Jose Maria Roman Reyes Romano
Expediente 428/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Maria Roman Reyes Romano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el nueve de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DESTRUCCIÓN, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la documental remitida por la autoridad responsable: 2. Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la mesa de trámite 04 de Violencia Familiar y Delitos de Género, Iván Michel Díaz Palacios, con la que se formó el anexo I de pruebas, se ordena su devolución; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 428/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José María Román Reyes Romano, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno (fojas 2 a 10), mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibido el siete siguiente en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, José María Román Reyes Romano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades y actos que precisó en su demanda. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, desahogo, admisión y trámite del juicio. Mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno (fojas 11 a 16), se radicó la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 428/2021 de este índice, y se previno al quejoso para que precisara si deseaba señalar algún acto restrictivo de la libertad dictado en su contra. Mediante escrito presentado el trece de mayo de la presente anualidad (foja 20), el quejoso desahogó la prevención aludida e indicó que únicamente desea señalar como acto reclamado, la orden de restricción para acercarse o ingresar a su domicilio, por lo que, previa ratificación de la firma que calza ese escrito (foja 37), en acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (fojas 39 a 46), se admitió a trámite la demanda, con incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se concedió la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 53). TERCERO. Cita para sentencia. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que José María Román Reyes Romano, reclama lo siguiente: -La orden de restricción para ingresar o acercarse a su domicilio particular. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados destacados a las autoridades responsables siguientes: Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 1. Fiscal General del Estado de Puebla Negó 54 2 2. Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la mesa de trámite 04 de Violencia Familiar y Delitos de Género, Iván Michel Díaz Palacios Negó 59 y 60 3 3. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla Aceptó 72 Inexistencia de los actos reclamados. Como se observa de la tabla que antecede, las autoridades responsables ordenadoras 1. Fiscal General del Estado de Puebla y 2. Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la mesa de trámite 04 de Violencia Familiar y Delitos de Género, Iván Michel Díaz Palacios, negaron la existencia del acto reclamado, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Al respecto, cabe señalar que la autoridad responsable 2. Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la mesa de trámite 04 de Violencia Familiar y Delitos de Género, Iván Michel Díaz Palacios, al rendir su informe comunicó a esta autoridad que no es cierto el acto reclamado consistente en la orden de restricción para ingresar o acercarse a su domicilio. No obstante, aclaró que en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF-I/000408/2021, libró oficios a Josué Rene Macip Cajica, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada de Violencia Familiar y Delitos de Género, con el fin de que esa autoridad dictara medidas de protección a favor de la víctima, y que dicha autoridad, el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dictó medida de protección a favor de Rosaura Gómez Lechuga, de conformidad con el artículo 137, fracciones VI y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, establecer vigilancia en el domicilio de la víctima y prestar auxilio inmediato por parte de corporaciones policiales en el domicilio donde reside la víctima; y, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictó una diversa medida de protección, de conformidad con la fracción V, del mismo artículo, esto es, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos. Por su parte, la autoridad responsable ejecutora, 3. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, al rendir su informe aceptó la existencia del acto reclamado; no obstante, de la lectura del propio informe y del análisis de las constancias de autos, se aprecia que no existe orden de restricción para que el quejoso se acerque o ingrese a su domicilio, sino únicamente medidas de protección decretadas a favor de Rosaura Gómez Lechuga, para que se brinde vigilancia y auxilio policial en su domicilio y para que José María Román Reyes Romano, se abstenga de ejercer actos de intimidación o molestia en su contra; pues así lo expresó la autoridad responsable ejecutora mencionada. Lo anterior, se corrobora con la documental que las autoridades responsable 2. Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la mesa de trámite 04 de Violencia Familiar y Delitos de Género, Iván Michel Díaz Palacios, y 3. Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, remitieron como apoyo a su informe, consistente copia cotejada de diversas constancias deducidas de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF-I/000408/2021 (anexo I y fojas 73 a 85), a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de la que se advierte que, en efecto, el representante social responsable no emitió la orden de restricción reclamada por el quejoso. Además, se advierte que el dieciocho de enero de dos mil veintiuno y veintinueve de marzo del mismo año, la diversa autoridad no responsable Josué Rene Macip Cajica, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada de Violencia Familiar y Delitos de Género, emitió las medidas de protección aludidas (fojas 8 a 10, 57 y 58, folio azul del anexo I); y, que dicha autoridad libró los oficios 507/2021 y 208/2021 (fojas 11 y 81, folio azul del anexo I), dirigidos a la 3. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que ejecutara dichas medidas de protección. Por ende, resulta evidente que no existe la orden de restricción para ingresar o acercarse a su domicilio reclamada por el peticionario de amparo. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado (orden de restricción de ingresar a su domicilio y su ejecución), con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Ahora, cabe señalar que lo informado por la representación social responsable, relativo a la existencia de las medidas de protección descritas, implica la existencia de actos de autoridad relacionados con lo originalmente reclamado pero dictados por una autoridad distinta de la señalada como responsable; no obstante, esta autoridad considera improcedente dar vista al quejoso para que manifieste si desea señalar dichas medidas de protección como actos reclamados destacados en esta instancia y a la autoridad que las emitió, por los siguientes motivos. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario de amparo tenía conocimiento de las medidas de protección, o al menos, de las emitidas el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en virtud de que en su demanda de garantías expresó, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO. Que constituyen antecedentes del acto reclamado y que servirán de fundamento a los conceptos de violación los siguientes: Manifiesto a su señoría que los hechos y abstenciones que me constan y originan el acto reclamado, se traducen en los siguientes: El suscrito quejoso soy oriundo y vecino de esta ciudad de Puebla, Puebla; mexicano, de 53 años de edad, soltero, de profesión Arquitecto, siempre he sido ciudadano honorable y respetuoso del orden legal establecido y consecuentemente no he cometido delito, o falta alguna que amerite a que se me restrinja el derecho a ingresar al interior de mi domicilio; siendo el caso de que el día veintisiete de abril del año en curso, siendo aproximadamente las quince horas al ingresar a mi domicilio me encuentro con la sorpresa de que no puedo ingresar al mismo en virtud de que encuentra colocado un candado en el exterior de mi puerta, por lo que me causó mucha molestia y quise quitarlo, pero mi sorpresa creció aún más cuando escuché del interior de mi casa una voz que me dijo que no intentara quitar el candado de lo contrario llamaría a la policía, diciéndome la voz del interior que tenía orden del Ministerio Público de restricción para ingresar a mi domicilio, orden que nunca me ha sido mostrada, y minutos más tarde me llega un mensaje de Whatsapp en mi teléfono con una imagen que contiene un oficio del Ministerio Público dirigido al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la que se le ordena que proporcione el auxilio inmediato por elementos de esa corporación a su cargo al domicilio en donde se localice o se encuentre la victima (refiriéndose a la señora Rasaura Gómez Lechuga), persona a la que hasta ese momento me pude percatar es la persona que se encuentra adentro de mi domicilio, y así mismo se le solicita designe elementos de la corporación a su digno cargo a fin de que realicen vigilancia, (Rondines) en el domicilio de la referida víctima Rosaura Gómez Lechuga, más no así se contiene ninguna orden de restricción al suscrito para poder ingresar a mi domicilio, pero por la naturaleza de la Autoridad que emitió en su calidad de Autoridad Responsable Ordenadora el oficio referido a la Autoridad mencionada como Responsable Ejecutora, por lo que opté en no hacer nada hasta que supiera de que se trataba y decidí retirarme pero temo que efectivamente se encuentre dictada en mi contra una orden de restricción para ingresar a mi domicilio, determinación por virtud de la cual desde esa fecha veintisiete de abril a la actual fecha me encuentro fuera de mi domicilio particular y sin poder entrar al mismo, así mismo dicha orden no me ha sido notificada ni me ha sido impuesta conforme a derecho y con las formalidades esenciales del procedimiento, la cual de existir debo suponer que se dictó en mi contra de manera arbitraria pues el suscrito nunca he cometido delito alguno que merezca ese tipo de medidas." (Fojas 3 y 4 del expediente principal). De lo anterior, se colige que el quejoso, conocía la existencia del mandamiento ministerial en el que se ordenó brindar auxilio policial a la víctima y vigilancia en su domicilio, y a pesar de ello, fue enfático en reclamar únicamente la orden de restricción para acercarse o ingresar a su domicilio, la cual, como se dijo, no existe. Con independencia de lo anterior, debe decirse que esta autoridad considera que a ningún fin práctico conduciría dar vista al quejoso para que manifieste si es su deseo señalar las medidas de protección como nuevos actos reclamados y como responsable a la autoridad que las emitió, si desde este momento se advierte que el juicio de garantías resultará improcedente en su contra. Se afirma lo anterior, porque aun de haberse señalado tales actos como reclamados y haberse emplazado a juicio a la autoridad que los pronunció, el suscrito juzgador advierte que respecto de las medidas de protección dictadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En la citada causa de improcedencia el legislador estableció que, en ocasiones, aun cuando en la abstracción jurídica subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, éste no pueda surtir efectos legal o material alguno, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, por lo que, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico ni utilidad práctica tendría la respectiva sentencia que eventualmente concediera la protección constitucional, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1899, tomo XXIV novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En efecto, si bien se advierte que derivado de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF-I/000408/2021, se emitieron medidas de protección consistentes en mantener vigilancia en el domicilio de la víctima, prestar auxilio policial en su domicilio y la prohibición de ejercer actos de intimidación o molestia en su contra, éstas se dictaron por el periodo de sesenta días naturales. Medidas de protección que surtieron sus efectos desde el momento mismo en que se pronunciaron, con independencia de la fecha en que sean notificadas dichas determinaciones a sus destinatarios, en virtud de que la protección que se otorga, debe entenderse con efectos inmediatos, pues la finalidad principal de éstas consiste en salvaguardar la integridad de los sujetos de protección. Estimar lo contrario, conduciría al absurdo de considerar que, bastaría con que el destinatario de la medida se niegue a recibir la notificación de la misma para que la medida de protección perdiera su efectividad. Sobre todo, si se toma en consideración que las medidas de protección decretadas, en el caso particular, no entrañan una obligación de hacer para quien fueron dirigidas, por el contrario, persiguen como finalidad, las primeras, prestar vigilancia y auxilio policial a la víctima, y la segunda, evitar que se ejecuten determinadas conductas (intimidación o molestia) en contra de la víctima. Por ende, los sesenta días naturales durante los cuales la autoridad ministerial concedió las medidas protectoras, transcurrieron, en el primer caso (medida dictada el dieciocho de enero del presente año -fojas 8 a 10 del anexo I-) del diecinueve de enero al veinte de marzo de dos mil veintiuno; y, respecto de la segunda (dictada el veintinueve de marzo del año en curso -fojas 57 y 58 del anexo I-), del treinta de marzo al veintiocho de mayo del presente año. Por tanto, es evidente que en la fecha en que se emite la presente determinación, las medidas de protección decretadas en acuerdo de dieciocho de enero y veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, no se encuentran vigentes, pues éstas son de carácter transitorio y de temporalidad definida, de conformidad con el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: "Artículo 139. Duración de las medidas de protección y providencias precautorias La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin efectos. Por tanto, considerando que los sesenta días naturales de vigencia de las medidas cautelares ya transcurrieron, es evidente que tal actuación ministerial, en esta data, no es susceptible de causar afectación alguna a quien se dirigió. Además, no existe dato alguno que permita concluir que éstas dejaron huella alguna en la esfera jurídica del peticionario de amparo que amerite ser borrada o reparada, en virtud de que la imposición de las medidas de protección no inciden en la investigación de los delitos, sino se trata únicamente de medidas precautorias dirigidas a la protección de la víctima de los hechos con apariencia de delito que se investigan. De ese modo, aun cuando tales actos de autoridad subsistan, no pueden surtir efecto alguno en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que, debido a la conclusión de su vigencia, ya no existe la materia de las mismas. Se estima que las medidas de protección subsisten, porque los acuerdos donde se decretaron las medidas de protección, no han sido modificados, anulados o declarados insubsistentes de modo tal que lo ahí decretado quedara sin efectos, sino que fue el simple transcurso del tiempo lo que concluyó la vigencia de las medidas de protección ordenadas y lo que modificó el entorno creado por su existencia, dado que, al momento del dictado de esta sentencia, las providencias decretadas ya no están vigentes. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto de tales actos, resultaría ocioso integrarlos a la litis constitucional, porque, en todo caso, se sobreseería en el presente sumario respecto de ellos. No es obstáculo para lo anterior que no se haya llamado a juicio a persona alguna con el carácter de tercero interesado, dado el sentido del presente fallo (sobreseimiento), no le irroga perjuicio a persona alguna. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por José María Román Reyes Romano, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía electrónica al quejoso y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito del quejoso José María Román Reyes Romano, en atención a su contenido, se provee: Como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma). En la inteligencia que, para la entrega de las copias autorizadas en las instalaciones del órgano jurisdiccional, deberá ajustarse a lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, respecto a la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio SSP/DGAJ/SC/DGI/009419/2021, signado por el Subdirector Guardia en turno adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene anunciando como prueba de la autoridad responsable mencionada, la documental que remite con el oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. En similar sentido, se tiene a la autoridad oficiante señalado domicilio para recibir notificaciones; y, designando como delegados para imponerse de autos e intervenir en el presente sumario a las personas que menciona en el oficio que se acuerda, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la legislación en cita. En diverso aspecto, de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con seis minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; no obstante, resulta evidente que en esa data, se encontrará transcurriendo el plazo de ocho días para que las partes se impongan del contenido del informe justificado con el que se dio vista. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se señala como nueva fecha para su celebración, las nueve horas con veintiocho minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista a las demás partes...
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