Jose Manuel Lopez Ramos

Expediente 1641/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1641/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2015

Partes del expediente

  • Jose Manuel Lopez Ramos
  • JOSE MANUEL LOPEZ RAMOS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A Agréguese el escrito del quejoso JOSÉ MANUEL LÓPEZ RAMOS; visto su contenido, como lo solicita, expídase a su expensa o gasto la copia certificada de las constancias que refiere; se tiene por autorizada para recibirla a la persona que nombra, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos.

  2. Principal

    MESA II A Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de treinta de octubre pasado (fojas 38 a 42), se desechó la demanda de garantías promovida por JOSÉ MANUEL LÓPEZ RAMOS, el cual se le notificó el trece de noviembre del actual (foja 44 a 47); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ MANUEL LÓPEZ RAMOS, y anexos consistentes en: 1) Copia simple del formato de ajuste uso ilícito con contrato número 3157/2015, de ocho de septiembre de dos mil quince; 2) Copia simple del acuse de recibo del escrito de Leticia Gloria García Durán, de veinticinco de septiembre de dos mil quince; 3) Copia simple del convenio 201509A1200155, de ocho de octubre del año en curso, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad Zona Oaxaca y Cortez Pacheco Josué, representada por García Durán Julio César; 4) Copia simple del pagaré de ocho de este propio mes de octubre, cancelado; 5) Copia simple del oficio Número OFAO-858/15, de ocho de este propio mes de octubre; 6) Copia simple de la hoja de verificación, prueba y modificación a equipos de medición y anexos de la Comisión Federal de Electricidad Zona Oaxaca; y 7) Contrato de arrendamiento celebrado entre la empresa denominada "Italianys Servicios y Representaciones, S.A. de C.V., por conducto de Julio César García Durán, con el carácter de apoderado legal y Josué Cortés Pacheco, de uno de noviembre de dos mil trece, contra actos de la 1) Comisión Federal de Electricidad, 2) Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Sureste con Zona DK09-Oaxaca, y 3) Delegado de la Zona Sureste DK09-Oaxaca, presentada el veintinueve de este propio mes de octubre en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y el treinta siguiente en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1641/2015 que le corresponde. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a la 1) Comisión Federal de Electricidad, 2) Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Sureste con Zona DK09-Oaxaca, y 3) Delegado de la Zona Sureste DK09-Oaxaca. En ese contexto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede examinar si en el caso existe causa manifiesta e indudable de improcedencia; pues su estudio es oficioso y de orden público. En el caso, en relación con dichas responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 1º, fracción I y 5° fracción II, párrafo primero, de la Ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En relación con el tema de que la Comisión Federal de Electricidad no puede ser considerada, como autoridad para efectos del amparo, cuando se le reclaman actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica, existe el criterio siguiente: La interpretación de los preceptos transcritos revelan que el juicio de garantías tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos. Además, el tema que se dilucidó en dichas tesis, fue precisamente si los actos derivados o que tienen relación con los contratos de prestación del servicio de energía eléctrica, por ser celebrados por la Comisión Federal de Electricidad, pueden impugnarse en la vía administrativa (o en su caso, en amparo), o bien, tal como se determinó en el criterio más reciente, que son controvertibles a través de la vía ordinaria mercantil. y que implica que los actos que derivan o tienen relación con la prestación del servicio público de energía eléctrica, por la celebración de ese contrato, deben ser controvertidos a través de la vía ordinaria mercantil, y no la administrativa (ni el juicio de amparo); lo que implica que se trata de actos que la Comisión Federal de Electricidad desarrolla en un plano de igualdad con el particular, y no de supra a subordinación; de donde no puede considerársele como autoridad para efectos del amparo. En suma, la Comisión Federal de Electricidad al celebrar el contrato de suministro de energía eléctrica, aun cuando se trata de un contrato de adhesión, actúa en un plano de igualdad con el gobernado, pues el hecho de que se trate de un pacto en el que están definidas las cláusulas (contrato de adhesión), no por ese simple hecho se pueden estimar actos realizados por una autoridad; en tanto que los pactos de esa naturaleza se verifican entre particulares, pero elaborados unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y las condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio y, consecuentemente, constituir mecanismos de contratación en masa, mediante condiciones preestablecidas. Ilustra lo anterior la tesis siguiente: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LA VÍA IDÓNEA PARA SOLICITAR LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS DE UN CONTRATO DE ADHESIÓN ES LA ORDINARIA MERCANTIL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la vía idónea para solicitar la declaración judicial de la nulidad de cláusulas de un contrato de adhesión es la ordinaria mercantil, atendiendo a los criterios emitidos por este alto tribunal, en el sentido de que para determinar si un acto es de comercio debe atenderse a su naturaleza jurídica. Así, si el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, prevé que los contratos de adhesión son documentos elaborados unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y las condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio y, consecuentemente, constituir mecanismos de contratación en masa, mediante condiciones preestablecidas, es evidente que su naturaleza es mercantil. Máxime que por constituir los mecanismos referidos ponen en desventaja a los consumidores, al estar impedidos para negociar sus cláusulas, lo que ocasiona que su regulación esté diseñada preponderantemente para proteger los derechos de aquéllos; por lo que el estudio de la validez de sus cláusulas no puede desvincularse de la normativa que regula los derechos del consumidor ni de su naturaleza comercial, y requiere tener en cuenta las condiciones y los términos de comercialización de los productos o servicios, así como el contexto comercial en el que se desenvuelven. Por tanto, si el objeto de la acción de nulidad es determinar si el contrato de adhesión reúne los requisitos que la ley exige para cumplir con la normativa aplicable a los actos comerciales que realiza el proveedor, deberá atenderse a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor que regula dichos actos, en el entendido de que para determinar los efectos de la nulidad podrá aplicarse supletoriamente el Código Civil Federal". (Tesis aislada 1a. CI/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1108, del Libro 16, Tomo II, marzo de dos mil quince, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). En la especie, el quejoso JOSÉ MANUEL LÓPEZ RAMOS señaló como autoridades responsables a la 1) Comisión Federal de Electricidad, 2) Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Sureste con Zona DK09-Oaxaca, y 3) Delegada de la Zona Sureste DK09-Oaxaca, de quienes reclamó, en esencia, la ejecución de la orden de verificación 1976, respecto al servicio público de energía eléctrica identificado con el número de cuenta 11DK09A011120243, a su nombre, y consecuencias, a saber: el "FORMATO AJUSTE USO ILÍCITO CON CONTRATO" número 3157/2015 y convenio número 201509A1200155. De forma tal que, si el peticionario de amparo reclama actos que derivan o tienen relación con la prestación del servicio público de energía eléctrica, por la celebración de ese contrato, implica que se trata de actos en los que la Comisión Federal de Electricidad se desarrolla en un plano de igualdad con el particular, y no de supra a subordinación; por tanto, no puede considerársele como autoridad para efectos del amparo y la demanda de cuenta resulta improcedente respecto a dichas autoridades. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, al ser notoria y manifiesta, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, de plano, se DESECHA la demanda de amparo por las responsables citadas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo; téngase por admitidas y desahogadas las pruebas documentales que exhibe el justiciable con su demanda de garantías y escrito aclaratorio, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, se reitera con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA II-A

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