José Manuel León Ramos
Expediente 609/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Manuel León Ramos
- José Manuel León Ramos y Otros.
Actuaciones
- Principal
2... Incorpórese a los autos, el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por medio del cual, acusa de recibo de las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 609/2022 promovido por *******, a favor de ****** y ******, contra actos de la Estación del Instituto Nacional de Migración de Huatulco ubicado en Oaxaca. Asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto, el cual registró bajo el número 391/2022 de su índice.Ahora bien, toda vez que por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se reservó acordar lo conducente respecto de las promociones registradas con los folios 8087 y 8091 hasta en tanto el homólogo federal, informara lo relativo a la competencia declinada, lo cual ya aconteció; en consecuencia, remítasele las actuaciones y promociones existentes en el cuaderno de antecedentes, posteriores al envío del acuerdo de incompetencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
...Vista la demanda de amparo electrónica promovida por ****, a favor de *** y ****, contra actos de la Estación del Instituto Nacional de Migración de Huatulco ubicado en Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 609/2022. Suspensión de Plano De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente Abelardo Javier Donde Romero, señala como actos reclamados la deportación, retención, detención, incomunicación y actos de tortura física y psicológica, en contra de José Manuel León Ramos y Yodelvis Jaramillo Suris. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos de incomunicación y actos de tortura física y psicológica o cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que estos CESEN DE INMEDIATO. Por otra parte respecto de los actos que hace consistir en la orden de detención y retención se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos reclamados, para lo siguiente: a) Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentra y no se ejecute la deportación del país en contra de los quejosos, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo. b) Sean puestos en libertad de inmediato. c) Para el caso que los directos agraviados se encuentren detenidos por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se ponga a disposición del Agente del Ministerio Público. d) Que la autoridad responsable dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), en términos del artículo 102 de la Ley de Migración, a fin de asegurar que los directos agraviados no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella cuantas veces les sean exigidas. En el entendido de que los agraviados deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria o municipio conurbado, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente, por lo que, de no hacerlo así, la presente medida cautelar quedará sin efectos. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrados por el promovente, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo, o que se trate del resultado de un procedimiento en el que se hubiere definido la situación migratoria de los quejosos. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Lo anterior, toda vez que, el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que gocen del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. En el entendido, que la autoridad responsable deberá informar dentro del plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a dicha medida y remitir las constancias que lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo, en términos del artículo 237 fracción I5, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, a cada una se le impondrá, multa de cien unidades de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($9,622.00 M. N.) Además, se procederá en los términos previstos en el artículo 262, fracción III7, en relación con el diverso 1588 de la Ley de la materia. Cabe destacar que, sobre el tema, similares efectos fueron decretados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 53/2021, en sesión de nueve de febrero de dos mil veintiuno. Por lo anterior, conviene indicar que en la especie resulta improcedente tramitar el incidente la suspensión de los actos reclamados. Vista a la Fiscalía del Estado por actos de tortura Ahora, en atención a la naturaleza de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, a fin de disipar cualquier probable afectación, dése vista al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la Republica, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que actúe en vía de consecuencia y ordene a quien corresponda realice la investigación de los posibles actos de tortura que aducen sufrir los directos agraviados. Lo anterior, de conformidad en los artículos 1° párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1°, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 2, 4 y 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Incompetencia. En el caso, una vez analizado el contenido íntegro de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, determina que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por los quejosos, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es que se actualiza la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, en el lugar donde deba tener ejecución la afectación del acto combatido. En el caso, el promovente señala como actos reclamados, entre otros, la orden de detención y retención de José Manuel León Ramos y Yodelvis Jaramillo Suris, mismos que se encuentran en la Estación de Instituto Nacional de Migración de Huatulco, Oaxaca De ahí, que debe atenderse al lugar en que se ejecutan las consecuencias fácticas de las omisiones impugnadas conforme al criterio definido por el Máximo Tribunal del país al resolver la contradicción de tesis 478/2018, a saber, el de la autoridad responsable: Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, el cual se ubica en la circunscripción territorial de Santa María Huatulco, Oaxaca; por lo que, en el presente caso, la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. Es así, porque el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este último, dispone: "XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Por tal motivo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia, se declina competencia, por razón de territorio, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. En ese sentido, remítase la presente demanda y su anexos; a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas del juicio en mención, para debida constancia. Domicilio Ahora, toda vez que señala los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos, asimismo, se tiene como autorizada en los términos que señala a la persona que menciona. Tomando en cuenta la situación que actualmente vive el país con motivo de la pandemia derivada del virus SARSCoV2 (COVID-19); aunado a que el espíritu de los Acuerdos Generales 8/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país, se tiene al promovente señalando como datos electrónicos para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que indica y el número telefónico que señala, por petición expresa. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez, que la este juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, (.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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