José Manuel Perez Chávez

Expediente 904/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
904/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • José Manuel Perez Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN MORELIA, MICHOACÁN, A PRIMERA HORA HÁBIL DEL SIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDOS, EL SUSCRITO LICENCIADO ALBERTO PONCE AVENDAÑO, ACTUARIO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO AL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, HAGO CONSTAR QUE SE NOTIFICÓ POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSE MANUEL PEREZ CHAVEZ., LA RESOLUCIÓN DE 29 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ A NOTIFICARSE ANTE EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA CITADA DETERMINACIÓN DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES, COMO SE LE COMUNICÓ EN EL AVISO DE 04 DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, EL CUAL LE FUE FIJADO EN EL DOMICILIO PROCESAL; LO ANTERIOR ES ASÍ, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, dígase a la parte quejosa que el billete de depósito N 918447 queda a su disposición para que comparezca a recogerlo, debidamente identificada, previa acta de entrega que al efecto se levante, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de dos años computados a partir de que surta sus efectos la notificación de este auto, de conformidad con el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito a favor del Fisco Federal. Hágase de su conocimiento que la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá´ realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación). Notifíquese por lista, mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-904/2021-M, sin la comparecencia de las partes. Ahora, de la revisión del expediente electrónico correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, se advierte que al actuario de la adscripción no le fue posible hacer la entrega de los oficios 16440 y 16441, dirigidos a las siguientes autoridades: Agente del Ministerio Público General de Morelia; y, Policía Michoacán, con jurisdicción en Morelia. Ambos con residencia en esta ciudad. Lo anterior, en virtud de que al constituirse en las instalaciones correspondientes, fue informado que no existen en esa denominación. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de octubre del año en curso y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tienen por no señaladas como responsables a las referidas autoridades por lo que se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Enseguida, el secretario hace constar que el presente expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular los alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el catorce de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, José Manuel Pérez Chávez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: Fiscal General de la Justicia del Estado; Director de la Policía de Investigación; y, Guardia Nacional, con jurisdicción en Morelia. Acto reclamado: La orden de aprehensión dictada contra la quejosa, así como su ejecución. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La orden de aprehensión dictada contra la quejosa, así como su ejecución. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al momento de rendir su informe justificado las siguientes autoridades responsables: Fiscal General de la Justicia del Estado; Director de la Policía de Investigación. Ambos con residencia en esta ciudad, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman; lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Dicha determinación se hace extensiva a la Guardia Nacional con jurisdicción en Morelia, pues aunque no rindió su informe previo, en su carácter de ejecutora no puede materializar actos inexistentes. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Manuel Pérez Chávez, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las doce horas con veinte minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo III-904/2021-M, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que las partes no ofertaron medios de convicción. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para ofertar medios de convicción. Asimismo, dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público Federal adscrita los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social y se tiene por precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez, quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: Fiscal General de la Justicia del Estado; Director de la Policía de Investigación; y, Guardia Nacional, con jurisdicción en Morelia. Acto reclamado: La orden de aprehensión y/o detención emitida contra el quejoso, así como su ejecución. Segunda. Al momento de rendir su informe previo, las siguientes autoridades responsables: Fiscal General de la Justicia del Estado; y, Director de la Policía de Investigación. Ambas con residencia en esta ciudad, manifestaron que no es cierto el acto que se les atribuye; por tanto, lo procedente es negar la suspensión solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 133, Tomo ll, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio 1995, de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO." Dicha determinación se hace extensiva a la Guardia Nacional con jurisdicción en Morelia, pues aunque no rindió su informe previo ni obra en autos el acuse de recibo del oficio mediante el cual se le requirió el mismo, en su carácter de ejecutora no puede materializar actos inexistentes. Por lo anteriormente expuesto se resuelve: Único. Se niega a José Manuel Pérez Chávez la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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