José Martín Cerrato De la Cruz

Expediente 261/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
261/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
25/10/2016

Partes del expediente

  • José Martín Cerrato De la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia ha causado estado, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Contra la Seguridad Social, con sede en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en un tomo.

  2. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio remitido por la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Contra la Seguridad Social, con sede en esta ciudad y anexo, mediante el cual remite copias certificadas relativas a la averiguación previa 1598/16/311/AP de su índice. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. Ahora bien, y toda vez que de las constancias de referencia se advierte que sobrevino una causal de improcedencia, por lo que esta Juzgadora procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63 fracción IV del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, el quejoso José Martín Cerrato de la Cruz, promovió demanda de amparo contra actos del Director de Averiguaciones Previas y Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos Contra la Seguridad Social, ambos con sede en esta ciudad, cuyo acto reclamado lo hizo consistir en: la omisión de dar continuidad al procedimiento al no hacer manifestación alguna a lo solicitado en la promoción presentada el cuatro de abril de dos mil dieciséis, en relación a la averiguación previa 1598/16/311 donde se solicitó que se señalara nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial en el que el ofendido lo es el suscrito. Sin embargo, de la documental aportada por las autoridades responsables Director de Averiguaciones Previas y Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos Contra la Seguridad Social, ambos con sede en esta ciudad, se desprende que la promoción presentada por el aquí quejoso el cuatro de abril de dos mil dieciséis, fue acordada el quince de junio del año en curso, asimismo se ha continuado con el trámite y se han desahogado diversas diligencias dentro de la averiguación previa 1598/16/311, entre ellas la testimonial de Verónica Zayas García, María Robles González y Rodolfo Ruiz Villanueva, testigo que fueron ofrecidos por el aquí quejoso por conducto de su abogada en el escrito antes citado. La documental en examen, a la que se le confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acredita de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso le atribuyó a la autoridad responsable. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  3. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Contra la Seguridad Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de ocho de septiembre del año en curso, realiza diversas manifestaciones; lo anterior para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos de Seguridad Social, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, informa que mediante oficio de esa misma fecha, remitió las constancias de notificaciones de los Agentes de Seguridad Pública Edgar Adrián Guadarrama y Rodolfo Ruiz Villanueva, del auto de quince de junio del dos mil dieciséis, dictado en la averiguación previa 1598/16/311/AP. Ahora bien, hágasele saber a la autoridad en mención que el requerimiento efectuado en el auto de veintiséis de agosto del actual, fue para que remita la notificación al aquí quejoso José Martín Cerrato de la Cruz, del auto de quince de junio de dos mil dieciséis, dictado dentro de la Averiguación Previa 1598/16/311/AP; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérasele de nueva cuenta a la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos contra la Seguridad Social de Ensenada, Baja California, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente auto, remita a este juzgado la constancia indicada líneas arriba, o bien, señale el impedimento que tenga para ello. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo.

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