José Manuel Hernández Orozco y Otros.

Expediente 614/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
614/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
23/08/2017

Partes del expediente

  • José Manuel Hernández Orozco y Otros.
  • José Manuel Hernández Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por el párrafo segundo, de la fracción II, del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada XXXXXXX Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada XXXXXXXXXX , Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el cuatro de julio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado en esa misma fecha a este juzgado; *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en favor de *******, *******, ******* y *******; así como la suspensión de plano de los actos reclamados al Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades a quienes reclamaron la detención, incomunicación y malos tratos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del asunto. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto con el número *******, se decreto la suspensión de plano de los actos reclamados, y una vez que los directamente agraviados ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor se admitió a trámite la demanda presentada en favor de *******, ******* y *******; se desechó la demanda promovida a favor de *******, en virtud de no haber sido ratificada; se designó representante especial de la menor *******; y se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, así como de la totalidad de las constancias que integran el presente asunto, se desprende que en esencia, los quejosos reclaman al Fiscal de Distrito de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Agente Del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos con Detenido, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación, Titular de los Separos de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Titular de los Separos de la Estación Universidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Salud del Área Denominada Centro de Operaciones Estratégicas, lo siguiente: detención; e incomunicación y malos tratos. Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO.- Inexistencia.- El Director de Asuntos Jurídicos en ausencia del Secretario de Seguridad Publica Municipal; Agente del Ministerio Publico de adscrita la Coordinacion Regional en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte; Agentes del Ministerio Público adscritos a las Unidades de Investigación de Delitos con Detenido y Centro de Operaciones Estratégicas; Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División de Investigación en la Zona Norte adscrito a la Fiscalía General del Estado y el Encargado de la Unidad del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; negaron los actos reclamados consistentes en la incomunicación y malos tratos, reclamados; asimismo, el Alcaide de Cárceles Preventivas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, expresó que no son ciertos los actos que se le reclaman, consistentes en la incomunicación, malos tratos y detención; sin que la parte quejosa ofertara pruebas tendientes a desvirtuar dichas negativas. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio por lo que respecta a los actos reclamados a las citadas responsables. CUARTO.- Existencia del acto reclamado. La Agente del Ministerio Publico de adscrita la Coordinacion Regional en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte; Agentes del Ministerio Público adscritos a las Unidades de Investigación de Delitos con Detenido y Centro de Operaciones Estratégicas, informó a este juzgado que son ciertos los actos reclamados. Asimismo, el Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División de Investigación en la Zona Norte adscrito a la Fiscalía General del Estado y Encargado de la Unidad del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, negaron los actos reclamados; sin embargo, argumentaron que el cuatro de julio del año en curso, José Manuel Hernández Orozco y Carlos de Jesús Hernández Orozco, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delito con Detenidos y la menor Liliana Lizeth Hernández Orozco, a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolecentes, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como probables responsables de los delitos de lesiones, amenazas y robo. Por tanto, de las manifestaciones vertidas por referidas responsables, así como de las copias certificadas que remitieron anexas a sus respectivos informes, se desprende la certeza del acto que se les reclama, consistente en la detención de los quejosos. Documentos cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°; QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable con el número II.1o. J/5, en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa reclama a las responsables, la detención realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el cuatro de julio de dos mil diecisiete. Sin embargo, de las constancias remitidas por las responsables, mediante los oficios 884/2017, 3004/17 C.R., y 3006/17 C.R. de siete y once de julio de dos mil diecisiete, respectivamente, se aprecia que el cuatro de julio del año en curso, José Manuel Hernández Orozco y Carlos de Jesús Hernández Orozco, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delito con Detenidos y la menor Liliana Lizeth Hernández Orozco, a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolecentes, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como probables responsables de los delitos de lesiones, amenazas y robo. Asimismo, de las constancias remitidas por las responsables se desprende que el cinco de julio del presente año, obtuvieron su libertad con motivo del perdón otorgado por la victima (fojas 153, 163 y 166). Por tanto, si las responsables, el cinco de julio de dos mil diecisiete, liberaron a los quejosos, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a los directamente agraviados en el goce del derecho vulnerado, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto precisamente el obligar a las responsables a poner a los quejosos a disposición del Ministerio Público o Juez, correspondiente, o en su caso, en libertad, en términos de lo dispuesto por el articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que como ya se dijo, finalmente ocurrió debido a la actuación propia de las responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ******* promovido por *******, ******* y *******; contra actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerado de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de seis de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por no presentada únicamente la demanda promovida ***, en representación de ***; sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.*cnv

  4. Principal

    EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa *******, mediante proveído de siete de julio del año en curso, a fin de que designara representante para que interviniera en el presente juicio; sin que la directamente agraviada se pronunciara al respecto. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido auto; y de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8º de la Ley de Amparo, se designa como representante especial de la menor agraviada, a la promovente *******; a quien deberá hacérsele saber el cargo conferido, con el objeto de que entre en funciones de inmediato. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*cnv

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