. En tales condiciones, se ordena glosar a los autos el testimonio electrónico de la ejecutoria de mérito, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió declarar infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés dictado en el presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Glósese a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d) del acuerdo general citado porque la demanda se desechó; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en totalidad.
- Principal
Glósese a los presentes autos el oficio del Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mismo que fue recibido de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por el cual informa que se admite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ********************, registrado con el número de queja 54/2023 de su índice, lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. SE HACE DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente en atención a la Circular CAR 02/CCNO/2020 de doce de marzo de dos mil veinte, emitida por la Secretaría de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para hacer disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo con el recurso de revisión citado con antelación.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de la parte quejosa ******************** ******************** por el cual interpone recurso de queja en contra del auto veintiocho de febrero del año en curso; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar de plano la demanda de amparo promovida por los citados quejosos, contra actos de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro y otra autoridad. Ahora bien, en virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes. Por lo anterior, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
... Vista la demanda de amparo promovida por José Marino Miguel González Cervantes y Guadalupe Castro Lugo, contra los actos de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y otra autoridad; con la correspondiente firma electrónica. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 197/2023. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, los siguientes actos: ". la resolución decretada en audiencia de fecha dos de febrero de dos mil veintitrés dentro de la carpeta judicial administrativa 280/2023/PUEBLA, en cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo ********************/2023 emitida por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla." Y del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana: "reclamamos el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM-I/********************/2021." En este sentido, es de precisarse que, los quejosos al relatar los antecedentes de los actos que reclaman, bajo protesta de decir verdad, manifestaron que la determinación de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, consistió en cumplimiento a lo determinado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla dentro del juicio de amparo ********************/2022. Ahora bien, de las constancias impresas del portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al Buscador de Sentencias CJF, se encontró la sentencia emitida por la autoridad federal antes referida, documentales que tiene valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones practicadas por una autoridad federal en ejercicio de sus facultades legales, se advierte que la citada autoridad, resolvió: ".se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la autoridad responsable 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Idalia Arciniega Arias), una vez que quede firme este fallo, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la determinación emitida en la audiencia de control judicial previo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 280/2022/CJP/PUEBLA. b) Cite a las partes a una audiencia en la que habrá de resolver de nuevo las solicitudes de control judicial previo realizadas el nueve de mayo de dos mil veintidós, contra de la omisión del Ministerio Público de determinar la carpeta de investigación de origen; y, el treinta de mayo de dos mil veintidós, contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-I/********************/2021. c) Sin permitir el debate entre las partes, precise cuál de esas dos solicitudes de control judicial previo fue la que declaró sin materia; ello, a fin de cumplir con el principio de seguridad jurídica que rige en favor de las partes. d) Con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior, declare infundada la solicitud de control judicial previo de la asesora jurídica de los terceros interesados promovida contra el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-I/********************/2021. e) Remita las constancias que acrediten el cumplimiento respectivo. 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Metropolitana (José Gregorio Campos Rosales): f) Acate la determinación que emita la jueza responsable en cumplimiento a este fallo." Lo anterior se invoca como un hecho notorio para el suscrito, en términos de la jurisprudencia: P./J. 16/2018 (10a.), con registro digital: 2017123, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". En esa tesitura y, del contenido de tales documentales, se advierte que los actos reclamados por los quejosos en el presente juicio de amparo consisten en: La determinación emitida el dos de febrero de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del juicio de amparo ********************/2022 por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en la cual el Juez natural manifestó infundada la solicitud de control judicial previo de la asesora jurídica de los terceros interesados (aquí quejosos), promovido contra del no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM-I/********************/2021 de treinta de mayo de dos mil veintidós. Y, por otro lado, declaró sin materia la solicitud realizada el nueve de mayo del dos mil veintidós, en la que la parte ofendida promovió un control judicial previo contra de la omisión de esa representación social de determinar la carpeta de investigación de origen. En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia de la acción de amparo prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, esto en virtud de que el acto reclamado por los quejosos, como ya se dijo, fue en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo ********************/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, tal y como se aprecia de la sentencia dictada por éste. Entonces, en el caso es evidente que se actualiza la planteada hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" De la fracción del precepto legal transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; es decir, que para actualizarse esta causal de improcedencia deben converger cuatro elementos a saber: 1.- Que exista un juicio de amparo previo, 2. Que el mencionado juicio de garantías se haya emitido una resolución, 3. Que se esté ejecutando dicha resolución; y, 4. Que el acto que se reclame en el nuevo juicio sea aquella resolución o en su caso su ejecución. En la especie, como se dijo, lo que los quejosos reclaman, es la determinación emitida en la audiencia de dos de febrero de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del juicio de amparo ********************/2022 por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, donde el Juez natural manifestó infundada la solicitud de control judicial previo de la asesora jurídica de los terceros interesados, ahora quejosos, promovido contra el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM-I/********************/2021 de treinta de mayo de dos mil veintidós, y, por otro lado, declaró sin materia la solicitud realizada el nueve de mayo del dos mil veintidós, en la que la parte ofendida promovió un control judicial previo contra de la omisión de esa representación social de determinar la carpeta de investigación de origen; esto es, reclama actos dictados en cumplimiento a la sentencia en el diverso juicio de amparo ********************/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, en la cual como se advierte de los efectos precisados en párrafos precedentes, no se dejó libertad de jurisdicción a la responsable. Ahora bien, respecto al diverso acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, consistente en el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM-I/********************/2021, en caso de que sea diverso al de la materia del control judicial previo cuya resolución también señala como acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...) Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Entonces, el peticionario del amparo debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra la determinación de la autoridad investigadora que aquí controvierte. Ahora bien, en el supuesto que la determinación del no ejercicio de la acción penal que pretende reclamar por esta vía sea la misma que fue analizada en el control judicial previo, cuya determinación se emitió en audiencia de dos de febrero de este año y que también señala como acto reclamado se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme a lo transcrito el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Causa de improcedencia que está orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, conforme a tal supuesto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto controvertido, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Este supuesto de improcedencia también se extiende a aquellos actos respecto de los cuales no es dable emprender el análisis de su legalidad al haberse sustituido por otros, esto es, cuando un acto reclamado a virtud de una determinación posterior no puede generar consecuencias legales, sino que la afectación que resiente el gobernado deriva de aquél que lo sustituyó, que, lógicamente, resulta posterior al acto primigenio del que derivó, en un primer momento, la afectación controvertida. En tal supuesto, el juicio de amparo es improcedente respecto a la determinación que fue materia de la revisión o recurso, en tanto que dejó de tener efectos propios a virtud de tal sustitución y, por ende, no procede el análisis de su ajuste a la legalidad, pues emprenderlo afectaría la segunda determinación, de la cual constituyó la materia de estudio. Es ilustrativa en este aspecto, la jurisprudencia con rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. AMPARO IMPROCEDENTE, SI SE RECLAMA LA. La sentencia de primera instancia, cuando ha sido apelada, deja de tener efectos legales propios al ser sustituida, procesalmente, por el fallo que se dicta en la apelación. En tal virtud, el amparo que contra aquélla se promueva es improcedente, porque opera la causal prevista por el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo." En consecuencia, por ser notorias e indudables las causales de improcedencia que se han hecho alusión en líneas que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracciones, IX, XX y XXI, de la Ley de Amparo, e interpretada a contrario sentido y artículo 113 del ordenamiento legal en cita SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados a los profesionista que menciona en el mismo, lo anterior, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, y a las demás personas únicamente para oír y recibir notificaciones conforme lo establece el artículo 24 de la Ley de Amparo. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario "********************" y "********************", a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal y número telefónico, así como vía whatsapp que refiere en su demanda de amparo, en virtud de que dicho medio no está contemplado para efectuar notificaciones por la Ley de Amparo. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. .
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