José Manuel Martínez Yu
Expediente 473/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Manuel Martínez Yu
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el oficio suscrito por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 473/2017-IV, así como copia certificada de la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el toca de amparo en revisión administrativa 875/2017, del índice de la Alzada local, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por este Juzgado, de cuyo contenido se advierte que resolvió: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por *******, en contra de los actos y autoridades señalados en el resultando primero de esta resolución. Por tanto, se ordena con transcripción del presente proveído, acusar de recibo a la Superioridad local y hacer las anotaciones relativas en el libro de gobierno y diversos electrónicos, y en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito presentado por el autorizado del quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida dentro del presente juicio. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número 473/2017-IV, así como el oficio de expresión de agravios del recurrente, con copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a dicho Tribunal. Con fundamento en el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución del oficio de interposición del medio de impugnación, entre las partes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 473/2017-IV, promovido por XXXXXX. RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete y remitido a este Juzgado el mismo día, XXXXXXX , solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Sistema Anterior, como autoridad ordenadora y contra actos del Presidente de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, como autoridad ejecutora. SEGUNDO. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMARON VILADOS. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el juicio el amparo 473/2017-IV, se solicitó el informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Una vez que este juicio de amparo estuvo debidamente integrado, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que se emitieron por una autoridad que despliega sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener, como elemento formal, la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se deduzcan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Orienta esta afirmación la jurisprudencia 19 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Novena Época, del rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias que constituyen el antecedente de los actos reclamados, se concluye que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, sistema tradicional, con residencia en esta ciudad, la falta de notificación personal de los proveídos emitidos en el periodo del catorce de junio de dos mil siete al seis de abril de dos mil diecisiete, dentro del juicio sumario de alimentos 1099/04. De la misma autoridad se reclama el acuerdo que dictó en el seis de abril de dos mil diecisiete, en el que ordenó a la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el descuento consistente del treinta y cinco por ciento de las prestaciones ordinarias y extraordinarias del quejoso, sobre la condena a que se hizo acreedor en el laudo dictado en el juicio laboral 530/2013. 2. De la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la ejecución del acuerdo de fecha seis de abril de dos mil diecisiete, descrito en el apartado anterior. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su estudio. Apoya la anterior conclusión, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, materia común, página 255, del siguiente tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe con justificación, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, sistema tradicional, así como el Presidente de la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ambos con residencia en esta ciudad, aceptaron la existencia del acto que a cada uno le fue atribuido y, para acreditarlo, la primera remitió copia certificada del juicio sumario civil número 1099/2004, promovido por XXXX , en representación de quienes fueran menores de edad en esa época, XXXXXXXXX . Por su parte, el Presidente de la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada de la carpetilla de amparo número 114/2017, toda vez que los autos originales del expediente laboral 530/2013, se encuentra en el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en esta ciudad, por el amparo directo promovido contra el laudo emitido en dicho juicio. Documentales a las que se reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificados respecto de sus originales por servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, dotados de fe pública. Por lo tanto, se tienen por ciertos los actos que la parte quejosa les atribuyó. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del asunto, conviene realizar la siguiente narración de los hechos relevantes, que le dieron origen a los actos reclamados, a saber: a. En fecha seis de junio de dos mil cuatro, XXXXXXXXX , inició juicio sumario de alimentos radicado con el número 1099/04 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, sistema tradicional, con residencia en esta ciudad, reclamando en favor de sus menores hijos XXXXXX Y XXXXXX ambos de apellido XXXXXXX , una pensión alimenticia, del acreedor alimentario, su padre, aquí quejoso, XXXXXXXXX . b. En veintiséis de agosto de dos mil cinco, se dictó sentencia condenando al demandado, al pago de la pensión alimenticia del treinta y cinco por ciento de sus percepciones, a sus hijos, en ese entonces menores de edad, sentencia que causó ejecutoria el nueve de septiembre de dos mil cinco. c. Derivado de ese juicio, se giró oficio a la fuente de trabajo del aquí quejoso, Comisión Federal de Electricidad y se ordenó descontar el porcentaje indicado. d. Ahora bien, los autos dictados en catorce de junio de dos mil siete, veintiséis de noviembre de dos mil quince, diez de agosto de dos mil dieciséis, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete y seis de abril de dos mil diecisiete, fueron notificados mediante lista. e. Continuando, ya que en el año dos mil trece, el quejoso fue separado de su fuente de trabajo, a decir del mismo, de manera injustificada, éste inició un juicio laboral contra su fuente de trabajo, mismo que quedó registrado con el número de expediente 530/13, en el cual obtuvo laudo favorable, de manera que se condenó a la parte demandada, Comisión Federal de Electricidad, a pagar las prestaciones demandadas. f. Por lo anterior, el cuatro de abril de dos mil diecisiete, XXXXXX y XXXXXXXXXX ambos de apellido XXXXXXz, mparecieron ante el Juez Familiar responsable, al juicio sumario de alimentos, quienes se ostentaron acreedores alimentarios y solicitaron que se girara oficio a la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que retuviera el treinta y cinco por ciento de la condena y la pusiera a disposición de los acreedores alimentarios, lo que fue acordado favorablemente en auto de seis de abril de dos mil diecisiete, y en consecuencia se giró el oficio 667/2017, a la citada Junta, que constituye uno de los actos reclamados. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Antes del estudio del fondo de la litis, se analiza la procedencia del asunto, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se sustenta lo anterior en la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, y que a la letra dice: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) Dicho numeral consagra el principio de definitividad del juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de defensa sólo procederá, cuando previo a su promoción -contra resoluciones de tribunales judiciales, como en el caso- se hayan agotado los recursos establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Además, en tal numeral se detallan hipótesis de excepción a ese principio -por lo que hace a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, en las que no encuadra el caso concreto, ya que a) no se trata de alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna, b) no se trata de ordenes de aprehensión o detención, c) no es persona extraña al procedimiento, pues al promover la demanda que dio origen al juicio natural, no cabe duda que está integrada a la relación jurídico procesal y, d) no se trata de auto de vinculación a proceso. Pues bien, en contra de la falta de notificación personal reclamada respecto a los autos emitidos en el periodo del catorce de junio de dos mil siete, al seis de abril de dos mil diecisiete, las cuales según se aprecian de las constancias relativas, se realizaron por medio de lista y que, según el quejoso debieron practicarse de forma personal, procedía el recurso de nulidad de notificaciones, contemplado en los artículos 88 y 903-5 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, que es del contenido siguiente: ARTICULO 88. La nulidad de una actuación o notificación, deberá reclamarse en la actuación o promoción subsecuentes en que intervenga el interesado en solicitar la nulidad. Si ésta no se hiciere valer en tiempo, la actuación o notificación conceptuada nula quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento cuando el juicio se haya seguido en rebeldía. ARTICULO 903-5. Los incidentes se decidirán con un escrito de cada parte y sin suspensión del procedimiento. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivo, fijando los puntos sobre que verse, y se citará dentro de cinco días, para audiencia indiferible, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y se dicte la resolución dentro de los tres días siguientes. De tales numerales, se desprende que la finalidad del recurso de nulidad de notificaciones, consiste en, una vez analizada la notificación impugnada, declarar si es nula por no haberse practicado conforme a derecho o bien, que sí se realizaron correctamente; recurso que debió presentarse ante el Juez Familiar responsable, en la actuación o promoción subsecuentes en que intervenga el interesado, a la notificación que se tilde de nula. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado, consistente en el acuerdo de fecha seis de abril de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Familiar responsable, relativo a la orden de retención y entrega a los acreedores alimentarios, del treinta y cinco por ciento de las prestaciones obtenidas en laudo por el aquí quejoso, en el juicio laboral 530/2013, procedía el recurso de apelación, previsto en los artículos 809, 820, 822, 824, 826, inciso a), así como 903-4 y 903-6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, éstos últimos pertenecientes al título décimo cuarto, capítulo único, denominado "De las controversias del orden familiar", aplicable al caso, que disponen lo siguiente: ARTÍCULO 809. Solamente podrán interponer los recursos de revocación y apelación: a) Las partes o sus representantes legítimos o apoderados; b) Los terceros que hayan salido al juicio, y los demás a quienes per¬judique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio, con la condición de que, al interponer el recurso, justifiquen ser interesados. El abogado o procurador podrá promo¬ver y continuar los recursos, aunque el po¬der con que gestione no tenga la cláusula especial para ello. ARTÍCULO 820. El recurso de apelación ordinaria tiene por objeto el que el Tribunal de se¬gunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. ARTÍCULO 821. Cuando el negocio sea estimable pecuniariamente, las resoluciones judiciales sólo serán apelables si el importe de aquél excede de cinco mil pesos. Para los efectos de este artículo el importe del negocio se esta¬blecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156 de este Código. ARTÍCULO 822. La apelación debe interponerse en el acto de la notificación ante el juez que pronunció la resolución o dentro de los cin¬co días siguientes al de surtir efectos si se tratare de sentencia definitiva, o dentro de tres días si se tratare de autos o interlo¬cutoria ARTÍCULO 824. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero. La apelación admitida en am¬bos suspende desde luego la ejecu¬ción del auto o sentencia hasta que en se¬gunda instancia se dicte la resolución co¬rrespondiente y ésta sea conocida por el inferior. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo, no suspende la ejecu¬ción de la sentencia o del auto apelados. ARTÍCULO 825. Salvo los casos expresamente ex¬ceptuados por la ley, procede la apelación en ambos efectos respecto de las siguientes resoluciones: a) De las sentencias definitivas; (.) ARTÍCULO 826. Serán apelables en el efecto devo¬lutivo: a) Los autos que, con excepción de los señalados en el artículo anterior, ten¬gan fuerza de definitivos o lo disponga ex-presamente la ley, si además lo fuere la sen¬tencia definitiva del juicio en que se dicten. Se entenderá que los autos tienen fuerza definitiva, cuando causen un gravamen que no puede repararse en la sentencia que de¬cida el negocio en lo principal, salvo aqué¬llos que se refieran a la mera tramitación del juicio; TÍTULO DÉCIMO CUARTO CAPÍTULO ÚNICO DE LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR ARTÍCULO 903-4. Los recursos procederán sólo en efecto devolutivo. ARTÍCULO 903-6. En todo lo no previsto, regirán las reglas generales de este Código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente Título. Conforme a tales normas, la finalidad del recurso de apelación, es que el Tribunal de Segunda Instancia examine si en la resolución apelada, se aplicó inexactamente la ley, o no, y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. Ahora bien, la apelación debe interponerse ante el Juez que pronunció el acto a impugnar, por la parte interesada o sus legítimos representantes, en el acto de notificación del mismo o dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos, tratándose de autos, como en el caso. Dicho recurso puede admitirse en efecto devolutivo, o en ambos efectos, según disponga la Ley, resultando que en este caso, conforme al último de los numerales citados, únicamente procede la apelación en efecto devolutivo, pues esa es la regla específica tratándose de controversias del orden familiar. Entonces, se afirma que en contra del auto reclamado, procedía el recurso de apelación, ya que se trata de un acuerdo definitivo, ya que sin audiencia de las partes, el Juez responsable ordenó a la Junta de Conciliación y Arbitraje responsable, la retención y entrega a los acreedores alimentarios de referencia, del treinta y cinco por ciento de la cantidad líquida a pagar por concepto de las prestaciones que reclamó el aquí quejoso en el mencionado juicio laboral. Además, en el caso, no opera la regla de la cuantía para determinar la procedencia de dicho recurso, pues en las controversias del orden familiar del cual deriva dicho acto, se desconoce el monto de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada en el juicio laboral de referencia, además, sobre dicho monto líquido, el Juez responsable ordenó calcular el treinta y cinco por ciento, para entregar a los acreedores alimentarios, es decir, no se tiene conocimiento de la cuantía determinada, sino hasta que se liquide la condena en el juicio laboral y se determine la cantidad correspondiente al porcentaje indicado. Por lo tanto, en contra de la sentencia dictada en las controversias del orden familiar que nos ocupan, desde luego era apelable, tan es así, que en el auto de nueve de septiembre de dos mil cinco (foja 75), mediante el cual causó ejecutoria, se determinó que ello ocurrió, en términos del artículo 397 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua , aplicable, que se refiere a los casos en que debe hacerse declaratoria judicial en el sentido de que una sentencia, causó ejecutoria. De manera que, si conforme al citado artículo 826, inciso a), la sentencia dictada en el juicio natural, era apelable, también lo era el auto reclamado de seis de abril de dos mil diecisiete. En consecuencia, la parte quejosa debió agotar, respectivamente, los recursos ordinarios de nulidad de notificaciones y apelación, previstos en las citadas normas del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, pues los mismos son los ideales para combatir los actos que ahora reclama en este juicio de amparo, en virtud de que a través de los mismos se pudo obtener la declaración de nulidad, revocación o modificación de dichos actos. En tales condiciones, no cabe duda que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo y por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el diverso artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por XXXXXXX , en relación a los actos reclamados y autoridades precisada en el considerando segundo y tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado XXXXXXXX , ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, XXXXXXX , hasta el día de hoy, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de julio de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos para que consten como legalmente correspondan el oficio y anexos que remite la Presidenta de la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento efectuado el treinta de junio del año que transcurre. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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