José Manuel Mercado Mercado
Expediente 603/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Manuel Mercado Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.****************************************Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho.****************************************Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes.****************************************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.****************************************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado , así como en el sistema del SISE, el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que, en acuerdo de seis de agosto del presente año, se tuvo exhibido el resumen clínico que allegó el director de la Unidad de la Clínica Hospital de Zamora, Michoacán, en el que se advierte lo siguiente: "(.) Se trata de paciente masculino de 71 años de edad, antecedentes de importancia Dislipidemia mixta e hiperuricemia, cirugía uretral y renal derecha por litiasis múltiple hace más de 20 años, colecistectomía hace más de 15 años, cirugía de columna hace 22 años, biopsia prostática sin estadificar Gleason. Niega alérgicos y transfunsionales, Presentó infección por SAR COV-2 en noviembre 2020 sin secuelas aparentes. Tabaquismo y alcoholismo ocasionales. Ingresa a Hospital en esta Unidad Médica, el día 01 de Julio de 2021, por historia de un mes de infección de vías urinarias, sin respuesta adecuada a tratamiento antibiótico, dolor abdominal en cuadrante superior derecho con irradiación zona lumbar y costal derecha, fiebre, nausea y vómito, ataque al estado general astenia y adinamia. Al ingreso, se inicia tratamiento antibiótico de amplio espectro, se realizan estudios, como protocolo, como: Biometría hemática, Química sanguínea, Tiempos de coagulación, Grupo Sanguíneo Rh, Pruebas de función hepática, Electrolitos séricos, Radiografía de tórax, Electrocardiograma, además Valoración preoperatoria; el paciente está a cargo del servicio de Urología, se diagnóstica: Pielonefritis enfisematosa/Litiasis renal bilateral con Ectasia renal derecha: por así considerar el médico tratante, elabora Solicitud de Referencia y Contrarreferencia, a hospital de apoyo, de Tercer Nivel de Atención que es el Hospital Regional de Morelia, como justificación, de la referencia, para realizar Pielolitotomía derecha y/o Colocación de Catéter doble "J"; durante su estancia hospitalaria presenta evolución con mejoría clínica estable y tendiendo a su recuperación, y en espera de respuesta de la referencia a tercera nivel. Las respuestas, son negativas, de los Hospitales Regionales de: Morelia Michoacán, Zapopan, Jalisco y León, Guanajuato, (se adjuntas copias fotostáticas de las referencias elaboradas con fechas de envió y respuestas de los diferentes hospitales), además, se solicitó, vía traslados, se realice al paciente, nuevo estudio, denominado Urotac, para determinar el diagnóstico y justificar envió nuevamente al Hospital Regional de Morelia, misma que se realiza y envía con nueva referencia de traslado (se anexa copia del reporte de Urotac) sin respuesta favorable para su aceptación, se anexa copia fotostática. El día 14 de julio, los familiares deciden egresa al paciente de forma voluntaria, sin firma de formato correspondiente de alta voluntaria y por sus propios medios egresar de esta clínica hospital. Se anexa formato denominado "Hoja de Egreso Hospitalario", en el reverso, en el espacio "resumen clínico del caso durante el internamiento" se hace mención del alta voluntaria y la negativa de firmar esta, se anexa copia fotostática. (.).". Asimismo, en dicho proveído se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés conviniera; apercibida que de no hacerlo se le tendría conforme con dicha información y este juzgado resolvería con las constancias que las autoridades responsables allegaron al controvertido en que se actúa; por lo que, el diecinueve siguiente se hizo efectiva dicha advertencia. Por otra parte, de las constancias que integran el presente sumario se observa que el trece de agosto del año en curso, se recibió copia certificada del expediente clínico de la parte quejosa y del oficio 2.11.15.4/389 al que se acompañó la hoja de egreso hospitalario; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otro lado, del análisis íntegro de la demanda de amparo se observa que el impetrante de amparo -esencialmente- reclama lo siguiente: La falta de atención médica, en específico intervenirlo quirúrgicamente para extirparle cálculos del riñón derecho que le ordenó el médico especialista en urología. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Como ya se precisó en líneas precedentes, el acto reclamado consiste esencialmente en la falta de atención médica, en específico intervenirlo quirúrgicamente para extirparle cálculos del riñón derecho que le ordenó el médico especialista en urología. Así, de las documentales referidas en líneas precedentes se aprecia lo siguiente: 1. El quejoso ingresó a la Unidad de la Clínica Hospital de Zamora, Michoacán, el uno de julio del año que transcurre, por historia de un mes de infección de vías urinarias, sin respuesta adecuada a tratamiento antibiótico, dolor abdominal en cuadrante superior derecho con irradiación zona lumbar y costal derecha, fiebre, nausea y vómito, ataque al estado general astenia y adinamia; 2. Al ingreso, se inició tratamiento antibiótico de amplio espectro, se realizaron estudios de protocolo, como: biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, grupo sanguíneo RH, pruebas de función hepática, electrolitos séricos, radiografía de tórax, electrocardiograma, además valoración preoperatoria; el paciente está a cargo del servicio de urología, se diagnóstica: pielonefritis enfisematosa/litiasis renal bilateral con ectasia renal derecha; 3. Se elaboró solicitud de referencia y contrarreferencia, a hospital de apoyo, de Tercer Nivel de Atención en el Hospital Regional de Morelia, Michoacán y se justificó dicha referencia a fin de realizar pielolitotomía derecha y/o colocación de catéter doble "J"; durante su estancia hospitalaria en la unidad responsable presentó evolución con mejoría clínica estable y tendente a su recuperación, en espera de respuesta de la referencia a tercer nivel; 4. Las respuestas a las diversas referencias fueron negativas, específicamente de los Hospitales Regionales de: Morelia Michoacán, Zapopan, Jalisco y León, Guanajuato; por lo que, se solicitó vía traslados, la realización de nuevos estudios al paciente, en particular el denominado Urotac, para determinar el diagnóstico y justificar envió nuevamente al Hospital Regional de Morelia, el cual se practicó y envió con nueva referencia de traslado, sin respuesta favorable para su aceptación; y, 5. Finalmente, el catorce de julio el presente año, los familiares decidieron egresar por sus propios medios al paciente quejoso de forma voluntaria, sin que hubieren firmado el formato correspondiente de alta voluntaria. Por tanto, resulta claro que la omisión de realizarle la cirugía que requería para su padecimiento, la cual no se realizó en el nosocomio responsable por alta voluntaria del impetrante de amparo, a través de sus familiares, efectuada el catorce de julio del año en curso, trajo como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. De ahí que, se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables precisadas con antelación. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar al desahogo de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En consecuencia, se dejan sin efectos las diez horas con veinte minutos del seis de octubre de dos mil veintiuno, señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que remite el encargado de la Dirección del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Atapaneo, municipio de Charo, Michoacán, por sí y en representación del subdirector de dicho nosocomio. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen formulados sus alegatos. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular, en términos del párrafo primero del artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3349/2021 de uno de septiembre del presente año, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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