Jose Maria Carrillo Pineda

Expediente 363/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
363/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2018

Partes del expediente

  • Jose Maria Carrillo Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ***, en su carácter de quejoso; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que refiere en el ocurso de cuenta, previo cotejo y certificación de las copias que se dejen en autos, autorizando para recibirlos a la persona que indica en el mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    PERSONALMENTE AL PROMOVENTE

  4. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de doce de julio de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal de la promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación el auto de once de julio de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica, publicada el día diecisiete de julio de dos mil dieciocho, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Delegada del Sistema Educativo Estatal, de la ciudad de Ensenada, de la Secretaría de Educación y Bienestar Social. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 363/2018-II-A. DESECHAMIENTO En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la ley de la materia, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la Ley de Amparo, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos se refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, a que haya certidumbre y plena convicción de que es operante. En el particular la promovente se duele del acto consistente en: "1.- La omisión de dar respuesta a la petición presentada por escrito el cuatro de julio de dos mil dieciocho, sin que a la fecha se me haya dado contestación" Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8 de la Constitución Federal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En ese sentido, si el gobernado estima que su derecho de petición ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir al juicio de amparo, a efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. No obstante, para instar la acción constitucional como presupuesto de procedencia, el promovente debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído. En otras palabras, para poder controvertir una omisión por parte de la autoridad responsable, es menester que haya trascurrido el plazo que la ley dispone para dar contestación a las peticiones, y de no existir, se debe acudir al plazo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al definir qué debe entenderse por breve término, que es de cuatro meses a partir de la petición. De este modo, para determinar si una autoridad omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo correspondiente. Ahora bien, el quejoso acudió a la instancia constitucional el nueve de julio de dos mil dieciocho, y de la lectura integral de la demanda, se advierte que se duele de la falta de respuesta a la solicitud de cuatro del mismo mes y año, que atribuye a la Delegada del Sistema Educativo Estatal, de la ciudad de Ensenada, de la Secretaría de Educación y Bienestar Social. De ahí que no ha transcurrido un breve término o plazo razonable a efecto de que la autoridad responsable dé contestación a su petición, pues de la fecha en que presentó su solicitud (cuatro de julio de dos mil dieciocho), a la fecha en que promovió la demanda de amparo (nueve de julio de dos mil dieciocho), transcurrieron dos días hábiles, sin contar el siete y ocho, ambos del mes y año que transcurre, por ser inhábiles. Lo cual no justifica la procedencia del juicio de amparo, porque para darle respuesta a su petición, la autoridad responsable debe realizar una serie de trámites internos y hacerlo del conocimiento de la peticionaria mediante notificación. Y al no haber trascurrido un plazo razonable que convierta la abstención de la autoridad en responder en una vulneración de la esfera de derechos del gobernado, la demanda de amparo es notoriamente improcedente. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar mas de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario." También tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.63 A (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Junio de 2015, Libro 19 Página 2004, bajo el rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado." Igualmente, tiene aplicación por las razones que la sustentan, la tesis I.4o.A.5 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1453, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos." También sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el tomo XIII, Febrero de 1994, en el Semanario Judicial de la Federación, a fojas 390, que a la letra dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." De igual forma, tiene aplicación la tesis XIX.1º.5 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el tomo IV, Septiembre de 1996, en el Semanario Judicial de la Federación, a fojas 633, que establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *********** DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda, y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********* ya que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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