José María Gárate Osuna y Otros.
Expediente 410/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/12/2017
Partes del expediente
- José María Gárate Osuna y Otros.
- José María Gárate Osuna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Se agrega a los autos el oficio signado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en la queja administrativa 136/2017, de la que se aprecia que el referido Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de seis de octubre de dos mil diecisiete. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena acusar el recibo de estilo correspondiente y realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto y que el mismo quedó registrado como queja 136/2017. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito signado por José María Garate Osuna, Genaro Robles Acevedo, Macario Rubén Serna Aparicio, Eulalio Nolasco Lugo, Alfredo Díaz Aguirre, Fernando Arreola Villa, Jorge Guadalupe Bejarano Núñez, Socorro Clemencia Márquez Villavicencio, Jorge Alberto Zapata Delgado, Delfina Trejo Fernández y Margarita Chávez Ruiz, por derecho propio, en su calidad de ejidatarios y beneficiados del Poblado Nuevo Centro de Población Ejidal del Poblado "Juan Escutia", Municipio de Ensenada; en atención a su contenido, se tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de seis de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que éste Juzgado Federal emitió el acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por tanto, una vez notificado el presente proveído, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de dicho recurso, a fin de que lo turne al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo que le corresponda para su substanciación. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el auto que desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos, el escrito signado por José María Garate Osuna, Genaro Robles Acevedo, Macario Rubén Serna Aparicio, Eulalio Nolasco Lugo, Alfredo Díaz Aguirre, Fernando Arreola Villa, Jorge Guadalupe Bejarano Núñez, Socorro Clemencia Márquez Villavicencio, Jorge Alberto Zapata Delgado, Delfina Trejo Fernández y Margarita Chávez Ruiz, por derecho propio, en su calidad de ejidatarios y beneficiados del Poblado Nuevo Centro de Población Ejidal del Poblado "Juan Escutia", Municipio de Ensenada, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento contenido en el auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, manifiestan lo siguiente: "Derivado de lo anterior, los suscritos representantes ejidales manifestamos que las autoridades señalada (sic) como responsable respecto del acto de autoridad (Acta de Asamblea de veintidós de abril de dos mil dieciséis) son: a).- La Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) de Mexicali, Baja California; al expedir los oficios número 000742 (emitido el día 4 de abril de 2016) y el oficio 000812 (emitido el día 18 de abril de 2016); por el Delegado LIC. JOSÉ LAURO ARESTEGUI VERDUGO, así como el Subdelegado Jurídico LUIS VIZCARRA VIZCARRA y su Comisionado LIC. CARLOS ALEJANDRO LARA ORTIZ. b).- El Tribunal Superior Agrario; al emitir el acuerdo de fecha 08 de junio de 2017, dentro del expediente 07/2000, donde señala que la acreditación de los suplentes de los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, derivado del acto de autoridad realizado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. c).- El Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45; como autoridad ejecutora; en cumplimiento al acuerdo de fecha 08 de junio de 2017, emitido dentro del expediente 07/2000, por su superior jerárquico Tribunal Superior Agrario." En consecuencia, se tiene a los referidos promoventes compareciendo en tiempo exponiendo lo que estimaron conveniente para dar cumplimiento a la prevención citada. Ahora bien, advirtiéndose que en el señalamiento de los actos que reclaman y las autoridades a quienes atribuyen tales actos coinciden con los de su escrito inicial de demanda, analizada ésta en su integridad en comunión con los anexos que a ella aportan y los hechos que narran bajo protesta de decir verdad, se deduce claramente que tales actos de los que se duelen y destacan con los incisos 'a', 'b' y 'c', son accesorios o consecuencia del Acta de Asamblea de veintidós de abril de dos mil dieciséis, que igualmente señalan como uno de los que afectan su esfera jurídica. Por lo tanto, bajo ese esquema planteado por los promoventes del amparo y su reiteración en los actos de reclamo en esta instancia constitucional, se procederá a continuación a analizar su procedencia. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. De conformidad a lo dispuesto en el precepto invocado, la demanda de amparo debe desecharse cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio constitucional, el concepto de "autoridad responsable" converge en establecer, que es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2011, página 1089, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De lo anterior, se aprecia que tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que reúne los siguientes rasgos de identidad: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, del contenido del precepto 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, constitucional, se advierte que el juicio constitucional procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos y garantías, por tanto, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, o a un particular cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, si la violación de derechos no es atribuida a una autoridad (formal o de facto), que funja con tal carácter, entonces el juicio de amparo deviene en improcedente, al no ser la afectación de la que se duele el quejoso una actuación adoptada en un plano de supra a subordinación. Así, se debe determinar si la responsable, en el caso, es autoridad para los efectos del juicio constitucional, al tomar en consideración que de acuerdo con la doctrina y la teoría general de derecho, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas: a).- Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, dicho de otra manera, corresponden a las relaciones entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, entre las que se encuentran las reguladas por el Derecho Civil, Mercantil y Laboral (así como en ciertos casos el Derecho Agrario, atendiendo a las relaciones entre 'los sujetos de derecho agrario', como se verá en lo subsecuente), cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y b).- Las relaciones de supra a subordinación que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra. En estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es decir, que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; por ello nuestro Tribunal Pleno considera que el criterio ya referido no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada, sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo que se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Precisado lo anterior, se analiza la naturaleza de los actos motivo de reclamo, los que como previamente se precisó, en esencia derivan o emanan de una actuación fundamental que llevaron a cabo ciertos miembros del Ejido Juan Escutia, que se constituyeron (previas las convocatorias respectivas que marca la ley de la materia) el día veintidós de abril de dos mil dieciséis, en Asamblea General de Ejidatarios. Efectivamente, si bien es cierto que los solicitantes de amparo señalan como actos destacados los oficios de cuatro y dieciocho de abril de dos mil dieciséis emitidos por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con residencia en Mexicali, Baja California (que constituyen simples 'oficios de comisión' a servidores públicos de esa institución para acudir a la Asamblea Ejidal); el acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario en el expediente 07/2000 (en el que tomando nota y haciendo constar la recepción de la documentación acompañada por ejidatarios integrantes del Comité Particular Ejecutivo del mismo Ejido tiene por acreditados a los Suplentes del mismo Comité); y la eventual ejecución (como acto probable o futuro) que atribuye de tal acuerdo al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45; tales actos tienen lugar por lo adoptado o decidido por los Ejidatarios del núcleo de población Ejidal Juan Escutia que se constituyeron en Asamblea General de Ejidatarios el veintidós de abril de dos mil dieciséis, como lo revela el Acta respectiva que de esa fecha levantaron dichos ejidatarios, misma que en copia anexan a su demanda los aquí quejosos, así como de la Convocatoria de quince de abril de dos mil dieciséis que para ésta Asamblea se publicó. De donde resulta indudable que el acto-condición que les genera la afectación de la que se duelen en su demanda y los escritos en que pretenden solventar las prevenciones formuladas lo es la referida Acta levantada con motivo de esa Asamblea General de Ejidatarios de veintidós de abril de dos mil dieciséis, que como previamente se dijo, igualmente reconocen como acto reclamado los peticionarios de amparo, y que en 'precisión de esos actos de reclamo' viene a constituir el que infiere la afectación de la que se quejan los promoventes en presunta representación de todo el núcleo de población ejidal -situación discutible, atendiendo a que de constancias se aprecia la existencia de un Comité Particular Ejecutivo bajo cuya convocatoria asistió un porcentaje de Ejidatarios, de ahí que se hable de una pugna interna sobre la representatividad del ejido, que como tal entraña a su vez pugna entre sus integrantes-- así como 'por su propio derecho' . En tales documentos antes precisados (la citada Acta de Asamblea y su Convocatoria) se pueden advertir, entre otros, como fundamentos torales de tal acto los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, así como 25 de la Ley de Agraria, éste que a su vez, por tener ineludible relación con el artículo 23 de esa misma ley, se considera necesario transcribir a continuación junto con los primeramente citados: De la Ley Federal de la Reforma Agraria: "Artículo 24.- La Comisión Agraria Mixta o la Delegación Agraria, en su caso, por conducto del Comité Particular Ejecutivo citará a la asamblea general en que deberá ejecutarse la resolución provisional o definitiva. La convocatoria se hará además por la Comisión o la Delegación, por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del poblado de donde sean vecinos los solicitantes, cuando menos con ocho días de anticipación. En la convocatoria se expresarán con toda claridad los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. Si el día señalado para la asamblea no se reúne la mitad más uno de los ejidatarios beneficiados, se expedirá inmediatamente una segunda convocatoria, con el apercibimiento de que la asamblea se celebrará con el número de ejidatarios que concurran y de que los acuerdos que se tomen serán obligatorios aún para los ausentes. "Artículo 25.- En la asamblea general de que trata el artículo anterior, deberá intervenir un representante de la Comisión Agraria Mixta o de la Delegación Agraria, según se trate de ejecutar un mandamiento del Ejecutivo local o una resolución presidencial, si en este último caso el núcleo no está en posesión provisional. El funcionario que corresponda, determinará bajo su estricta responsabilidad, quiénes podrán integrar la asamblea, acatando para el efecto, en primer término, la resolución que se va a ejecutar y, en segundo lugar, el censo correspondiente. Asimismo, el funcionario respectivo cuidará de reservar a los ausentes sus derechos y formará los padrones. En esta asamblea el grupo beneficiado deberá elegir al Comisariado y al consejo de vigilancia." De la Ley Agraria: "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 25.- La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea. La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea. Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrará en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta días contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria." De lo que dispone en su conjunto tal normativa que se aplicó para el nacimiento de dicho acto, se advierte que: a) La Asamblea General de Ejidatarios, el Comisariado y Consejo de Vigilancia (así como en el caso que nos ocupa, el Comité Particular Ejecutivo, como órgano que mientras no se declare cumplida la Resolución Presidencial o del Superior Tribunal Agrario de que se trate, cuenta con existencia jurídica) no cuentan con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) Sus relaciones con los sujetos del ejido, ya sea otro grupo de ejidatarios, uno solo de ellos, varios, o los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la Ley Agraria; y, c) Aun cuando en el artículo 27 de la Ley Agraria, se establece que las resoluciones de esas 'autoridades agrarias internas' son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la Asamblea de Ejidatarios indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, y por ende, si no tiene tal característica, tampoco los actos que haya emitido, decidido o adoptado (ni sus consecuentes) pueden tener dicha calidad. Apoya estas consideraciones, la jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Marzo de 2015, página 2184, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." Sin que lo anterior prejuzgue sobre la facultad de cualquier interesado que integre ese núcleo de población ejidal, de poder acudir a controvertir en juicio de nulidad en materia agraria esa Acta de Asamblea de Ejidatarios de veintidós de abril de dos mil dieciséis y por ende, todo consecuente de ella, pues la improcedencia que aquí se está determinando es en función de que tal actuación no constituye un 'acto de autoridad para efectos del juicio de amparo'; sin que ello implique que no pudiera tener los rasgos de un acto susceptible de ser controvertido en el citado juicio de nulidad ante un tribunal agrario, pues entre las hipótesis de procedencia de este juicio especial de la materia (contempladas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios) existen diversas que sin exigir la característica de que se trate de un 'acto de autoridad stricto sensu' -o que si lo exigen es en cuanto al régimen interno del ejido, que como se estableció, no se surte para este juicio-- permiten su impugnación en ese medio de defensa, como entre otras, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 99, Tomo VI, Agosto de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto que señala: "ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES EJIDALES O COMUNALES. SU NULIDAD PUEDE PROMOVERLA UN EJIDATARIO O COMUNERO. De acuerdo con lo establecido en la Ley Agraria vigente a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, no existe disposición expresa que establezca un porcentaje mínimo de concurrencia de ejidatarios para promover la nulidad de las asambleas de elección de representantes del núcleo, a diferencia de lo previsto en el artículo 407 de la Ley de Reforma Agraria derogada. Por tanto, donde la ley no distingue, el juzgador no debe distinguir, sin que sea el caso de estimar aplicable, por analogía o mayoría de razón, el artículo 40 de la Ley Agraria, porque dicho precepto establece la remoción de autoridades, comisariado y consejo de vigilancia, la cual deberá efectuarse por la asamblea convocada en términos del artículo 39 de la Ley Agraria y solamente que no sea así, por la Procuraduría Agraria a partir de la solicitud de por lo menos el veinticinco por ciento de los ejidatarios del núcleo; este porcentaje de ejidatarios no debe exigirse extensivamente tratándose de la solicitud de nulidad, porque son actos de naturaleza distinta, dado que las causas de la nulidad de la asamblea electiva son concomitantes a los actos de la elección y sólo puede ser decidida, previo juicio, por el Tribunal Agrario correspondiente, mientras que la remoción reconoce causas posteriores a la elección y es decidida por la asamblea de ejidatarios o comuneros, debiendo señalarse que el ejercicio de la acción de nulidad, por sí misma, no debilita el ejercicio representativo del órgano, ya que mientras no sea declarada inválida la asamblea impugnada, la elección de representantes seguirá surtiendo efectos y, en caso de que dicho acto electivo sea declarado ilegal, procederá dejarse sin efectos y la elección deberá llevarse a cabo en los términos de la ley, por lo cual no se propicia la inestabilidad de la representación del núcleo, sino su saneamiento. En tal virtud, cualquier ejidatario o comunero con derechos agrarios reconocidos, y actuando en interés de la legalidad del acto democrático de la elección, tiene legitimación para demandar su nulidad". De igual manera, es aplicable el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página seiscientos cincuenta y cuatro, Tomo II, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, COMPETENCIA DE LOS. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, éstos serán competentes para conocer: "De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias"; por lo tanto, dichos tribunales no sólo son competentes para conocer de la nulidad de actos y documentos celebrados ante autoridades agrarias o con motivo de la aplicación de leyes en la materia, sino también de todo acto o contrato que contravenga a las leyes agrarias, independientemente de que no se hayan celebrado ante esa clase de autoridades." Consecuentemente, si la Asamblea General de Ejidatarios, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; y por tanto, cualquier acto emitido y/o emanado de ella no puede gozar de ese mismo carácter, para hacerlo viable de someterlo al escrutinio constitucional. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, esta última en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que impone desechar de plano el presente asunto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, del referido ordenamiento. Sin que constituya obstáculo para arribar a esta decisión el hecho de que se trate de un asunto de amparo en materia agraria, y que por razón de dicha materia deba necesariamente aplicarse la suplencia de la queja y ser admitida la demanda, como lo indica la parte quejosa, ya que precisamente por dictaminarse su improcedencia es que se considera que en el caso que nos ocupa no tiene cabida esa figura procesal en su favor; como entre otros criterios lo revelan las siguientes tesis: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO EXISTE OMISIÓN EN SU APLICACIÓN POR PARTE DEL JUEZ DE DISTRITO CUANDO ESTIMA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. La suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación a que se refiere el artículo 76 bis de la Ley de Amparo no resulta aplicable cuando el Juez que conoce del amparo estima que operan una o más causales de improcedencia que determinan el sobreseimiento en el juicio, pues ello deriva en la imposibilidad para abocarse al estudio de los propios conceptos de violación y al fondo del problema de inconstitucionalidad o ilegalidad planteado. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO." [Novena Época. Registro: 179733. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Diciembre de 2004. Materia(s): Común. Tesis: I.6o.T.33 K. Página: 1456] "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO ES PROCEDENTE EN UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La suplencia de la queja deficiente consagrada en los artículos 107, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 bis de la Ley de Amparo, consiste esencialmente en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, o mejorar aquellos planteados de manera incompleta. Por otra parte, la procedencia del juicio de garantías es un requisito procesal de estudio preferente, oficioso y de orden público, según lo ordena el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Lo anterior permite deducir que procederá la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, única y exclusivamente si el juicio de amparo es procedente, por lo que no puede llegarse al extremo, alegando dicho beneficio, de hacer procedentes los juicios de garantías en los que se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que ello traería consigo el total quebrantamiento de las reglas que rigen tal instancia de control constitucional. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO." [Novena Época. Registro: 182075. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Febrero de 2004. Materia(s): Común. Tesis: I.7o.A.64 K. Página: 1150] Por último, en términos de los dispuesto en el artículo 8 Constitucional, se conmina a los solicitantes de amparo a dirigirse en sus promociones hacia este órgano judicial y a los que por razón del presente asunto deban hacerlo, de manera pacífica y respetuosa, lo que implica el deber de abstenerse de formular inferencias o cuestionamientos sobre la imparcialidad y profesionalismo que precisamente caracteriza a los órganos del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento que, en términos de los artículos 67, fracción II, 113, fracción I y párrafo último, y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, 70, fracción XXXVI, 73 fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones que se emitan en procedimientos seguidos en forma de juicio; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a la información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere del consentimiento de los particulares titulares de la información; asimismo, las partes podrán solicitar la supresión de sus nombres en las listas de notificación que se publiquen en medios electrónicos.
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