José María Barragán Baruch

Expediente 1122/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1122/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • José María Barragán Baruch

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓNCon la demanda de amparo promovida Mario Pérez Montiel, por conducto de quien se ostenta como defensor particular Félix Iban Guerra Burgos, contra los actos del JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, y otra, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1122/2021. DESECHAMIENTO DEMANDA Precisado lo anterior, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama al JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, y otra autoridad, la medida cautelar de prisión preventiva necesaria dictada el veintidós de agosto de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 461/2021. Así mismo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado narra, en específico, que esa medida se dictó en la audiencia inicial de veintidós de agosto de dos mil veintiuno, en la que también se dictó en su contra auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal referida. De lo anterior deriva que el acto reclamado por el quejoso se emitió el veintidós de agosto de dos mil veintiuno, pues sostiene que en esa data se decretó la prisión preventiva justificada, dentro de la causa penal 461/2021. Conforme a lo relatado, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo , cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos legales. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, con las salvedades ahí precisadas, supuestos que en la especie no se actualizan al reclamarse la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictada el veintidós de agosto de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 461/2021, cuyos efectos si bien traen como consecuencia la privación de la libertad del impetrante, dicha privación no es fuera de procedimiento, pues la mismo se dictó en un proceso penal. Aunado a lo anterior, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para la presentación de la demanda de amparo se computará: 1. Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3. Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. En el caso debe atenderse a la hipótesis a que se refiere el punto 1, pues la medida cautelar de prisión preventiva justificada necesaria decretada el veintidós de agosto de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 461/2021 se notificó al quejoso al comparecer a la audiencia en que aquella se dictó, por lo que conforme a las reglas que para plazos establece el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de garantías, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si el quejoso Mario Pérez Montiel, fue notificado en la propia audiencia el veintidós de agosto de dos mil veintiuno, tal notificación surtió efectos al día siguiente y el plazo referido empezó a correr el veinticuatro de agosto, feneciendo el trece de septiembre de este año, sin contar los días veintiocho y veintinueve de agosto; cuatro, cinco, once y doce de septiembre de la presente anualidad, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo; lo anterior conforme a lo dispuesto en de los artículos 56, 62, 63 y 82 fracción I, inciso a) y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso Mario Pérez Montiel, consintió tácitamente el acto reclamado ya que no obstante haber sido notificado de la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintiuno, dictada en su contra, en esa misma data, pues en la audiencia correspondiente también se le vinculó a proceso y, por ende, su presencia es necesaria para llevarla a cabo, sin embargo, promovió este juicio hasta el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, según la data que obra en la papeleta de turno de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, lo que de suyo revela que entre ambas fechas media un período mayor a quince días hábiles. Así, al tener certeza de que el quejoso fue notificado en tal audiencia del acto reclamado, atento al cómputo antes realizado, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda, con fundamento en el diverso 113, del mismo ordenamiento legal. Lo cual se sustenta en la tesis de rubro: "ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS EN LA AUDIENCIA INICIAL EN PRESENCIA DEL QUEJOSO DENTRO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE INICIAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CELEBRACIÓN DE AQUELLA DILIGENCIA [ACLARACIÓN DE LA TESIS II.2o.P.83 P (10a.)]." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. No pasa inadvertido que el acto reclamado es restrictivo de la libertad, pero tal particularidad no puede estimarse como una excepción para la procedencia del juicio de amparo. De igual manera, debe considerarse que el plazo de quince días concedido para presentar la demanda respecto de los actos que afecten la libertad personal, emitidos dentro de procedimiento penal, es conforme al derecho humano de acceso a la justicia, específicamente al principio de justicia pronta, porque es un lapso razonable para que el gobernado prepare su adecuada defensa. La Ley de Amparo, en su artículo 17, fracción IV, estableció el término de quince días para el ejercicio de la acción de amparo y, entre las excepciones a éste, incluyó los "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", con lo cual excluyó la posibilidad de reclamar en cualquier tiempo los autos de vinculación y prisión preventiva, en virtud de ser determinaciones que se emiten dentro de procedimiento. Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la interposición de la demanda de amparo en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado de él, con el afán de retrasar la continuidad y celeridad de dicho proceso, en beneficio del propio inculpado. Sin dejar de mencionar, que tal circunstancia evidentemente busca someter la impugnación de la vinculación, prisión preventiva y otras medidas contra la libertad personal a un término prudente en aras de la celeridad del proceso acusatorio. En el aspecto indicado, cabe recordar que el artículo 6 de la Ley de Amparo, contempla que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el juicio de amparo podrá promoverlo el afectado, además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la ley lo permite, sin que ello desnaturalice el principio de agravio personal y directo, en la medida que el quejoso no deja de ser el titular de la acción de amparo, siendo quien puede promover el amparo aun por conducto de su defensor, y como tal es el inculpado quien promueve la demanda de amparo por conducto de su defensor. FORMA DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZADOS Téngasele por señaladas las listas de publicación de este juzgado federal para oír y recibir sus notificaciones; en tales condiciones, notifíquese por medio de lista el presente proveído y los subsecuentes autos, aun los de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizadas a las personas que indica en su demanda, en términos restringidos, esto es, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, en conformidad con el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, así como del número telefónico, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, pues no son un medio de comunicación procesal, porque para eso se necesita que solicite la notificación a través del juicio en línea. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMA DE NOTIFICACIÓN Se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Notifíquese a la parte quejosa por lista y personalmente en el lugar de su reclusión.

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