Jose Manuel Guerrero Rascon

Expediente 293/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
293/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2019

Partes del expediente

  • Jose Manuel Guerrero Rascon

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta número 1666/2019 signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 3686, con el que se remitió el original del juicio de amparo V-293/2019-1; asimismo, téngase al Similar, informando que en data ocho de abril del año en curso, aceptó la competencia planteada. Por otra parte, como del estado que guardan los presentes autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce, dado que se planteó incompetencia para conocer del presente asunto. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita información respecto a cuál Órgano debe dirigir su informe justificado, por tanto, dígasele que se ordena reservar acordar lo conducente hasta en tanto el similar Juzgado Noveno, se sirva informar si acepta o no la incompetencia planteada, por lo que una vez que ello acontezca le será informado lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Como del estado que guardan los autos se aprecia que mediante escrito recibido a las dieciocho horas con cincuenta minutos del quince de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, - solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: 1. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán. 2. Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán. 3. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán. Todos con sede en esta ciudad. Por los actos reclamados que se hicieron consistir en: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTARIDAD SE RECLAME. 1. Al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, reclamo: a. El oficio de fecho 23 de febrero del año 2019, suscrito por el Titular del Poder Ejecutivo y remitido al Congreso del Estado de Michoacán, donde envía la terna para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, misma que fue puesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado donde fue designado el C. Adrián López Salís, por inobservar dicha comunicación las "Directrices sobre la función de los Fiscales" documento adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990, que origina la posterior designación del Fiscal General del Estado. Por proponer el titular del ejecutivo estatal, en su terna al C. -, omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local, así como por no estar debidamente fundada ni motivada su propuesta, respecto de los criterios de selección que observó para tal efecto, lo que vulnera mis derechos humanos, pues inobserva lo dispuesto por los artículos 1, 116 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con intima vinculación con el ordinal 101 de la Constitución Local, entre otras disposiciones aplicables. b. La orden de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, del decreto 124 del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se elige de la terna enviada por el titular del ejecutivo, al C. - como Fiscal General del Estado, publicado el 24 de febrero de 2019 con numero 92 bis, omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local. Por inobservar tal publicación las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por publicar la designación del Pleno del Congreso del Estado del Fiscal General del Estado, omitiendo que el C. -, no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local, así como por no estar debidamente fundada ni motivada su propuesta, respecto de los criterios de selección que observó para tal efecto, lo que vulnera mis derechos humanos, pues inobserva lo dispuesto por los artículo 1 y 116 Constitucionales, entre otras disposiciones aplicables. 2. A la Septuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, reclamo: El acuerdo de 22 de febrero de 2019, mediante el cual se proponen los nombres de diez aspirantes a la Fiscalía General del Estado, mismo que es enviado al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, para que elija una terna de estos diez aspirantes. Por inobservar dicho acuerdo las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes directrices sobra la función de los fiscales, documento adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por inobservar en dicho acuerdo lo dispuesto por los artículo 1 y 116 Constitucionales, entre otras disposiciones aplicables, por haber sido emitido sin fundamento ni motivación respecto de los criterios de selección y elegibilidad de dichas personas, que vulnera mis derechos humanos. El emitir decreto de 24 de febrero de 2019, enviado al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, en el que se elige al C. - como Fiscal General del Estado de Michoacán, por un periodo de nueve años, contados a partir de la toma de protesta y hasta el 24 de febrero del 2028, omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local. Por inobservar dicho acuerdo las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes directrices sobra la función de los fiscales, documento adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por inobservar en dicho acuerdo lo dispuesto por los artículo 1 y 116 Constitucionales, entre otras disposiciones aplicables, por haber sido emitido sin fundamento ni motivación respecto de los criterios de selección y elegibilidad de dichas personas, que vulnera mis derechos humanos. 3. Al Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, al Presidente de la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y al Presidente de la Comisión de Gobernación del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, les reclamo: a. El permitir que el C. -, en carácter de Diputado local, es decir, como autoridad(pues fungía en ese momento como diputado local, integrante y coordinador , por cierto, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática) participara en las comparecencias de los aspirantes al cargo de Fiscal General del estado, de fecha 18 de febrero del año en curso, aún y cuando dicha persona tenía tal carácter (aspirante) dentro del propio proceso ante aludido, lo que de suyo vulnera el principio de separación de poderes y las garantías mínimas del debido proceso. Por inobservar dicho acuerdo las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes directrices sobra la función de los fiscales, documento adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por inobservar en el procedimiento para la designación del Fiscal general Estatal, omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local, así como lo dispuesto en los artículos 1, 39 y 116 Constitucionales, vulnerando los principios de separación de poderes, por tener previo a su designación, un doble carácter, en cuanto autoridad (diputado) y aspirante dentro del proceso de selección para Fiscal General del Estado, que de suyo le otorga una ventaja indebida con relación a los demás aspirantes, pues es juez y parte, violenta el principio de separación de poderes y las garantías mínimas del debido proceso, vulnerando mis derechos humanos." Así, tenemos que, esencialmente, se reclama lo siguiente: 1. El proceso de elección de la persona que se designó como Fiscal General del Estado de Michoacán; 2. Las propuesta de los diez aspirantes para elegir la terna correspondiente; 3. La designación de la terna respectiva para la elección del fiscal; y, Circunstancias que se deben atender puesto que el promovente del amparo - ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Luego, la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio al instar la acción constitucional, porque se hace sabedora del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo, el establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, o presenten documentos falsos. De ahí que, se insiste, la protesta de ley que hizo la promovente es, para efectos de este caso, el único elemento con el que cuenta este juzgador; de ahí que se deba tener por cierto, hasta este momento, toda la narración de antecedentes hecha, so pena de incurrir en las penas antes aludidas. Seguidamente, y para efectos de esta determinación, debe atenderse a que dentro del presente juicio de amparo en que se actúa se reclaman cuestiones inherentes al procedimiento de elección del Fiscal General del Estado de Michoacán; por tal motivo, se trata de un procedimiento administrativo en el que participaron varias personas que aspiraban a ser designadas con dicho nombramiento. Circunstancias que son un hecho notorio por parte de este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia. En esa tesitura, se procedió a realizar una búsqueda en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y constatar si existió algún conocimiento previo por parte de alguno de los juzgados de distrito residentes en esta capital. Con motivo de la referida investigación, se obtuvo que en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, se radicó el juicio de amparo 275/2019, promovido por -, por los actos que, medularmente, se hicieron consistir en el citado procedimiento de elección del Fiscal General del Estado; juicio constitucional que fue turnado a dicho órgano jurisdiccional el doce de marzo de dos mil diecinueve y que, mediante proveído de catorce siguiente, desechó la demanda en comento. Lo que, de igual manera, resulta un hecho notorio para este juzgador, en términos del citado numeral 88 del código federal adjetivo civil, ya que se trata de información auténtica y fidedigna. Orienta lo anterior la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Atento a lo anterior, se entabló comunicación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, a fin de verificar tal información y obtener la papeleta de turno respectiva, de la que se aprecia que la mencionada demanda de amparo fue recibida a las trece horas con veinte minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve. Remisión del expediente por razón de turno. Por lo anterior se estima que se actualiza una de las hipótesis de los criterios generales de relación, pues las cuestiones que se reclaman en este asunto tienen su origen del mismo procedimiento administrativo; ya que el procedimiento de elección del Fiscal General del Estado de Michoacán -ya sea en una o varias de sus etapas que lo conforman, como son la emisión de la convocatoria, designación de la decena de candidatos a conformar la terna, la propia terna y el decreto de designación correspondiente- ha sido cuestionado primeramente a través del diverso juicio de amparo 275/2019, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, el que ya adoptó un criterio sobre el tema debatido, por lo que se actualiza un criterio general de relación para el turno de los asuntos. Es así, que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, regula los criterios generales para el turno de los asuntos de nuevo ingreso, y, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, debe turnarse al juzgado que tuvo previo conocimiento de ello, esto es, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En efecto, el acuerdo referido en sus artículos 45 y 46, señalan, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [..] II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; [.] IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; [.] XIII. [.] Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo". De los preceptos transcritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, las fracciones II y IV del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario establece que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas. De la interpretación de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. Fuera de dicha hipótesis, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento. Entonces, si el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, conoció previamente de un juicio de amparo que se reclamaron ciertas cuestiones relativas al procedimiento de elección del Fiscal General del Estado de Michoacán y se trata del último antecedente de dicho asunto, resulta inconcuso que dicho Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, es quien debe conocer del presente juicio, dado que en aquel juzgado se recibió la demanda de amparo que dio origen al juicio 275/2019 a las trece horas con veinte minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve. Criterio similar fue sostenido por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la consulta identificada con el oficio SECNO/3382/2018, al indicar que en procedimientos de elección de servidores públicos por parte del Congreso del Estado de Michoacán, debe conocer de todos los asuntos el juzgado que tenga el antecedente más reciente. Tampoco es obstáculo arribar a la anterior conclusión el hecho de que en este sumario se haya admitido la demanda de amparo y en la diversa 275/2019 se haya desechado, dado que el mencionado acuerdo general reglamenta cuestiones relativas al turno de las demandas; de ahí que el criterio decisivo para determinar una relación de asuntos lo es la hora y fecha en que fue turnado al órgano jurisdiccional. En tal virtud, remítase este juicio de amparo con sus anexos al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, por tratarse de asuntos relacionados entre sí, donde el acto reclamado proviene de un mismo expediente administrativo, tramitado ante las mismas autoridades responsables, respecto del cual ya había conocido aquel órgano jurisdiccional; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. Se deja sin efectos la audiencia señalada para las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de abril del año en curso.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo con sede en esta ciudad y otras autoridades; con fundamento en los artículos 5°, 33 fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la misma, por los actos que hace consistir en: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTARIDAD SE RECLAME. 1. Al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, reclamo: a. El oficio de fecho 23 de febrero del año 2019, suscrito por1:11 Titular del Poder Ejecutivo y remitido al Congreso del Estado de Michoacán, donde envía la terna para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, misma que fue puesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado donde fue designado el C. Adrián López Salís, por inobservar dicha comunicación las "Directrices sobre la función de los Fiscales" documento adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990, que origina la posterior designación del Fiscal General del Estado. Por proponer el titular del ejecutivo estatal, en su terna al C. - omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local, así como por no estar debidamente fundada ni motivada su propuesta, respecto de los criterios de selección que observó para tal efecto, lo que vulnera mis derechos humanos, pues inobserva lo dispuesto por los artículos 1, 116 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con intima vinculación con el ordinal 101 de la Constitución Local, entre otras disposiciones aplicables. b. La orden de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, del decreto 124 del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se elige de la terna enviada por el titular del ejecutivo, al C. - como Fiscal General del Estado, publicado el 24 de febrero de 2019 con numero 92 bis, omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local. Por inobservar tal publicación las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por publicar la designación del Pleno del Congreso del Estado del Fiscal General del Estado, omitiendo que el C. .., no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local, así como por no estar debidamente fundada ni motivada su propuesta, respecto de los criterios de selección que observó para tal efecto, lo que vulnera mis derechos humanos, pues inobserva lo dispuesto por los artículo 1 y 116 Constitucionales, entre otras disposiciones aplicables. 2. A la Septuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, reclamo: El acuerdo de 22 de febrero de 2019, mediante el cual se proponen los nombres de diez aspirantes a la Fiscalía General del Estado, mismo que es enviado al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, para que elija una terna de estos diez aspirantes. Por inobservar dicho acuerdo las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes directrices sobra la función de los fiscales, documento adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por inobservar en dicho acuerdo lo dispuesto por los artículo 1 y 116 Constitucionales, entre otras disposiciones aplicables, por haber sido emitido sin fundamento ni motivación respecto de los criterios de selección y elegibilidad de dichas personas, que vulnera mis derechos humanos. El emitir decreto de 24 de febrero de 2019, enviado al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, en el que se elige al C. .. como Fiscal General del Estado de Michoacán, por un periodo de nueve años, contados a partir de la toma de protesta y hasta el 24 de febrero del 2028, omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local. Por inobservar dicho acuerdo las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes directrices sobra la función de los fiscales, documento adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por inobservar en dicho acuerdo lo dispuesto por los artículo 1 y 116 Constitucionales, entre otras disposiciones aplicables, por haber sido emitido sin fundamento ni motivación respecto de los criterios de selección y elegibilidad de dichas personas, que vulnera mis derechos humanos. 3. Al Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, al Presidente de la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y al Presidente de la Comisión de Gobernación del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, les reclamo: a. El permitir que el C. .., en carácter de Diputado local, es decir, como autoridad(pues fungía en ese momento como diputado local, integrante y coordinador , por cierto, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática) participara en las comparecencias de los aspirantes al cargo de Fiscal General del estado, de fecha 18 de febrero del año en curso, aún y cuando dicha persona tenía tal carácter (aspirante) dentro del propio proceso ante aludido, lo que de suyo vulnera el principio de separación de poderes y las garantías mínimas del debido proceso. Por inobservar dicho acuerdo las "Directrices sobre la función de los Fiscales" adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes directrices sobra la función de los fiscales, documento adoptado en el octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. Por inobservar en el procedimiento para la designación del Fiscal general Estatal, omitiendo que dicha persona no cumple los requisitos a que alude el artículo 101 Constitucional local, así como lo dispuesto en los artículos 1, 39 y 116 Constitucionales, vulnerando los principios de separación de poderes, por tener previo a su designación, un doble carácter, en cuanto autoridad (diputado) y aspirante dentro del proceso de selección para Fiscal General del Estado, que de suyo le otorga una ventaja indebida con relación a los demás aspirantes, pues es juez y parte, violenta el principio de separación de poderes y las garantías mínimas del debido proceso, vulnerando mis derechos humanos." Regístrese en el libro de gobierno con el número V-293/2019-1. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Sin que haya lugar a formarse por separado los cuadernillos incidentales, por no haberlo solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a la autoridad señalada como responsable, su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir del que reciban el oficio en el que se le solicita, el que podrá hacerlo por escrito, y en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar las constancias en que se basó para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En torno al emplazamiento de la parte tercero interesada, se reserva acordar lo que en derecho proceda hasta en tanto obre el informe justificado de las autoridades responsables, para determinar quién se ubica en el supuesto previsto en el artículo 5 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. En el entendido de que los hechos que narra el quejoso en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días en los términos precisados en el párrafo que antecede. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencia de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la autoridad responsable, que para rendir su informe, deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos que se le notifique, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Finalmente, se tiene al quejoso por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisan en su libelo constitucional y autoriza para tal efecto a la persona que refiere, virtud a que la misma no se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva en este Juzgado, en el entendido de que el mismo es un trámite de carácter personal.

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