José Manuel Pintor Bedolla
Expediente 100/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Manuel Pintor Bedolla
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del doce de marzo de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 100/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con los medios de convicción ofrecidos por la autoridad responsable. Al respecto el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas aportadas por la autoridad responsable, dada su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez provee: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Mariano Barojas Rodríguez y Yesica Arisbet Jimenéz Jimenéz, en cuanto apoderados de José Manuel Pintor Bedolla, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Ambos con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La orden verbal o escrita del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de no desahogar la audiencia inicial; La orden verbal o escrita de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad de suspender la audiencia inicial; La omisión de señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia inicial; y, La omisión de emplazar a la demandada, actos derivados del expediente ordinario laboral 2B-2633/2017. SEGUNDO. Por acuerdo de siete de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, los actos reclamados consisten en: La orden verbal o escrita del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de no desahogar la audiencia inicial; La orden verbal o escrita de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad de Suspender la audiencia inicial; La omisión de señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia inicial; y La omisión de emplazar a la demandada, actos derivados del expediente ordinario laboral 2B-2633/2017. TERCERO. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que son parcialmente ciertos los actos que se les reclaman. Lo anterior es así, ya que mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, la responsable emitió acuerdo, donde reprogramó fecha para la celebración de la etapa de Conciliación, Demanda y Excepciones, por las rezones expuestas en la certificación que levantó en esa misma data; y en ese mismo sentido señaló diversa fecha para que tenga verificativo su desahogo dentro del juicio laboral de origen; asimismo, de las constancias que allegó a su informe justificado, se advierte que mediante citatorio de veintiuno y veintidós de noviembre de dos mil diecisiete la parte demandada ya fue notificada y emplazada dentro del juicio natural. Lo expuesto, revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (seis de febrero de dos mil dieciocho) no existía la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio natural, pues el mismo, se realizó con anterioridad a la presentación del escrito de demanda de amparo (veintidós y veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete). De igual forma, se advierte que por lo que hace a los diversos actos reclamados, la autoridad responsable en auto de dieciocho de enero pasado señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Robustece a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta registro, cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 77, 79, 123, 124 y 227, de la Ley de Amparo se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mariano Barojas Rodríguez y Yesica Arisbet Jimenéz Jimenéz, en cuanto apoderados de José Manuel Pintor Bedolla, respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...se admite la demanda...se fijan las 11:00 horas del 12 de marzo de 2018 para la celebración de la audiencia constitucional....
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