Jose Margarito Merino Fuentes
Expediente 542/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Margarito Merino Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio III-5778/2019 signado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que informa que por acuerdo de cinco de diciembre de esta anualidad, admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia 8/2019 de su estadística, formado con los autos del juicio de amparo 542/2019-E de este índice, que fue remitido ante la imposibilidad jurídica para que la Jueza de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de Puebla, cumpla la sentencia pronunciada en este sumario constitucional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil diecinueve Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 249 y 250), donde se declaró la imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable diera cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de amparo 542/2019-E, transcurrió del siete al veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, sin que se hayan inconformado con el citado proveído En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo, y último de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme de este controvertido, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para su respectiva revisión y determinación sobre la imposibilidad para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo Es aplicable la jurisprudencia siguiente: RECURSO DE INCONFORMIDAD PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LOS AUTORIZADOS DEL LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido en proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve (foja 212), a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubiera desahogado la vista conferida. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Por sentencia firmada y autorizada el veintinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 125 a 139), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Margarito Merino Fuentes, para los efectos siguientes: "(.) Octavo. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a José Margarito Merino Fuentes, para el efecto de que la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla, una vez que cause ejecutoria y se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en el incidente de ejecución 82/2018/JES de su índice: a). Provea de inmediato todo lo necesario para obtener el informe de riesgo a que hace referencia la fracción II, del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los autos originales de la causa penal 6/2001, del índice del extinto Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla-sólo para el caso de que para tal fecha, no se hayan recabado-; o si falta algún otro requisito que establece dicho numeral, también deberá obtenerlo de forma inmediata y, Dentro del término que establece el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señalar fecha para la audiencia a que hace referencia ese numeral. b). Hecho lo anterior, desahogada la audiencia señalada, con libertad de jurisdicción, deberá dictar la resolución correspondiente, tal como lo establece el artículo 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el incidente de libertad anticipada, promovido por el quejoso. c). Notifique inmediatamente a las partes la resolución respectiva. d). Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. En la inteligencia que, para poder dar cumplimiento a esta sentencia, la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla, queda obligada a vigilar que durante la substanciación del incidente de origen verifique que las diligencias, notificaciones y citaciones se realicen dentro de los términos que establece la ley de la materia. Precisando que, la jueza responsable deberá hacer uso de todas las medidas de apremio a su alcance para cumplir con el fallo protector aquí dictado, y que las cargas de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia, no podrán ser excusa ni pretexto para el cabal cumplimiento de esta ejecutoria, toda vez que está constreñido a efectuar TODAS las medidas correspondientes dentro de su competencia, a efecto de no retardar el cumplimiento (.)" (fojas 138 y 139). En proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 151 a 153). Por oficio JES/32/2019-III, de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve (foja 235), la jueza de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de las actuaciones siguientes: 1. Acuerdo de catorce del octubre de la presente anualidad, por medio del cual tuvo al sentenciado José Margarito Merino Fuentes, desistido del incidente de libertad anticipada, y en la cual dejó sin efectos la audiencia oral y pública relativa al incidente de libertad anticipada, señalada para las once horas del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. 2. Constancia de notificación de dicho acuerdo al sentenciado ya mencionado, aquí quejoso (fojas 237 y 238). Mediante oficio JES/34/2019-III, de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la responsable transcribe la resolución de la misma fecha, de la que se aprecia que declaró sin materia el incidente de libertad anticipada planteado por el sentenciado José Margarito Merino Fuentes, toda vez que éste desistió en dicho expediente. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En esa línea de pensamiento, este órgano jurisdiccional determina que existe imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable cumpla con el efecto del fallo protector, tomando en consideración que si bien la autoridad responsable realizó las gestiones necesarias para la celebración de la audiencia correspondiente al incidente planteado, lo cierto es que ante el desistimiento del quejoso en su trámite, resulta imposible su celebración y, por ende, el dictado de la interlocutoria respectiva. Por lo tanto, se itera, quien esto provee considera que existe la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos segundo y último del numeral 196 de la Ley de Amparo, de no interponer las partes recurso de inconformidad contra esta determinación, una vez transcurrido el plazo a que alude el diverso ordinal 202 de la ley de la materia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que en turno corresponda, para que determine lo conducente. En apoyo a lo anterior se cita la siguiente jurisprudencia: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido en proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve (foja 212), a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubiera desahogado la vista conferida. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Por sentencia firmada y autorizada el veintinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 125 a 139), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Margarito Merino Fuentes, para los efectos siguientes: "(.) Octavo. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a José Margarito Merino Fuentes, para el efecto de que la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla, una vez que cause ejecutoria y se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en el incidente de ejecución 82/2018/JES de su índice: a). Provea de inmediato todo lo necesario para obtener el informe de riesgo a que hace referencia la fracción II, del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los autos originales de la causa penal 6/2001, del índice del extinto Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla-sólo para el caso de que para tal fecha, no se hayan recabado-; o si falta algún otro requisito que establece dicho numeral, también deberá obtenerlo de forma inmediata y, Dentro del término que establece el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señalar fecha para la audiencia a que hace referencia ese numeral. b). Hecho lo anterior, desahogada la audiencia señalada, con libertad de jurisdicción, deberá dictar la resolución correspondiente, tal como lo establece el artículo 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el incidente de libertad anticipada, promovido por el quejoso. c). Notifique inmediatamente a las partes la resolución respectiva. d). Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. En la inteligencia que, para poder dar cumplimiento a esta sentencia, la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla, queda obligada a vigilar que durante la substanciación del incidente de origen verifique que las diligencias, notificaciones y citaciones se realicen dentro de los términos que establece la ley de la materia. Precisando que, la jueza responsable deberá hacer uso de todas las medidas de apremio a su alcance para cumplir con el fallo protector aquí dictado, y que las cargas de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia, no podrán ser excusa ni pretexto para el cabal cumplimiento de esta ejecutoria, toda vez que está constreñido a efectuar TODAS las medidas correspondientes dentro de su competencia, a efecto de no retardar el cumplimiento (.)" (fojas 138 y 139). En proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 151 a 153). Por oficio JES/32/2019-III, de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve (foja 235), la jueza de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Judicial de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de las actuaciones siguientes: 1. Acuerdo de catorce del octubre de la presente anualidad, por medio del cual tuvo al sentenciado José Margarito Merino Fuentes, desistido del incidente de libertad anticipada, y en la cual dejó sin efectos la audiencia oral y pública relativa al incidente de libertad anticipada, señalada para las once horas del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. 2. Constancia de notificación de dicho acuerdo al sentenciado ya mencionado, aquí quejoso (fojas 237 y 238). Mediante oficio JES/34/2019-III, de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la responsable transcribe la resolución de la misma fecha, de la que se aprecia que declaró sin materia el incidente de libertad anticipada planteado por el sentenciado José Margarito Merino Fuentes, toda vez que éste desistió en dicho expediente. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En esa línea de pensamiento, este órgano jurisdiccional determina que existe imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable cumpla con el efecto del fallo protector, tomando en consideración que si bien la autoridad responsable realizó las gestiones necesarias para la celebración de la audiencia correspondiente al incidente planteado, lo cierto es que ante el desistimiento del quejoso en su trámite, resulta imposible su celebración y, por ende, el dictado de la interlocutoria respectiva. Por lo tanto, se itera, quien esto provee considera que existe la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos segundo y último del numeral 196 de la Ley de Amparo, de no interponer las partes recurso de inconformidad contra esta determinación, una vez transcurrido el plazo a que alude el diverso ordinal 202 de la ley de la materia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que en turno corresponda, para que determine lo conducente. En apoyo a lo anterior se cita la siguiente jurisprudencia: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Jose Manuel Zumaya Hernandez210/2022
- JOSE MARCELINO PEREZ FLORES y Otros.959/2017
- Jose Marcial Rivera Lopez325/2023
- Jose Marcos Jimenez Carbente338/2016
- Jose Marcos Vega Leal386/2023
- Jose Margarito Merino Fuentes1070/2018
- Jose Margarito Trinidad Hernandez1421/2017
- Jose María Fuentes Aguilar1922/2015
- Jose Maria Ibarra Torres833/2020
- Jose Maria Roman Reyes Romano428/2021
- Jose Maria Sanchez Sola247/2018
- Jose Maria Sanchez Sola421/2019