Jose Manuel León Ramos
Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JOSE MANUEL LEÓN RAMOS y Otros.
- Jose Manuel León Ramos
Actuaciones
- Principal
"... Agréguese el oficio procedente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); a través del cual acusa recibo del diverso por el cual se remitió el juicio de amparo 404/2022 del índice de este Juzgado, e informa que se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo bajo el número de juicio de amparo 266/2022. Ahora bien, toda vez que por auto de siete de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado en representación de la autoridades señaladas como responsables: titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca y titular de la Estación Migratoria Provisional de Santa María Huatulco, Oaxaca, mediante el cual rinden informe respecto de la suspensión de plano; reservándose su acuerdo hasta en tanto el juzgado oficiante se pronunciara sobre la competencia declina a su favor, lo que en el caso acontece. En consecuencia, previa copia simple que se deje en autos, remítanse al homólogo federal la comunicación de referencia, para que acuerde lo que en derecho corresponda. Finalmente, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
"... Agréguese el oficio signado en representación de la autoridades señaladas como responsables: titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca y titular de la Estación Migratoria Provisional de Santa María Huatulco, Oaxaca, mediante el cual rinden informe respecto de la suspensión de plano decretada el cuatro de abril de dos mil veintidós a favor del quejoso ******; negando el acto reclamado, dése vista a la parte quejosa. De igual forma, precisan que los actos destacados derivan del resultado de un procedimiento administrativo migratorio en el que se definió la situación migratoria de los directos quejosos..."
- Principal
MESA "... Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por ********, a favor de *********, contra actos del titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca y otra autoridad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 404/2022. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente **********, señala como acto reclamado la deportación de ******** a su país de origen, entre otros... se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto del acto consistente en la deportación del directo agraviado José Manuel León Ramos a su país de origen, para lo siguiente: Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentra y no se ejecute la deportación del país en contra del quejoso, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo. Sea puesto en libertad de inmediato. Para el caso que el directo agraviado se encuentre detenido por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se ponga a disposición del Agente del Ministerio Público. Que la autoridad responsable Delegado en Oaxaca del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), en términos del artículo 102 de la Ley de Migración, a fin de asegurar que el directo agraviado no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella cuantas veces les sean exigido. En el entendido de que el agraviado deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria o municipio conurbado, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente, por lo que, de no hacerlo así, la presente medida cautelar quedará sin efectos. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por el promovente, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo, o que se trate del resultado de un procedimiento en el que se hubiere definido la situación migratoria de los quejosos. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Lo anterior, toda vez que, el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que goce del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que deberán informar en el plazo de veinticuatro horas, el cumplimiento que den a la suspensión decretada; apercibidas que, de no hacerlo, se procederá en los términos previstos en el artículo 262, fracción III, en relación con el diverso 158 de la Ley de Amparo. Se precisa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, les hace entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se les impondrá una multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($9622.00) Se debe destacar que, sobre el tema, similares efectos fueron decretados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 53/2021, en sesión de nueve de febrero de dos mil veintiuno. Incompetencia. En otro aspecto, se destaca que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es determinar si este Juzgado, es legalmente competente por razón de territorio para conocer del asunto sometido a su conocimiento...Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente."...La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa; constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito; establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, no requiera de ejecución material; resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de amparo. En el presente caso, el promovente reclama la deportación, efectuada en contra de José Manuel León Ramos. Al respecto, bajo protesta de decir verdad, refiere que el directo agraviado fue detenido en Santa María Huatulco, Oaxaca. De lo anterior se advierte que en el presente asunto, se surte la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque debe considerarse que los actos aquí reclamados tienen ejecución material fuera de la jurisdicción territorial de este juzgador. En ese contexto, como el promovente del amparo reclama actos cuya ejecución se materializa en Santa María Huatulco, Oaxaca, debe considerarse competente para conocer del juicio, al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en dicho territorio, esto es, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde al Juzgado de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, conocer de los juicios de amparo que tendrán ejecución en dicho territorio, donde se ejecuta el acto reclamado. En cuya situación, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, se dispone remitir la demanda de garantías, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que por su conducto se turne al Juez de Distrito que corresponda, a quien se estima competente para conocer de la presente demanda de garantías, por razón de territorio. Se solicita acuse de recibo correspondiente. Domicilio y autorizados Toda vez que la parte promovente señala los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, el cual no es propiamente un domicilio procesal; con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le practicarán por lista de acuerdos; y se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Edwin Gómez Martínez, por así haberlo solicitado expresamente. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida electrónicamente, se ordena que la misma se tramite hasta su conclusión mediante dicho esquema electrónico. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Copia certificada Ahora, en virtud que el promovente solicita la expedición copia certificada del presente auto; en ese sentido dígasele que al haberse autorizado la consulta del expediente electrónico, está en posibilidad de descargar en su equipo de cómputo la presente determinación, la cual al contener evidencia criptográfica, se considera como copia certificada electrónicamente, conforme al numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
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