Jose Maria Sosa Alvarez

Expediente 5/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
5/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Jose Maria Sosa Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el veintidós de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta de abril al veintiuno de mayo, del presente año, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió en apoyo a su informe justificado rendido en esta instancia, consistente en el duplicado del incidente no especificado de revisión, modificación y cese de la medida cautelar de prisión preventiva derivado de la causa penal 374/2015 de su estadística, y con el que se ordenó formar el anexo I, devuélvase el mismo a la autoridad responsable. No ha lugar a requerir el acuse de recibo de dicha documental, toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveídos de veintiocho de marzo y cuatro de abril pasado, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ordenadora ha dado al fallo protector. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos, tomando en cuenta lo aportado en el desahogo de la vista indicada. ° Antecedentes. Mediante sentencia dictada el trece de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo al quejoso José María Sosa Álvarez, contra la determinación dictada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 374/2015, que resolvió el incidente no especificado de revisión, modificación y cese de la medida cautelar de prisión preventiva; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Por acuerdo dictado el cuatro de marzo del presente año, este órgano jurisdiccional hizo constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia de amparo, por lo que la declaró ejecutoriada y requirió su cumplimiento. Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, este juzgado analizó si la ejecutoria de amparo había quedado cumplida; en dicho proveído se advirtió que no todos los vicios de forma destacados en la sentencia se habían subsanado, por lo que se requirió nuevamente al juez responsable para que diera cumplimiento a lo siguiente: 1. Dejará sin efectos la resolución reclamada de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, y la diversa de siete de marzo de dos mil diecinueve, con las que pretendió cumplir con la ejecutoria de amparo. 2. Diera cabal cumplimiento a todos los efectos de la sentencia protectora, esto es, con libertad de jurisdicción que le fue otorgada, podría reiterar las consideraciones que a criterio de este juzgado subsanaron los vicios de forma detectados en la sentencia de amparo; y, debería: ° Señalar el fundamento por el cual otorgó valor de indicio a la Evaluación de Riesgo que le fuera realizada al procesado José María Sosa Álvarez, por la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Así, mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida copia certificada de la resolución emitida el veintisiete de marzo del mismo año, dentro de la causa penal de origen, mediante la cual el juez responsable aseveró dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por ende, con tal determinación y con el oficio 1292/2019 del Director del Centro de Reinserción Social de Puebla -y anexo-, se dio vista a las partes para que manifestaran a lo que a su derecho e interés conviniera, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. ° Estudio resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante determinación dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 374/2015, en aras de cumplir con la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la resolución reclamada -de catorce de diciembre de dos mil dieciocho- así como la diversa de siete de marzo del actual -con la que pretendió dar cumplimiento- y declaró improcedente el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la defensa del quejoso José María Sosa Álvarez. En ese sentido, debe decirse que el suscrito advierte que el juez de origen cumplió cabalmente con las consideraciones apuntadas en la misma en relación con los vicios de forma detectados en el acto combatido. Se explica. En la sentencia de amparo se destacaron cuatro vicios formales que contenía la resolución combatida por el aquí quejoso, de los cuales -a criterio del suscrito- se cumplieron cabalmente. 1) Respecto del primer vicio formal -subsanado-. El primero de los vicios señalados consistió en que el juez de origen había incurrido en una indebida motivación, en las partes en que: a) Sostuvo que el incidente no especificado de revisión, modificación y cese de la medida cautelar de prisión preventiva, era improcedente porque el procesado era quien tenía el derecho de petición, tomando en cuenta que el incidente lo promovió su defensa y no él; y, b) Consideró que en virtud de que la causa penal inició antes de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio, entonces, debía concluirse conforme a las disposiciones legales vigentes con anterioridad al dicto del acto, tomando en consideración que de conformidad con el artículo quinto transitorio debía excluirse la calificación legislativa de la gravedad de un delito, para optar por un catálogo restrictivo de prisión preventiva oficiosa. Respecto al primer punto, porque las razones que tomó en consideración la responsable, estaban en disonancia con el contenido de la norma legal que había indicado -artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por el que se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales-. Ciertamente, se precisó que si bien era cierto dicho precepto señalaba que el inculpado o imputado podía solicitar al órgano jurisdiccional competente, la revisión de aquellas medidas preventivas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante las procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. También, se señaló que era verídico que de conformidad con los artículos 105 y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, era procedente que la promoción del incidente la pudiera realizar el defensor del imputado. De ahí que se concluyó que el juez penal responsable, debió motivar en los términos señalados lo relativo a la procedencia del incidente no especificado de revisión, modificación y cese de la medida cautelar de prisión preventiva, promovido por el defensor del quejoso. Al respecto, en la resolución que ahora se analiza, se advierte que el juez de origen estimó que Gerardo García Pérez, al tener acreditada debidamente su personalidad como defensor particular del quejoso José María Sosa Álvarez, resultaba procedente el incidente que promovió; por lo que se considera que dicho vicio de forma se subsanó. Por otro lado, por cuanto al segundo punto reseñado, en la sentencia de amparo se indicó -en esencia- que el referido artículo transitorio constituía una circunstancia de carácter sustantivo que de ninguna manera afectaba al procedimiento penal mixto. Se señaló que desde una perspectiva sistemática de las reglas de adaptación que derivaban de las normas transitorias, constitucionales y de normas secundarias, lo que se priorizaba en el nuevo sistema penal, era tener en cuenta la exclusión de la calificación legislativa de la gravedad de un delito, para optar por un catálogo restrictivo de prisión preventiva oficiosa. Ello, con la finalidad de cambiar la idea de que el proceso penal se debía instruir necesariamente con la persona privada de su libertad preventivamente, lo que era acorde con el derecho humano de presunción de inocencia, en relación con la excepcionalidad de la prisión preventiva frente al carácter de regla que derivaba de la calificación normativa de la gravedad del delito y el acceso a la jurisdicción del Estado para que se revisara el estatus de restricción de libertad en que permanecían las personas sujetas a un proceso penal. Atento a lo anterior, se concluyó que el juez de origen debió motivar su determinación tomando en cuenta que de conformidad con el artículo 19, segundo párrafo, Constitucional y con el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito por el que se le dictó auto de formal prisión al quejoso, ameritaba la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva decretada. En ese contexto, en la resolución que ahora nos ocupa, el juez responsable determinó que uno de los delitos por los cuales se encontraba en proceso el quejoso -homicidio simple intencional- según lo establecido por dichos preceptos, ameritaba prisión preventiva oficiosa, excluyendo de su análisis la clasificación legal sobre la gravedad del delito; de ahí que se tenga subsanado dicho vicio de forma. 2) Por cuanto segundo vicio formal -subsanado-. Tal vicio consistió en que el Juez penal responsable, al pronunciarse en relación con el plazo razonable para justificar la prolongación de la prisión preventiva del procesado, motivó indebidamente uno de los factores o elementos a considerar -a) la complejidad del asunto-, y omitió señalar los puntos a analizar por lo que hace a los otros dos factores -b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades que participen en el juicio-. En efecto, se expuso que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios, ha señalado los elementos o factores que debe valorar el juez penal para determinar si ha transcurrido un plazo razonable en el proceso penal, sin el dictado de una sentencia definitiva, que justificaran la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, así como los puntos que comprenden cada uno de dichos factores. Los aludidos criterios sustentan que, tratándose del análisis de la razonabilidad para la prolongación de la medida de prisión preventiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el juez penal, debía de tomar en cuenta y valorar lo siguiente: I) Que el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -con el texto vigente antes de su modificación el dieciocho de junio de dos mil ocho-, no establecía un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señalaba un rango de tiempo máximo del proceso penal, cuyo cumplimiento dependería de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado; y, II) Los factores o elementos siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades que participen en el juicio. De igual forma, se destacó que esos criterios aludían a que no se podía justificar la prolongación de la prisión preventiva únicamente por la utilización de los recursos procesales por parte del inculpado, pero sí podría permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado obstaculizaba, deliberadamente, el transcurso del juicio. En ese tenor, en la sentencia de amparo, se estimó que en relación con el factor o elemento identificado con el inciso a), debían analizarse, entre otras cuestiones: la dificultad de las pruebas y de su desahogo; la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas; el tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. Por cuanto a los factores b) y c), se tenía que estudiar la conducta del inculpado en el proceso, en donde imperaba su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio, de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que pudieran influir en el proceso. Sin embargo, se advirtió que el juez penal responsable únicamente enunció todos los juicios de amparo interpuestos por la defensa, el tiempo trascurrido para su resolución y la reseña de tales elementos, pero no hizo ningún pronunciamiento de los puntos que debió analizar, lo que se tradujo en una indebida motivación. Atento a lo anterior, se concluyó que la responsable debía motivar si se encontraba justificada la prolongación de la prisión preventiva del procesado, tomando en cuenta los factores o elementos que había señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los puntos a analizar en cada uno de ellos. En ese contexto, el juez de origen, en acatamiento a este apartado, -en lo que interesa-realizó lo siguiente: Señaló que el tiempo máximo del proceso penal dependería de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado, por lo que debía tomarse en consideración: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades que participan en el juicio. Indicó que el quejoso se encontraba acusado por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en agravio de Paulina Camargo Limón, cuyo cuerpo, al momento del dictado de la resolución que se analiza, no se había encontrado. En ese sentido, precisó que dicha circunstancia tuvo como consecuencia que para demostrarse el cuerpo del delito de homicidio, se tomara en consideración la regla especial para su comprobación, contenida en el artículo 92 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. De manera que, expuso que fue necesario e indispensable recabar datos suficientes para suponer la comisión de dicha conducta ilícita, tales como la comprobación de la existencia de la víctima, sus costumbres, su carácter, si padeció alguna enfermedad, el último lugar y fecha en que hubiere sido vista y la posibilidad de que el cadáver fuera ocultado o destruido. Señaló que el procedimiento de la causa penal de origen en ningún momento se suspendió ni se dejó de actuar en el mismo, pues -agregó- la defensa, la parte ofendida y el ministerio público ofrecieron diversas probanzas que, en su momento, fueron admitidas y desahogadas conforme a derecho, tales como periciales, interrogatorios, testimoniales, dictámenes, solicitud de informes, documentales y juntas de peritos, e interpusieron recursos de revocación, los cuales -refiere- se resolvieron en los términos que fija la ley y con las formalidades establecidas. Reseñó que el quejoso y su defensa promovieron diversos juicios de amparo en contra de los autos de término constitucional dictados en su contra, así como la interposición de recursos de revisión e inconformidad en la instancia constitucional; circunstancia que -precisó- tomó un tiempo aproximado de un año y tres meses. De esa forma, indicó que hasta el trece de abril de dos mil dieciocho, quedó firme el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio simple intencional y aborto, por lo que -estimó- era evidente que las autoridades federales se habían tomado el tiempo suficiente y necesario para emitir los fallos protectores, vigilando siempre los intereses jurídicos del imputado y de las víctimas. Señaló que la conducta del procesado y su defensa, consistió en el ofrecimiento de diversos medios de convicción. Concluyó que, atento a la complejidad del asunto, a la actividad procesal del encausado y de su defensa y a la intervención de las autoridades federales en los juicios de amparo que reseñó, resultaba justificada la prolongación de la prisión preventiva. Agregó que en diversas fechas se requirió a la defensa del acusado para que compareciera a manifestar si era su deseo desistirse del término de ser juzgado en un año, sin que hubiera acudido, por lo que -consideró- dicha situación no le era imputable y, en virtud de ello, se encontraba justificada la prolongación de la prisión preventiva. Finalmente, comunicó que el doce de febrero del año en curso, se dictó sentencia condenatoria en contra del ahora quejoso, por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio simple intencional, previsto y sancionado por los artículos 312 y 316; y aborto, previsto y sancionado por los artículos 339 y 340, ambos en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; resolución que -refiere- fue impugnada por el ministerio público y la defensa mediante el recurso de apelación. Por tanto, dicho vicio de forma se encuentra subsanado, pues el juez, a pesar de que no señaló con precisión cuáles fueron las pruebas de descargo que la defensa ofreció ni el tiempo que requirieron para su desahogo, lo cierto es que al dictarse sentencia de primera instancia y al haberse recurrido por las partes mencionadas, comunicó su conducta -sobre todo de la defensa- para tener por justificada la prolongación de la prisión preventiva. Lo último, porque revela la intención del quejoso de seguir ejerciendo su derecho de defensa dentro de la causa de origen, lo cual se encuentra por encima de los plazos para resolver el asunto. ° Tocante al tercer vicio formal -subsanado-. En la sentencia de amparo, se detectó que el juez penal motivó indebidamente la justificación prolongada de la prisión preventiva del procesado, tomando en cuenta lo dicho por el Ministerio Público, en el sentido de que se estaba ante una jerarquización de leyes a que aludía el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, se identificó que la responsable señaló que fue acertada la manifestación del Ministerio Público, en el sentido que de acuerdo con la mencionada jerarquización de leyes y con el artículo cuarto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Sistema procesal Acusatorio, serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto; lo cual estaba por encima de cualquier norma procesal y de cualquier artículo transitorio. Sin embargo, se estimó que ello era contrario a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 64/2017, en el sentido de que el tema de la revisión de la medida de prisión preventiva del procesado y la justificación de su prolongación, no trataba de un problema de supremacía o jerarquía constitucional que debía prevalecer frente a los artículos transitorios de la norma secundaria, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. En cambio, el Máximo Tribunal del País consideró que se estaba en presencia de una adecuación sistemática y secuencial de normas transitorias para lograr la eficacia del sistema procesal penal acusatorio, sin soslayar los derechos humanos de las personas que por la vigencia de los sistemas procesales penales en sucesión, quedaban sujetos a la culminación de los procedimientos que se les instruían bajo las reglas del sistema tradicional. Por lo que este órgano jurisdiccional concluyó que el juez penal responsable, al momento de contestar lo aseverado por el Ministerio Público, debió tomar en consideración lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, en cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable cambió su postura, al desestimar lo expresado por la representación social, haciendo valer lo determinado por el Máximo Tribunal en la referida contradicción de tesis; de ahí que en ese aspecto se subsanó el vicio de forma detectado. 4) Respecto del cuarto vicio formal -Subsanado-. En la sentencia de amparo, se advirtió que el juez de origen omitió señalar el fundamento legal por el que otorgó valor probatorio a la Evaluación de Riesgo que le fuera realizada al procesado José María Sosa Álvarez, por la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. En efecto, en la resolución reclamada, el juez penal argumentó que no le asistía razón al incidentista, cuando solicitó que no se tomara en cuenta la Evaluación de Riesgo que le fuera realizada al procesado por la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Así mismo, una vez que estudió la Evaluación de Riesgo, concluyó que los parámetros establecidos en la escala de riesgos procesal eran medios; sin embargo, no se apreció la disposición en que se basó para otorgar valor probatorio a la Evaluación de Riesgo, por lo que se constriñó al juez de origen a señalar el fundamento legal por el que otorgó valor probatorio a la Evaluación de Riesgo realizada al procesado. En ese sentido, en la resolución que ahora se analiza, la responsable, en cumplimiento a los requerimientos efectuados, cambió el valor probatorio de dicho medio de convicción por el de indicio, fundando su decisión, en los artículos 122, 123, fracción VI, y 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. En tales condiciones, el juez de origen corrigió los referidos vicios de forma destacados en la sentencia de amparo. ° Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveídos de veintiocho de marzo y cuatro de abril pasado, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ordenadora ha dado al fallo protector. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos, tomando en cuenta lo aportado en el desahogo de la vista indicada. ° Antecedentes. Mediante sentencia dictada el trece de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo al quejoso José María Sosa Álvarez, contra la determinación dictada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 374/2015, que resolvió el incidente no especificado de revisión, modificación y cese de la medida cautelar de prisión preventiva; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Por acuerdo dictado el cuatro de marzo del presente año, este órgano jurisdiccional hizo constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia de amparo, por lo que la declaró ejecutoriada y requirió su cumplimiento. Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, este juzgado analizó si la ejecutoria de amparo había quedado cumplida; en dicho proveído se advirtió que no todos los vicios de forma destacados en la sentencia se habían subsanado, por lo que se requirió nuevamente al juez responsable para que diera cumplimiento a lo siguiente: 1. Dejará sin efectos la resolución reclamada de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, y la diversa de siete de marzo de dos mil diecinueve, con las que pretendió cumplir con la ejecutoria de amparo. 2. Diera cabal cumplimiento a todos los efectos de la sentencia protectora, esto es, con libertad de jurisdicción que le fue otorgada, podría reiterar las consideraciones que a criterio de este juzgado subsanaron los vicios de forma detectados en la sentencia de amparo; y, debería: ° Señalar el fundamento por el cual otorgó valor de indicio a la Evaluación de Riesgo que le fuera realizada al procesado José María Sosa Álvarez, por la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Así, mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida copia certificada de la resolución emitida el veintisiete de marzo del mismo año, dentro de la causa penal de origen, mediante la cual el juez responsable aseveró dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por ende, con tal determinación y con el oficio 1292/2019 del Director del Centro de Reinserción Social de Puebla -y anexo-, se dio vista a las partes para que manifestaran a lo que a su derecho e interés conviniera, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. ° Estudio resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante determinación dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 374/2015, en aras de cumplir con la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la resolución reclamada -de catorce de diciembre de dos mil dieciocho- así como la diversa de siete de marzo del actual -con la que pretendió dar cumplimiento- y declaró improcedente el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la defensa del quejoso José María Sosa Álvarez. En ese sentido, debe decirse que el suscrito advierte que el juez de origen cumplió cabalmente con las consideraciones apuntadas en la misma en relación con los vicios de forma detectados en el acto combatido. Se explica. En la sentencia de amparo se destacaron cuatro vicios formales que contenía la resolución combatida por el aquí quejoso, de los cuales -a criterio del suscrito- se cumplieron cabalmente. 1) Respecto del primer vicio formal -subsanado-. El primero de los vicios señalados consistió en que el juez de origen había incurrido en una indebida motivación, en las partes en que: a) Sostuvo que el incidente no especificado de revisión, modificación y cese de la medida cautelar de prisión preventiva, era improcedente porque el procesado era quien tenía el derecho de petición, tomando en cuenta que el incidente lo promovió su defensa y no él; y, b) Consideró que en virtud de que la causa penal inició antes de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio, entonces, debía concluirse conforme a las disposiciones legales vigentes con anterioridad al dicto del acto, tomando en consideración que de conformidad con el artículo quinto transitorio debía excluirse la calificación legislativa de la gravedad de un delito, para optar por un catálogo restrictivo de prisión preventiva oficiosa. Respecto al primer punto, porque las razones que tomó en consideración la responsable, estaban en disonancia con el contenido de la norma legal que había indicado -artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por el que se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales-. Ciertamente, se precisó que si bien era cierto dicho precepto señalaba que el inculpado o imputado podía solicitar al órgano jurisdiccional competente, la revisión de aquellas medidas preventivas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante las procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. También, se señaló que era verídico que de conformidad con los artículos 105 y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, era procedente que la promoción del incidente la pudiera realizar el defensor del imputado. De ahí que se concluyó que el juez penal responsable, debió motivar en los términos señalados lo relativo a la procedencia del incidente no especificado de revisión, modificación y cese de la medida cautelar de prisión preventiva, promovido por el defensor del quejoso. Al respecto, en la resolución que ahora se analiza, se advierte que el juez de origen estimó que Gerardo García Pérez, al tener acreditada debidamente su personalidad como defensor particular del quejoso José María Sosa Álvarez, resultaba procedente el incidente que promovió; por lo que se considera que dicho vicio de forma se subsanó. Por otro lado, por cuanto al segundo punto reseñado, en la sentencia de amparo se indicó -en esencia- que el referido artículo transitorio constituía una circunstancia de carácter sustantivo que de ninguna manera afectaba al procedimiento penal mixto. Se señaló que desde una perspectiva sistemática de las reglas de adaptación que derivaban de las normas transitorias, constitucionales y de normas secundarias, lo que se priorizaba en el nuevo sistema penal, era tener en cuenta la exclusión de la calificación legislativa de la gravedad de un delito, para optar por un catálogo restrictivo de prisión preventiva oficiosa. Ello, con la finalidad de cambiar la idea de que el proceso penal se debía instruir necesariamente con la persona privada de su libertad preventivamente, lo que era acorde con el derecho humano de presunción de inocencia, en relación con la excepcionalidad de la prisión preventiva frente al carácter de regla que derivaba de la calificación normativa de la gravedad del delito y el acceso a la jurisdicción del Estado para que se revisara el estatus de restricción de libertad en que permanecían las personas sujetas a un proceso penal. Atento a lo anterior, se concluyó que el juez de origen debió motivar su determinación tomando en cuenta que de conformidad con el artículo 19, segundo párrafo, Constitucional y con el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito por el que se le dictó auto de formal prisión al quejoso, ameritaba la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva decretada. En ese contexto, en la resolución que ahora nos ocupa, el juez responsable determinó que uno de los delitos por los cuales se encontraba en proceso el quejoso -homicidio simple intencional- según lo establecido por dichos preceptos, ameritaba prisión preventiva oficiosa, excluyendo de su análisis la clasificación legal sobre la gravedad del delito; de ahí que se tenga subsanado dicho vicio de forma. 2) Por cuanto segundo vicio formal -subsanado-. Tal vicio consistió en que el Juez penal responsable, al pronunciarse en relación con el plazo razonable para justificar la prolongación de la prisión preventiva del procesado, motivó indebidamente uno de los factores o elementos a considerar -a) la complejidad del asunto-, y omitió señalar los puntos a analizar por lo que hace a los otros dos factores -b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades que participen en el juicio-. En efecto, se expuso que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios, ha señalado los elementos o factores que debe valorar el juez penal para determinar si ha transcurrido un plazo razonable en el proceso penal, sin el dictado de una sentencia definitiva, que justificaran la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, así como los puntos que comprenden cada uno de dichos factores. Los aludidos criterios sustentan que, tratándose del análisis de la razonabilidad para la prolongación de la medida de prisión preventiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el juez penal, debía de tomar en cuenta y valorar lo siguiente: I) Que el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -con el texto vigente antes de su modificación el dieciocho de junio de dos mil ocho-, no establecía un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señalaba un rango de tiempo máximo del proceso penal, cuyo cumplimiento dependería de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado; y, II) Los factores o elementos siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades que participen en el juicio. De igual forma, se destacó que esos criterios aludían a que no se podía justificar la prolongación de la prisión preventiva únicamente por la utilización de los recursos procesales por parte del inculpado, pero sí podría permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado obstaculizaba, deliberadamente, el transcurso del juicio. En ese tenor, en la sentencia de amparo, se estimó que en relación con el factor o elemento identificado con el inciso a), debían analizarse, entre otras cuestiones: la dificultad de las pruebas y de su desahogo; la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas; el tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. Por cuanto a los factores b) y c), se tenía que estudiar la conducta del inculpado en el proceso, en donde imperaba su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio, de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que pudieran influir en el proceso. Sin embargo, se advirtió que el juez penal responsable únicamente enunció todos los juicios de amparo interpuestos por la defensa, el tiempo trascurrido para su resolución y la reseña de tales elementos, pero no hizo ningún pronunciamiento de los puntos que debió analizar, lo que se tradujo en una indebida motivación. Atento a lo anterior, se concluyó que la responsable debía motivar si se encontraba justificada la prolongación de la prisión preventiva del procesado, tomando en cuenta los factores o elementos que había señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los puntos a analizar en cada uno de ellos. En ese contexto, el juez de origen, en acatamiento a este apartado, -en lo que interesa-realizó lo siguiente: Señaló que el tiempo máximo del proceso penal dependería de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado, por lo que debía tomarse en consideración: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades que participan en el juicio. Indicó que el quejoso se encontraba acusado por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en agravio de Paulina Camargo Limón, cuyo cuerpo, al momento del dictado de la resolución que se analiza, no se había encontrado. En ese sentido, precisó que dicha circunstancia tuvo como consecuencia que para demostrarse el cuerpo del delito de homicidio, se tomara en consideración la regla especial para su comprobación, contenida en el artículo 92 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. De manera que, expuso que fue necesario e indispensable recabar datos suficientes para suponer la comisión de dicha conducta ilícita, tales como la comprobación de la existencia de la víctima, sus costumbres, su carácter, si padeció alguna enfermedad, el último lugar y fecha en que hubiere sido vista y la posibilidad de que el cadáver fuera ocultado o destruido. Señaló que el procedimiento de la causa penal de origen en ningún momento se suspendió ni se dejó de actuar en el mismo, pues -agregó- la defensa, la parte ofendida y el ministerio público ofrecieron diversas probanzas que, en su momento, fueron admitidas y desahogadas conforme a derecho, tales como periciales, interrogatorios, testimoniales, dictámenes, solicitud de informes, documentales y juntas de peritos, e interpusieron recursos de revocación, los cuales -refiere- se resolvieron en los términos que fija la ley y con las formalidades establecidas. Reseñó que el quejoso y su defensa promovieron diversos juicios de amparo en contra de los autos de término constitucional dictados en su contra, así como la interposición de recursos de revisión e inconformidad en la instancia constitucional; circunstancia que -precisó- tomó un tiempo aproximado de un año y tres meses. De esa forma, indicó que hasta el trece de abril de dos mil dieciocho, quedó firme el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio simple intencional y aborto, por lo que -estimó- era evidente que las autoridades federales se habían tomado el tiempo suficiente y necesario para emitir los fallos protectores, vigilando siempre los intereses jurídicos del imputado y de las víctimas. Señaló que la conducta del procesado y su defensa, consistió en el ofrecimiento de diversos medios de convicción. Concluyó que, atento a la complejidad del asunto, a la actividad procesal del encausado y de su defensa y a la intervención de las autoridades federales en los juicios de amparo que reseñó, resultaba justificada la prolongación de la prisión preventiva. Agregó que en diversas fechas se requirió a la defensa del acusado para que compareciera a manifestar si era su deseo desistirse del término de ser juzgado en un año, sin que hubiera acudido, por lo que -consideró- dicha situación no le era imputable y, en virtud de ello, se encontraba justificada la prolongación de la prisión preventiva. Finalmente, comunicó que el doce de febrero del año en curso, se dictó sentencia condenatoria en contra del ahora quejoso, por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio simple intencional, previsto y sancionado por los artículos 312 y 316; y aborto, previsto y sancionado por los artículos 339 y 340, ambos en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; resolución que -refiere- fue impugnada por el ministerio público y la defensa mediante el recurso de apelación. Por tanto, dicho vicio de forma se encuentra subsanado, pues el juez, a pesar de que no señaló con precisión cuáles fueron las pruebas de descargo que la defensa ofreció ni el tiempo que requirieron para su desahogo, lo cierto es que al dictarse sentencia de primera instancia y al haberse recurrido por las partes mencionadas, comunicó su conducta -sobre todo de la defensa- para tener por justificada la prolongación de la prisión preventiva. Lo último, porque revela la intención del quejoso de seguir ejerciendo su derecho de defensa dentro de la causa de origen, lo cual se encuentra por encima de los plazos para resolver el asunto. ° Tocante al tercer vicio formal -subsanado-. En la sentencia de amparo, se detectó que el juez penal motivó indebidamente la justificación prolongada de la prisión preventiva del procesado, tomando en cuenta lo dicho por el Ministerio Público, en el sentido de que se estaba ante una jerarquización de leyes a que aludía el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, se identificó que la responsable señaló que fue acertada la manifestación del Ministerio Público, en el sentido que de acuerdo con la mencionada jerarquización de leyes y con el artículo cuarto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Sistema procesal Acusatorio, serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto; lo cual estaba por encima de cualquier norma procesal y de cualquier artículo transitorio. Sin embargo, se estimó que ello era contrario a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 64/2017, en el sentido de que el tema de la revisión de la medida de prisión preventiva del procesado y la justificación de su prolongación, no trataba de un problema de supremacía o jerarquía constitucional que debía prevalecer frente a los artículos transitorios de la norma secundaria, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. En cambio, el Máximo Tribunal del País consideró que se estaba en presencia de una adecuación sistemática y secuencial de normas transitorias para lograr la eficacia del sistema procesal penal acusatorio, sin soslayar los derechos humanos de las personas que por la vigencia de los sistemas procesales penales en sucesión, quedaban sujetos a la culminación de los procedimientos que se les instruían bajo las reglas del sistema tradicional. Por lo que este órgano jurisdiccional concluyó que el juez penal responsable, al momento de contestar lo aseverado por el Ministerio Público, debió tomar en consideración lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, en cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable cambió su postura, al desestimar lo expresado por la representación social, haciendo valer lo determinado por el Máximo Tribunal en la referida contradicción de tesis; de ahí que en ese aspecto se subsanó el vicio de forma detectado. 4) Respecto del cuarto vicio formal -Subsanado-. En la sentencia de amparo, se advirtió que el juez de origen omitió señalar el fundamento legal por el que otorgó valor probatorio a la Evaluación de Riesgo que le fuera realizada al procesado José María Sosa Álvarez, por la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. En efecto, en la resolución reclamada, el juez penal argumentó que no le asistía razón al incidentista, cuando solicitó que no se tomara en cuenta la Evaluación de Riesgo que le fuera realizada al procesado por la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Así mismo, una vez que estudió la Evaluación de Riesgo, concluyó que los parámetros establecidos en la escala de riesgos procesal eran medios; sin embargo, no se apreció la disposición en que se basó para otorgar valor probatorio a la Evaluación de Riesgo, por lo que se constriñó al juez de origen a señalar el fundamento legal por el que otorgó valor probatorio a la Evaluación de Riesgo realizada al procesado. En ese sentido, en la resolución que ahora se analiza, la responsable, en cumplimiento a los requerimientos efectuados, cambió el valor probatorio de dicho medio de convicción por el de indicio, fundando su decisión, en los artículos 122, 123, fracción VI, y 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. En tales condiciones, el juez de origen corrigió los referidos vicios de forma destacados en la sentencia de amparo. ° Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo.

  4. Principal

    *(PUBLICACIÓN CITATORIO)* SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARÍA DEL ROCÍO DEL CARMEN MALDONADO O MA. DEL ROCÍO DEL CARMEN LIMÓN MALDONADO Y ROLANDO CAMARGO MUÑOZ EL PROVEÍDO DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...) San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y anexo que acompaña, visto su contenido, téngase a la citada autoridad responsable, remitiendo copia certificada de las constancias de notificación de la resolución emitida el veintisiete de marzo de esta anualidad, en autos de la causa penal 374/2015 de su estadística, por lo que téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos del presente juicio de amparo. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por las autoridades oficiantes.(...)

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